De la irresistible presunción de culpabilidad de los empleados públicos

Un chico fallece a manos de un matón de discoteca y se abre la cacería del funcionario, concejal o Alcalde que toleraban la apertura del local. Un enfermo terminal fallece en la mesa de operaciones y la familia pide la cabeza del cirujano. Un delincuente condenado y con orden de «busca y captura» mata una indefensa niña y hay que ensañarse con el juez que condenó al asesino. Una reina anuncia su libro autobiográfico a bombo y platillo pero como se deslizan cuestiones políticamente incorrectas hay que buscar un culpable entre los funcionarios de la Casa del Rey. Veamos lo que hay bajo el volcán.

1. Partamos de que si hay desidia o grave negligencia de las autoridades o funcionarios, hay que investigar y depurar responsabilidades de todo orden. Para eso están y para eso cobran. Pero una cosa es la «tolerancia cero» con los empleados públicos dañinos, y otra muy diferente el que siempre que un incidente implica o roza a la Administración pública, el funcionario o autoridad de turno siente el aliento en la nuca de los jurados populares y el rugido de la turba hacia la fiesta de la lapidación, aunque se trate de casos que no resistan la imputación penal ni en términos lógicos ni mucho menos jurídicos.

2. Y es que la leyenda negra burocrática lleva a que el común ciudadano ante unos mismos hechos cometidos por una empresa privada o por una empresa pública, trate con mayor rigor a lo público (lo que es comprensible ya que es asunto de todos) pero también se instala en una presunción de culpabilidad de cualesquiera funcionario o autoridad (lo que no resulta lógico ni justo). Por ejemplo, si un conductor de un autobús de una empresa privada de Transportes saca a patadas a un pasajero, el Juan Español pensará en el severo castigo que merece el energúmeno pero sin plantearse la responsabilidad penal del empresario de transportes por tales lesiones. En cambio, si un conductor de un autobús municipal comete idéntica salvajada, nuestro Juan Español no sólo pedirá severo castigo para el vándalo sino que pedirá a golpe de café y tertulia, con la complicidad de los medios de comunicación (un buen titular bien lo merece), la cabeza del concejal, del alcalde o del Jefe de Servicio de Transportes; y además, la familia de la víctima si la tientan un poquito, incluso conseguirá sentar en el banquillo al funcionario o al Alcalde. Quizás todo se archive, pero el mal trago no se lo quitan a nadie.

3. Estas situaciones están provocando en la Administración pública el síndrome del tocólogo,tal y como ha bautizado Sevach a esa conducta notoria en la última década de buena parte de médicos que a la hora de atender un parto, y para evitar posibles responsabilidades civiles, acuden directamente al cómodo tajo de la cesárea que garantiza un bebé escurridizo y bello, en vez de una laboriosa extracción del bebé y que puede acarrear eventuales complicaciones (improbables pero posibles, y es que no es lo mismo «posibilidad» que «probabilidad»). Pues bien, ese «síndrome del tocólogo», trasladado al ámbito de la Administración Pública significa que el secretario general municipal, interventor, letrado, arquitecto o Jefe administrativo, a la hora de emitir sus informes ante una situación de hecho concreta, procurarán no sólo verter su ciencia sino que en las conclusiones, en los casos en que pudiera adoptarse una medida alternativa, se cuidarán y mucho de proponer la medida de «cortar por lo sano, por si acaso» . O sea, ante una infracción de ruidos habrá que proponer la clausura en vez de la multa; ante una edificación ruinosa, habrá que enfatizar su urgente demolición en vez de limitarse a proponer medidas de conservación; si existe un contrato administrativo con irregularidades ( cosa frecuente dado lo exhaustivo de la normativa pública) habrá que sugerir que el contrato está viciado gravemente por si algún día el contratista mete la pata en su trabajo; y en definitiva, siempre será más cómodo para el funcionario trasladar a la autoridad pública la responsabilidad de la decisión final, mientras nuestro buen funcionario se lava las manos como Pilatos.

