Del lenguaje de los jueces que hablan de la Administración

Al igual que el río y el mar en que desemboca tienen lógicas sintonías, el lenguaje administrativo tiene en el lenguaje contencioso-administrativo un natural correlato en términos de tecnicismos. El lenguaje judicial presenta una dimensión jurídica, otra psicológica y otra lingüística.

En la vertiente jurídica, el único lenguaje que entiende el litigante es aquél en que se le da la razón, viniendo al caso aquélla frase clásica de «sólo me parece justo/lo que me da gusto», y que el poema del Gaucho Fierro expresaba toscamente:

«Hay muchos que son dotores
y de su cencia no dudo;
mas yo soy un negro rudo,
y aunque de esto poco entiendo
estoy diariamente viendo
que aplican la ley del Embudo» .

Por eso, poco importa la argumentación y ciencia jurídica vertida en la sentencia ya que los ojos del cliente y del abogado buscan el fallo y les importa mas ganar el pleito que las razones para ello.

En la vertiente psicológica, en ocasiones afloran las emociones, sensaciones y disquisiciones del juez «destogado», como persona, y se manifiesta en excesos verbales insertos en la sentencia, supuesto que ataja la Ley Orgánica del Poder Judicial, al prohibir «expresiones innecesarias, improcedentes, extravagantes u ofensivas», bajo sanción disciplinaria. Con ello, parece optarse por un modelo de juez estilo Buster Keaton (cara de palo) frente al modelo Antonio Ozores (dicharachero y locuaz), lo que no parece reprochable ya que a la ocasión la pintan calva y a la Justicia con una balanza pero sin atuendo circense. Ello explica el expediente disciplinario recientemente instruido al juez murciano que en un proceso de divorcio, atribuyó al padre la custodia de sus dos hijas, negándoselo a la madre por ser lesbiana, rodeando su argumentación de soliloquios que a nadie interesan.

Y en la vertiente lingüística, cualquiera que se acerca a un pleito contencioso-administrativo se quedaría sorprendido de que allí no hay «hojas» (sino folios), ni «documentos» (sino «expediente» y «autos» ), ni decisiones (sino «proveídos» ), ni ciudadano (sino «justiciable» ), ni recurrente (sino «actor» ), ni avisado (sino «emplazado» ) y ni siquiera «abogados» (sino «letrados» ).

Esforzándonos en sistematizar la selva lingüística de lo contencioso-administrativo, hallamos:

A)

Los arcaísmos. La propia Ley Reguladora de lo Contencioso-Administrativo impone al demandante o demandado utilizar la fórmula «otrosí» que significa «además» en las peticiones de la parte. También suele utilizarse la expresión «proveído» en las resoluciones judiciales de trámite. O la pomposa expresión «recibimiento a prueba» en vez de fase de prueba.

B)

Tampoco faltan los tecnicismos, como cuando se alude a «diligencia» o actuación judicial en el procedimiento, significado muy distinto del usual (rapidez y atención), o cuando se dicta una «providencia» o un «auto» (términos de significado forense totalmente remoto respecto del significado común).

C)

Ciertamente han desaparecido los cargantes «Resultandos» y «Considerandos», aunque los gerundios gozan de buena salud en el proceso, y no digamos los latinajos (ut supra).

D)

La siglas cada día se utilizan más: TSJ (Tribunal Supeior de Justicia), IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil), LJCA (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), LRJAP (Ley de Régimen Jurídico-Administrativo y del Procedimiento Administrativo Común) o RPT (Relación de Puestos de Trabajo).

E)

Los aforismos, siendo muy utilizado para reforzar la claridad justamente un latinajo poco claro: «In claris non fit interpretatio» .

G)

El abuso del subjuntivo es una manía difícil de eliminar: «Si hubiere», «Cuando procediere» .

H)

Utilización frecuente del imperativo: «notifíquese», «cítese», «trasládese», etc.

i)

Perífrasis absurdas. Por ejemplo, las sentencias suelen ultimarse con las palabras rituales:

«Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo»

, y que no sólo constituye una arcaica y redundante expresión de cuestionable sintaxis (como la de «Debo condenar y condeno» ) sino que no se ajustan a la realidad: ni es «mi» sentencia (el juez las dicta en nombre del Rey), ni es «definitiva» (no sólo caben recursos ordinarios, sino extraordinarios además de otras instancias nacionales e incluso internacionales), ni el juez la pronuncia (la escribe habitualmente), ni incluye mandato (puesto que las sentencias son declarativas o constitutivas, declaran o reconocen derechos, pero no «mandan» nada en el fallo, sino que será en la ejecución si es necesario cuando el poder ejecutivo del juez se manifieste), e incluso no pocas veces la «firma» no es tal sino mecánica rúbrica.

Afortunadamente, todo hay que decirlo, la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 acabó con las «deposiciones» de los testigos y las «insaculaciones» de los peritos, con lo que los pleitos ganan en lavanda.

Pero lo que más sorprende a Sevach, como buen checo, en el ámbito contencioso-administrativo es que al procedimiento mas complejo e inusual se le llame «procedimiento ordinario» y al procedimiento que tarda en torno a un año desde su iniciación hasta la vista, se le llame «abreviado». También le resulta chocante que la «vista» en el abreviado es esencialmente «oral», y la sentencia que debiera ser de ejemplar acierto se califique y anuncie como «fallo». Eso sin olvidar que «sentencia» parece provenir de la misma raíz que «sentimiento» y suele ser fría y despiadada. Claro que tampoco son extrañas tales contradicciones, si el juez que juzga se llama a sí mismo «juez a quo» y a su colega que revisa lo decidido por aquél lo llama «juez ad quem», pero lo que ya deja pasmado es que hay «jueces» que en sus propias sentencias «se declaran incompetentes»…