Ha tenido noticia Sevach de la reciente medida del gobierno español de conceder una ayuda económica de 2.500 euros a quienes tengan o adopten un hijo, a partir del 3 de Julio y sean residentes legales es España.
La primera impresión de Sevach es positiva ya que cada vez es más infrecuente que la Administración tienda su mano para «empujar» (fomento) en vez de para «sujetar» (policía), sin olvidar que si tal ayuda se proyecta sobre algo tan cercano y positivo como es el nacimiento de un bebé, se añade un cómplice guiño subliminal (pues evidentemente no provoca idénticas simpatías subvencionar ataúdes que nacimientos).
Ahora bien, para Sevach tales noticias son similares a la publicidad de las empresas de telefonía móvil: hay que leer la letra pequeña para evitar sorpresas.
No quiere Sevach incurrir en planteamientos políticos ni frívolos sobre tal medida, pero conociendo la existencia de una justicia contencioso-administrativa y constitucional generosamente abierta en España a cualquier litigio sobre lo divino y lo humano, Sevach puede fácilmente examinar su bola de cristal jurídica para atisbar algunos de los posibles agujeros, ambigüedades o contradicciones del proyecto de norma, que si no son afinados en el texto definitivo, podrán generar conflictos que tengan por fundamento planteamientos del siguiente tenor:
- 1º ¿Va contra el principio de progresividad tributaria fijado en el art. 31.1 de la Constitución -que pague más quien más tiene- el que se otorgue una bonificación sin atender a la capacidad económica del destinatario?.(Y es que una subvención afecta a la capacidad económica tributaria, como una especie de «impuesto negativo»).
2º ¿Va contra un principio de justicia y equidad -reflejo en los arts.1 y 31.1 de la Constitución- el que se pague la misma cantidad por un primer hijo que por el quinto?. (No se sabe si hay economías de escala -«donde comen tres, comen cuatro» o al contrario deseconomías de escala- «cuantos mas hijos mas problemas», pero desde luego que no es indiferente el número de pasajeros en la precaria balsa de la economía familiar).
3ª ¿A quien se subvenciona: al padre, la madre, a quien tenga la custodia legal, a todos ellos, o al bebé?. (En la práctica aunque los fondos tengan por destinatario final e inequívoco el bebé, lo cierto es que materialmente irán a los progenitores o quienes hagan sus veces, con lo que las vicisitudes vitales, conyugales, afectivas o geográficas de éstos pueden generar un semillero de litigios sobre tales fondos ej. custodia compartida, divorcio y «toma el dinero y corre», etc).
4ª ¿Es la residencia legal un criterio jurídica y moralmente atendible cuando se trata de aliviar las cargas económicas que comporta un recién nacido?.(No se olvide que cuando alguien nace en territorio español y adquiere la consiguiente nacionalidad española, la jurisprudencia -tanto española como comunitaria- afirma que para no romper la unidad familiar la madre extranjera tiene derecho a permanecer como residente legal en España)
5ª Cuándo tos extranjeros en situación irregular en España, antes o después, siguiendo el régimen cíclico de regularización masiva bianual, adquieran la nacionalidad, ¿ello supondrá la aplicación retroactiva de tales ayudas?; ¿Y en caso de no obtener tal regularización formal, si se prueba el arraigo de hecho en España no será igualmente legítimo reclamar el derecho a algo tan objetivo y como es el beneficio de una ayuda por hijo?.
6º ¿Ha de devolverse la ayuda en caso de pérdida de la tutela o patria potestad del hijo?. (Piénsese que en ciertos colectivos marginales, por razones infraculturales, toxicomanías o similares, es elevada la tasa maltrato infantil y desnutrición, lo que plantea el problema de garantizar que la ayuda llega a la finalidad terminal de la misma: ayudar al bebé, así como el problema conexo de su revocación en caso ostensiblemente contrario).
7ª Si el gasto público subvencional pretende actuar sobre la voluntad de los destinatarios para estimular a los futuros padres, y evitar que los costes económicos disuadan de bloquear el incremento familiar, algunas preguntas de difícil respuesta se plantean: ¿entonces no sería justo contemplar tal ayuda no sólo para cuando la actividad gestacional es un éxito, sino para aquéllos que hacen todo lo que está en sus «manos» para conseguir el fin público?; ¿Y a la inversa, si algunos ciudadanos están o estarían dispuestos a tener hijos al margen de la ayuda, no resulta absurda e ineficaz una subvención otorgada de forma inútil en relación a la finalidad pretendida?.
8º ¿La retroactividad de la medida a fecha 3 de Julio de 2007, vinculada exclusivamente a la fecha de anuncio del Presidente del Gobierno, no iría contra la prohibición constitucional de la arbitrariedad, fijada en el art.9 de la Constitución que vincula incluso al poder legislativo a la hora de fijar criterios? ¿No resultaría mas adecuado, o bien situar la vigencia al día siguiente de la publicación de la norma, como es la regla general, o bien situarla al día 1 de Enero o 31 de Diciembre, coincidiendo con el inicio o término del ejercicio presupuestario?.
9ª ¿No hubiera sido mas congruente con las exigencias de racionalidad y razonabilidad elaborar un estudio por el Consejo Económico y Social previsto en el art.131.2 de la Constitución, y formado por representación de organizaciones sindicales y empresariales, consumidores y expertos (entre otros grupos), y fijar una dimensión de idoneidad de la composición o tamaño de la familia -tipo y aplicar subvenciones a quienes alcancen dicha cifra en un determinado período, así como proponer el calendario de aplicación y vigencia de la subvención, todo ello en congruencia con lo que necesita y comprende la sociedad española?
