La noticia de la sanción impuesta por el Consejo General del Poder Judicial de 1500 euros al juez Tirado por una falta grave de retraso injustificado en la tramitación de la ejecución de la sentencia dictada en el año 2002, que condenaba a prisión al presunto asesino de la pequeña Mariluz ha caído como una bomba mediática, provocando clamor de sanciones mas graves y ejemplarizantes para el juez. Esta lapidación judicial, humanamente comprensible en el caso del padre de la víctima, le parece a Sevach inadmisible y lamentable por estrictas razones jurídicas.
1. La situación de paralización y colapso de las ejecutorias de las sentencias es algo tan notorio como las listas de espera de los hospitales, y a nadie se le ocurre privar al médico de su trabajo por el fallecimiento o empeoramiento de alguien que espera angustiado una operación que llega tarde.
2. La responsabilidad disciplinaria de una persona ( bajo las mismas garantías que la responsabilidad penal, como ha insistido el Tribunal Constitucional) tiene que estar vinculada a su culpabilidad, esto es, a la intencionalidad. En el caso Mariluz, es incuestionable que no había dolo o intención maliciosa del juez.
3. La responsabilidad cuando se vincula a la negligencia, esto es, a la omisión de una obligación, tiene que ampararse en que un sujeto está obligado a una actuación y además tiene que contar con los medios para cumplirlo.
A) Por un lado ( sobre si el Juez Tirado estaba obligado a arreglar la situación) , la obligación del juez es despachar los asuntos y sentenciar, pero la obligación de la oficina judicial, y particularmente de la Secretaría, es «dar cuenta» al juez del estado del juzgado. La regulación de la oficina judicial reparte roles y de igual modo que el Secretario Judicial no pone sentencias, tampoco el Juez debe entrometerse a fisgonear por los archivos.
B) Por otro lado (sobre si el Juez Tirado contaba con medios para solventarlo), la sobresaturación de todos los juzgados, particularmente los penales, y el del Juez Tirado no era un excepción. Llevar las ejecutorias al día no es un asunto baladí y que pudiere solucionarlo el citado Juez de un plumazo, salvo que bajo su toga tuviese el traje de Superman. De igual modo que a nadie se le ocurre pedir que le quiten el empleo a un guardia civil porque no efectuó el control de alcoholemia de todos y cada uno de los vehículos que salían de una fiesta, dando lugar a que un conductor ebrio atropellase a un ciudadano.
4. Por añadidura, no puede olvidarse que la sentencia del Juez Tirado, del Juzgado de lo Penal num.1 de Sevilla fue dictada en el año 2002, y hasta el año 2005 no fue confirmada por la Audiencia de Sevilla. ¡¡Tres años de reflexión y demora!!
5.Por último, es una hipocresía descargar sobre las espaldas del juez toda la responsabilidad del caso, y cerrar los ojos a cuatro focos de responsabilidad latentes, pero hábilmente paralizados hasta que «escampe el temporal», mientras la turba se ensaña con el cabeza de turco.
A) La Inspección del Consejo General del Poder Judicial examina y controla de forma exhaustiva todos los juzgados, con visitas y examen de documentación periódica. No vio nada en el juzgado de Tirado.
B) La Fiscalía, que trabaja codo con codo con el juez, y que tiene el deber de velar por el cumplimiento de las sentencias, tampoco se alarmó lo más mínimo.
C) La Junta de Andalucía, que se responsabiliza de la dotación de medios materiales, informáticos y personales a los Juzgados, no se percató de que se necesitaban mas medios.
D) Y por último, el legislador ( o sea, las Cortes Generales) no ha aprobado leyes procesales ni criminales que fijen trámites o controles que aseguren la efectividad de tales ejecutorias.
Y ello sin olvidar que tal situación crónica, no sólo en el Juzgado de Tirado, era conocida por los restantes operadores jurídicos (abogados y procuradores) además de por los periodistas y o que es peor, por los propios delincuentes.
