La travesía bíblica del desierto de los hebreos, durante cuarenta años en pos de la Tierra Prometida, de forma errática y dejados de la mano de su Dios, recuerda a los 9000 funcionarios de la Administración de Justicia que llevan tres semanas clamando ante las puertas del Ministerio para que les equiparen sus retribuciones a quienes realizan la misma labor en las Comunidades Autónomas con los servicios de justicia transferido. Las últimas noticias del estancamiento de las negociaciones son preocupantes.
1. El Derecho siempre ha sido la garantía de la igualdad desde que la Declaración de Derechos del Ciudadano aprobada en la Revolución Francesa de 1789 se abriese con la afirmación tan simple como bella de que «Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos…», y dando un salto en el tiempo y el espacio, la Constitución española alude a la igualdad como un mantra tibetano, como principio (artículo.1) y como regla imperativa (artículos: 14, 23, 138, 149.1).
2. Sin embargo, el Derecho Público y el Derecho Privado (o mas bien, la tramitación judicial de la garantía de los derechos) está en vía muerta, pues en idéntica vía están los derechos de los «fogoneros» de la Administración de Justicia en España.
3. Corren tiempos en que todo el mundo reclama y resulta fácil reivindicar la equiparación al alza so pretexto del principio de igualdad, en sus variantes mas agresivas: discriminación, agravio comparativo, mobbing, etc. Sin embargo, la reivindicación de este colectivo resulta para Sevach objetivamente razonable por diez razones:
No es un capricho. No reclaman por diversión, sino por necesidad y por dignidad.
No es una huelga abusiva. Se han manifestado con prudencia y siguiendo fielmente las enseñanzas de la queja pasiva de Gandhi, con la presencia testimonial y el mensaje, sin agresiones ni altercados, sufriendo el ninguneo de sus protestas ante sedes del Ministerio o con ocasión de actos electorales.
No están aislados. Han recabado y obtenido apoyos de todos los colectivos (jueces, sindicatos, abogados y procuradores, etc).
No son limosneros ni recaudadores. En la última década ninguna huelga se ha llevado a cabo por este colectivo, y para una que plantean sólo han recibido desdén, negativas y propuestas ministeriales irrisorias.
No son bárbaros. Se trata de funcionarios, curtidos en la atención al público, conscientes de la importancia para el ciudadano de los asuntos que pasan por sus manos, y esa experiencia les ha enseñado que el camino para conseguir lo que es justo es la paciencia, el diálogo y la resistencia. Por eso en estos treinta duros días han acudido una y otra vez, sin desaliento, a mesas de negociación infructuosas por causas que les son ajenas.
No son autómatas. Los funcionarios de justicia cubren todo el espectro social: padres de familia, jóvenes empezando la vida, algún que otro abuelo, y todos ellos con corazón, sensibilidad y dignidad. Pueden vivir como espartanos con retribuciones menguadas pero no deben soportar que sus iguales vivan como atenienses.
No es una rabieta de señoritos. No se trata de altos funcionarios, considerando la «altura» vinculada a las retribuciones o al nombramiento político. No son jueces, fiscales o secretarios, sino los colaboradores a pie de obra, que día a día mantienen engrasada la maquinaria judicial, con sueldos modestos pero con orgullo por su labor.
No están divididos. Todos los sindicatos del sector están de acuerdo en la legitimidad de la huelga, y es sabido que difícil es unir a tan dispares representaciones sindicales en una causa común, si no existe la poderosa razón de «tener la razón».
No son un colectivo pendenciero. Los funcionarios de la Adminitración de Justicia constituyen un colectivo caracterizado por su talante responsable, con cotas bajísimas de absentismo y expedientes disciplinarios. La razón no acompaña a la bravuconería pero a veces suele tener mas éxito quien se muestra amenazador y chantajista. No rompen mobiliario urbano, ni se explican con pólvora, ni cortan vías públicas con destrozos simultáneos. Y quizá su respeto por los demás sea su mayor debilidad.
No merecen ser el chivo expiatorio de otras políticas. Ha de asumirse que la política ha llevado a un modelo de Comunidades Autónomas con legítimas diferencias retributivas, pero lo que es inaceptable es que una cuestión puramente monetaria y que representa una gota de agua en el océano presupuestario, pueda rechazarse so pretexto de la penuria de la arcas públicas. Parece que no solo se trata de arrebatarle el chocolate al loro sino de situarle a la vista de los periquitos bien cebados.
