De competencias e incompetentes

Parodiando a Madam Roland cuando en tiempos revolucionarios franceses caminaba al cadalso podría decirse: ¡Competencia, cuántos crímenes se cometen en tu nombre!.

Recordaba García de Enterría, citando a León Duguit, el célebre catedrático de Burdeos, que históricamente el principio de legalidad se abre paso cuando el hecho bruto del poder político se convierte en la idea técnica de la competencia legal. Así, para el Derecho Administrativo, la competencia es el círculo de atribuciones que en sentido positivo, puede y debe acometer un funcionario y que en sentido negativo, no puede ejercer so pena de arbitrariedad o nulidad de lo actuado.

Ello trae a la mente un ejemplo del absurdo desenlace de la rigidez de las competencias de los cargos públicos, del que según la leyenda, fue víctima nada menos que Felipe III, quien estando enfermo y molestándole un brasero que había en su regio dormitorio, mandó al marqués de Pobar que lo quitaran de allí; éste transmitió la orden al Duque de Alba, que a su vez hizo buscar al de Uceda, a quien correspondía ordenar tan compleja operación, la cual no puedo efectuarse hasta que se hallo a dicho magnate, que estaba fuera de palacio; y entretanto el rey fue atacado de una erisipela, que le llevó al sepulcro. Por si fuera poco, tiempo atrás la esposa del mismo príncipe cayó del caballo, y quedando su pie sujeto al estribo, fue arrastrada por el suelo, sin que nadie se atreviese a auxiliarla pues fuera de la competencia de los lacayos quedaba tocar a la reina, porque incurría en pena de muerte el hombre que tocara a la reina, de forma que los dos caballeros que se decidieron a salvarla se refugiaron inmediatamente en una iglesia, a esperar el indulto regio, que les fue otorgado por lo excepcional del caso.

Tales cuestiones vienen al caso porque en las pasadas vacaciones visité la preciosa tierra gallega y cuando acudió a la oficina municipal de turismo de Cambados, al igual que cuando se presentó ante la de El Grove, tras recabar información local, al solicitar algún plano o mapa turístico del conjunto de Galicia, recibió en ambos casos la sorprendente respuesta de que no era de su competencia. O sea, el modelo de eficacia y sinergias entre Administraciones Públicas y las palabrejas de lealtad y colaboración entre Administraciones quedan en agua de borrajas cuando cada Administración decide actuar como un compartimento estanco respecto de las restantes.

Dos días después, me tropecé con un amigo que venía furibundo porque había denunciado ante la Oficina del Consumidor de la Comunidad Autónoma a una entidad bancaria porque le bloqueaba sus fondos a pesar de contar en su favor con una consulta vinculante de Hacienda, y su lamento se debía a que la Comunidad Autónoma despachaba la queja con un lacónico traslado de su reclamación al Banco de España. Esta situación me sorprendió porque las competencias públicas son irrenunciables. Una cosa es el ámbito de control de servicios bancarios del Banco de España y otro el de los derechos del consumidor, sin que ciudadano que paga con sus impuestos una oficina autonómica de tutela del consumidor, tenga que soportar la remisión de su escrito a un lejano Banco de España que además requerirá previamente la reclamación ante el Defensor del Cliente. O sea, que al final, cuanto mas poderosa es la empresa abusadora, mas indefenso queda el consumidor, y todo escudándose la Administración autonómica en una lectura holgazana del latiguillo de «no ser competente».

Hoy mismo, ya en Oviedo, y paseando por un precioso parque,me asomé a una balaustrada del mismo y comprobé sorprendido como en la parte baja un grupo de cuatro mozalbetes con sus flamantes mochilas nuevas y calzado deportivo moderno por el inicio de curso se afanaban a escondidas en esnifar una sustancia de una bolsa con ritual profesional (pegamento, crack u otra porquería). Al ver un policía local en las inmediaciones le requerí para que al menos diese un «susto ejemplar» a los jovencitos, a lo que éste repuso pánfilamente que tales cuestiones de orden público no eran de su competencia (cosa sorprendente ya que por la horas que eran bien podía ampararse en su obligación de vigilancia de la escolaridad), así que caminé hacia dos policías nacionales que ante idéntica denuncia manifestaron que no tenían competencias sobre menores sin saber si realmente se trata de drogas (cosa sorprendente ya que malamente pueden saber si hay en juego alguna droga si no indagan al respecto). No obstante, al sugerirles que quizá alguno era mayor de edad y que quizá no solo trapicheaban con ello, y de buen talante decidieron acudir, de manera que en la escena siguiente, al verlos caminar hacia ellos, los muchachos pusieron pies en polvorosa lo que quizás no sirvió de mucho, pero al menos alguna lucecita se abrirá en aquéllos pequeños cerebros de que no estaba bien lo que hacían.