6. Lo cierto es que las demoras en la justicia, como en la sanidad, o en las áreas de decisión administrativas constituyen una situación crónica ( ¿acaso el silencio administrativo no está consagrado legal y judicialmente?). O para decirlo con un ejemplo «caliente»: se aprobó la Ley de Dependencia y tras su anuncio a bombo y platillo, las demoras y trámites han sido tan lentos y enojosos que hay casos en que los posibles beneficiarios fallecieron antes de serles notificada la concesión. Y ante estas situaciones cúal es la receta. Pues menos demagogia y mas planificación. Cuando la Constitución fijar el valor eficacia lo dice por algo. No es un consejo sino un mandato. Y son los gobernantes, cualesquiera que sea su ideología, los que no deben perder de vista esa meta.
7. En definitiva, considera Sevach que el sistema judicial tiene deficiencias, y que todos somos culpables, pero como siempre, la tierra gira y el carnaval prosigue hasta que no surge un problema concreto ( o hasta que alguien no lo siente en sus carnes, ya sea una discoteca que se incendia sin medidas de seguridad, o un jefe de policía que se convierte en sheriff mafioso, o un avión se desploma por avería no detectada, o similar ).
P.D. El Consejo General del Poder Judicial impuso al juez Tirado una multa de 1.500 euros, que sería confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo que podéis leer aquí. en su integridad, y particularmente el interesantísimo voto particular.
¿Un error judicial que termina con la muerte de una criatura es «solo grave»?. Pues que Dios me guarde de los jueces que de los asesinos ya me cuidaré yo.
Todos sabemos que el culpable del asesinato es el asesino, por eso no se acusa del asesinato al juez. Aquí lo que se juzga es la capacidad de este juez para seguir siendolo, y creo que está más que demostrado que es un incompetente. Dejémonos de tonterías y pidamos que a este sujeto se le expulse de la carrera judicial.
Si no hay justícia para los llamados justos, es que no lo son, lo que les hace inhábiles y fuera de la ley. El pueblo español hace mucho que no cree en la justícia, y sobre todo en los jueces. Esto si que es un problema y no las chorradas que discuten los políticos. Un fraude o una traición para nuestra democracia.
Ya puestos… propongo que le demos un premio al juez Tirado. Al juez mas diligente del año. Si sus compañeros del CGPJ consideran que dejar en libertad 2 años y medio a un tio ya condenado no es mas que un desliz…imagináos que desmanes hacen todos los dias los miembros del CGPJ.
Amén.
En definitiva, de dios al suelo y de la rata al rey, la culpa de que en 3 años no se detuviera y encarcelara a un violador de niñas y presunto asesino la tuvo todo el mundo menos el que tenía que firmar la orden, el único al que el autor no incluye en la lista de responsables.
¡Se debe dormir de puta madre sabiendo qeu hagas lo que hagas otro perro te protegerá las espaldas y que la culpa de tu innacción la tendrá el ministro, el secretario, la fiscalía (tan dotada), el cgpj o hasta tu madre por no obligarte a lavarte las orejas, pero nunca tú, y sobre todo, que a ti te juzgará un compañero (que levanten la mano los médicos, constructores, dibujantes, políticos… que no lo han soñado en sus más húmedos sueños)!
Comprendo que el horror del asesinato de la pequeña Mariluz lleve a buscar culpables «con rostro». Es humano. Por eso, para ver el alcance justo de la «culpa» del juez basta con realizar el sencillo ejercicio de contemplar su responsabilidad obviando el resultado de la muerte. Pues bien, si el «crimen» del juez Tirado, por el que se le debe sancionar disciplinariamente es la «desatención en los asuntos del Juzgado» por no haber solventado la demora de los miles de asuntos pendientes ( en una situación harto notoria y fruto de insuficiencia de medios y leyes procesales inidóneas), habría que separar de la carrera judicial a todos los jueces y magistrados del país, empezando por los magistrados del Tribunal Constitucional. Y esto no es una opinión sino una evidencia.
Es cierto que si alguien opta por una plaza de un Juzgado Penal ya sabe la situación de pendencia de ejecutorias de las sentencias, y que si alguien es titular de cualquier Juzgado tiene un deber cualificado de supervisión o al menos debiera salvar su responsabilidad elevando su queja por tal situación al Consejo General del Poder Judicial, de forma que si no lo hace pues tal dejadez podría hacerle incurrir en responsabilidad disciplinaria. Pero de ahí a despellejarle y arrebatarle su trabajo (dignidad, reputación e imagen incluidos) hay un trecho que sólo puede atravesarse por ofuscación, prejuicios o ignorancia.