4. Si pese a ello, las posiciones negociadoras no se aproximan, puede considerarse que se pretende sentar un precedente de inflexibilidad negociadora que necesita un Gobierno para ejemplo de las futuras masas de reivindicaciones de otros colectivos. Al igual que España luchó por el peñasco de Perejil porque le parecía que estaba en juego el fuero (y no el huevo), diríase que el Ministerio de Justicia ha leído algún manual de autoayuda de estrategia negociadora que recomienda una dolorosa negativa a tiempo antes que muchas concesiones.
5. Y es que Sevach considera que el problema no debe abordarse desde la perspectiva de las técnicas de negociación: propuesta, contrapropuesta, calendario, medidas progresivas, escenario electoral, parálisis de la justicia, impacto mediático, talante de los llamados a negociar, etc. El problema es lisa y llanamente de Justicia.
No hace falta ser un licenciado en Derecho, ni ministro, ni sacerdote para saber que si 9000 personas realizan el mismo trabajo que otras 40.000, en un ámbito funcional absolutamente idéntico (la justicia es el único reducto del Estado donde el procedimiento de la oficina judicial es idéntico en Castellon que en Málaga o Compostela) no es tolerable para la razón y la justicia, que unos cobren 300 euros mensuales más que otros. Podría decirse que realizan distinto trabajo o que tienen distinto horario o que tienes otras compensaciones. Pero no, realizan el mismo trabajo, lo que sucede es que el Estado, al igual que una cerda recién parida opta en ocasiones por alimentar exclusivamente a varios retoños y sacrifica a los pequeños negándoles la ubre. Por eso, cuando se abrió el melón de las transferencias, parece haberse decidido que los servicios de justicia retendidos en manos estatales, debían quedar en una especie de servicios a «extinguir», y esto explica pero no justifica, la congelación retributiva y consiguiente agravio.
6. En fin, ha de confiarse en la pronta solución de este problema que, como toda guerra de intereses, provoca bajas en la población civil (ciudadanos a las puertas de la justicia o registros civiles que ven como sus pleitos se dilatan y aplazan sin esperanza). Ojalá Sevach se equivoque y no deba efectuarse tras las elecciones una crónica de este preocupante episodio, como la que ofreció el historiador Polibio de las medidas de Roma para someter al pueblo numantino, islote de la Hispania romana del año 134, y que literalmente decía: «Encerrando así a los enemigos, no juzgaba que pudiesen resistir por mucho tiempo, sin obtener alimentos, ni armas ni refuerzos (…). Convenida la rendición, a Numancia, exigua y poco poblada, la destruyó sin ninguna orden de Roma, sea porque creyese que así convenía a la República, sea para descargar su cólera sobre los cautivos, sea, como algunos creen, par procurarse una gloria excelsa infligiendo un castigo severo».
Amigo Sevach, por primera vez estoy totalmente en desacuerdo contigo. No sólo respecto a alguna matización tangencial, sino en cuanto al fondo del asunto propiamente dicho. Veamos:
1) No comparto tu afirmación de que el derecho ha sido garantía de igualdad desde la Declaración de Derechos del Hombrey del Ciudadano de 1789. Creo que te equivocas por trece años, pues ya la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América de 4 de julio de 1776 proclamaba, en la vibrante prosa de Thomas Jefferson que «Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados». Por otra parte, las diez primeras enmiendas a la Constitución americana, que se aprobaron en 1791 para que todas las colonias emancipadas suscribiesen el texto constitucional, estaban dirigidas a garantizar real y efectivamente esos derechos.
