Del consumo de cocaína entre autoridades y funcionarios

La semana pasada los medios de comunicación ofrecían dos noticias aparentemente distantes pero con preocupante conexión. Por un lado, el decomiso en México del mayor alijo de cocaína del mundo con 23 toneladas y por valor de 400 millones de dólares. Recuerda a Sevach otra anterior, de hace seis meses, en que la Delegación del Gobierno en Galicia requisaba en un buque más de 4 toneladas kilos de droga que alcanzarían los 140 millones euros en el mercado. Por otro lado, el elevado consumo de cocaína en España en centros públicos (oficinas, hospitales, Universidades, etc).

1. Para enfocar la magnitud del problema basta tener en cuenta los siguientes datos objetivos:

a) En el año 2004, un estudio del Gobierno Vasco reflejaba un dato fácilmente predicable del resto de las Comunidades Autónomas, relativo a que los escolares vascos prueban por primera vez todos estos estupefacientes antes de cumplir los 16 años.

b) En el año 2006, el Ministerio de Sanidad revela que el consumo de cocaína en España se ha disparado en los últimos diez años, hasta el punto de ser la segunda droga ilegal más consumida en España, después del cannabis. El 7% de la población de 15 a 64 años ha probado la cocaína alguna vez y el 1,6% de la población total la ha consumido en el último mes.

c) Y ya en el año 2007, el informe publicado en Junio por la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD), señaló que en España la tasa de consumo de drogas se duplicaó desde 1999, cuando era del 1,6% de la población de entre 15 y 64 años, hasta 2005, año en el que alcanzó el 3%, un porcentaje al que no llega ningún otro del centenar de países analizados por la ONU. Además el consumo de cocaína situaba a España por encima de Estados Unidos y el precio es de los más bajos de Europa.

d) Asimismo, la semana pasada emitía Antena 3 un reportaje de «GPS testigo directo» que mostraba, en una investigación realizada por primera vez en España, mediante la aplicación del llamado Coca Test (un sistema de detección fabricado en Israel y fiable al cien por cien), en ministerios, juzgados, museos, hospitales, bolsa de Madrid, Agencia Tributaria, el Senado, entre otras instituciones. El resultado era estremecedor: en más de la mitad de los sitios visitados, la prueba, avalada por un equipo de científicos, ha dado resultados positivos. Se trata de instituciones de aparente inocencia y pulcritud en las que nada haría sospechar que allí se está consumiendo este estupefaciente.

2. De tal contexto y datos cabe extraer varias conclusiones:

a) Que existe una negra conexión entre nivel económico y consumo de cocaína (diríase, simplificando, que la heroína es la droga de los pobres y la cocaína la droga de los ricos); el actor Robin Williams ironizaba afirmando: «La cocaína es la forma que tiene Dios de decirte que estás ganando demasiado dinero», y Sevach la completaría en los siguientes términos: «También es la forma que tiene el Diablo de decirte que te espera en sus aposentos».

b) Que existe una tendencia creciente de consumo de cocaína en España. Se produce un desplazamiento del alcohol y la marihuana a favor de la novedosa cocaína.

c) Que las campañas públicas, de instituciones sin ánimo de lucro, de entidades médicas y benéficas, encaminadas a la concienciación del problema no dan el fruto apetecido. Por desgracia, el escepticismo y desencanto frente a la propaganda institucional permite el éxito de la influencia discreta e inmediata de amigos y compañeros.

d) Que las advertencias de los padres y educadores tropiezan con un contexto en que, so pretexto de la libertad, se abre paso entre los jóvenes el consumo de sustancias tan peligrosas como la cocaína, las anfetaminas o el éxtasis. El Plan nacional específico de lucha contra la cocaína (centrado en los colegios y la Universidad), parte del alarmante dato de que su consumo se multiplicó entre la población escolar hasta cuatro veces en los últimos diez años.

e) Que el perfil de un adicto a la cocaína es muy amplio y no tiene nada que ver con la imagen marginal del heroinómano, sino que son personas de todas las clases, integradas en la sociedad, tanto jóvenes como de media edad.

