Hoy es noticia que la Comisión de la Unión Europea ha requerido a la Administración española en relación con el posible incumplimiento de dos Directivas. De un lado la Directiva de hidrocarburos, instando para la eliminación del Impuesto minorista sobre Hidrocarburos (céntimo sanitario) y de otro lado, la Directiva de Televisión Sin Fronteras, instando para el cumplimiento por las cadenas televisivas de las limitaciones en la emisión de publicidad. Asimismo, los periódicos proclaman la constatación por el Consejo General del Poder Judicial del colapso español en que, por ejemplo, existen 270.000 sentencias pendientes de ejecución. Para Sevach, la imposibilidad del ejecutivo para garantizar el cumplimiento puntual y exacto a la normativa comunitaria y la imposibilidad del Poder Judicial para dar salida al actual torrente de pleitos, son preocupantes síntomas de que el Estado está sobrecargado como el mítico Atlas.
1. Lo curioso es que el tercer poder del Estado, el todopoderoso Legislativo presenta la doble cara de ser responsable de la situación y paradójicamente, también tiene la llave mágica para resolverla. Veneno y antídoto.
En efecto, en la última década hemos asistido a ese fenómeno que calificó el profesor Enterría de «leyes desbocadas» esto es, de producción desaforada de normas, y lo que es peor, normas vacías, ambiguas o de remisión a otras normas (reglamentos o planes). Y tal «lluvia legislativa» en un terreno sembrado de minas, ya que las leyes estatales han de ser muy cuidadosas para no pisar el jardín competencial autonómico y además no perder de vista la «ordenación parcelaria» que procede de la Unión Europea. El resultado es un extenso y laberíntico bosque de normas que han convertido lo que podía ser un florido vergel en una trampa de espesura. No hay administrador, abogado ni juez en España que pueda afirmar seriamente su dominio del Derecho Público y Administrativo en sus múltiples dimensiones. Basta mirar los planes de Estudio de la Licenciatura en Derecho para constatar la fragmentación en subdisciplinas del Derecho Administrativo que a su vez se dividen en frenética expansión en otras submaterias, cada cual mas compleja e inabordable.
Quizá conviene señalar que las herramientas informáticas son útiles para simplificar el tratamiento de la información y labores de búsqueda pero las Bases de Datos de Jurisprudencia son como las cartas marinas, que requieren dominio de numerosas claves para su interpretación y correcto uso. Diríase que las Bases de Datos son como la glicerina, que según se utilicen pueden dar lugar a aspirinas salvadoras o a nitroglicerina explosiva.
2. Por eso, frente a la frenética descarga de normas del Legislativo en que pone «deberes» perentorios al Ejecutivo (reglamentos, planes, subvenciones, sanciones,etc) éste se queda como Charlot en la máquina de Tiempos Modernos. El Ejecutivo (Gobierno y Administración) no es capaz de atender (por ejemplo, la Ley 26/07 sobre Responsabilidad Medioambiental cuya batería sancionadora y mecanismos jurídicos permanecen bajo la llave del silencio) o no es capaz de entender (por ejemplo, la Ley 30/07 de Contratos Públicos que alguien ha calificado ingeniosamente de «Sudoku normativo» ), o no es capaz de convencer a la ciudadanía (por ejemplo, la Ley 8/07 del Suelo con sus valoraciones del suelo rústico «a real» ). El resultado es una Administración desorientada, como burro apaleado por muchos amos en direcciones contradictorias.
3. A ello se añade la descarga de normas del Legislativo para su aplicación por el Poder Judicial. Nuevas regulaciones, nuevos criterios, y por tanto nuevos conflictos que desembocan en los Juzgados y Tribunales. Además las normas procesales tejen y destejen procedimientos, competencias y órganos de nuevo cuño, mas efectistas que planificados (Juzgados de lo mercantil, Violencia Doméstica,etc). La dramática situación de los Juzgados de lo contencioso-administrativo ya fue analizada por Sevach en un post anterior bajo el significativo rótulo del «via crucis de lo contencioso-administrativo».
En general, los jueces se sienten como los médicos cirujanos a los que se les pide no sólo la pronta y exacta operación quirúrgica, sino que sigan el postopoeratorio (la ejecución de la sentencia), situación sostenible en el pasado pero cuando aumenta el número de pacientes en lista de espera (justiciables) el médico de élite urbana acaba convirtiéndose en «cirujano de campaña militar» (cortar y vendar, sin importar amputaciones, cicatrices ni anestesias, pues lo importante es la vida del enfermo). Y en esa situación, Sevach considera que la solución la tiene el propio Poder Legislativo como el Pirómano-Bombero, ya que tal y como hemos descrito la situación es claro que existen tres vértices en el problema: enfermos (justiciables), Cirujanos (jueces) y protocolos médicos (normas), y si consideramos que las normas son necesarias y los justiciables tienen derecho constitucional a la justicia, sólo nos queda actuar sobre el número de jueces. Y sobre el número de jueces, caben dos opciones: o incrementarlo y situarnos así en dotaciones realistas y próximas a las ratios de la Unión Europea; o reducir el número de jueces, o suprimirlos, al igual que la idea luminosa del sultán persa que para acabar con la enfermedad epidémica diagnosticada por los médicos, se le ocurrió una feliz e infalible solución: decapitar a los infelices galenos (o sea, enfermedad no diagnosticada, enfermedad inexistente).
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