Y ya en el mundo judicial fue muy sonado un litigio contencioso-administrativo en relación con una piedra de grandes dimensiones que cayó sobre dos turistas en la denominada «Senda del Oso» en Asturias, ocasionándoles gravísimos daños físicos, de forma que cuando ejercieron la acción de responsabilidad por daños y perjuicios los demandantes se encontraron con que los Ayuntamientos por los que discurría la senda eludían su responsabilidad apuntando a que la senda era responsabilidad de la Mancomunidad de los Valles del Oso, y a su vez esta entidad argumentó que la responsabilidad era de la Administración del Principado que para eso subvencionaba su construcción y mantenimiento, y ésta última «en legítima defensa» pasaba la pelota de la responsabilidad a la Mancomunidad.

Todo el pleito giraba en torno a la enérgica invocación de falta de competencia sobre la citada Senda, que sorprendentemente, a pesar de figurar en todas las guías turísticas a bombo y platillo, parecía ser «tierra de nadie» como pantano apestado. Aquí pienso que seguramente muy distinta sería la postura si hubiese aparecido bajo la senda un yacimiento de diamantes.

En definitiva, diríase que esto de las «competencias» es la varita mágica con que ciertos funcionarios o Administraciones despachan alegremente sus asuntos con tan cómoda explicación. La paradoja es que si un funcionario bienintencionado asume competencias que no son suyas creará un precedente que le sobrecargará de mayor trabajo (y sin compensación), y además puede que si el resultado de su gestión es negativo, se volverá contra él su buena disposición. Por eso creo que no debe culparse al funcionario sino mas bien al sistema complejo de Administraciones Públicas cuyos directivos son celosos del propio jardín.

Claro que es justo recordar que la falta de competencia es también frecuente «lavado de manos» de los Tribunales cuando señalan que carecen de jurisdicción o de competencia para conocer de un litigio, y además ello no es solo subterfugio de los órganos judiciales españoles ya que en ocasiones los tribunales eluden pronunciarse sobre el fondo de un litigio so pretexto de tratarse de una cuestión política, como el caso del fallo de la semana pasada del Tribunal Supremo de Nebraska que ante la demanda de estudiantes y escuelas rurales reclamando que se declarase que la escasa financiación de las escuelas rurales no garantizaba el derecho constitucional a la «educación gratuita en las escuelas públicas del Estado», declaró que era un asunto político que no podía resolverse judicialmente sobre los criterios siguiente expuestos al mas puro estilo de Pilatos: a) Si la Constitución asignó al legislador la regulación del sistema de financiación escolar, tal cometido le corresponde exclusivamente al poder legislativo; b) La Constitución no ofrece estándares o pautas cuantificadas de cual es el nivel de fondos adecuado; c) El Tribunal no puede pronunciarse sobre la financiación adecuada sin antes pronunciarse sobre complicadas decisiones políticas de economía, tributos y política general; d) Cualquier decisión judicial faltaría al respeto debido al legislador y al gobierno.

Y de este modo, los demandantes se quedaron con un palmo de narices y sorprendidos de que lo único que le pedían al Tribunal Supremo era que interpretara la Constitución, pero no que abandonase a su suerte el modelo de financiación y que pudiera abarcar a capricho del gobierno de turno desde un simple libro de colores a un pupitre.

En fin, volviendo a la Administración española, y por poner una nota de humor actual, siempre hay algo peor que escuchar a un funcionario decir: «No es de mi competencia«, que es no escuchar mientras se afana con sus compadres de trinchera burocrática y hacer que el ciudadano se sienta invisible.

También fastidia mucho el que informen que el competente «está al café» (no en el cafetal, ni en una cafetería, sino en una curiosa transubstanciación, en el mismo café). Y desde luego resulta ininteligible para el ciudadano escucharle: «Es competencia de mi compañero que está de moscoso«, ya que no figura en los vademecum médicos tan insólita epidemia de los funcionarios («demoscoso»), y si por educación el ciudadano pregunta cuando se reincorporará, puede incluso recibir un gutural «ni idea» (trasunto del bíblico: ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?).

Pero ya cuando las Leyes de la Termodinámica humana demuestran su vigencia (explicación física del calor creciente) es si el funcionario leído declara malencarado: «Además yo no soy competente para decirle quien es el competente«.