De la Agencia estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): una apuesta frente a la tecnocracia

Alejandro Nieto, el ilustre administrativista, fue Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y muy posiblemente el balance de su etapa (1980-1983) como  «general entre generales» y opinión sobre los investigadores, sería muy próximo al que expuso el procesalista Salvatore Satta sobre sus colegas universitarios: «Me sentiría más a gusto si tuviera que discutir con Al Capone y compañía que con ellos».

1. Y es que la Administración Pública como complejo orgánico se asienta sobre la idea de unidad de acción y jerarquía. En cambio, cualquier grupo investigador parte de la idea de libertad de investigación y autogobierno. Por eso, difícil es el reto acometido por la reconversión del CSIC operada por R.D.1730/2007, de 21 de Diciembre (BOE 14/1/08), por el que se crea la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se aprueba su Estatuto.

2. Recordemos que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) fue creado en 1939, y hasta ahora ha revestido la condición de Organismo autónomo de los previstos en el artículo 43.1.a de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia a través de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, y que se regía por su viejo Estatuto, aprobado por Real Decreto 1945/2000, de 1 de diciembre. Asimismo, ha ostentado y ostenta la condición de organismo público de investigación (OPI), de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Tecnológica.

3. Sin embargo, la esclerotización de las estructuras investigadoras, unido a que el Plan Nacional de Investigación se ha caracterizado por el improvisado y formalista reparto de fondos (aquejado de descoordinación y en pugna con el localismo destilado de los Planes Autonómicos de Ciencia y Tecnología), ha empujado al portaaviones del CSIC  a optar entre renovarse o morir.

4. Así, el diagnóstico unánime del Organismo pasaba por la pesadez burocrática, la falta de libertad de gestion de los responsables, las restricciones presupuestarias que obligaban a malabarismos financieros, la descoordinación entre investigadores, y todo ello mirando con envidia la libertad y condiciones de las Universidades públicas.

5. En tal situación, la Administración parece haber hallado la piedra filosofal para convertir en éxito investigador todo lo que toca el CSIC: ¡Convertirlo en Agencia Estatal!. Así, al amparo de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatatales para la mejora de servicios públicos, el supremo organismo investigador de España muda de piel y cambia de su condición clásica de Organismo Autónomo hacia la más novedosa de Agencia Estatal. El objetivo confeso desde el Ministerio es: autonomía, flexibilidad y transparencia.

a) La pieza estelar: un Contrato de Gestión o figura que establecerá un plan específico para el Organismo, indicando objetivos y medios (algo así como los contratos-programa puestos de moda en la última década que sustancialmente consisten en un compromiso escrito plurianual de alcanzar ciertos objetivos a cambio de financiación e incentivos). Su aprobación será por Orden conjunta de los Ministerios de Educación y Ciencia, de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda (¡Casi nada, uncir esos tres bueyes!).

b) La máxima capacidad de auotorganización. Además de su potestad reglamentaria interna, nada menos que se autoriza al CSIC para «participar o crear por los procedimientos aplicables, entidades públicas o privadas como sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y cualquier otro tipo de ente con personalidad jurídica, mediante acuerdo del Consejo Rector»… De este modo, se autoriza a la nueva flamante Agencia (con el nombre de marca CSIC) para que como una hidra de mil cabezas pueda crear todas las entidades que le plazca, con independencia de la Agencia matriz. Mas que «huida del derecho administrativo» eso va ser la «estampida hacia el derecho privado».

c) Un personal directivo bien remunerado y con amplio margen de decisión. Se contempla como personal directivo (funcionarios con nivel 30 o personal laboral de alta dirección) a los siguientes órganos: Presidente, Vicepresidentes, Vicepresidentes Adjuntos, Secretaría General, Secretarías Generales Adjuntas, Gabinete del Presidente, Coordinadores de Redes Científicas. Y junto a ello, numerosos Comités y cargos que son asimilados en régimen a otros cargos. O sea, una estructura cuasicastrense, con mando en plaza y jugosos emolumentos, para un ámbito tradicionalmente anárquico y con precariedad retributiva. Así, los investigadores deberán afrontar el reto de moverse por un Organigrama futuro, complejo y dinámico y saber «quién es quién» dentro de su organización. El laberinto burocrático se verá sustituido por un laberinto gubernativo.

