Universidad de excelencia o Universidad del funcionariado: ¿verdad revelada o prejuicio tópico?

El profesor Santiago Grisolía, desde su incuestionable prestigio, ha reivindicado públicamente «la Universidad de la excelencia frente a la del funcionariado». Esta afirmación no puede digerirse sin un mínimo análisis porque una lectura rápida lleva a pensar que la burocracia es enemiga de la excelencia, o incluso a pensar que la condición de funcionario público lastra la productividad de nuestros investigadores.

1. Así, leyendo atentamente el discurso del profesor Grisolía, en consonancia con otras declaraciones suyas, el leiv motiv recurrente es algo compartido por la mayoría de los grandes investigadores de este país: que la fijeza profesional que otorga la condición de funcionario docente de la Universidad española (Catedrático o Titular) propicia investigadores acomodaticios (aquello de «cría la fama y échate a dormir»).

2. Sin embargo, Sevach considera que la condición de «funcionario público» en relación al profesorado universitario nada tiene que ver con las condiciones de los restantes «funcionarios públicos». Desde un punto de vista sociológico, el profesor universitario suele considerar una «afrenta» que le califiquen de «funcionario» cuando es, quiéralo o no, funcionario de cuerpo docente, para lo bueno y para lo malo. Eso sí, se trata de un funcionario atípico, puesto que comparte con el común de los funcionarios la condición vitalicia, pero tiene algunas prerrogativas inexistentes en el orbe funcionarial.

a) En primer lugar, el control de fichaje horario de los profesores de Universidad es inexistente. Alguien dirá que se ficha al firmar los partes de asistencia a clase, pero tal alegato se desmonta si se tiene en cuenta que el horario legalmente exigible a un profesor universitario no son el promedio de seis horas semanales de clase (la insoportable levedad de la «carga docente» ) sino exactamente la misma jornada de trabajo que el funcionario de la Administración del Estado, en torno a las 37 horas semanales. De ahí, que no existiendo control de asistencia, fácilmente se comprenden tres aspectos conexos de cómodo disfrute: en primer lugar, que cuando hacen huelga, resulta virtualmente imposible determinar qué profesor asiste al trabajo u opta por ejercer el derecho de huelga; en segundo lugar, que resulta facilísima la sustitución pactada o impuesta en sentido jerárquicamente descendente en las clases asignadas (del Catedrático hacia el escudero o becario pasando por los escalones intermedios).Y en tercer lugar, que las ausencias injustificadas (salvo abandonos de servicio flagrantes) jamás reciben sanción disciplinaria alguna.

b) En segundo lugar, el colectivo del profesorado universitario ha recibido un regalo de la legislación de universidades que no posee ninguna categoría funcionarial. Es el único colectivo que sortea el régimen de incompatibilidades general, ya que puede optar por un régimen de dedicación a tiempo parcial (manteniendo esa dedicación parcial vitalicia) y mientras tanto permitirse dedicar su sabiduría e investigación para el sector privado, con los consiguientes emolumentos profesionales o empresariales. O sea, la gatera para las rígida Ley de Incompatibilidades. Y si el profesor está a tiempo completo, siempre disfrutará de un porcentaje o participación en los beneficios de los contratos de servicios académicos o investigadores que preste por cuenta ajena, y con los medios universitarios (publicaciones, laboratorios, etc).

c) En tercer lugar, y aquí radica a juicio de Sevach el mayor privilegio de la comunidad académica, la autonomía universitaria constitucionalmente garantizada permite que el profesorado gobierne su propio destino, con lo que garantiza que el Rector de turno, si desea hacer gobernable su Universidad, o ser reelegido, debe tratar a sus votantes con la delicadeza que se cuida a los bueyes de Kobe. Así, el profesor universitario, al administrar su propia libertad de cátedra y de investigación, y participar en designar sus propios mandarines o jerarcas, obtiene el sueño de todo funcionario: ser su propio jefe.