Claro que quizás resulta mas confortable engañarse inconscientemente y tranquilizarse hallando un «cabeza de turco», y si además es Juez pues mejor. Leña al mono. Mientras tanto como los avestruces, otros poderes públicos y responsables (tanto por acción como por omisión, esconden la cabeza). Y de este modo puede entenderse que comportarse como Pilatos y entregar al juicio popular un inocente es la forma mas clara de dormir tranquilo por el precio de una injusticia.
Has dado plemamente en el clavo: los principios de eficacia y de eficiencia. En la España de hoy estamos absolutamente desbordados de normativa y legislación y además continuamente cambiantes. Pero nadie parece darse cuenta del coste que supone poner en marcha y hacer cumplir tal exceso regulador.
Se cree el político que con sacar una ley es suficiente para resolver cualquier problema: no en balde se rumoreaba hacía poco la intención del gobierno de aprobar una ley que prohibiese los accidentes aéreos. A mi se me ocurre que sería necesario prohibir la crisis (o la mención de la misma, que viene a ser el equivalente mediático) por decreto ley.
Pero legislar sin conocimiento ni intención de disponer los medios para asegurar el conocimiento y cumplimiento de estas leyes es producir precisamente situaciones como la que vemos ahora, y dar carnaza al entramado mediático que no en balde vive de exagerar y publicitar los dramas personales.
Como funcionario y como gestor de servicios para los ciudadanos aprecio de un tiempo a esta parte un aumento constante de mis obligaciones y de la presión sobre mí en los últimos años para controlar mi trabajo, concretamente de gestión de las subvenciones, sin incremento ninguno de los medios que tengo a mi disposición para llevar adelante mis obligaciones.
A pesar de los nada menos que cinco órganos de control sobre mis programas (Intervención General, Auditorías Internas, Auditorías externas, Dirección General de Fondos Comunitarios, Tribunal de Cuentas), si algún día se produce cualquier error que pueda ser explotado mediáticamente, no me cabe duda de dónde van a buscar los culpables.
Amigo Sevach, en general estoy de acuerdo con tu post y coincido contigo en que el juez Tirado no es responsable único de la situación. Pero, sin embargo, no puedo compartir íntegramente tu razonamiento, y ello por varias razones:
1) Creo es imposible no coincidir contigo cuando afirmas que no hubo dolo o intención maliciosa del juez, eso es evidente y no necesita de ulteriores precisiones. Mas no puedo compartir tu aserto en el sentido de que no hubo negligencia. Cuando se incurre en una infracción administrativa la persona es responsable aún a título de simple inobservancia. Quizá pudiera salvarse en cierto modo la responsabilidad del juez si constara que este denunció fehacientemente y por escrito ante las Administraciones competentes (la judicial y la autonómica) el calamitoso estado de cosas y les instara a poner remedio a las mismas, pues entonces sí que el magistrado, en cierta medida, habría trasladado la responsabilidad a otros y podría argumentar, con ciertos visos de prosperabilidad, el hecho de que había puesto en conocimiento de los responsables el estado de cosas y recibió el silencio por respuesta. Pero quien calla, otorga y, cuando menos, en este caso sería corresponsable de la situación.
2) En el presente caso (y esta es una opinión personal y, por tanto, falible) tengo serias dudas de que cualquier magistrado en todo el territorio nacional se mostrase tan comprensivo si un particular incurriese en un comportamiento similar al imputable al juez Tirado, pues casi con total seguridad se acudiría al severo razonamiento de que a las alegaciones de la falta de medios se contraargumentaría que tal alegación no excusa la comisión de una infracción administrativa. En el mejor de los casos, se consideraría tal alegación un atenuante a efectos de imponer la sanción.
3) Es un hecho real que son escasísimas las sanciones impuestas a jueces por incurrir en comportamientos que vulneran claramente los preceptos de la LOPJ en materia de infracciones y sanciones. Si a ello añadimos que, cuando el denunciante es un particular el Consejo suele inevitablemente archivar las actuaciones y la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene negando la legitimación activa al denunciante para impugnar la resolución de archivo, tenemos en la práctica un sistema de cuasi-impunidad. Únicamente en casos de grave repercusión social (como el que nos ocupa, en el que si se ha impuesto una sanción es más por lavar la cara del Consejo ante la opinión pública que por otra cosa).