2) En cuanto a la huelga en sí, me parece totalmente abusiva. Aunque para ello he de realizar las siguientes manifestaciones:
* Respecto a la diferencia salarial, he de partir del hecho de que considero un error monumental la transferencia de las competencias de justicia a las Comunidades Autónomas, y precisamente de esos polvos vienen estos lodos. Pero el hecho es que, precisamente al estar transferidas las competencias, los funcionarios en cuestion se hallan separados al ser su «empleador» otra empresa distinta. Ejemplo práctico y real: un teleoperador de una empresa de telemárketing que tiene la subcontrata de atención al cliente de una empresa de telefonía móvil; ocurre que el convenio de la empresa de telefonía contempla la contratación directa de teleoperadores, con un sueldo, por cierto, bastante más generoso. Ambos realizan la misma función y no he visto a los primeros ponerse en huelga solicitando la «equiparación» porque, formalmente, insisto, estamos ante empleados de dos empresas distintas.
* a mi modesto y, por supuesto, falible entender, ES una huelga abyusiva porque quien paga el pato son, como siempre, los ciudadanos. Nuevo ejemplo (esta vez hipotético) supongamos que uno de los funcionarios en huelga tiene programada una operación desde hace tiempo y se cancela porque los cirujanos están en huelga por mejoras salariales y en protesta por lo abusivo de los horarios. ¿Qué diría quien ve cancelada su intervención? Palabras amables no, desde luego.
* los funcionarios continúan teniendo una ventaja que no tienen el resto de los trabajadores, que es la seguridad en el empleo, cuestión ésta que, en los tiempos actuales es clave y les coloca en una situación privilegiada (reconozco que en los años cincuenta y sesenta no era así, pero hoy en día, evidentemente lo es).
* a los funcionarios en huelga puedo manifestarles que existen titulados superiores en empresas privadas que tienen contratos con salarios infinitamente más reducidos que los suyos.
En fín, creo que la Justicia es un servicio esencial y que, por tanto, su mantenimiento debería estar garantizado y la Administración pública preparada para casos como el presente, donde el interés general debe prevalecer sobre el interés particular de una masa ínfima de la población. No es de recibo que miles de pleitos estén suspendidos por intereses particulares, como no sería de recibo que se suprimiese el suministro de agua o electricidad por demandas de mejora salarial de los trabajadores de dichas empresas.
El Derecho nunca ha sido garantía de la igualdad, ni en 1776 ni en 1789, por mucho que crean lo contrario los aficionados a la mitología, sino más bien instrumento de control y de poder. Al margen de esto, que es discutible, ni comparto ni respeto la posición del primer comentario, equivalente a suprimir el derecho de huelga de los funcionarios, propuesta que firmaría sin dudarlo el verdadero Rehnquist (¿no es extraño utilizar como nick el nombre de un ultraderechista?). Los funcionarios de la Administración de Juticia no han sido transferidos ni pueden serlo y, en consecuencia, no son personal propio de las Comunidades Autónomas. Lo que se transfiere es la «gestión de los medios personales de la Administración de Justicia», que parece casi igual, pero no lo es. La culpa, como casi siempre, la tiene el Tribunal Constitucionaol, con esa «donosa invención» (asi la llama el voto particular de la STC sobre la LOPJ) de la «administración de la administración de justicia».
Por si alguien estuviese tentado a sacar conclusiones erróneas del anterior post, aclaro: respeto profundamente el derecho constitucional de los funcionarios de la Administración de justicia a ejercer su legítimo derecho de huelga, de la misma manera que espero se respete mi legítimo derecho constitucional a la libertad de expresión para manifestar mi respetuoso desacuerdo con su actitud.
Por cierto, Luisa, una aclaración: William Hubbs Rehnquist NUNCA fue un ultraderechista, sino un magnífico jurista (de ideología republicana, eso sí) con un insuperable afán de saber, con una admiración enorme por Lincoln, y con un envidiable sentido del humor. Si no me cree, le recomiendo que se lea los ensayos de David L Hudson («The Rehnquist Court: understanding his impact and lecagy») y de Jefrey Toobin («The Nine: inside the secret world of the Supreme Court»). Incluso si se adentra en las páginas de la Harvard Law Review en su número de septiembre de 2005 (dedicado a la memoria de Rehnquist tras su fallecimiento) verá los elogios que le dedicó, entre otros muchos, Ruth Bader Ginsburg, nombrada en agosto de 1993 por el demócrata Bill Clinton. En los meritados trabajos podrá observar que Rehnquist, pese a sus puntos de vista, NUNCA impuso su opinión al resto de jueces, quienes sentían un profundo respeto por el saber jurídico y capacidad de trabajo de su Presidente.
