De permutas y destierros burocráticos

Sostiene Sevach que la Administración Pública es como una colmena donde las abejas (y algún que otro zángano) desean frecuentemente cambiar de panal. Claro que para ello no se puede alterar el equilibrio poblacional que sostiene el panal y por ello lo normal sería un traslado recíproco o permuta de sus celdilllas.

Según ha leído Sevach, una visión panorámica y por muestreo de la movilidad promedio de un funcionario de la Administración española, desde su ingreso hasta su jubilación, permitiría cifrarla en unos ocho puestos diferentes dentro de la Administración estatal, seis en la Administración autonómica y unos tres dentro de la misma Administración Local. Si en España existe una cifra constante en torno a los dos millones de funcionarios, esta perspectiva nos muestra a la Administración como un gigantesco escenario del juego infantil en que hay mas sillas que personas y todos corren a sentarse al finalizar la música.

Y es que el deseo de movilidad acompaña al opositor desde el mismo momento del ingreso en la función pública ya que el flamante aprobado desea ser artífice de la propia vida (tras el sacrificio del estudio, y sensible a la disponibilidad económica, suele sufrir en su fuero interno la tensión entre el nido familiar y los propios sueños).

Posteriormente, el deseo de movilidad dentro del mismo ámbito geográfico y dentro de la misma Administración suele responder a la pura promoción profesional y retributiva. Sin embargo, el aguijoneo o deseo de la movilidad geográfica obedece a razones tan legítimas y atendibles como el deseo de reagrupación familiar (o justamente lo contrario, el alejamiento); recomendaciones médicas (ventajas del clima o la dieta de otros ámbitos territoriales); circunstancias afectivas (Internet y los medios de comunicación acortan distancias y facilitan el contacto); aspiraciones académicas (para continuar determinadas enseñanzas universitarias) o simplemente motivos lúdicos (aficiones deportivas o contextos cómodos para la persona).

Si tenemos en cuenta que las posibilidades de traslado están sujetas a convocatorias en boletines oficiales de lenta gestación e incierta resolución (normalmente anuales, aunque son inaccesibles a pronósticos serios) queda claro que existe un elevadísimo número de funcionarios insatisfechos y expectantes. En efecto, en cada convocatoria muchos son los llamados y pocos los elegidos, o mas bien, muchos son los decepcionados y pocos los agradecidos.

Buena parte de los funcionarios en stand- by desearían poder permutar sus puestos de común acuerdo. Sin embargo, el Ordenamiento Jurídico no da facilidades. Al amparo del viejo art. 62 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 se posibilitan tales permutas bajo unas condiciones objetivas exigentes (práctica identidad de puestos y antigüedad de los sujetos) y sobre unos criterios altamente subjetivos (la discrecionalidad de la Administración o mas bien, de la Autoridad que la representa).

De ahí, que sorprende a Sevach que el reciente Estatuto del Empleado Público aprobado por Ley 7/07, de 12 de Abril, guarde un silencio elocuente de tal figura, limitándose a conservar la vigencia de la reliquia del viejo art.62 LFCE (Disposición Derogatoria) y a la entrega a la regulación de tal posibilidad de permutas a la Ley de función pública de cada Comunidad Autónoma (art.78.3).

Considera Sevach que un funcionario que desea el traslado es un funcionario insatisfecho y por ello posiblemente ineficaz. Era de esperar que el Estatuto estableciese una regulación mínima y básica sobre la permuta, para todas las Administraciones y funcionarios, adaptada a los tiempos actuales, ya que ello supondría el pasaporte a la felicidad de infinidad de funcionarios.

Hoy día se habla de movilidad de estudiantes, trabajadores y profesionales dentro de la Unión Europea, y paradójicamente, los funcionarios de las Administraciones Públicas de un mismo Estado quedan encadenados como galeotes a la nave de la Administración Pública en la que ingresaron originariamente.

¿Por qué mantener vigente una regulación de 1964 en vez de reproducirla o mejorarla en el año 2007?. ¿Acaso alguna Comunidad Autónoma tendría celos de que funcionarios de otras Comunidades se colasen por esa «gatera» en su propia «tribu funcionarial» ?. ¿Acaso pueden los Convenios Colectivos en el ámbito de las Administraciones Públicas contemplar permutas o turnos de traslado, y en cambio la Ley que aprueba el Estatuto mutila su propia capacidad reguladora para facilitar tal derecho?

En efecto, el Estatuto entrega tal materia como un cheque en blanco a la regulación de las Comunidades Autónomas y con ello se ha roto el sueño de muchos funcionarios autonómicos y locales, además de recortar el horizonte de los funcionarios estatales y de la inmensa mayoría de funcionarios de entes públicos. En efecto, al tener que acudir al criterio de cada legislación autonómica es claro que toda movilidad por este ámbito será «intrautonómica» pero nunca «interautonómica», y muy posiblemente dado que la Ley la harán los «fontaneros legislativos» de las Comunidades Autónomas, pues los funcionarios de la Administración local quedarán confinados de por vida en sus municipios.

Por si fuera poco, la movilidad por vía de concurso público también queda en manos del criterio autonómico sobre si el sistema debe o no pivotar sobre Relaciones de Puestos de Trabajo y si éstas pueden o no abrirse al traslado de funcionarios de otras Administraciones.

En definitiva, que únicamente los funcionarios de la Administración del Estado (en franca recesión numérica dadas las transferencias de competencias hacia las Comunidades Autónomas) seguirán mendigando permutas al amparo del fósil jurídico del art.66 LFCE. Aquí Sevach lamenta que, en tiempos de «Agencias» (etiqueta de toda gestión descentralizada bajo el oropel de la presunta modernidad) no exista una Agencia estatal o interautonómica que gestione una especie de «Banco de permutas», en que los interesados registren sus preferencias, puedan ponerse en contacto y de ese modo facilitar una movilidad rápida e idónea, con la consiguiente economía de procedimientos y solución de problemas personales. No extraña que hayan sido los sindicatos o el sector privado quien haya intentado cubrir voluntariosamente esta laguna, existiendo webs al respecto.

Aunque lo deseable por criterios de transparencia y optimizar la eficacia, que esté en manos públicas. Y eso sí, estableciéndose unos criterios sencillos para evitar la picaresca o escamoteos de destinos mediante fraudulentas permutas, y evitándose la posible mercantilización de la técnica, que de todo hay en las viñas burocráticas. En particular bastaría con fijar por un lado, una condición de permanencia en el destino permutado durante unos años, y por otro, un límite de edad para evitar tales operaciones en vísperas de jubilación (la ingente experiencia práctica acumulada de mas de sesenta años bajo la permuta de la LFCE servirá para mejorar sus defectos y consolidar sus virtudes). Con tan sencilla técnica, nunca tantos (ni tantas personas y familias) se beneficiarían de tan poco. Y es que a veces el legislador olvida que dentro del funcionario hay una persona.