Finalmente, en lo que sí estoy de acuerdo es en la falta de criterio del Consejo General del Poder Judicial, que únicamente actúa en casos en que medie un titular de periódico o una apertura de telediario. Y, para finalizar, no puedo menos que coincidir con el maestro Alejandro Nieto: este actuar está perjudicando la imagen del poder judicial, integrado por una inmensa mayoría de jueces trabajadores y honestos que (añado por mi cuenta) probablemente vean con estupor como las tres manzanas podridas que existen en su seno amenazan, con la inevitable connivencia del órgano (político) de gobierno, con dañar irremediablemente la imagen de la judicatura.
¿Y nos tenemos que conformar con ésto? ¿Con unas leyes no adecuadas? ¿Con el colapso crónico de los juzgados? ¿Con la culpabilidad repartida?
Estimado Sevach, no creo que haya que salvar al Juez Tirado, él como mucho perderá 1.500 euros. Creo que hay que salvar a las niñas de cinco años asesinadas por pederastas en libertad por cuestiones de papeleo. Algún experto en materias jurídicas me dirá que todo ese papeleo sirve para garantizar el proceso, la presunción de inocencia, etc., y seguramente tendrá razón, pero ¿de qué sirve nuestro tan estupendo sistema legal si al final una niña muere? ¿si los delincuentes condenados están en la calle? ¿si las sentencias que tanto tiempo y esfuerzo cuesta dictar no se ejecutan?
¿No habría que replantearse todo ésto?
Mi querido Sevach.
Esta vez no. Esta vez no estoy de acuerdo contigo en casi nada. Solo coincido en que no hubo dolo, pues… ¡hasta ahí podríamos llegar!
Por lo demás, tu alegato, impecable y respetable, como es obvio, parece un pliego de descargo hacia un colega de profesión, más que hacia los gravísimos hechos acontecidos. Por cierto, ni en tu entrada inicial, ni en la respuesta posterior, ni en los comentaros del inefable Rehnquist et al. aparece la palabra «corporativismo», aunque está subyacente e implícita en muchos de los textos (en los tuyos es mas que obvio).
Su error (el de Tirado) no se justifica porque también haya fallos en otros eslabones de la cadena. Para mí, incluso lo agrava, por no haber denunciado (al CGPJ e incluso en la prensa) tamaños despropósitos. Ítem más: si el Secretario Judicial también falló, pues también es culpable junto al Juez.
¿Y qué tiene de malo señalar claramente un culpable? En este caso el efecto ejemplarizante sería clarísimo. Pero, ¡ojo!, para el colectivo de jueces, para los legisladores, para los ciudadanos y para todos en general. Al malo, palo (multa o remoción de la carrera). Al bueno, zanahoria (complementos por productividad, flexibilidad laboral…). No hay mejor incentivo. Y no hay mal que por bien no venga.
Más de lo mismo.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-cgpj-no-sanciona-juez-concedio-permiso-permitio-fuga-rodriguez-menendez-20080911104848.html
¿Hay o no hay corporativismo? ¿O mejor lo llamamos «exceso de cuidado con los compañeros»?
¡Qué pena!
Para William y Pelipe: Agradezco nuevamente vuestros comentarios, y solamente os puntualizo, en mi personal opinión:
a) Que como veréis en el comentario que efectué, a mi propio post, preciso -y aquí coincido con lo que decís- en que el Juez Tirado podía y debía al menos haber alertado de la parálisis en su juzgado, o sea, cierta negligencia. Pero tal falta de diligencia no es un crimen de lesa majestad, sino que tiene su cauce justamente en la sanción disciplinaria de la multa y sin necesidad de fusilarlo al amanecer.
b) Que el corporativismo es un fenómeno gregrario del que no están exentos los jueces, pero curiosamente cuando un juez juzga a otro juez se da la paradoja de que para «mostrar los biceps» de su independencia, suele ser mas exquisito e incluso mas duro que con el común de los ciudadanos. Además, la dehesa de los jueces cuentan con numerosos ejemplares diseminados (buey suelto, toro bravo, becerro mansurrón, buey castrado, vaca loca, ternero culón, toro con trapío,etc) para que no pueda generalizarse ni predecirse el comportamiento de un juez cuando juzga a otro juez.
c) En fin, que la riqueza del blog es la del debate y por eso, todo comentario respetuoso es recibido con alborozo.