4. Es más, un fenómeno reciente en el ámbito judicial es el que se da con la aplicación de la Ley de Violencia Doméstica, donde…¡Ay del juez que de forma automática, nada mas recibir la denuncia del varón por supuesto maltrato, no adopte de forma sumaria la inmediata detención del acusado y disponga la separación física de su domicilio y de su prole!. No importa si hay o no un mínimo indicio de fundamento, ni si el denunciado es un hombre de probidad notoria, ni si existen sospechas fundadas de denuncias tejidas con mala fe, pues el Juez prudente (consigo mismo, y por si le toca ese mínimo porcentaje de los denunciados que suelto es un peligro real) hará caer sobre el denunciado todas las penas del infierno ( aunque el propio juez intuya en su fuero interno que finalmente todo quedará con una absolución, que llegará tardíamente: cuando las medidas cautelares han provocado daños irreparables).

5. Con esto Sevach no quiere condenar a los funcionarios ni santificar a las autoridades. Sencillamente constata una creciente tendencia burocrática a la hora de emitir informes, que resulta humanamente comprensible (nadar y guardar la ropa) pero jurídicamente reprochable ya que la objetividad que debe inspirar al funcionario ha de llevarle a formular alternativas y efectuar propuestas fundadas, no en el sentimiento sino en la razón. En definitiva, no hay que proponer la amputación si se puede salvar la pierna, y mal médico sería el que siempre recomendase la amputación. Y casos, haberlos haylos. Conoce Sevach a cierto arquitecto que bloqueaba con informes negativos prácticamente todas las iniciativas de su Consejero autonómico, pero curiosamente su percepción cambió cuando fue nombrado Director General de Urbanismo, momento en que montaba en cólera por el «inadmisible chantaje» del arquitecto autonómico, que ahora le sustituía en sus pasadas labores, y ahora dedicado según él, «a meter el palo entre las ruedas». Y otro caso similar recuerda Sevach respecto de cierto jurista del Cuerpo Superior de Administradores Civiles cuya perspectiva cambió cuando pasó a ocupar una Secretaría Técnica, ascenso que le convirtió en azote de los técnicos no flexibles a los fines políticos.

6. En estas situaciones patológicas (que afortunadamente no son la regla sino la excepción, aunque creciente) es donde hay que buscar el origen del abuso normativo ( y aplicativo) en el régimen de provisión de libre designación para los cargos públicos. La receta frente al corporativismo, los altos cuerpos de funcionarios, así como frente a algún soberbio funcionario de élite, fue generalizar la libre designación incluso en ámbitos que tradicionalmente eran santuario del control de legalidad ( el caso sangrante de los secretarios e interventores de grandes Ayuntamientos). El fin del concurso de méritos para altos cargos funcionariales fue una respuesta politica. Algo así como el sultán que quiso acabar con la epidemia por el expeditivo sistema de decapitar a los médicos que la diagnosticaban.
Y es que, es cierto que en unos casos, la técnica de la libre designación busca librarse de un técnico molesto («al rey no le gustan las negativas ni de su propio médico»), pero en otros casos busca librarse de un técnico inútil y sin visión institucional, que de forma sistemática no da soluciones y sólo llega a conclusiones apocalípticas. Hay de todo en las viñas administrativas.

7. En definitiva, a la vista de los juicios mediáticos con que nos despacha la prensa y las cadenas televisivas a diario, diríase que el pueblo dejaría libre a Barrabás con tal de que no perder la oportunidad de condenar a un inocente. Y frente a ello sólo cabe inyectar más sentido común y menos ligereza en las condenas populares. Para ello, basta con esperar a que la investigación imparcial (no la periodística ni la acometida por la víctima) arroje luz sobre la cuestión y después, entonces sí, arremeter con todo el peso de la Ley frente al culpable. Pero si le condenamos antes, y sobre la base del rumor y la algarada, quizás habría que pensar que no debe la ciencia buscar ya el eslabón perdido entre simio y antropoide que preocupaba a Darwin: ¡somos nosotros!.