Los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo en España han dictado dos recientísimas sentencias en que parten de un principio liberal en la vertiente tanto médica como farmacéutica del servicio público de Salud.
1. Así, la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 12 de Marzo de 2008 (recurso 2897/2005) rechaza el monopolio de las Farmacias en la venta de pañales absorbentes.
Tal recurso fue interpuesto por Ausonia Higiene S.L. frente a la contratación directa de suministros por la Administración Sanitaria de las Islas Baleares referida a pañales absorbentes para incontinencia de orina, y pretendía que se considerase que tratándose de productos farmacéuticos su adquisición para utilización fuera de los Centros públicos debería reservarse a establecimientos farmacéuticos. Asimismo se aducía que no cabía considerar urgente tal contratación. Pues bien, el Tribunal Supremo con una claridad reveladora de que huelgan artificios jurídicos cuando es innegable la evidencia, desestima el recurso con las siguientes afirmaciones. Por un lado, afirma que: «Por eso, tiene sentido que la Sentencia, después de decir que los absorbentes no son medicamentos ni productos farmacéuticos (o sanitarios) y que su uso no implica peligros para la salud, ni hace falta asesoramiento previo sobre el modo de emplearlos, ni control o vigilancia públicas por su riesgo potencial en la comercialización y distribución, considere que no hay razón para restringirlas». Por otro lado, afirma que sí había urgencia ante «la situación creada y el posible desabastecimiento que podría producirse y que, además, venía a cubrir una situación de excepción».
2. Por otra parte, es noticia la recientísima Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicias de Castilla y León, que asume que los facultativos deben tener libertad para prescribir los fármacos que consideren mas convenientes para cada paciente sin resultar admisibles premios o incentivos económicos para recetar medicamentos genéricos. Con ello, se destierra la óptica economicista de las recetas sanitarias y se acepta un punto de vista de libertad de receta, ya sea medicamento genérico, o tecnológicamente avanzado, con independencia de su coste.
3. El problema de ambas sentencias radica en la distinta acogida por la Administración sanitaria. En el caso de los pañales, los gestores públicos darán saltos de alegría al agilizarse procedimientos y precios de adquisición de determinados productos (caso de los pañales) y se abren vías similares para otros productos conexos pero que no revisten la calificación de medicamentos. En cambio, en el caso de los incentivos por recetar genéricos, los gestores públicos se quejarán de cómo diseñar una técnica que evite el despilfarro entre las recetas de medicamentos, ya que una cosa es la libertad para recetar el medicamento adecuado al paciente, y otra muy diferente, el que el médico opte por recomendar cómodamente el medicamento no genérico por la sola circunstancia de que los laboratorios han desarrollado una labor de «incentivos» directos o indirectos ante el médico responsable (en forma de viajes pagados, enciclopedias, material, ayudas investigadoras, etc) que le llevan a optar interesadamente por aquél en vez del más económico y de idéntico efecto. A veces parece olvidarse que la Constitución postula la economía y eficiencia en el gasto público, incluido el sanitario, y ello impone que entre dos opciones de igual eficacia, ha de optarse por la de menor coste.
4. Todavía resuenan en los laboratorios farmacéuticos las campanas de alegría que en el año 1997 llevaron a la Fiscalía a postular el archivo de la imputación penal de la reprochables práctica de un laboratorio catalán que mediante ayudas económicas y festivos Congresos propició la proliferación de recetas falsas a pensionistas que nunca se enteraron, por parte de cien facultativos, caso en que la fiscalía señaló que no apreciaba estafa ni falsificación y limitándose a recomendar su sanción disciplinaria.