Casos como este hay a patadas. Lo único que pasa es que salta la liebre cuando ocurre alguna desgracia. Ahora todos nos tiraremos de los pelos y culparemos al juez, pero: ¿se va a arreglar el colapso judicial?
NO. Volverá a pasar y nos volveremos a tirar de los pelos.
Si no se corta el problema de raíz, no hay solución posible.
Por cierto, no se puede responsabilizar al juez. Es como si yo llevo el coche a un mecánico, este no lo arregla en fecha, a mí me atropellan y echan la culpa al mecánico porque si hubiese tenido el coche arreglado ese día no me hubiesen atropellado.
Es una pena que no pueda editar el post anterior. Se recomienda esta noticia:
Un 60% de funcionarios de juzgados penales son interinos sin experiencia
Publicado el 11/09/2008, por Expansión.com
Seis de cada diez funcionarios que trabajan en los juzgados penales de ejecutorias son interinos y no cuentan con «toda la experiencia que sería deseable» para el desempeño de sus funciones, según revela un informe elaborado por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que será analizado hoy por su Comisión Permanente.
El estudio, que fue encargado en mayo pasado a raíz de la alarma social provocada al no ejecutarse el encarcelamiento del presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, concluye que el 63,72 por ciento de los 419 funcionarios adscritos a los 14 juzgados de ejecutorias que existen en España (un total de 267) son interinos, mientras que sólo 152 son titulares de sus respectivas plazas.
Según la Inspección, la plantilla es «insuficiente» y el «elevado» porcentaje de trabajadores «con escasa o nula experiencia afecta al normal funcionamiento de estos juzgados». Aún así, el estudio reconoce que en la actualidad se están llevando a cabo medidas de refuerzo que «parecen estar dando sus frutos y cuyo mantenimiento se estima por el momento conveniente y necesario».
Deficiencias en los sistemas informáticos
De igual modo, la investigación destaca que las aplicaciones informáticas con que cuentan estos juzgados no contemplan «elementos suficientes» que permitan conocer su «auténtica y real situación», por lo que considera necesario acometer su «modificación y adecuación». «En general, los sistemas informáticos presentan serias deficiencias, haciéndose imprescindible su subsanación», advierte.
Respecto a la carga de trabajo de estos órganos (cinco de ellos situados en Madrid, cuatro en Barcelona, tres en Valencia, uno en Palma de Mallorca, otro en Bilbao y uno más en San Sebastián), la Inspección del CGPJ destaca que los módulos de entrada de asuntos son «correctos», aunque no así los de dedicación, que deberían ser «objeto de la oportuna modificación y concreción».
En concreto, el informe señala que, según datos cerrados el 30 de junio de 2008, los 15 juzgados de ejecutorias registraron en los primeros seis meses del año la entrada de 53.163 nuevos asuntos, al tiempo que resolvieron 59.852 y tenían pendientes un total de 85.268.
Creo que no debemos ser hipócritas y buscar a quien acribillar. El error es del sistema, ese juez es un ser humano, que tendrá sentimientos,después de lo ocurrido estoy seguro que habrá sufrido como lo hemos sufrido todos, pero claro aprovechamos y sacamos mayor productividad a la judicatura. Al hilo del tema ¿ Como es posible que para sustiuir a un funcionario judicial contrate a un chico que solo tiene la experiencia de trabajar en mercadona como reponedor ? Estoy seguro que cualquier estudiante de Derecho e incluso licenciados darian dinero por estar unas semanas en un juzgado trabajando y conociendo el funcionamiento de los mismos.
