De litigios entre Universidades

La recientísima Sentencia de 16 de Noviembre de 2007, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reviste el máximo interés al condenar a la Universidad de Valladolid a abonar a la Universidad de Burgos nada menos que 3.813.019 euros (casi 640 millones de las antiguas pesetas), con los intereses de demora.

El interés de dicha sentencia deriva de múltiples perspectivas:

a) Desde el punto de vista de justicia material, zanja una polémica entre dos Universidades públicas prestigiosas, y lisa y llanamente condena a la Universidad de Valladolid a reintegrar a la Universidad de Burgos las cantidades satisfechas por los alumnos de la burgalesa a la vallisoletana en el momento de creación de aquélla. Así, la Sala rechaza el «toma el dinero y corre» aplicado por la Universidad de Valladolid (algo así como el «Santa Rita, Rita, lo que se pagó por los alumnos no se quita») y decreta con buena lógica que si los alumnos eran de la Universidad de Burgos justo es que las «tasas académicas» aunque fueran ingresadas en las arcas de la Universidad de Valladolid sean entregadas a la recién creada Universidad de Burgos que al fin y al cabo es la que prestó los servicios académicos y no cobró por ellos. Oigamos al Tribunal: «Por lo tanto lógico es pensar que la totalidad de esos ingresos eran gestionados a cuenta de la Universidad de Burgos, y por tanto a esta institución le corresponden inequívocamente; se generaría un enriquecimiento injusto y exorbitante de no restituir esos precios públicos la Universidad de Valladolid (quien ha guardado ante esta situación un largo e indecoroso silencio).

b) Desde el punto de vista jurídico, la sentencia reviste notable interés porque no se cuestionó por las partes del proceso el derecho de fondo de la Universidad de Burgos a «recuperar lo que era suyo», sino que las cuestiones litigiosas eran puramente formales (prescripción, efectos colaterales de sentencia,etc). En definitiva, la Sala del Tribunal de Justicia opta por un valiente criterio de justicia material o sustancial, evitando que «los árboles de las formas impidan ver el bosque del derecho».

c) Desde un punto de vista forense, la sentencia ofrece una sensibilidad poco común, ya que por un lado, no se olvida de valorar la actitud de tales Universidades en términos sumamente expresivos: «resulta desalentador que dos instituciones de tanta solvencia académica hayan articulado de un modo tan rudimentario una actuación tan relevante, económica y materialmente»; en particular reprocha a la Universidad de Valladolid, «quien ha guardado ante esta situación un largo e indecoroso silencio», y elogia a la Universidad de Burgos que «ha sugerido y admitido con nobleza la necesidad de compensar» una parte de los gastos de la Universidad de Valladolid por gestionar el cobro (todos ellos párrafos del Fundamento de Derecho Cuarto).

Por todo ello, a Sevach considera:

1º Que ha triunfado el Derecho sobre la fuerza de la inercia y las formas, o mas bien David frente a Goliat (ya que la Universidad de Burgos formaba parte de la Universidad de Valladolid, y ésta actuó como el padre que ante la emancipación del hijo le priva de la herencia materna).

2º Que la justicia administrativa es mas «justicia» que «administrativa» y además el caso es un vivo ejemplo de celeridad pues el recurso contencioso-administrativo se inició ante el Juzgado en el año 2006 y ha sido ultimado por la sentencia de apelación dictada por la Sala del Tribunal Superior de Justicia en el año 2007.

3º Que detrás de la sentencia no sólo hay tres magistrados que en sala han firmado unánimemente la sentencia, sino que un letrado de la Universidad de Burgos ha sabido convencerles con la razón y el derecho (ya que como dice el adagio popular, no basta con tener razón sino hay que demostrarla) y vencer una sentencia en primera instancia desestimatoria. De ahí que pueda afirmarse que, al igual que hay funcionarios que durante toda su carrera administrativa apenas se habrían ganado el sueldo de un día, en el caso de la letrada de la Universidad de Burgos podría decirse que en una contienda judicial se ha ganado el sueldo de por vida, ya que mucho había en juego y mucho ha recuperado la Universidad burgalesa.

4º Que lo triste es que dos instituciones públicas de prestigio, y que debieran dar ejemplo de lealtad y colaboración (tal y como impone el art.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) se vean enzarzados en enojosos litigios pasando de una «deuda histórica» a una «deuda histérica», cuando lo lógico y deseable hubiere sido el consenso entre las autoridades académicas de ambas instituciones, y en su defecto el papel arbitral de la Comunidad Autónoma (que tiene atribuida la competencia de coordinación y financiación del subsistema universitario autonómico) o de una tercera institución sin ánimo de lucro u hombre bueno.