3. Esas tres especialidades funcionariales antedichas son tan innegables como justificadas: el fichaje puede ser incompatible con tutorías, asistencia a Comisiones, congresos, laboratorios, tesis doctorales y otros fenómenos académicos; la dedicación parcial permite que los profesores presten servicios a la sociedad y la dedicación a tiempo completo con participación en contratos externos es un incentivo para la productividad investigadora; finalmente el autogobierno garantiza la ausencia de inherencias políticas o externas a la institución que conviertan la libertad de investigación en «investigación de Estado» o la libertad de cátedra en «dirigismo ideológico».

4. En consecuencia, queda claro que ni el régimen funcionarial, ni su adaptación a las especialidades universitarias es nocivo para la investigación. Al contrario, son garantía de una investigación libre de rigideces. O en palabras de muchos investigadores universitarios de prestigio: «el que no investiga en la Universidad es porque no quiere». Entonces, la cuestión radica en determinar la causa de que si bien las Universidades son la mayor fuerza investigadora del país, lo cierto es que su productividad «per cápita» es ridícula (esto es, la división de todas las publicaciones prestigiosas, patentes y hallazgos de las 71 Universidades, entre los casi 100.000 profesores, arroja una cifra ridícula que ninguna Administración se atreve a ofrecer).

5. Por eso, para centrar el problema en una visión constructiva, considera Sevach que el único barómetro fiable de la productividad investigadora del profesorado universitario son los famosos «tramos de investigación». Se trata de la valoración positiva del fruto del rendimiento investigador de seis años si así lo estima una Comisión de expertos «iguales» (peer review) a partir de la información que los propios investigadores evaluados suministran acerca de su productividad, concretada en una selección de las cinco aportaciones más destacables durante el período sometido a evaluación. Tal evaluación objetiva y externa es el auténtico «investigadómetro» que permite, como la parábola bíblica, saber que uso ha hecho cada profesor de sus «talentos» (si los rentabilizó o los enterró). Y por eso, es la referencia utilizada en los círculos investigadores para identificarse como investigador «pata negra» o como jamón cocido, sirviendo de pauta para obtener fondos de investigación públicos y privados, además de servir de criterio serio para obtener plazas de máxima categoría académica.

Y es que esos «tramos de investigación» o sexenios son la auténtica vara de medir de quién investiga y quien se dedica al «pasilleo» universitario. Quien se decida a investigar y quien a estorbar. Quien opta por la silenciosa investigación y quien opta por la política barata universitaria. Quien cobra por estar en la Universidad en su jornada laboral aunque no investigue y quien cobra por investigar sacrificando horas de fuera de la jornada.

Así, si los «sexenios» son evaluados positivamente, el investigador recibe una exigua compensación retributiva, pero el problema viene dado porque si no obtienen tal evaluación positiva o si el profesor opta por no investigar, no cuenta con ningún tipo de penalización. Ahí radica la raíz de la molicie de buena parte de los profesores de Universidad, en que investiguen o no investiguen, la nómina llega puntual. Y por eso la sencilla propuesta de Sevach radica en que quienes no obtengan evaluación positiva de sus tramos de investigación (esto es, quienes cobran por supuesta dedicación del 75% de su jornada a investigar, pero no hacen nada de nada), no sean penalizados (al fin y al cabo, hay quien «debía» investigar, pero como dice el dicho salmantino, «lo que natura non da, Salamanca non presta»), sino que les sea incrementada la carga docente, con la consiguiente y correlativa liberación de carga docente a quienes sí investigan. De este modo, se tendería a alcanzar mayor justicia del sistema. Lo contrario, tolerar que muchos cobren por una investigación que no hacen, o imponer una carga docente a quien desarrolla investigación de excelencia, es un absurdo, un despilfarro de cerebros, o mas bien una cómoda hipocresía del sistema universitario.

6. En definitiva, las palabras de D. Miguel de Unamuno en su valiente discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia en 1917 (pero de rabiosa actualidad), resuenan en la Universidad de Salamanca: «Hay Catedráticos que dan su hora de clase por la mañana y dicen:¡hala, ya es domingo todo el día!«.