Para Sevach, las recientes declaraciones del Ministro de Justicia sobre la conveniencia de propiciar el acceso directo a la judicatura de los mejores expedientes académicos resulta digna de aplauso de la misma manera que lo es la doble voltereta de una foca en un circo: divertida por original pero fácilmente prescindible por razones de economía cerebral.
En efecto, sostiene Sevach que el sistema de oposición tiene la virtud de la igualdad y puede generar injusticias (que aprueben ineptos o que suspendan brillantes), pues como afirmaba el filósofo todo está gobernado por «el azar o la necesidad». Además no falta razón para apreciar que un «sacerdocio»de unos cinco años estudiando una decena de horas diarias, sacrificando horizontes de ocio y experiencias, se cobra su peaje en términos de equilibrio mental y cierto distanciamiento de la realidad. Para suplir este riesgo del «síndrome del zulo»puede reorientarse el curso posterior en la Escuela Judicial o fijar pruebas psicológicas complementarias o programas formativos de inmersión en la cruda realidad.
Sin embargo, postular como solución el salto directo de la Universidad hacia la judicatura sin la pértiga de una mínima experiencia y sin la red de unos conocimientos jurídicos densos, para Sevach es temerario, tanto para el futuro juez como para los justiciables que caigan en sus manos.
Veamos lo que piensa Sevach:
- 1º La enseñanza universitaria proporciona formación y capacitación para la obtención de un título. De ahí a presumir que el obtener altas calificaciones supone la cualificación para administrar justicia es tanto como afirmar que quien obtenga las mejoras calificaciones en Bellas Artes merece formar parte del Jurado del Premio Príncipe de Asturias de las Artes.
2º Desde el punto de vista lógico, y es sabido desde primer curso de derecho, que la esencia de la justicia es tratar igual a los iguales y no tratar igual a lo que es desigual. Así, no puede ignorarse que existen mas de cuarenta Facultades de Derecho en las Universidades públicas, y media docena de las Universidades privadas, unido a la necesaria equiparación de titulaciones españolas con las europeas, y teniendo en cuenta que la autonomía universitaria facilita que sean distintos los planes de estudios, con distintos profesores, programas y criterios de aprobado.
Por ello, otorgar el laurel o la toga judicial a quien acredite una media final de calificaciones más elevada constituye ciertamente temerario. Como igualmente temerario sería que al Ministro le operase a corazón abierto el mejor expediente académico de la Facultad de Medicina de Villarriba sin haber pasado por el MIR ni por experiencia alguna.
3º La herramienta fundamental de un juez es el sentido común, la capacidad para buscar la interpretación de la norma según el contexto social, para evaluar la verosimilitud de lo probado, para aplicar principios generales de igualdad o proporcionalidad, y todo ello no se improvisa ni se encuentra en la lección dos de la asignatura de Derecho romano, sino que es preciso un poso de experiencia y madurez, que bien puede proceder de la disciplina franciscana de las oposiciones o de la experiencia en la abogacía.
4º El desatino es mayor si se tiene en cuenta que entre el término de los estudios universitarios y la fecha de pretensión de ingreso en la justicia como juez del flamante Licenciado puede mediar un intervalo temporal dilatado y se hace precisa la actualización en un entorno normativo dinámico. No puede alguien que tuvo Derecho del Trabajo en tercero de carrera o civil en Segundo, pretender aplicar el derecho histórico estudiado al término de la carrera.
5º A todo ello se suma un desconocimiento del sistema de evaluación universitaria, que hoy día de hecho, y dentro de poco por la sintonía obligada con el sistema comunitario de Bolonia, será primordialmente asistencial y sin exámenes. Además hoy día no se descuentan las convocatorias en que no se examina el alumno con lo que puede darse (y se da) la paradoja de que tenga mejor expediente académico quien invierte diez años en la carrera que quien la agotó aprobando todas las asignaturas curso a curso.