Coincido plenamente con Sevach y con sus planteamientos. Sobre todo, por que puedo hacer un calco de la situación del Juzgado en particular o de la Administración de Justicia en general con referencia a la Administración en la que presto servicios, salvando las distancias, dadas las funciones de una y otra. Pienso que solo desde esa perspectiva «administrativa» -que lo es también la de la Justicia-, y de la experiencia de cada cual, en la que el trabajo de terceros que no corresponde ni se puede controlar llega a malograr la actuación de que se trate, puede llegar a comprenderse situaciones como la sucedida, sin responsabilizar en exclusiva a una única persona. Hablamos de un sistema, de una organización con una reglas de funcionamiento en el que las personas que la componen interactuan, cada cual en lo que le compete, y sometidas a elementos controlados e incontrolados, que pueden dar, y dan, lugar a situaciones tan lamantables como ésta. Sin esa perspectiva, dicho sea de paso, me parece muy dificil compartir lo dicho por Sevach, por puro impulso emocional. Saludos.
El retraso (colapso) de la justicia unido a una cada vez mayor judicialización de todos los actos públicos constituye probablemente el mayor problema para la consolidación real de la joven democracia española. Como un pez que se muerde la cola, judicializamos la vida política y politizamos en exceso la judicial. La mejor prueba: la renovación del Consejo del Poder Judicial. Hace falta personas honestas e independientes en todos los órganos de control y decidirse de una vez a poner soluciones. Un país sin una justicia tecnicamente aceptable y rápida, además de independiente, no puede terminar de funcionar. La sanción al juez sirve más o menos para un caso que por su trascendencia ha llegado a la prensa. ¿Y para los que no llegan? Lo que hace falta es proponer soluciones al colapso judicial. Ya lo decía la sabiduría (maldición) del pueblo «calé»: «Juicios tengas y los ganes». Esto no debería ser posible en un país que pretende situarse entre las potencias mundiales.
Estoy totalmente de acuerdo con esta entrada.
Tratar de responsabilizar al Juez Tirado en solitario del descontrol y desorganización de la Justicia es un total despropósito, una tremenda injusticia y un ejercicio de hipocresía sin parangón.
¿Por qué no se ha dotado a los Juzgados de sistemas informáticos tan completos como los que tienen los bancos, por ejemplo? Pues porque las Administraciones competentes (en este caso la Junta de Andalucía) no lo han considerado prioritario.
Si yo impago un recibo de hipoteca no me dan tarjeta de crédito en otro banco, y me retiran el crédito en El Corte Inglés y en el Carrefour…¿por qué no se ha hecho una inversión similar en medios informáticos y en personal adecuado por parte de la Administración? Pues porque no les ha dado la gana, porque técnicamente es posible.
Tengo amistad personal con más de un magistrado en este país, y durante años alguno de ellos ha tenido que pagarse de su bolsillo el ordenador con que trabajan en el Juzgado, y también la suscripción a la base de datos de legislación y jurisprudencia que precisan para poder desarrollar su trabajo.
¿Hay estabilidad en el personal de apoyo en los Juzgados?
¿Hay un sistema de archivo de documentación en los Juzgados mínimamente seguro?
Creo que todos hemos sufrido e incluso llorado con el desenlace del caso Mariluz, pero no queramos ahora hacer pagar a un chivo expiatorio las culpas de otros, o de muchos.
Todo el mundo sabe que el sistema judicial en España no responde a las necesidades de un Estado de Derecho que ocupa el octavo lugar en el ranking mundial. Esto no es nuevo. El histórico déficit del Servicio Público de la Justicia en España tiene como primeros responsables: los políticos (entre los que también se encuentran algunos jueces, secretarios, fiscales y abogados sabedores y conocedores de sus carencias).
Los diferentes gobiernos democráticos de España no han sabido ni querido adaptar el Servicio Público de la Justicia a las necesidades del País y se han preocupado más de «controlar a la Justicia» que de modernizarla, independizarla y en definitiva de dotarla de los medios necesarios para tan vital e imprescindible función en la sociedad, DAR A CADA UNO LO SUYO.
Partiendo de este planteamiento inicial, con la justicia mirando con el rabillo del ojo por debajo de la venda, la balanza rota y la espada despuntada y sin afilar puede llegarse hasta el infinito y más allá.
Ya hemos hablado mucho de las responsabilidades de este caso y volver sobre ello me parece innecesario. Eso sí, la Junta de Andalucía que no proveyó la mesa de un funcionario durante la baja de la que ocupaba el puesto de marras sale de rositas.
