De los informes de complacencia en la Administración

La semana pasada fue noticia que la Generalidad de Cataluña encargó en seis años nada menos que 1.400 informes externos (no emitidos por funcionarios y mercantilmente facturados) y que para el año 2008 la dotación presupuestaria a tal fin era de 317 millones de euros.

Para Sevach, como para todo el que ha estudiado algo del funcionamiento de la Administración Pública, los políticos no pueden saberlo todo, y es lógico que apoyen sus decisiones en informes de empleados públicos, que unan la preciada cualidad de ser especialistas a la de ser independientes. Por eso, la confiada Ley 30/1992, de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común considera que las decisiones o Resoluciones cumplen la necesaria motivación si incorporan o se basan en un Informe. Esto es, no en el puro decisionismo del político sino en el objetivo criterio técnico. Y aquí radica el truco que pronto aprenden los políticos.

1. Si las leyes van donde quieren los reyes, pues los informes van donde quieren las autoridades. Evidentemente, los informes jurídicos son mas sensibles a esta máxima que los informes técnicos, aunque ningún ámbito es puro. Así, ninguna autoridad osaría indicar por encima del hombro al arquitecto o médico, cómo debe efectuar su trabajo, aunque cierto umbral de intoxicación desde el «puente de mando» siempre es posible, p.ej. indicar por dónde debe ir la carretera o el número de alturas «técnicamente» idóneas para una edificación, o las medidas de desalojo por salud pública de ciertos poblados,etc). Y donde el nivel de «plasticidad» del informe aumenta no es en los informes de los comunes funcionarios o empleados públicos (donde la imparcialidad y objetividad es presunta) sino en los informes externos, procedentes de consultoras, Catedráticos, Colegios Profesionales u otro tercero con facturas al quite… Pues bien, en estos casos de dictámenes externos de pago (al igual que se dice de los peritos de parte de los procesos judiciales), podría decirse de sus autores que su profesionalidad es indiscutible pero no puede decirse lo mismo de su imparcialidad. El que paga, manda.

2. La tipología de informes es variada:

a) Informes de Ciencia. Son los informes objetivos, formales y rigurosos, basados en técnica y método científico. En ello está pensando el Legislador.

b) Informes de Complacencia. Ni son informes objetivos, ni son informes con poso ético. Son informes «a la carta», donde primero se tira la flecha y luego se manda al informante que dibuje la diana a su alrededor. En ellos está pensando el mal político para alcanzar sus objetivos («el fin justifica los medios», Maquiavelo dixit).

c) Informes con Paciencia. Son los informes emitidos por el funcionario técnico, que se debate entre una autoridad exigente, unos eventuales que interfieren, unas consignas políticas y escasos medios técnicos y/o jurídicos. En ellos piensa el buen funcionario cuando le apremian para que emita su informe de forma urgente.

3. En el caso de los informes jurídicos, el problema viene dado porque si el informe de Ciencia no gusta, o puede anticiparse su sesgo negativo, el político resolutivo (Director General, Consejero, Rector o Alcalde, etc) dispone de dos opciones.

a) O no pedir el informe a ese funcionario concreto, e ingeniárselas para que otro funcionario del mismo Servicio, o de otra unidad, pueda «prestarse» (bien voluntariamente o bien forzadamente) a emitir su informe en sintonía con la pauta marcada. También cabe, y no es infrecuente, que la Autoridad de una Administración opte por obtener un informe de otra Administración, mediante contacto entre altos cargos de ambas (normalmente con afinidad política) y de este modo «el muñeco queda vestido» decorosamente.

b) O pedir el informe al funcionario (quizás por ser preceptivo no tiene mas remedio) y en este caso, reclamar el antídoto de un «informe externo». Ahora bien, la fuerza del antídoto para desvirtuar el informe del burócrata, viene dada por su prestigio académico, social o empresarial, y éste normalmente guarda relación con la cantidad facturada. En consecuencia, la Administración, incurre en un ejercicio de incongruencia (no se fía de sus propios técnicos) y en un despilfarro (paga por algo cuyo sentido ya conoce porque lo marcó previamente).

4. En fin, para terminar se me ocurren una coplilla de humor:

Cuentan de un Alcalde que un día
bien por pedírselo un amigo
bien por cosas del partido
contratar a un inepto tenía.

Obtuvo un informe del Secretario
que le hablaba de capacidad
¡Vaya tipo sectario!
que le hablaba de concurrencia
¡Vaya tipo sin conciencia!
que le hablaba de oposiciones
¡Vaya tipo con cojones!

Decirme a mí: Sr. Alcalde,
yo «no me mojo»
ni cobrando ni de balde

Pues como Alcalde democrático,
ahora mismo sin sonrojo
paso del secretario antipático,
pido dictamen externo,
a un Catedrático amigo,
a un abogado de Ferrari rojo,
a un juez en excedencia,
les importa el Derecho un higo,
pues ponen precio a su ciencia
para conseguir mi complacencia.

A la vista del nuevo informe,
tecnicismos e imprecisiones
pero todo genuflexiones,
Con un éxito tan enorme
como Alcalde diría:
mal rayo me parta,
Si esto de pedir informes a la carta,
No acaba en el menú del día.