3. Como dato de la propia experiencia, hace seis años tuvo Sevach ocasión de mantener una reunión de trabajo con altos cargos de diversas Administraciones Públicas, y al cenar en un lujoso restaurante madrileño (a costa del presupuesto público, todo hay que decirlo, sin presunción pero por honradez) pues justamente uno de los promotores de la reunión y habilísimo negociador se ausentó a la hora de los postres y regresó del baño visiblemente eufórico y con la nariz levemente moteada de blanco como Al Pacino en «El Precio del Poder». Sobran las palabras. Una anécdota pero quizás la punta de un iceberg.

4. Desde el punto de vista de la valoración de la cocaína en la órbita de la salud y su repercusión puede afirmarse que cuando la cocaína se introduce por la nariz, los efectos comienzan a sentirse en cuestión de unos minutos, alcanzan el punto máximo en un intervalo de 15 a 20 minutos y desaparecen en el lapso de una hora.

Estos efectos son, dilatación de las pupilas y aumento de la presión sanguínea, del ritmo de pulsaciones del corazón y de la respiración y la temperatura del cuerpo. El adicto puede experimentar un sentimiento de bienestar y sentirse más enérgico o alerta y con apetito. Ahora bien, la cara amarga viene dada porque está científicamente comprobado que el consumo de cocaína provoca entre otros efectos negativos:

a) A corto plazo, complicaciones gastrointestinales como náusea o dolor abdominal. Si se inhala puede derivar en hemorragia o irritación del tabique nasal y disfonía.
b) A medio plazo: un estrechamiento en los vasos sanguíneos, siendo las consecuencias clínicas de esta alteración orgánica: los trastornos del pensamiento, la pérdida de memoria y la incapacidad de razonar.

5. En todo caso, la dependencia de la cocaína es innegable dada el casi universal tránsito de lo ocasional a lo habitual, en una doble vertiente:

a) Leve dependencia física, ya que el organismo que requiere la presencia de una droga para continuar su funcionamiento normal, se manifiesta por la aparición de intenso malestar físico si se suspende su administración (síndrome de supresión o de abstinencia).

b) Fuerte dependencia psicológica por la necesidad emocional y compulsiva de consumir la droga para sentirse bien, aunque fisiológicamente no le sea necesaria.

6. Ante dicho impacto negativo, puede sostenerse con mayor o menor convicción, que el consumo de cocaína es una decisión personal. Sin embargo, siendo la cocaína una de las drogas mas adictivas y de creciente popularidad, con incidencia real y significativa en la masa burocrática, es sorprendente que la legislación administrativa ignore su existencia en relación con las condiciones de ejemplaridad y serenidad que deben adornar a los cargos públicos.

7. En efecto, parece claro que los que se inician hoy como consumidores de cocaína (16 a 18 años) son los funcionarios públicos del mañana (la edad de acceso al empleo público es actualmente de 16 años), y no hace falta ser un águila para pensar que buena parte de quienes tienen un determinado hábito, si se encuentran con dinero caliente de nómina en el bolsillo tras superar una flamante oposición, continúen con el mismo. A todos ellos se suman quienes ya perteneciendo a la función pública, y contando con trienios consolidados, desde la inercia laboral han decidido coquetear con «la dama blanca». Se añadirían los que buscan escaparse con la droga de sus problemas personales o familiares. Y por último estarían aquellos cargos directivos que encuentran un alivio a la tensión mediante el recurso a la cocaína.