Pero ocupémonos de otra cosa. Yo lo que veo una burla es el régimen disciplinario de jueces y magistrados. No entraré en los detalles de este lamentable caso, sólo haré una comparación que ya he expuesto en otro foro:
En mi destino anterior, el/la juez fue sancionado/a con 3.000 euros de multa por desconsideración grave con el abogado de una de las partes. El rifirrafe no tuvo nada de particular, salvo que el abogado quería enrrollarse bastante en su alegato y la juez, después de cuatro o cinco advertencias para que abreviase, le cortó la palabra no sin protestas del abogado. Es decir, por una chuminada le pusieron el doble de multa a aquélla juez que al juez Tirado por este caso. Creo que las comparaciones con la gravedad de lo sucedido aquí están fuera de lugar.
Me parece indignante que tengan que ocurrir casos como éste para poner de manifiesto la situación real del sistema judicial en nuestro país, claramente debilitado por la ausencia de medios técnicos y humanos y por las carencias normativas que presenta.
Estas carencias son cada vez más evidentes y hacen que los ciudadanos nos sintamos muy defraudados con esta institución: politizada, desatendida y maltratada por nuestros gobernantes.
Pese a las lamentables y trágicas consecuencias que conllevó la negligencia del juez, debemos recordar que el CGPJ, se limitó como era su obligación a valorar únicamente la conducta del juez, y no a valorar las hipotéticas consecuencias de su actuación. Desde esa perspectiva entiendo que jurídicamente la resolución sancionadora no podía ser otra que la de calificar que su falta era grave y no muy grave. Creo que el juez debe ser sancionado, pero en su justa medida.
Ante la terrible condena y linchamiento mediático que se ha producido (mucho más grave que los 1.500 euros) bien parecería que el asesino de la niña fuera el juez. Creo que todos tenemos una cierta tendencia a hacer valoraciones en caliente y a buscar un chivo expiatorio.
Parece que olvidamos que tres jueces de la Audiencia Provincial de Sevilla tuvieron durante tres años la sentencia condenatoria del juzgado de lo penal sobre su mesa y tardaron esos tres años en confirmarla.
¿Qué sanción se les ha aplicado a ellos? ¿Acaso no tuvieron ellos también culpa en que el asesino de Mari Luz estuviera tanto tiempo en la calle?
Convendría que este tipo de asuntos sirvieran cuando menos para que se destinaran más recursos en favor de nuestra administración de justicia al objeto de que funcionara debidamente.
Sería conveniente que desde el Gobierno además de salir en la foto junto al padre de Mari Luz y de atacar el eslabón por el punto más débil (en este caso el juez), azuzando al Ministerio Fiscal, para que primero califique de una manera y ahora recurra la resolución del CGPJ, se comiencen a asumir las responsabilidades directas que también tienen por lo ocurrido.
O acaso el Ministerio de Justicia no es responsabilidad del Gobierno. No sería ya hora de ir buscando un ministro de justicia más competente.
Ante todo y en primer lugar quiero decir que el juez tirado no es santo de mi devocion. Siempre me ha jodido su actitud chulesca en cualquier sitio que lo encontraras. Lo he visto desde poner firmes a un guardia civil (por chuleria), que cantar el cara al sol en un bar (hoy ya no existe) y disparar al aire con una pistola que portaba yy….. ect ect ect.
No voy a entrar en si la condena que le han impuesto es grande o chica (tambien tengo mis ideas y soy de la opinion de que quien la hace que la pague), ..
Pero lo del telediario de ayer, me puso de una mala leche que voy a estar sin ver la tv mas de un año. En unas preguntas de los periodistas a nuestro presidente sr. Zapatero, contestoó que no estaba de acuerdo con la sentencia y que iba a llamar al padre de Mari Luz por telefóno.Pero so pedazo de cab…, has llamado a las victimas de DEJUANA para decirles que no estas de acuerdo con la sentencia?, has llamado alguna vez por telefono a alguna de las victimas de eta, para pedirles disculpas por negociar con los etarras?, has dicho alguna vez que no estas de acuerdo con la libertad de otegui, has llamado a los familiares de sus victimas? El Rajoy se ha expresado del mismo modo, son dos …….guales.