De recursos de amparo y ejecución de sentencias firmes

Maravilla a SEVACH el sistema judicial español, ejemplo de garantía avanzada de los derechos del «justiciable», donde tras dictarse la última palabra judicial sobre asunto litigioso, se cuenta con la tutela jurisdiccional extraordinaria del Tribunal Constitucional gracias al «recurso de amparo», que a imagen y semejanza de sus homólogos europeos, ha sido generosamente acogido en el caso español.

En efecto, toda persona que recibe una sentencia desfavorable a sus intereses sopesa el acudir al Tribunal Constitucional, como cruce del primo de Zumosol y de la Virgen de Fátima (aunque quizás sería mas adecuada la Virgen de los Desamparados). Tal cauce es extraordinario y lento, pero supone una pequeña lucecita de esperanza en el tortuoso túnel de la justicia. Y por ello, el embotellamiento de recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional ha sido tan notable que ha sido precisa la reforma operada por Ley Orgánica 6/2007, de 24 de Mayo, del Tribunal Constitucional (LOTC) para frenar de raíz tal avalancha.

Sin embargo, en la última década la gran apuesta del litigante por el recurso de amparo no ha sido confiar en la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en un futuro lejano, sino en invocar el mero hecho de tal interposición como justificación para que se suspenda la eficacia de la sentencia firme dictada por el tribunal que agote la instancia.

Para ello, el litigante disponía de una doble vía.

Por un lado, la vía legalmente prevista, en la redacción inicial del art.56 de la LOTC que facultaba al propio Tribunal Constitucional para que pudiera suspender, de oficio o a instancia de parte, la ejecución del acto para el que se reclama amparo.

Y por otro lado, una vía sin amparo normativo, pero curiosamente la utilizada hasta la saciedad (y con generosos frutos por los abogados espoleados por clientes vencidos en al instancia), consistente en acudir al propio Tribunal de Instancia para que suspenda la sentencia dictada y espere a que se dicte por el Tribunal constitucional la sentencia sobre el recurso de amparo. Este último cauce, abierto por el silencio de la LOTC y la LJCA, era el utilizado cuando estaba en juego alguna medida de difícil reversibilidad (p.ej.demolición de vivienda, sanción de expulsión de Colegio de Abogados o separación de funcionario, expulsión de extranjero, etc).

Pues bien, este portillo (o mas bien «puerta falsa») ha sido felizmente tapiado por la reciente reforma de la LOTC, cuyo artículo 56 rechaza la suspensión automática de las sentencias por el solo hecho de haberse interpuesto el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alineándose así con lo afirmado por el reciente auto del Tribunal Supremo de 11 de Junio de 2007 (rec.74/2005) que rechaza la pretensión de paralización de la «ejecutividad» de una sentencia por el mero hecho de que la parte recurrente haya presentado ante el Tribunal constitucional un recurso de amparo, y todo ello puesto que «carece de base normativa».

Este planteamiento legal y jurisprudencial resulta mas coherente en el ámbito contencioso-administrativo ya que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa no la contempla como supuesto de inejecución de sentencias (temporal ni definitiva), unido a que el art.117 de la Constitución obliga al juex imperativamente a «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado», en armonía con el derecho a la ausencia de «dilaciones indebidas» a que alude el art.24 CE. Y todo ello sin olvidar que allí donde hay un litigio siempre hay partes enfrentadas, de forma que posponer la ejecución del fallo para una parte supone aplicar un sacrificio a la otra parte. Además, piensa Sevach que no entiende que si dos médicos sucesivos, especializados e imparciales, dictaminan que una pierna gangrenada debe amputarse, porqué debe aplazarse tal intervención quirúrgica si el paciente o su enemigo quieren esperar a que se pronuncie sobre el caso el brujo de la Tribu, un Catedrático de Harvard o el Tribunal de las Aguas de Valencia.