Y si Rehnquist le parece «ultraderechista» ¿Que diría mi estimada contradictora de Antonín Scalía?
Tiene usted razón: todos esos jueces americanos son maravillosos, excelsos juristas e impecables demócratas. Lo que me da pena es lo mal que lo deben pasar cuando firman sentencias de muerte. Seguro que esa noche se toman dos qüisquis en vez de uno solo.
Nunca entenderé (en realidad lo entiendo muy bien) la fascinación que produce entre nosotros el sistema judicial americano, primitivo, tosco y clasista como pocos. Pero, en fin, cada uno elige a quien admira y en ello se retrata.
Por cierto, esto iba de la huelga de los funcionarios, así que abandonemos ya el off topic.
¿Quizá porque en el sistema judicial americano (como heredero del británico) la judicatura siempre se ha enfrentado al poder para garantizar las libertades individuales mientras en el sistema continental fue justo al contrario? ¿Se imagina una figura como el Juez Coke en el continente? No ¿Verdad? Y eso de que el sistema americano sea primitivo, tosco y clasista es una estupidez enorme. Ah, por cierto, la pena capital NO se aplica en todos los estados (le aclaro que no soy partidario de la misma) pero aún hoy en tal país goza del apoyo mayoritario de la población (en las argumentaciones orales de uno de los últimos grandes casos se hace referencia a que la eliminación de la pena de muerte en las naciones europeas se debió a un acuerdo de la «élite» política y no a los deseos de la población). Pero reducir la calidad y el prestigio de los jueces americanos al tema de la pena de muerte sería tan ridículo como juzgar a todo el poder judicial español por la sentencia de los Albertos.
Lo que me preocupa es que en vez de refutar mis argumentos con otros se limite a un insulto generalizado a la judicatura norteamericana e incluso se refiera groseramente a la ingesta de alcohol (yo le aseguro que ni siquiera se me pasó por la imaginación no ya decir eso, sino siquiera pensarlo de Pascual Sala cuando redactó la sentencia de los Albertos, o del entonces magistrado del Supremo Conde Pumpido cuando hablaron de la «estigmatización» de una persona por razón del cargo que ocupa) de los mismos. Pero, en fín, cuando a un argumento se responde con insultos ya se sabe lo que hay detras de ellos….el vacío más absoluto.
Estimado Sr. H. Rehnquist:
Mediante el presente y, del mismo modo que en pasados tiempos el Sr. Fraga Iribarne pedía la palabra en el Congreso de los Diputados, por alusiones, paso a contestar su post.
Si los expuestos en su primer post son los únicos razonamientos al respecto del carácter abusivo de la huelga, tengo la impresión que cualquier huelga, en cuya propia definición ya se contempla como inherente a la misma cualquier medida de presión, será considerada abusiva por Vd. puesto que, sea cual sea el colectivo que la secunde, siempre conllevará cierto perjuicio a cualquier otro colectivo. En vista de lo anterior supongo que pese a decir, en su segundo post que respeta el derecho a la huelga, no lo hace puesto que hace prevalecer el derecho personal a la libre expresión sobre el colectivo al de huelga. No ha sido vanamente escogido su «nickname», dado el carácter ultraconservador, perdón, ultraliberal tanto de Vd. como del verdadero Sr. Rehnquist.
Por supuesto, en ningún momento intenta transponerse a la situación real de cualquiera de los funcionarios que secundan la huelga. Solamente teoriza de manera controvertida sobre el hecho de las transferencias que en materia de justicia se han efectuado a ciertas comunidades autónomas (en este punto me permito indicarle que del total de la masa personal de funcionarios de los cuerpos auxiliares de la administración de justicia, quedamos por transferir, secundando la huelga, algo menos de una tercera parte), con lo cual su razonamiento adolece de una base empírica real conectada con la realidad de la que pretende dar opinión. En mi miserable opinión, esta falta de conexión entre realidad y teoría resta validez a su opinión, la cual respeto.
muy bonita la clase majos
Me limitaré a agradecer la viveza del debate, y por lo que se refiere a William, cuyos comentarios debo siempre agradecer por lo enriquecedores del blog, no obstante, la sana discrepancia me lleva a puntualizar:
1º En cuanto a si la igualdad fue legado de la Declaración Francesa o americana, fácilmente se entiende si tenemos en cuenta que Jefferson fue el padre de la americana, era embajador en París cuando se elaboró la francesa y por tanto su huella está ahí. Sobre el distinto peso y significado de la Declaración francesa y americana, me ocuparé otro día gustosamente.