O sea, la cuadratura del círculo, se presume que quien asiste a clase sabe, que quien sabe aprueba, y que quien aprueba es capaz de juzgar.
Se pregunta Sevach que por qué la Ministra de Educación no hace la propuesta inversa y se ganaría en coherencia: ¡que los magistrados puedan acceder directamente a las Cátedras de Derecho!.
En todo caso, ¿el ministro no sabe que el prestigioso padre del derecho constitucional americano y abuelo del derecho constitucional español, el juez del Tribunal Supremo, Marshall, nunca estudio Derecho?.
He de reconocer que la transfiguración de Sevach se produjo en los dominios de mi casa, cuando, entre los ruidos propios de mi soledad al llegar a mi casa, en el aparato receptor escuché -noticiario radiofónico de las diez de la noche- cómo el Sr. Ministro hacía mención a sus particulares -que no novedosas, de eso ya sabían algo los vecinos franceses- ideas sobre cómo un muchachito (guión muchachita) podía, si era listo y aplicado, pasar de ser un adulto aún con acné, a ser un adulto con toga y puñetas…¡Ahí ví a Sevach tomando pluma y pergamino y escribiendo su parecer!, …lo cual se ha cumplido, y bien cumplido, ya que lo expuesto refiere un conocimiento sobre el asunto de una manera coherente, práctica y crítica, pero constructiva. Y si bien ese parecer de Sevach es de todo punto coincidente con el mío, también he de aseverar -para darle un poco de sal a este comentario tan dulce- que cual no fue mi sorpresa cuando en la tarde de ayer -cuando luchaba contra los elementos y la climatología adversa de este norte nuestro- el mismo Sr. Ministro salió, por el mismo medio de comunicación, pero en receptor distinto al de la noche anterior, dando explicaciones, muy certeras y muy cabales, sobre qué es lo que había querido decir, concretando, de este modo, lo que la Sra. Vicepresidenta también tuvo a bien puntualizar sobre el mismo asunto, -puntualizar, que no corregir-. Llegué a la conclusión de que el sistema puede ser propicio para obtener «un buen producto», a la sazón, un buen «plantel» de Jueces, pero ello siempre que el procedimiento quede reglado de forma adecuada, preservando, en todo caso, los princios de igualdad, mérito y capacidad, -los que no se pueden olvidar se hablamos de acceso a la función pública-, y sin que queden resquicios para los favoritismos, la «colocación de parientes» y demás «tretas» de la picaresca que, de esto, sabemos mucho por estas tierras de la península ibérica -no sabe ya una cómo referirse al lugar en el que habita, convive, trabaja, se divierte…¡o no!-. Quedo pues a la espectativa, y, si ha lugar, – y las elecciones lo permiten- de ver cómo se desarrolla el proyecto ideado por este Sr. Ministro que tantas «tablas» demuestra en su tarea, y que al ser entrevistado deja sobre las ondas risas y frases «para el recuerdo».
El problema, querida y expresiva amiga, es que los políticos son expertos en «donde dije diego, dije digo», y ya sabes que la frase comodín de un político es: » Hay que estudiarlo», » Crearé una Comisión con partiicipación de todos los interesados», » No es urgente, sino a medio o largo plazo», » Hay que promover el debate…» en fin, todo tipo de maniobras de distracción, porque lo cierto es que «dijo lo que dijo» (claro que ya lo dice el refrán checo «rectiifcar es de metepatas).
Efectivamente, cuántos estudiantes de Derecho han llegado-casi-a jubilarse, aprobando las asignaturas de la carrera de a dos por año, con la intención de poder permitirse el mostrar un expediente académico repleto de sobresalientes y matrículas.
Nada que objetar… como no hay nada que objetar tampoco a quien se da el «atracón» curso a curso, sacando adelante todas sus asignaturas del año, para finalizar a tiempo… de ver que sus notas son más bajas que las de otro estudiante que le lleva… cosa de veinte años (en edad, experiencia y estancia en la Universidad).
