Hay tribus cerca del río de Internet al acecho de las descargas ilegales

Hace unos días ha sido noticia que en Finlandia un juez ordena cortar la línea telefónica a todo un Gobierno autónomo al detectar descargas ilegales por parte de funcionarios. En España, tal situación sería muy improbable por razones jurídicas, políticas, prácticas y sociológicas.

1. La razón jurídica se centra en que hoy por hoy (si la SGAE no lo remedia o no lo enreda) no existe norma expresa habilitante de tal actuación judicial ni administrativa, que exigiría rango de Ley (no simple reglamento o contrato), ya que afectaría a las comunicaciones telefónicas como soporte de la libertad de expresión, información y al derecho a la intimidad o secreto de correspondencia. Ello sin olvidar que la adopción de medidas de corte de suministro de telefonía a un Ayuntamiento u otra Administración Pública no podría acometerse so pena de hacer peligrar el servicio público que prestan.

La razón política se halla en que si bien la legislación penal y la legislación civil en España es competencia exclusiva del Estado resulta difícil deslindar si la actividad de conexión y descarga de la red (por su carácter instrumental o vinculado a otras actividades: culturales, sociales,administrativas, tutela consumidor, etc) corresponde al Estado o a la Comunidad Autónoma.

La razón práctica vendría dada por la enorme dificultad de determinar, sin menoscabo de la presunción de inocencia, cuando el acceso o descarga de la red responde a motivos lúdicos, cuando fraudulentos y cuando consiste en meras consultas o descargas vinculadas a su propia prestación como empleado público. Eso sin olvidar el problemático caso de los piratas que vía red inalámbrica (wi-fi) descargan películas o archivos sin autorización del titular, o el de aquéllos que utilizan redes de disponibilidad pública que no dejan rastro del autor en Centros municipales, fundacionales o Universidades.

Y la razón sociológica vendría dada porque en la España actual, para el funcionario asomarse a Internet en horas de trabajo resulta tan natural como asomarse a la ventana del despacho. Y como no, porque para la inmensa mayoría de los jueces el mundo informático suele representársele como un fenómeno tan extravagante e inaccesible como un ornitorrinco.

2. Sin embargo, la voracidad de las asociaciones de autores (que recuerda al inventor Edison cuando patentó el kinetoscopio y se dedicó a demandar judicialmente a todos los cines en su rivalidad frente al invento de los hermanos Lumiere) muy posiblemente provoque a medio plazo «medidas de efecto equivalente». El poder público siempre es sensible a las presiones organizadas y mucho más cuando son colectivos con peso mediático. Y es que en esta cuestión del control de las descargas por Internet de música o películas con derechos de autor, la posición de la Administración española nunca ha sido clara, sino deliberadamente ambigua.

3. Así, tempranamente, pese al silencio de leyes y reglamentos, tuvo que ser la Fiscalía General quien dejase claro que descargar música o películas «sin ánimo de lucro» y entre privados no era delito (circular 1/2006). Por su parte, la Ley 56/2007 de la Sociedad de la Información, tras un anteproyecto al servicio de las tesis de los recaudadores de derechos de autor, rechazó la posibilidad de corte de conexión telefónica a instancia directa de las entidades de gestión de derechos de autor, y optó por dejar en manos del criterio judicial la posibilidad de amputación de la conexión. Por fin, el canon digital sirvió de cebo para mantener ocupadas a las fieras.Nuevamente tuvo que ser Europa quien clarificase la situación, aunque en términos igualmente ambiguos ya que no prestó la coartada a los autores pero tampoco quitó poder a los gobiernos. Así, pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señaló por sentencia que no existía obligación de los proveedores de facilitar a las entidades titulares de derechos de autor, ni siquiera en pleitos civiles, la información disponible sobre el tráfico de datos de sus clientes, dejó abierta la puerta a que una Ley nacional de forma expresa amparase tal medida. Y de ahí que tanto Francia como Inglaterra hayan iniciado la senda de la desconexión al reincidente en la piratería de películas o música, promoviendo sus inquietantes iniciativas legislativas.

4. Pues bien, de seguirse esta tendencia, y pese a que el Parlamento europeo ha tildado de represoras tales iniciativas legislativas, quizás se provoque el «turismo tecnológico» para residir o desplazarse a países donde acometer las descargas ilegales (eso en el improbable supuesto de que la siempre rebelde tecnología informática pierda la carrera de las «trampas» frente a las «leyes»).

Para Sevach, si algún día la SGAE y sus correligionarios consiguen la improbable (e indeseable) medida traumática de cerrar los grifos de las descargas por particulares sin ánimo de lucro, la única ventaja sería el placer de volver a disfrutar de películas en el cine o adquiridas legalmente, sin el coñazo de tener que aguantar plúmbeos mensajes acusadores de plagio y bombardeo psicológico para convencer al internauta de que es un delincuente.

Lo cierto es que en esa corriente de acoso al internauta, no será extraño que en España se acuda a fijar impuestos que graven las compañías de telefonía atendiendo al volumen de facturación (bajo la presunción de «colaboradores necesarios» en las descargas ilegales) o contratos «leoninos» para que el usuario del servicio telefónico acepte el corte del suministro si se detecta determinado tráfico de datos.