10º ¿No iría contra la igualdad de los ciudadanos -tanto de los progenitores como de los bebés- prevista en los arts 14 y .149.1.1 de la Constitución que unas Comunidades Autónomas incrementen dicha ayuda y otras resulten mas mezquinas?, ¿Donde queda la referencia de la Unión Europea en este tipo de ayudas?.
11º ¿No pueden producirse efectos incentivadores paradójicos si tales ayudas se conceden al margen de la edad de la progenitora, ya que en ámbitos excesivamente juveniles la expectativae de tales fondos puede llevar a descuidar métodos anticonceptivos bajo la idea de la posible compensación económica, que en la adolescencia parece una «fortuna» y en la madurez como simple «pan para hoy y hambre para mañana»?.
Y Sevach quiere dejar claro que rechaza la cínica filosofía subyacente en la dura frase del que fuera presidente de EEUU Lyndon Johnson relativa a que era «mas útil invertir un dólar en control de natalidad que cinco en crecimiento económico». Sin embargo, para la legítima finalidad de incrementar la población (con sus positivas secuelas de rejuvenecer la sociedad, aportar mano de obra, financiar de seguridad social y pensiones,etc), las «prisas son malas consejeras». Se pregunta Sevach si la Unión Europea debería subvencionar el «nacimiento» de ideas por parte de los Gobiernos en vez de recuperar viejos moldes («premios a la natalidad») sin enriquecerlos de matices congruentes con la sociedad del siglo XXI.
A mi estas ayudas me parecen electoralismo barato. ¿Qué bien público se persigue?. ¿Promover la natalidad?. ¿Alguien va a decidir tener hijos por 2.500 euros?. Y si se pretende ayudar económicamente a los que, por otros motivos, han decidido tenerlos, ¿por qué se concede una ayuda lineal independiente de la renta?, ¿por qué se concede también a quienes no la necesitan?
Tal vez piensen que quienes cobren 2.500 euros se van a sentir comprometidos en el voto, pero creo que estas ayudas no van a servir ni para eso.
Si se trata de fomentar la natalidad, seguramente sería más efectivo mejorar el sistema educativo, las prestaciones sanitarias, el empleo, etc.
Lo siento, pero estas ayudas no me parecen serias.
El verdadero antecedente de esta medida podemos encontrarlo en el conocido opúsculo de Jonathan Swift («Una modesta proposición para prevenir que los niños de los pobres de Irlanda sean una carga para sus padres o el país, y para hacerlos útiles al público»). Escribía el enérgico irlandés, antes de perder definitivamente la chaveta: «Ya he calculado el costo de crianza de un hijo de mendigo (entre los que incluyo a todos los cabañeros, a los jornaleros y a cuatro quintos de los campesinos) en unos dos chelines por año, harapos incluidos … la madre tendrá ocho chelines de ganancia limpia y quedará en condiciones de trabajar hasta que produzca otro niño». Lo que pretendía hacer el autor con esos niños, resultado del incentivo económico, es mejor callarlo.
Puede que esto de los 2.500 euros sea una medida de fomento como compasivamente supone Sevach- y no una demagógica e inútil improvisación surgida en un debate político, pero ¿de verdad es necesario animar a la gente a tener hijos? Miles de parejas por razones que se me escapan- buscan desesperadamente concebir un hijo o adoptarlo, y muchas lo consiguen. Por otra parte, si escuchamos el magisterio de la Iglesia, expresado en las condenas de los Obispos a recientes reformas legales en el campo de la biomedicina, parece que la forma «tradicional» de engendrar tiene los días contados, en un puro fenómeno de obsolescencia tecnológica: ¿para qué sufrir durante nueve meses, si su niño podrá diseñarse en una probeta, crecer en un sistema asistido de soporte vital y serle entregado cómodamente en el momento que mejor le convenga? El olor a azufre arrancará lágrimas a los Cardenales. Lástima que Swift no pueda verlo.
Es enternecedor ver a la izquierda impulsando medidas de fomento de la natalidad. Es enternecedor porque aunque ellos no lo sepan, han perdido otra batalla. Tantos años difundiendo eso de que tener hijos era poco progre, y al final tienen que rendirse a la evidencia: si no nos procreamos, desaparecemos. España es el país con más baja natalidad del mundo, luego impulsar la natalidad es una medida sensata que estaría en el programa de gobierno de cualquier partido medianamente sensato y que se preocupe por el futuro de España. Por lo tanto, fomentar la natalidad es bueno. Ahora bien, lo que es un disparate es hacerlo sin distinguir situaciones. ¿ Por qué hay que pagar 2.500 euros por igual a personas que tienen ingresos radicalmente diferentes? ¿ No sería más efectivo diseñar un sistema de prestaciones en vez de dar una cantidad de dinero que podría ser destinada a fines distintos de aquellos que justifican la ayuda?¿ Se han estudiado las consecuencias presupuestarias de la medida?. Yo respondo: no. Lo único que se ha estudiado es que hay que hacer olvidar lo paseos por el País Vasco de algunos terroristas sanguinarios, y se hará lo que haga falta: como sea, diría el insigno inquilino monclovita.