Asímismo, los Jueces «de carrera», suelen aborrecer cordialmente a los jueces llegados por el cuarto turno, de la misma manera que, probablemente, estos últimos aducirán que los estudiantes llegados a Juez no saben hacer la «o» con un canuto.
¿Conclusión?: que nunca llueve a gusto de todos.
Eso sí: me abstengo de dejar aquí mi opinión sobre las pruebas de acceso a la judicatura (y Fiscalía), toda vez que, a lo largo de mi experiencia profesional, he conocido unos cuantos de estos profesionales que carecían de cualquier sentodo común y la más mínima capacidad para la empatía (y es que… la Ley no es Matemática… ni ostentar una toga otorga el beneficio de la inteligencia).
Un saludo a los Jueces (por si acaso, jajajjaaaa).
Pd: aclaro que lo dicho d eestos profesionales puede, perfectamente, extrapolarse a otros que han de decidir sobre la vida y los bienes de las personas.
No es la misma responsabilidad la de un médico, juez o abogado que la de un ebanista…
Yo tampoco estoy de acuerdo con la propuesta del ministro de justicia. Es un tanto disparatada. Ahora bien, es urgente reformar los sistemas de oposiciones a los cuerpos de élite del Estado: jueces, administradores, inspectores, etc. El proceso actual es decimonónico. No garantiza en absoluto una selección que guarde una mínima relación con los requerimientos del puesto de trabajo y, además, destroza la cabeza a muchos de los que aprueban tras pasarse años y años de aislamiento en aras de aprobar una oposición.
Si os interesa el tema podéis leer el post: http://i-publica.blogspot.com/2007/10/el-debate-sobre-las-oposiciones.html
Con el debido respeto hacia todos,
y desde mi posición -que desde luego no es la de ver peligrar mi plaza de Juez-, como tantas y tantas cosas todo es susceptible de mil y una interpretación y cada uno somos libres de enfocar el objetivo en función de intereses variados. o percepciones socio-culturales …
Pués analizando muy superficialmente la «susodicha frase», no me parece tan descabellada y trato de imaginarme un mundo ideal, donde no solamente los jueces, sino tantos y tantos puestos, cargos, etc., de tanta responsabilidad fuesen ocupados realmente por «los mejores preparados » desde luego desde distintas ópticas, evidentemente no solo desde su expediente académico;miren ustedes, hasta yo humildemente creo y pienso que el resultado del funcionamiento global, sería enormemente mucho mayor satisfactorio para todos.
En definitiva, yo tampoco me creo que hasta hoy los elegidos son los que mejor responden a los principios de igualdad, mérito y capacidad, pero de cualesquiera de los distintos sistemas que podrían llegar a aplicarse, me daría por plenamente satisfecho, si llegamos a ser capaces de seleccionar a los más idóneos, para bien de la humanidad.
Finalmente, para acabar y cerrar mi comentario, en mi opinión creo que la polémica expresión, hubiera o hubiese sido más acertada si además de los restantes valores o baremos a la hora de medir y seleccionar, sea debidamente tenida en cuenta la brillantez académica.
Y si todo esto ya se viene aplicando, ¿qué es lo que está fallando?
Si realmente, vamos a mejorar ¡¡adelante!!, si no, sencillamente apliquemos el principio » quieta non movere «.
Por favor, sean clementes y dejen de disparar contra el Ministro. Su propuesta me gusta, pero peca de tímida y de alicorta: nadie puede dar garantías de que los universitarios con buenas notas no hayan tenido que pasar algún fin de semana estudiando y algún recalcitrante habrá que haya leído un libro, alejándose así de la realidad social.
