Para este martes, 21 de Octubre de 2008, la justicia en España se «congelará». Los secretarios judiciales celebrarán huelga y la mayoría de los jueces la secundarán, unos acudiendo a la Junta de Jueces estratégicamente convocada para dicha fecha y otros optando por aplicar el día de la «toga colgada». El detonante de tan insólita huelga viene dado por la sanción impuesta a la secretaria judicial del Juzgado Sevillano implicado en el caso Mariluz (tres años de suspensión de empleo y sueldo) y la que gravita sobre el juez Tirado (suspensión de su trabajo por sugerencia gubernamental) ya que ambas sanciones están jaleadas desde el propio Gobierno.
1. Y es el detonante, porque la carga explosiva ha venido acumulándose en el polvorín judicial en la última década. No puede el gobierno jugar impunemente a juegos artificiales y echar gasolina al material inflamable. Ello sin olvidar que la prensa, pese a su fundamento legítimo en el pluralismo y libertad de expresión, es tributaria de dos caprichosos señores: por un lado, el señor del mercado que impone vender mas ejemplares si los titulares hacen sangre, y por otro lado, los señores de la guerra política, ya que los periódicos independientes no sobreviven sin contar con publicidad institucional o sin soplos de los políticos y sin «fidelizar» ideológicamente su clientela. En el caso judicial oigamos la autorizada voz del Catedrático Alejandro Nieto, que en su valiente libro titulado «El desgobierno judicial» (Ed. Trotta, 2004) afirmaba gráficamente : » Para los periodistas no hay sentencias correctas o incorrectas, justificadas o arbitrarias, sino reaccionarias y hasta machistas o progresistas en el extremo opuesto. Con el agravante de que a la gratuidad de la acusación (huelga decir que los periódicos no tienen que razonar sus improperios y con frecuencia se percibe que no han leído siquiera la sentencia) ser añade la circunstancia de que la condena se pronuncia sin proceso previo y sin la garantía de la víctima. Al juez declarado culpable y expuesto en la picota no se le ha dado la más mínima posibilidad de defenderse o explicarse y en ninguna parte podrá desarrollar públicamente sus razones».
2. No se trata de llevar la cuestión de la huelga al quebradizo terreno jurídico de si los jueces son o no titulares del derecho a la huelga. Basta tener en cuenta que el art.28.2 de la Constitución española establece la regla general: » Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses». Bajo tal paraguas constitucional, nada ha impedido aplicar de forma analógica a los funcionarios el Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de Marzo, sobre la huelga de los trabajadores, y por idéntica razón nada impediría su aplicación a los jueces, funcionarios de cuerpos judiciales. Cosa diferente es que la Ley Orgánica del Poder Judicial pueda fijar condiciones o requisitos para el ejercicio del derecho, pero tal y como ha reseñado el Tribunal Constitucional, la ausencia de desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas no supone un aplazamiento o rechazo a su inmediata aplicación, ni tampoco pueden presumirse restricciones a la efectividad de los derechos fundamentales.
3. En cambio la situación reclama un análisis sociopolítico. En una profesión como la judicial, en que la «independencia» es una enfermedad profesional hasta el punto de que resulta significativo constatar que la mayoría de los jueces no pertenece a ninguna Asociación judicial, resulta altamente llamativo que se halla producido un unánime consenso en el rechazo a la intromisión política en la función jurisdiccional. Pero tal situación se ha cocido a fuego lento. No hace falta forzar la memoria para recordar que cuando el juez Marino Barbero pidió amparo judicial por la gravísima acusación de terrorista que le lanzó un cargo público, sólo obtuvo el silencio del Consejo General del Poder Judicial, lo que le llevó a renunciar por dignidad a la condición de magistrado («Clamé al cielo y no me oyó, y ya que sus puertas me cierra, de mis culpas en la tierra, responda el cielo que no yo», Tenorio dixit)
Tampoco podían ignorarse las gravísimas consecuencias de ese fraude a la Constitución ( santificado por la Sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986, de igual modo que los sumos sacerdotes aromatizaban las momias egipcias) que supuso dejar en manos de la intermediación del parlamento (o sea de los partidos políticos) la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, en vez de permitir lisa y llanamente que los jueces eligieran directamente a sus representantes, tal y como se derivaba de la letra y el espíritu de la Constitución (» Si no le gustan mis principios, tengo otros», Groucho dixit).
Todo ello se ha unido a lo que el manual del político trapacero enseña como primera lección: » Si una sentencia es favorable al interés politico, alabemos la justicia y al juez; si la sentencia no es favorable al interés político, alabemos la justicia pero critiquemos al juez» ( «Sólo me parece justo, lo que me da gusto», Bachiller Trapaza dixit). Y así de aquéllos polvos vienen estos lodos.