2º Por otra parte, no puedo aceptar que la huelga de los funcionarios de justicia es abusiva por el perjuicio que ocasiona a los justiciables y sus abogados. En primer lugar, porque los funcionarios son la «víctima» del expolio y no los causantes de la misma, de manera que quien tiene la responsabilidad ante los ciudadanos de evitar estas situaciones y garantizar el servicio es la Administración como patronal, o sea, que «no culpemos a los etíopes de tener hambre». Además están ejerciendo un derecho constitucional ( el de huelga) dentro de sus límites, y respetando los servicios mínimos exquisitamente, sin que ni por asomo pueda calificarse de abusivo el derecho al pataleo.
3º Y en cuanto a que si aceptamos distintas patronales o empresas, y que distintas han de ser las consecuencias, pues es innegable que si aceptamos distintas personas jurídicas y distintos escenarios de prestación de servicios, pues habrá que aceptar las consecuencias para lo bueno y para lo malo. Tal y como decían nuestros clásicos, justicia es «tratar igual lo igual y desigual lo desigual», pero precisamente la singularidad del colectivo de funcionarios de la Administración de justicia radica en que los procedimientos, trámites, oficinas, autoridades a las que prestan servicio- jueces y magistrados- son exactamente iguales ( a diferencia del bloque de derechos y deberes diferenciales entre médicos de una u otra Comunidad Autónoma, por ejemplo). Nunca el término de comparación, como dice el Tribunal Constitucional, fue tan idéntico, como un funcionario de justicia de una Comunidad Autónoma con competencias transferidas, y el de la Administración del Estsdo que las retiene.
4º Por último, me remito al post en cuanto a que lo auténticamente sangrante es que exista una situación idéntica ( no similar, insisto) y con distinto trato retributivo con repercusión directa en dignidad y renta, y que exista un sorprendente silencio y pasividad por la sociedad civiil. Aquí, recuerdo la frase de Luther King, algo así como: » Lo preocupante no es el griterío de las víctiimas sino el silencio de los que callan ante la injusticia».
Me parece fasciante la filosofía del derecho, pero ahora toca
HUELGA, HUELGA, HUELGA hasta conseguir la equiparación-
Igual trabajo igual salario.
Saludos a los Sres. ilustados.
Para no ser acusado de pasividad o silencio ante esta injusta situación. ¡¡TODA MI SOLIDARIDAD CON LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA!!
Por cierto, esto sí que es «DEBATE» y no lo de los lunes.
Acabo de leer el artículo y me he puesto a llorar. De verdad, estoy muy emocionada.
Me estoy sintiendo tan sola en algunos momentos en esta huelga, tengo que aclarar que soy funcionaria de justicia en huelga; porque a pesar de los apoyos de Jueces, Tribunales, Secretarios, Forenses, Abogados, Procuradores, esto es muy duro.
Solo tengo que dar las gracias, al Profesor que ha escrito esto, no sabe lo que se lo agradecemos, en un momento en que vamos a cumplir el mes de huelga, el 6 de Marzo, concretamente.
Gracias, de verdad, sinceramente.
Para todos aquellos que piensan que nuestra huelga es abusiva por tener un trabajo estable y no depender de una empresa privada, tendrían que pensar que para llegar a esa estabilidad hemos tenido que pasar por unas duras oposiciones y en mi caso, Auxilio Judicial, estar 4 años trabajando fuera de mi Comunidad Autónoma hasta conseguir una plaza en mi ciudad. Me consta que en el caso de compañeros del cuerpo de Tramitación el tiempo mínimo para conseguir una plaza en su ciudad es de siete a ocho años….. !!!! y eso no se paga con dinero!!!!.
El poder adquisitivo que hemos perdido en los últimos años no los vamos a recuperar por mucha huelga que hagamos , pero lo que no es de recibo es que por ejemplo, dos funcionarios que trabajen en Madrid, dependiendo de si están transferidos o no cobren 400 mas.