¿Dónde y cómo debemos buscar a esos mirlos blancos que renovarán la justicia hasta que no la conozca ni la madre que la parió con los ojos vendados? No puede estar más claro: hay que escoger a los estudiantes con peores notas, o sin ninguna nota, de los que llevan cuatro años en primero, que conocen la realidad social como la palma de su mano.
Los dioses me han concedido, durante unos minutos, el milagroso don de escuchar, mientras me fumaba un cigarro (como Ihering), la siguiente conversación entre el Ministro y uno de sus adláteres, cuyo nombre omito, por razones de seguridad y porque no lo sé:
– MINISTRO. «¡Bien, bien!, los que salen cuatro noches de cada cinco nos servirán mejor. Pero, ¿no serán demasiado mayores, no estarán ya perdidos para la causa?.
– ADLATERE. ¡Qué razón tienes Ministro, luz de la inteligencia selectiva! Busquemos entre los estudiantes de enseñanza secundaria, que no saben ni cómo se llaman.
– MINISTRO. Bueno, pero no cojas a ninguno que lleve gafas, que son unos listillos.
– ADLATERE. ¡Cómo mejoras mis propuestas, cómo matizas mis intervenciones! Juro que gratia et amore seguiría siendo tu adlátere … Bueno (azorado) …, esto no lo he dicho en serio.
– MINISTRO. ¿Y por qué quedarnos en secundaria?. Esos no hacen más que darle a la Nintendo y grabar palizas en el móvil. ¡Los niños, querido amigo, los niños son el futuro de la Carrera Judicial! Dame a ciento cincuenta criaturas de tres años y yo te los devolveré convertidos en gigantes de la Justicia, con una educación en valores a prueba de bomba».
No puedo estar más de acuerdo con todo lo que le he oído al Ministro. Yerran los que piensan, desde una visión retrógrada de las cosas, que los jueces necesitan saber Derecho. Lo que un juez precisa ante todo- es tener mucho sentido común y, además, una empatía de mil pares de narices. Por ejemplo, para resolver un complejo asunto urbanístico, el juez tiene que aplicar el sentido común, aunque este raro espécimen no pueda identificarse (ni con un candil) en ninguna de las infinitas leyes del suelo. En fin, si se trata de tener sentido común y empatía, yo estoy dispuesto a promover la candidatura de mi madre como Presidenta del Tribunal Supremo, porque posee ambas cualidades en grado sumo.
Es innegable que la oposición como método selectivo tiene sus fallos (el Ministro de Justicia accedió a la Carrera Fiscal por oposición), pero nadie está libre de decir tonterías. Así, el fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, aseguró ayer por la tarde que «tanto los representantes del Ministerio Público como los jueces muestran cierta permisividad respecto a los conductores porque ellos también pueden cometer infracciones de tráfico», situación que etiquetó de «clasismo».
No debería tomar a broma, señor Lafargue, un asunto tan serio. La forma de acceso a la carrera judicial determina la posibilidad real de que los jueces sean independientes del poder político, y esta polémica no es nueva, sino recurrente desde hace años. El actual sistema de selección de jueces no tiene nada de «decimonónico», al menos desde que el Consejo del Poder Judicial asumió las competencias sobre selección y formación inicial. Creo que muchas críticas al sistema se deben simplemente a falta de información, tachándolo de «memorístico», palabra que nadie sabe cómo- se ha convertido en una especie de anatema, cuando la verdad es que lo que no se recuerda, sencillamente, no se sabe.
De todas formas, el aspirante que ha superado la oposición no ha hecho sino empezar su camino: le aguarda un año completo en la Escuela Judicial, hoy muy diferente a la de hace veinte o treinta años, donde profesionales y docentes de prestigio imparten materias como medicina legal, contabilidad y auditoria, economía de la empresa, psicología jurídica, psiquiatría forense, mediación y conciliación o técnicas de gerencia y dirección, profundizando además en aspectos concretos de la doctrina constitucional o de las técnicas de investigación criminal. Los futuros jueces realizan estancias en toda clase de instituciones relacionadas con su labor, como centros penitenciarios, unidades de policía o institutos de medicina legal.