4. Por último, a Sevach le gustaría dejar claras tres circunstancias capitales que no deben pasar inadvertidas.
En primer lugar, el movimiento judicial de queja es espontáneo. Ha brotado de las bases judiciales, por clamor de jueces y magistrados, y por primera vez en la historia, ha merecido un comunicado expreso nada menos que del Tribunal Supremo (tradicionalmente reticiente a salir de su templo). Además, y esto es lo más llamativo, el cauce de gestación de la huelga ha sido a golpe de email corporativo. Esto es, no se trata de una queja promovida por el Consejo General del Poder Judicial ni por las Asociaciones Judiciales sino por «jueces de a pie».
En segundo lugar, el movimiento judicial no encierra pretensión retributiva alguna, sino que está luchando por la independencia de su función (lejos de la manipulación política), o sea, está ejerciendo un derecho en interés ajeno, el de la comunidad política. Es decir, no se trata de una queja egoísta y corporativa, sino por el bien de todos.
En tercer lugar, el movimiento judicial encierra un clamor para que la comunidad se entere que, por encima de cifras y Memorias grandilocuentes manejadas por el Ministerio de Justicia, y por el autobombo de la buena justicia que tiene España, lo cierto es que existe una sobrecarga judicial insostenible, y cuando la Constitución establece el derecho a la tutela judicial efectiva, está pensando en una justicia a tiempo, no en una justicia a cámara lenta, donde los trámites se cuentan por meses y donde el justiciable abandona toda esperanza.¡ Cúantos pleitos no se inician por voluntario desistimiento, ante el túnel del tiempo judicial!, ¡Cuantos jueces mascullan de impotencia por tener que resolver litigios sobre legajos históricos, sin interés ni actualidad!,¡ Cúantos magistrados padecen insomnio por. los asuntos que yacen sobre su mesa, y se lamentan de que el día no tenga 100 horas o no posean brazos ramificados en tentáculos!, ¡ Cúantos abogados tienen difícil explicarle a su cliente porqué su pleito durará muchos años, y más difícil es advertirle qué hay un factor ajeno a la justicia que podrá condicionar el desenlace: la sobrecarga judicial que impida el pleno estudio y reflexión por el juez!.
La lástima es que la revolución de los jueces sea «flor de un día», ya que el resultado del día después serán otra vez las rutinas, las sobrecargas judiciales y un Ministro Bermejo tan exultante como insultante. Una pena que otra vez triunfará la demagogia sobre el Derecho.
La responsabilidad no es de un juez o un secretario en concreto, nos encontramos ante los fallos del gran sistema judicial de nuestro país, que ha arrastrado hacia la desidia a una buena parte de los que reclaman y de los que administran justicia. Qué lástima que sólo nos demos cuenta de los problemas reales cuando suceden cosas como ésta.
Para empezar decir que apoyo las medidas adoptadas por Jueces y Secretarios; y dicho esto, una vez mas nos encontramos la justicia en el ojo del huracán; y lo malo es que continuará así hasta que alguien decida coger el toro por los cuernos y tomar dos medidas que, desde mi punto de vista me parecen imprescindibles:
2. Fundamental: Establecer un poder judicial independiente, sin ingerencias políticas, ni a través del Consejo General del Poder Judicial, ni a través del Ministerio Fiscal.
2. Imprescindible: Dotar económicamente el sistema, con medios personales y materiales.
No se porqué, pero parece ser que a ningún gobierno le interesa que la justicia funcione.
En cuanto a la parada de hoy, es algo simbólico, que tiene mucha repercusión en los medios y poco efecto real. Se han suspendido algunos juicios señalados para hoy, pero los funcionarios han seguido trabajando, por lo que el trabajo sale, Jueces y Secretarios, en lugar de firmar hoy, firmarán mañana y no habrá ninguna diferencia.
Me llama la atención la diferencia con la reciente huelga de funcionarios. Éstos sí que paralizaron el sistema, y la prensa tardó más de un mes en enterarse del problema, y el Gobierno tardó dos meses en solucionarlo.
Mal futuro veo para la justicia, cuando el Ministro, ante un fallo flagrante del sistema, en lugar asumir su responsabilidad y solucionarlo, su única preocupación es hechar balones fuera y descargar su responsabilidad en los trabajadores. Por no hablar de la Junta que no nombró ningún interino.
Afortunadamente, no había ningún funcionario en el puesto, ya que la sanción que para el Magistrado es de 1.500 € y para el secretario son 3 años de suspensión de empleo y sueldo; para el funcionario, y vistas las ganas que tiene el Ministro de hacer sangre, la sanción prevista es de 3 a 6 años de suspensión de empleo y sueldo o la separación del servicio.