5. Así y todo, no es extraño que hoy día la influencia de los grandes laboratorios en las recetas médicas desde la sanidad pública sea una práctica en regresión (por los Códigos de Conducta de algunas empresas y por la convicción ética de buena parte de los médicos) pero subsistiendo sensiblemente la epidemia de tales «recetas de complacencia», mediante técnicas que consiguen sortear las prohibiciones legales pese a la claridad del art.3.6 de la Ley 29/6 del Medicamento: «A efectos de garantizar la independencia de las decisiones relacionadas con la prescripción, dispensación, y administración de medicamentos respecto de intereses comerciales se prohíbe el ofrecimiento directo o indirecto de cualquier tipo de incentivo, bonificaciones, descuentos, primas u obsequios, por parte de quien tenga intereses directos o indirectos en la producción, fabricación y comercialización de medicamentos a los profesionales sanitarios implicados en el ciclo de prescripción, dispensación y administración de medicamentos o a sus parientes y personas de su convivencia. Esta prohibición será asimismo de aplicación cuando el ofrecimiento se realice a profesionales sanitarios que prescriban productos sanitarios«.
Las dos sentencias que Sevach glosa son esperanzadoras para las personas que creemos en la bondad de los principios liberales. En relación con las farmacias, el problema de fondo es el tinglado organizado por las Administraciones a favor del grupo de presión de los farmacéuticos ( de algunos, porque los que no tienen farmcia forman parte del grupo de agraviados que aspira a entrar a formar parte del club). La única región que ha legislado a favor de la libertad de establecimiento de oficinas de farmacia es Navarra. Yo lo tengo claro: libertad total para poner farmacias, con el requisito de que haya en todo momento en el establecimiento un licenciado en farmacia, del mismo ocurre con las ópticas. La excusa que se suele poner de que en los pequeños núcleos de población no habría farmacias si se liberalizase el sector, es absurda. En el hipotético caso de que eso ocurriera, ahí sí tendría que intervenir la Administración para garantizar el derecho de acceso de los ciudadanos a las medicinas. En todo caso, serían pocos casos, la intervención pública solucionaría el problema, y en ningún caso justifican la no liberalización del sector. Otra medida importante es permitir la venta de muchos de los productos que sólo pueden vender las farmacias en otro tipo de establecimientos, y que haya competencia, o sea, que todos podamos beneficiarnos.
En cuanto a la recetas, el problema de fondo es la financiación de la sanidad. Las soluciones no pasan por obligar a recetar genéricos. Eso son parches. Las soluciones pasan por mejorar la gestión del sistema sanitario, racionalizando el gasto. ¿Cómo?. Pues por ejemplo introduciendo las fórmulas de gestión privadas en los aspectos de la gestión sanitaria que son de pura administración y gestión económica. Las fundaciones públicas sanitarias son una buena fórmula. Otra buena medida es el fomento de los conciertos con los hospitales privados. ( yo soy de los que piensan que lo importante es que te atiendan bien y eficazmente, con independencia de la titulairdad del hospital en el que uno es atendido). Y por supuesto, extender la «corresponsabilidad sanitaria», y para ello la mejor fórmula es el copago en ciertos casos. Me preguntó por qué un jubilado con una buena pensión no tiene que pagar ni una medicina, y un padre de familia con un sueldo de 600 euros y varios hijos que mantener lo tiene que pagar todo: que pague el que pueda pagar, y al que no pueda pagar, que se le ayude.
Jota F: ¡Espléndido comentario!. Valiente, peciso y coherente, tocando varios temas que sorprendentemente no son objeto de debate público.
No teneis ni puñetera idea.
Ni gestión, ni pañales y/o dodotis.
El dinero de la sanidad no se va en esto. HY si no que se lo preguntes a los jueces.
Existe una forma eficaz. La Administración sanitaria debe asumir la impopularidad que pueda suponer decirle a los ciudadanos que no va a correr con los gastos de medicamentos «marca» que tengan genéricos en las farmacias. Asi evitamos la hipocresía que significa decirle a los usuarios del S.N.S. que todos los medicamentos entran en la cobertura sanitaria, mientras que al médico le dice el mismo sistema que no los recete. ¿En qué quedamos?. Quitar el precinto A.S.S.S. y sustituir por el genérico es fácil, pero implica un riesgo en votos o en «enemistarse» con la industria farmaceútica.
Bien, Federico, Bien. Totalmente de acuerdo. Se ve que no eres abogado.