Superado el año de Escuela, aún queda un año más de prácticas como juez adjunto, bajo la tutela de un magistrado experimentado. Después de todo esto, se realiza la evaluación final, que no es en absoluto un mero trámite. Recomiendo leer, por si alguien no me cree, la reciente sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 7ª, de 23 de abril de 2007 (rec. 216/2003), que desestima el recurso interpuesto por varios alumnos de la Escuela Judicial que fueron suspendidos, obligados a repetir curso y vueltos a suspender, perdiendo su expectativa de ingreso en la carrera, y no precisamente por falta de conocimientos jurídicos.
¿Cómo se puede decir que este sistema es «decimonónico»?. El sistema decimonónico consistía, como explica el profesor Jiménez Asensio («El acceso a la función judicial. Estudio comparado». CGPJ, 2001) en la consideración de la administración de justicia «como espacio a ocupar por las clientelas políticas» y «patrimonio de quien se encuentra circunstancialmente en el ejercicio del poder». A partir del denominado bienio progresista de 1854/56 y, más aún, tras la caída de los progresistas del poder y el retorno de los moderados, se produjeron destituciones masivas de jueces. SAINZ GUERRA (citado por Jiménez Asensio) señala que «entre noviembre y diciembre de 1856, hubo ciento setenta y cuatro individuos declarados cesantes entre jueces y magistrados, cincuenta y seis magistrados y ciento diez y ocho jueces», lo que, significaba aproximadamente la mitad de los puestos judiciales existentes entonces en España.
Ese era el sistema «decimonónico». La fórmula actual de acceso a la carrera judicial es una de las mejores del mundo, está siendo imitada por democracias emergentes que intentan construir un Estado de Derecho inviable sin jueces independientes- y garantiza un absoluto respeto a los principios constitucionales de mérito y capacidad en el acceso a los cargos públicos.
Mas que resolver el cómo seleccionar «buenos jueces» el problema radica en aclarar si por «buenos» entendemos «sapientísimos», «justos», «rapidísimos», «persuasivos» , «dogmáticos» o «prácticos» . Una vez determinado el perfil que buscamos, pues encontraremos el medio, y lo que está claro es que hay que buscar una persona que sume todas esas perspectivas (dificilísimo). Por eso, quizás la solución pase por implantar un concurso-oposición para acceder a la judicatura, en que por un lado en el concurso se valorasen los méritos académicos relevantes, y en la oposición se incluyese ( junto a las pruebas de conocimientos) un test psicotécnico que permitiese ponderar un mínimo contacto con la realidad.
panchovilla:
Mil gracias por aludir al psicotécnico. Esa es, igualmente mi idea (y anhelo). A mi juicio, en el acceso a la judicatura se está necesitando con urgencia…
Comparto totalmente lo que dices.
Me parece un gran dislate del Ministro el «acceso directo» a la judicatura de los mejores expedientes académicos….
¿Por qué no se plantea que accedan directamente a Notaría, Letrado de la Seguridad Social, Técnico de la Admón. General del Estado, o Profesor de Enseñanza Secundaria?…o ¿No se le ha ocurrido que accedan directamente a la judicatura «directivos públicos profesionales» aunque no sean Licenciados en Derecho?
No es nada seria la propuesta cuando hoy día los Colegios de Abogados están exigiendo un curso de práctica jurídica de dos años para poder comenzar a ejercer la profesión a los licenciados.