d) El personal será de lo más variopinto funcional y jurídicamente. Hay sitio para todos y todas: personal directivo, eventual, funcionarios de escalas científico-investigadoras, funcionarios de escalas con funciones conexas, funcionarios de cuerpos o escalas ajenas, personal laboral fijo y temporal del CSIC sometido a su Convenio Colectivo, investigadores de centros (personal en prácticas, contratado para proyectos, contratado por terceras instituciones o investigador en formación). Y además, el personal de investigación podrá estar a tiempo parcial. O sea, el circo Price. No hay domador de recursos humanos que garantice la armonía bajo la carpa.

e) No podían faltar los estímulos. El Estatuto no escatima recompensas para directores, investigadores y gestores: complementos asociados al a evaluación de actividad, complementos de productividad e incentivos retributivos vinculados a actividades institucionales. Si tenemos en cuenta que esa inmensa Torre de Babel no puede prescindir del derecho sindical a las poderosas Mesas de Negociación, comunes y específicas de cada ámbito, puede vaticinarse una situación de «equiparación al alza de todos los colectivos» que desactivará todo posible estímulo selectivo.

f) Por último, la guinda del pastel. En vez de la rígida intervención previa, mediante reparos del interventor de turno a las facturas de equipos científicos, se establece el sistema de auditoría pública y control financiero permanente o sistema de control debilitado y a posteriori. De este modo, se cambia el Interventor/ interruptor (informes previos al gasto) por una figura próxima al Interventor/ Observador de la ONU (visión a vista de pájaro).

6. Se trata de un modelo de futuro. Novedoso y optimista. El Preámbulo confiesa que el Estatuto se inspira en organizaciones similares de la Unión Europea y posiblemente inspire la tendencia futura de las Universidades públicas.

En definitiva, el fin (la investigación eficaz) justifica los medios (un cheque en blanco con todos los poderes y garantías). La máxima aspiración de un científico es tener además de la «libertad de investigación», contar con «libertad de gestión» y el legislador como el mago Merlín se lo ha concedido.

7. Para Sevach, el modelo de Agencia y su diseño en los Estatutos nuevos resulta técnicamente impecable y aprovecha al máximo las posibilidades de autogobierno de la gestión científica, y no faltará quien piense que esos Estatutos de la flamante Agencia no sirvan para nada. Pues bien, para los escépticos cabría recordar, ya que estamos en el ámbito científico, lo que el inglés Michel Faraday, padre de la inducción eléctrica y del motor eléctrico, respondió a quien dudaba de la utilidad de su descubrimiento, con una sagaz pregunta: ¿para qué sirve un niño recién nacido?; la agudeza del citado inventor fue puesta a prueba nuevamente por el Canciller William Gladstone, a quien replicó: «Señor, un día cobrará Vd. impuestos por ello».

8. Sin embargo, para Sevach el problema radica en si para que eche a andar el muñeco no se repetirán los errores clásicos que acompañan a tales experimentos organizativos: Primero, se reparten los cargos (mirlos blancos y algún que otro investigadores de bata blanca deseoso de dejar de serlo); luego se reparten los puestos intermedios (Jefaturas de Areas, Departamentos, Centros y presidencias de Comités para todos); después, cada cargo busca su nicho de poder (retribuciones, prebendas, ayudantes, etc).

La siguiente etapa es el desembarco de leales y colegas de los altos cargos nombrados; cuando llega el momento de ofrecer resultados, se presentan contratos, planes estratégicos y demás modernidades, todo muy bonito y formal, mientras el investigador de vocación sigue en su laboratorio ensimismado y aportando calladamente su sabiduría; luego se reparten los incentivos por el sistema de café para todos (ya que la presión sindical, intracorporativa y de los colectivos internos así lo consiguen).

Transcurrido un tiempo, cuando empieza a cuestionarse el modelo, es el momento de acudir a la creación salvadora de fundaciones, consorcios y artilugios varios.

Finalmente, cuando se ha creado un monstruo ingobernable, que arrastra penosamente deudas y órganos huecos, es cuando alguien desde algún Ministerio decide cambiar la Agencia y reconvertirla nuevamente en Organismo Autónomo (para entonces la Ciencia de la Administración habrá creado un nuevo tipo para bautizarlo). Y el ciclo vuelve a empezar. Al final, el CSIC habrá conseguido enseñar algo. Que la burocracia no se crea ni se destruye, sencillamente se transforma.