Paradógico este sistema que castiga más al «mandao» que al que «manda».
Ya que la carga judicial es insostenible ¿y si también se reivindica que todo trabajador de Justicia esté en su mesa a las ocho y salga a las tres -jueces y secretarios los primeros para dar ejemplo, of course- como cualquier otro funcionario público?
Es que me parece a mí que no es nada beneficioso para aminorar esa carga judicial insostenible llegar al trabajo a las 10 y que a las dos todo el mundo esté en la calle; tampoco me parece beneficioso que el juez vaya al juzgado únicamente los días que tiene vistas, o que un agente gaste toda una mañana en practicar una notificación, etc.
Tengo una imagen pésima de los trabajadores de la Justicia, tanto por su corporativismo, o su peculiar cumplimiento de los horarios, como por considerarse por encima del bien y del mal o mirar por encima del hombro a cualquier profesional no jurídico; y no creo que sea moderno ese dicho de que ¡Dios nos libre de la Justicia y de todos los curiales que la rodean! Vamos, que algo debe llevar el agua cuando la maldicen, digo bendicen.
No hay peores funcionarios que los de la Administración de Justicia. Los únicos que no fichan, que se toman descansos de dos horas, -de hecho, no se te ocurra ir a un Juzgado de 11.00 a 13.00 porque no va a estar la funcionaria de turno.( Digo funcionarias porque el 90% son mujeres y Secretarias, el 95%).permisos especiales reconocidos en la LOPJ, etc, etc.
Lo que menos les importa es la violación y el asesinato de una niña, causados exclusivamente por su propia incompetencia.
¿Hasta cuando vamos a tener que soportar esta situación? ¿Cúando vamos a orientar la justicia como un verdadero «Servicio publico» en vez de ampararse tanto en un sacrosanto poder judicial que se ha revelado incompetente,sectario, corporativista, arrogante y contrario a los mas elementales principios democráticos?.
Alegret.
http://www.trabajodeextranjerosenespana.com
Apreciado Sevach, esta vez no vamos a estar de acuerdo:
http://www.iabogado.com/esp/blogcfm/1/2008/10/Los-superferolticos-secretarios-judiciales-se-ponen-de-pseudohuelga.cfm
Yo estoy de acuerdo con lo que manifiesta la entrada.
El gobierno, el líder de la oposición y la Junta de Andalucía se han puesto de acuerdo en cortar cabezas de chivos expiatorios para quedar bien ente los pobres padres de Mariluz Cortés y ante una parte de la opinión pública.
Quieren manifestarse sensibles y contundentes, y por ello hacen sus necesidades encima de una resolución del CGPJ (pisotean el Estado de Derecho) y se pronuncian pidiendo dos orejas y rabo…
El Juzgado de Tirado acababa de pasar sin mayores incidencias una inspección del CGPJ….El Juez Tirado ha estado trabajando sin medios; con un ordenador -según me dicen- en su despacho pagado de su bolsillo.
La Justicia en España -y en Andalucía en concreto- está totalmente huérfana de medios técnicos, personales y materiales.
¿Por qué no se ha invertido -como sí se ha hecho en la AEAT- en que todos los Juzgados, Tribunales, la Policía y la Admón Penitenciaria estén conectados informáticamente?
¿Quién se ha preocupado en este País en dotar a los Juzgados de Paz que están en su mayoría en manos de AFICIONADOS?
¿Quién se las va a dar ahora de nuevas al saber cómo están los archivos de los Juzgados y Tribunales y por la ausencia de programas informáticos centralizados de control de expedientes y de ejecutorias?
¿Por qué no se ha trabajado más y mejor el tema de recursos humanos en la Admón de Justicia? ¿Por qué no hay controles horarios? ¿Por qué tienen una bolsa tan extremadamente alta de interinos?
Todo esto me parece un ejercicio de cinismo descomunal…
No obstante, creo que el asunto requiere una reflexión de todos, también y muy especialmente de los Jueces…Al menos por dos razones:
1ª.-Porque se han puesto «con los brazos en jarra» sólo cuando han tocado a uno de los suyos…Hubiese sido mucho más digna su protesta si ésta hubiera sido sin más por la situación límite de la justicia.
2ª.-Porque los jueces en ocasiones son prepotentes con el resto de los mortales y en el fondo -por su status- son unos privilegiados, ya que si todo esto que se ahora se achaca al Juzgado de Tirado hubiese dependido de funcionarios ajenos al Poder Judicial seguramente algún Juez habría decretado la inmediata imputación de posibles responsables y no sé cuantas otras medidas cautelares incluído su posible ingreso en prisión..por su puesto sin entrar a valorar los medios materiales y personales con que cuentan esos hipotéticos funcionarios no judiciales.