Que la propuesta del Ministro no sea aceptable, como muy bien analiza Sevach, no impide reconocer que la misma surge porque el sistema de selección de personal de las Administraciones, y no sólo de la de Justicia, se encuentra en una importante crisis. Los problemas fundamentales son tres:
-El primero es el sistema de selección; efectivamente, las oposiciones se siguen fundamentándose en la exposición de conocimientos previa memorización de los mismos. Esta práctica implica la selección en virtud casi única de esta capacidad intelectual sin que entre en consideración el examen de otras cualidades mentales tan o más importantes: parece olvidarse que la selección de personal no es un fin en sí mismo; al que supera el proceso no se le da un premio, se le requiere para trabajar en actividades prácticas y sociales, generalmente con alto nivel de exigencia analítica y resolutiva, cualidades que raras veces se examinan en las oposiciones. Además, el que hace de su memoria principal virtud, debe seguir un proceso de actualización continua, proceso poco alentado por el hecho de la inamovilidad del funcionario.
El segundo es la escasa flexibilidad con la que se diseñan los procesos; éstos debieran adaptarse al ratio candidatos plazas convocadas, dificultando o facilitando las pruebas en función del mismo; como, en general, los procesos, salva la actualización legislativa, o se reforman por entero, o se mantienen, hay oposiciones muy fáciles en teoría, en las que la necesidad de suspender por falta de plazas hace que los Tribunales se vean en la tesitura de buscar con lupa errores mínimos, aumentando la aleatoriedad del proceso, y hay oposiciones muy difíciles, en las que los que llegan al último ejercicio, aprueban con «tenerse».
El tercero es el carácter ad hoc de los tribunales y los sistemas para su composición: el hecho de ser funcionario puede ser índice de conocimientos técnicos, pero no de capacidad de examinar y valorar, y menos cuando se trata de una dedicación eventual, decidida por criterios variopintos (cuota de la unidad administrativa en el tribunal del cuerpo adscrito, compensación salarial, amistad con la Autoridad convocante, entre otros), para la que no hay formación específica y que se realiza sacando tiempo a la actividad propia de cada cual, en sesiones maratonianas sobre temas que el juzgador ha olvidado, debe leer sobre la marcha (esos temarios de academia), y de cuyo contenido posiblemente no distinga lo trascendente de lo prescindible.
Estos problemas son evidentes, y si se analiza la evolución de las pruebas se ha tendido a moderarlos; se han añadido en muchas oposiciones otro tipo de pruebas (dictámenes, supuestos prácticos), se han generalizado los cursos selectivos e incrementado su trascendencia, y se ha incrementado las competencias e importancia de órganos especializados (INAP, IEF-EHP o EPJ). Posiblemente sea el camino, aunque, como en tantas cosas de la Administración, mientras el sistema adolezca de estos problemas está expuesto a que alguien no sólo plantee sino ejecute una reforma peregrina, un remedio peor que la enfermedad.
Pienso que el Ministro Bermejo acudió al ejemplo del derecho británico, pero tomando sólo la mitad del sistema.
En efecto, en Gran Bretaña, el país cuya judicatura goza del mayor prestigio (¡Ah, aquel grandísimo juez Coke!) los jueces no sólo no son de oposición, sino que el sistema desconfía de tal sistema de selección. Los jueces (tanto los titulares de los county courts como de los magistrates courts) son elegidos entre barristers con más de siete años de experiencia. Ello garantiza que, cuando menos, tienen un conocimiento práctico de las más elementales reglas del foro. En cuanto a Estados Unidos, el sistema es casi similar, si bien en muchas películar y novelas se refleja el contínuo intercambio entre el ejercicio particular de la abogacía y el paso a executive district attorney (más bien a la inversa, pues son los EDA quienes suelen dejarlo para pasarse al ejercicio privado) o a judicatura.
Mi opinión personal, con todos los respetos, es que el sistema de oposición, tal y como está concebido hoy en día en España, garantiza un conocimiento momentáneo de una cantidad de temas que, con el tiempo, se olvidarán si no se ejercitan y que no garantizan un conocimiento de la práctica. Si es éso lo que el Ministro quería corregir, corríjase. Pero el salir de la facultad directamente al estrado es, con todos los respetos………una Bermejada.