Todo mi apoyo a los funcionarios de Justicia, por una igualdad salarial, por la no discriminación entre distintas Comunidades Autonomas, por su buen hacer, por su responsabilidad en el trabajo. Porque han demostrado una unión unica en la historia, por lo menos lo que yo conozco.
Al amigo con el nombre de jurista americano.
Mire ud., estamos en España, pero le diré una cosa sobre EE.UU., no hay justicia, o es justo que una persona se muera porque no tiene dinero para pagar el médico, anestesista, quirófano y demás medicaciones, o ¿es justo que por un error judicial, pericial, o policial tengan a un español en el corredor de la muerte durante un montón de años sin haber hecho absolutamente nada, dándose únicamente la casualidad de parecerse al delincuente que aparece en un video con una calidad realmente mala?. Vamos a centrarnos amigo.
¿Es abusiva la huegal de justicia?, eso dígaselo al EMPRESARIO, que en su empresa no ha habido un parón indefinido desde que el poder judicial se instauró en España (bueno uno en 1976), y que 10.000 personas no pueden estar todas ellas equivocadas. Ha de saber ud. que la única manera de arreglar el conficto, ya que el «empresario» en ninguna de la cantidad de reuniones que hemos mantenido ni siquiera se ha acercado a lo que los sindicatos de justicia tenian en su propuesta, actuando siempre con prepotencia y abuso de poder. Y he de recordar que son 200 euros, no llegando ni remotamente a compañeros de justicia transferidos en Comunidades Autónomas como puede ser País Vasco, Cataluña o Canarias.
Debemos recordar que este es un cuerpo nacional con un mismo fin, el ventilar cuestiones entre particulares que no solventan en la vida civil. Es una regla simple IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO, dejándonos de jefes estatutarios o jefes estatales, ya que a alguno se le llena la boca en estos días de campaña electoral dicendo : las mujeres y los hombres va a percibir el mismo salario por el mismo trabajo, afirmación esta totalmente falsa cuando la dice el propio EMPRESARIO, ya que un hombre o mujer tramitadora procesal y administrativa de Vitoria cobra más que un hombre o mujer tramitadora procesal y administrativa de Logroño. ¿es justo? ¿abusivo? . ¿Cumplirá su promesa después de las elecciones?. O ¿no es más abusivo el gastarse del erario público por valor de 240.000 euros en épocas de «vacas flacas», dicho por el empresario, en arreglar un piso ya arreglado?. ¿Quién tiene el poder?. ¿Quién abusa de quién?
No se puede comparar la empresa privada con la pública. En la primera el dinero es privado y sale del bolsillo de una persona varias o de un montón de gente accionista, mientras que la segunda, la pública es dinero de todos los españoles, siendo fácil jugar al juego del «negociador» cuando el propio empresario «PASA» de su empresa puesto que el dinero no es suyo, dándole lo mismo si paran las máquinas y las piezas no salen, en nuestro caso expedientes, tratando con total indiferencia a esos miles de personas, votantes que confiaron en el empresario.
En cualquier conflicto, existe un daño colateral, que en este caso es el administrado, que paga sus impuestos y que quiere el servicio (la justicia). Más nos gustaría a nosotros que esto no afectara al ciudadano, sino solo al Gobierno «empersario», pero eso es imposible, y aquí el enemigo no somos los funcionarios, es el empresario, y que los ciudadanos el día 9 de marzo tienen la oportunidad de echar al empresario actual y poner a otro que lleve su empresa de otra forma con su voto.
El Gobierno «empresario» quiere tener mano barata, negrera (digase esclava), jornalera, pero la época de la esclavitud y el derecho de pernada ya pasó, y todo ello fué por los sindicatos y la unión de todos los trabajadores. Ha de saber ud. que a los funcionarios de justicia nos han subido de categoría pero sin contraprestación económica alguna. Ha de saber ud. que nuestros sueldos han estado congelados más de 6 años, sin subir el IPC correspondiente perdiendo poder adquisitivo. Ha de saber ud. y la gente que a mi me pagan por teclear un ordenador y manejar un sistema de software actualmente «libra», no por hacer de psicólogo, conciliador, asesor jurídico, asesor fiscal, consejero matrimonial etc … y lo hago con mucho gusto, sin contraprestación alguna, por el adminsitrado, por amor al arte.