Evidentemente el que debería ser SERVIVICIO PUBLIC DE LA JUSTICIA, no es tal y ¿por que? me pregunto. Analicemos la penal va que tira, total encerran a unos cuantos infelices.Habrá pocas protestas. La civil, eso son temas menores, a mi no me atañe, total que dos o doscientos no se pongan de acuerdo en un contrato o en una propiedad en comun, La contencioso administrativa. Tampoco es para tanto, la Administración casi siempre tiene razón y si no vaya usted a l Tribunal Supremo. Total ya nos veremos al ejecutar la sentencia. La laboral, va medianamente bien, servida por jueces «progres» que hacen su trabajo mas o menos. etc etc
Pero sigue faltando un servicio publico. Hacen leyes -vease LEC – en la que la mayor parte de la ley esta en las disposiciones transitorias que trasncurridos para ocho años aun no se han puesto a funcionar.Un desastre, un parcheo continuo y un «deja la burra mear que meando escansa»
Por ultimo un recuerdo a don Marino -uno de los mejores jueces que ha tenido España – y a sus consejos: «Mire … acaba usted de obtener algo importante, muy importante(…), ahora le van a querer utilizar, sea usted siempre independiente».
Amigo Maximilien Robespierre:
Estoy de acuerdo con lo que dices. Pero querría poder el dedo en la llaga sobre algo que muchas veces los gobernantes no entienden, o no quieren entender.
Para mejorar una organización hace falta organizar, planificar, adoptar medidas, dotar de medios (personales y materiales), y gestionar.
Puede ser necesario aprobar nuevas normas, pero las normas por sí solas no son suficientes.
Muchas de las cosas en que la sociedad necesita una gran mejora no dependen de que se dicten nuevas normas, sino que las que pueda haber se cumplan, de que se doten los medios, de que se planifique y de que se gestione.
Nuestros representantes políticos padecen a menudo de diarrea normativa, todo lo quieren solucionar con normas, y se trata también muchas veces de gestionar, dotar y planificar.
¿Ejemplos? Pues todas esas normas que regulan cosas importantísimas sin dotación de medios ni estructura organizativa adecuada….Ley de Dependencia, Legislación Mediambiental en Andalucía, etc.
Completamente de acuerdo con um mj.
Legislar es gratis y puede ser muy populista decir que se van a dar ayudas, que se van a crear organismos… Todo eso está muy bien para hacerse la foto el día que lo anuncian. Pero luego cuando llega el momento, las condiciones para acceder a esas ayudas son imposibles, los organismos creados no tienen presupuestos para actuar…
El problema es que no se dota económicamente la aplicación de esas leyes. Esto mismo extrapolado a la administración de justicia explica que la tan cacareada modernización de la justicia no existe, porque cambiar los programas y sistemas informáticos cuesta dinero. Poner en funcionamiento la nueva oficina judicial implica adecuar los edificios y en muchos casos hacerlos completamente nuevos.
No se puede hacer todo esto sin meter dinero; y parece ser que lo principal es que sea barato. Para muestra un ejemplo, la empresa encargada del mantenimiento informático (CAU) que funcionaba muy bien, le han rescindido el contrato y no se renovará el próximo año. Al parecer ha hecho una oferta mejor UNA EMPRESA DE TRASPORTES.
Lo que nos hace falta son profesionales ponderados, prudentes, que pongan paz e inteligencia en todo esto, como el amigo «Alegret»: «no hay peores funcionarios que los de la Administración de Justicia» (¿por qué?: porque él lo dice); «los únicos que no fichan» (está seguro o es lo primero que se le ha ocurrido?); «se toman descansos de dos horas» (¿tan desocupado está que mide el tiempo que tardan en tomar café?).
Lo mejor de todo es que estos funcionarios tan vagos son además unos desalmados, ya que «lo que menos les importa es la violación y el asesinato de una niña, causados exclusivamente por su propia incompetencia», imputación realmente descomunal, que se extiende a varias decenas de miles de personas, a las que condena sin juicio como carentes de sentimientos humanos elementales.
El final tampoco tiene desperdicio: el «poder judicial» (¿a quién se refiere exactamente?) «se ha revelado incompetente, sectario, corporativista, arrogante y contrario a los mas elementales principios democráticos». Como se trata de una «revelación», es posible que no todo el mundo la haya recibido, como ocurrió con las apariciones de Fátima, cuyo auditorio se limitó a unas pastorcillas.
En fin, imposible mayor acumulación de tópicos falsos en tan poco espacio, pero de ser cierto -como parece- que quien escribe tal exabrupto es un abogagdo, esto también nos da una pista sobre otra causa fundamental, generalmente ignorada, del desbarajuste judicial: la escasa formación y la muy mala intención de un porcentaje considerable de abogados.