8. Por eso, constituyendo la población de empleados públicos, un sector de riesgo de la cocaína (no el único ni el más contaminado), no deja de ser curioso que ni los requisitos para ser elegido o designado para un cargo político ni las condiciones de permanencia en el mismo, incluyen la «limpieza mental» en el sentido de ausencia de consumo habitual de drogas, y particularmente de cocaína,

9. Por otro lado, el reciente Estatuto Básico del Empleado Público, pone el acento en los deberes y obligaciones de los empleados públicos sobre criterios de actuación o resultado (diligencia, eficacia, austeridad, imparcialidad, etc) considerando al mejor estilo de Maquiavelo, que no importan los medios sino los fines. O sea, para el legislador si un empleado público cumple su labor, poco importa que esté cargado de cocaína. Por ello, teniendo en cuenta que en el ámbito disciplinario impera una estricta tipicidad de las infracciones, no podría sancionarse disciplinariamente por conductas que no estén exactamente descritas y con encaje expreso legal,.lo que evidencia la impunidad en el entorno burocrático de tal conducta..

10. Este planteamiento legal parece inspirarse en el respeto a una trasnochada concepción liberal que parte de que el consumo de cocaína es un hábito privado y mientras no repercuta en el quehacer público, no resulta reprochable.

11. Sin embargo, considera Sevach que este planteamiento no es asumible y la Administración debe adoptar medidas efectivas para control de su consumo en entornos públicos por varias razones:

a) En primer lugar, porque el consumo de cocaína desborda las fronteras de la mente o cuerpo del consumidor ya que en los momentos previos tiene su manifestación en ansiedad y en los posteriores en forma de euforia. Cuando una persona tiene una adicción suele restarle tiempo a su trabajo para buscar la droga o recuperarse de su uso, suele llegar tarde, hay menor productividad, deterioro de la calidad del trabajo o relaja su dedicación. No puede aceptarse que sea indiferente que un funcionario o una autoridad tomen sus decisiones en condiciones de intoxicación de cocaína, de igual modo que nadie permitiría que le operasen de corazón por un cirujano adicto, o ser trasladado en taxi por persona bajo la influencia de la cocaína.

b) En segundo lugar, porque el consumo de cocaína por autoridades o funcionarios presta un flaco servicio a la ejemplaridad que debe reinar en el ámbito de la cosa pública.

c) En tercer lugar, porque no es de recibo ni congruente que constituya falta disciplinaria para un funcionario el fumar en el centro de trabajo y no lo constituya el consumo de cocaína. Tampoco resulta congruente que conducir un vehículo bajo el consumo de drogas sea sancionable y en cambio el consumo de drogas cuando se manejan los asuntos públicos, no sea sancionable.

12. De ahí que no estaría de más una legislación administrativa o una regulación reglamentaria que tipificase como falta grave o menos grave algo así como «el desarrollo de sus funciones bajo la influencia de drogas duras» (considerando tales a la heroína, cocaína, alucinógenos y compuestos sintéticos o sustancias de efecto equivalente). Algo tan simple como necesario. No se trata de imponer penas ni vejaciones sino de algo tan sencillo como velar por la imagen y eficacia de la Administración que no es otra que la de sus funcionarios.

Piénsese que en Chile la persona que consuma drogas no podrá desempeñar altos cargos en la administración pública. Incluye los cargos de: ministros de Estado, subsecretarios, jefes de servicios, intendentes, gobernadores, alcaldes y concejales, entre otros. Y para ello contempla la obligación de someterse a exámenes aleatorios.

En España, únicamente la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, contempla como falta muy grave el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias similares durante el servicio o con habitualidad (y si es fuera de servicio como falta grave).

Por supuestísimo, que ni todos los cocaínomanos son funcionarios o cargos públicos ni todos los cargos públicos son cocainómanos pero sí al menos se trata de un colectivo en que existe un riesgo significativo de consumo creciente (que por el mal entendido elitismo de la cocaína se ceba en los de mayor rango o autoridad frente a los de inferior jerarquía), y que a diferencia de los nichos tradicionales (famosos, empresarios, financieros, etc) constituye el ejército al que la ciudadanía confía la gestión de los altos intereses comunes y públicos.