Cualquier empresario en su empresa, para el buén funcionamiento de la misma, cada año invierte un fondo de los beneficios en una nueva máquina o complementos para una mayor productividad. El Gobierno «empresario» se salta esta premisa empresarial por el arco del triúnfo, ya que ni se preocupa en si tenemos los medios apropiados para el desempeño de nuestra función. Debe de saber ud. que trabajo con una mesa del siglo XIX, un ordenador con un microprocesador pemtium III, con una lentitud que a veces crispa los nervios, un sistema informatizado en red la cual tiene que «viajar» a 1 mega la línea adsl. Soy discapacitado para más señas y NUNCA en ningún juzgado en los he he sido destinado, se han gastado un euro en modificar escaleras, puertas, etc … En el juzgado donde presto mis servicios los cables van por el suelo con una regleta pegada, y en más de una ocasión han ocasionado daños en mi persona. Seguridad e higiene el en trabajo CERO.
¿ Qué es abusivo y cual no?. Pensemos un poco antes de lanzar una arenga en contra de la función pública o de la gente que la compone.
Felicito al autor del post por el realismo de la situación que atraviesan los funcionarios de la Administración de Justicia. Yo añadiría que en tiempos en que se habla tanto de «empatía», de «escuchar y comprender al otro»…¿podría el Ministro ponerse en lugar de un humilde funcionario de la Administración de Justicia y considerar injusta la huelga?, ¿admitiría el Sr.Bermejo siendo fiscal de Madrid que otro fiscal de Albacete cobrase un 25% más que él?….
No estamos ante diferentes empleadores – aunque también está lo de las diferentes Gerencias a la hora de vernos obligados a hacer la declaracion IRPF- .Estamos ante las mismas funciones públicas estatales, es decir de todo el Estado. No se nos puede comparar con el sector por ejemplo de la construcción , con convenios colectivos provinciales diferentes. También estamos ante empresas como El COrte Inglés, con centros de trabajo en todo el PAis. Mercadona, Carrefour, Dia ya no estoy seguro, no se rigen por convenios colectivos de la distribución sino por convenio colectivo de la Empresa, como el de Mercadona que contempla varias semanas más de permiso de maternidad.
Y en definitiva, tenemos los mismos métodos de acceso y promoción a la carrera administrativa, el mismo regimen disciplinario.
Que lo arreglen por ley – atendiendo al principio de igualdad o al menos alguno de sus artículos deberá tener rango de orgánico- por que si no el conflicto se repetirá.
Acabo de ver el post de Sevach que, como no podía ser menos, respeto profundamente, tanto por su saber jurídico como por la amabilidad con que siempre me ha tratado en esta página. No obstante, vuelvo a reiterar que, respetando profundamente las opiniones aquí vertidas, no puedo en conciencia compartirlas. El hecho de que como ciudadano respete una situación no puede llevarme a realizar manifestaciones que repugnan a mi conciencia. Por ello, amigo Sevach, y siempre, insisto, desde el respeto a las opiniones discrepantes, considero debo realizar las siguientes puntualizaciones:
1) Aunque este aspecto sea anecdótico, espero ansiosamente el post sobre las declaraciones francesa y americana, porque sinceramente la historia constitucional ha sido y es uno de mis temas favoritos de lectura. Quizá influenciado por mi profesor en la materia (Joaquín Varela, un profundo estudioso del sistema británico) me ha contagiado su pasión al estudiar las instituciones inglesas (y sus «hijas» americanas). Pero, en fín, reconozco que esto es cuestión de gustos.
2) Si el responsable último, como parece deducirse de tu comentario es la Administración, los ciudadanos que sufran perjuicios a consecuencia del retraso en la tramitación de sus asuntos ¿deberán instar el correspondiente procedimiento administrativo por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia? Y si así fuere y la Administración negara la solicitud ¿En qué medida los Magistrados que públicamente apoyaron la huelga no estarían incursos en causa de abstención para conocer del asunto en vía judicial por simpatizar con la causa que originó el daño?