Así pues, se ha puesto fin a la maquiavélica práctica de estrategias encaminadas a vaciar de efectividad una sentencia mediante el simple artificio de invocar la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional e intentar mostrar el perjuicio que se ocasionaría si se ejecutase una sentencia sin esperar a que éste resuelva. Es cierto que en algunos casos la sentencia del Tribunal Constitucional llegará tarde (como el medicamento para el enfermo ya fallecido) pero no es menos cierto que en la inmensa mayoría de los casos, el aplazamiento de la ejecución de la sentencia genera un daño gravísimo en el beneficiado por ella, y todo para recibir una sentencia del Tribunal Constitucional que confirma la corrección de lo fallado en la instancia.

Piénsese en la práctica en estos tiempos recientes, de cualquier sentencia dictada por un Tribunal de Justicia español que resolviese la ilegalidad con la consiguiente demolición de una urbanización en la costa, dictada tras un proceso de unos cuatro años, y que fuese confirmada por el Tribunal Supremo después de otros tres años. Si se dictase auto de ejecución de la sentencia, y tras adquirir firmeza tras resolverse su propia casación por el Supremo (otro año), para paralizar la piqueta municipal el ingenioso letrado de turno interponía el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y simultáneamente solicitaba su paralización ante el Tribunal Superior de Justicia.

El resultado era el sumatorio de traslados de alegaciones, pruebas, incidentes y la explicable prudencia humana de los juzgadores, llevaba en numerosas ocasiones a aplicar tal suspensión hasta la Resolución final del Tribunal Constitucional (con una admisión a trámite de un año y una resolución de fondo de otros cuatro).

Ante tales plazos, considera Sevach que cuando recayese la última resolución imaginable de tal cadena jurisdiccional, ya no sería preciso ejecutar la demolición pues posiblemente se caería sola por estado ruinoso.

Por ello, considera Sevach que bien está evitar la desnaturalización del recurso de amparo y evitar las perversiones de su uso y abuso. Sin embargo, los problemas brotarán como el ave fénix de sus cenizas. Y es que, ahora solo cabe acudir al propio Tribunal Constitucional, el cual decidirá caso a caso si se suspende o no la ejecución de la sentencia, a través de un incidente encaminado a la ponderación de los intereses en juego, en términos similares a lo previsto para la adopción de medidas cautelares en sede contencioso-administrativa.

Es verdad que el Tribunal Constitucional ha afirmado que para que proceda la suspensión es necesario que se cumpla el requisito de que, si ésta no se acordara, la eventual estimación del recurso de amparo sería ya «tardía» y el restablecimiento en el derecho constitucional vulnerado ya no podría ser efectivo sino «meramente ilusorio y nominal» (AATC 61/2000 18/2001; 161/2001). Por ese motivo no accede el TC, con carácter general y con algunas excepciones, a la solicitud de suspensión de resoluciones que imponen obligaciones de pago de cantidad o, en general, de contenido económico o patrimonial, pues la lesión que de ellas se deriva es normalmente reparable.

Intuye Sevach que, así y todo, muy posiblemente subsistirá todavía la cuestión mas compleja: ¿Ha de entenderse que mientras se resuelve por el Tribunal constitucional la solicitud de adopción cautelar de la medida de suspensión de ejecutividad de sentencia de los tribunales ordinarios, no podrán estos ejecutarlas?. Piénsese que el propio Tribunal Constitucional ha censurado que la Administración ejecute un acto administrativo si existe una solicitud de medida cautelar (admitida o no a trámite) ante los órganos jurisdiccionales para evitar frustrar la tutela judicial efectiva por si la resolución de tal incidente llega tarde. ¿Aplicará el Tribunal Constitucional idéntica doctrina cuando se trata de ejecutar una sentencia por un órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo?.

En todo caso, considera Sevach que «la justicia interminable» cuya prolongación está vinculada frecuentemente no a la razón sino a la capacidad económica de la parte, no resulta muy ajustada a la seguridad jurídica constitucionalmente proclamada. Por eso, no es extraño que tras atravesar un via crucis de una docena de años, quien ha obtenido una sentencia en dos o tres instancias favorable a sus intereses, al verse obligado a afrontar una nueva y exasperante demora por la tramitación del recurso de amparo ante el Tribunal constitucional, exclame parodiando al Tenorio:
«Clamé ante la Justicia y no me oyó, y ya que sus puertas me cierra, de mis culpas en la tierra responda el Tribunal Constitucional, que no yo».