3) Ataco el correlativo con una comparación. Si los médicos asturianos (por poner un ejemplo que, por comentarios de conocidos, es real) ganan menos que los sitos en otras comunidades autónomas se ponen en huelga paralizando el servicio y establecieran únicamente servicios mínimos con dos médicos en urgencias e intervenciones quirúrgicas con riesgo de vida en caso de no intervenir ¿No sería abusiva la huelga? Un ejemplo ahora real: el otro día creo que se le preguntó a uno de los candidatos a la presidencia del gobierno qué pensaba del hecho de que un policía nacional o un guardia civil que, realizando las mismas funciones que un mozo de escuadra cobran bastante menos. ¿Y si, pese a las prohibiciones constitucionales, van a la huelga, estaría justificada tal medida basándose en la desigualdad de trato? ¿Estaría justificada la paralización del servicio público de seguridad en base a las legítimas reivindicaciones de los funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad?
4) A lo anterior he de añadir una reflexión sobre la que, adelanto, surgió al tratar el tema con varios amigos compañeros, aunque sobre el particular existe división de opiniones (tantas a favor como en contra) y, por tanto, no me considero capaz de dar una opinión definitiva y, por ello, únicamente la planteo para que, si es posible, Sevach me de una consideración estrictamente jurídica. Al momento de convocar la huelga (4 de febrero de 2008), el gobierno se encontraba en funciones, por lo cual, y en virtud de las exigencias de la Ley del Gobierno, éste debe limitarse al despacho ordinario de asuntos, estando impedido jurídicamente para tomar decisiones, salvo las de urgencia. ¿Es jurídicamente posible con la Ley del Gobierno en la mano que éste estando en funciones, tome la decisión de acceder a las éxigencias de los funcionarios comprometiendo por tanto en la decisión al gobierno que salga de los próximos comicios?
5) Respondiendo en concreto a MICA, no considero la huelga abusiva porque tengan trabajo estable, sino porque supone la paralización de un servicio esencial para la comunidad. ¿Qué ocurriría si, por legítimas reivindicaciones salariales, se paralizara el suministro de energía eléctrica, el de mantenimiento del órden público o la asistencia sanitaria más elemental?
Por si aún pudiera caber alguna duda, reitero: mi total respeto a los funcionarios que legítimamente han decidido acudir a la huelga. Pero lo que no pueden pedir es que todos los ciudadanos estemos de acuerdo con su postura, de la misma manera que yo no puedo dejar de pensar como he reflejado en mis intervenciones, opiniones que, como decía el senador interpretado por Charles Laughton en la magnífica película de otto Preminger, «Tempestad sobre Washington» (que, sinceramente, a todos recomiendo), «…yo voy a votar en contra, aunque a nadie pido que me imite».
Y, por cierto, adelanto para futuros intervinientes: no me molesta de ningún modo que me califiquen de conservador. Al contrario, me honra tal calificación. Cuando uno se encuentra en compañía de personas como Jovellanos, Balmes, Donoso Cortés, Cánovas del Castillo, Antonio Maura, Eduardo Dato (a estos tres últimos se debe el gérmen de lo que hoy es la Seguridad Social, creada como tal en los años sesenta) y José María Gil Robles y Quiñones, creo que puede decir uno que se encuentra bien acompañado. Lo que sí me entristece profundamente es que en este país cuando una persona no ostenta las mismas opiniones que otra se la califique sin más de «ultraderechista» o «ultraconservador» en lugar de tratar de convencerle pacíficamente de su error.
Interesántisimo este post.
Quiero remarcar brevemente:
-Que se trata de un colectivo muy profesional, que ha accedido a sus empleos públicos a través de un sistema de oposiciones bastante serio y a base de codos, y cuyas funciones -en general- entrañan gran responsabilidad.
-Que es un coletivo tradicionalmente mal pagado, pues sus retribuciones siempre han sido en general menores a los de otros funcionarios públicos de similares categorías,
-Que entiendo absolutamente grotesco, injustificado y contrario a la que considero recta interpretación de varios preceptos constitucionales el que existan esas diferencias retributivas entre estos funcionarios según la CCAA de que dependan.
Me parece igual de disparate que por mor del «traje» que nos ha puesto el Tribunal Constitucional vayamos camino de tener 17 normativas distintas en materia de función pública….