Se acaba de publicar el Diccionario Progre por el psicólogo Mario Flores Martínez (Ed.Jirones de Azul). Entre otras cuestiones de interés alude a la utilización capciosa de la expresión “sostenible” que en el mundo del derecho es un comodín que garantiza al político que lo maneja la complacencia de la opinión pública. Así se habla de “ Medio Ambiente Sostenible”, “ Urbanismo Sostenible” o incluso de “ Sanidad sostenible”. La Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo perfiló la definición de “sociedad sostenible” como aquella que «atiende las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para hacerse cargo de sus propias necesidades».
Para Sevach hablar de “lo sostenible” en la Administración Pública es como jugar con naipes a las siete y media ( lo insostenible resulta si no llegas o te pasas), de forma que hay que acelerar la locomotora de lo público intentando evitar que se descarrile o que se ocasionen mas perjuicios que beneficios). Reflexionando sobre ello Sevach se plantea acuñar un nuevo concepto, el de Estado de Derecho Sostenible, para determinar si el actual Pandemonium jurídico resulta “sostenible” a la vista de la formalmente reconocida recesión económica, o si por el contrario nuestro Ordenamiento Jurídico avanza hacia un “colapso” brutal.
1. Pues bien, en tiempos de crisis económica que ya muestra su duro rostro de «recesión» cabe plantearse si el Estado de Derecho, caracterizado por el imperio de la ley como expresión de la voluntad general puede volverse insostenible. Me explico. Las leyes pretenden cambios sociales y las leyes administrativas cuestan dinero. En los tiempos de vacas gordas hemos asistido a una proliferación de leyes cargadas de Planes, Programas, Registros, Inspectores, subvenciones, limitaciones, creación de Agencias y Consorcios, y un sinfín de medidas con cargo a los fondos públicos. Todas esas leyes nacieron bienintencionadas y en la creencia del respaldo presupuestario para su efectividad. No han faltado memorias económicas ni dictámenes de consejos económicos que han avalado la viabilidad a corto y medio plazo de la Ley. Sin embargo, esas leyes cargadas de buenos deseos y compromisos de gastos se han tropezado con una crisis económica colosal. Son leyes que perecerán de inanición.
2. El problema viene dado porque no existe una elasticidad de las leyes, que cuando hay bonanza se produzca un aumento automático del gasto que comporta y que cuando hay crisis se minoren sus costes. La consecuencia de leyes “huecas” (sin desarrollar, o desarrolladas pero sin financiación) es insatisfacción ciudadana, la crítica pública y una posible judicialización de las demandas ciudadanas frente al efecto de leyes que no logran pasar del escaparate del BOE digital. Veamoslo con tres ejemplos paradigmáticos.
A) El primer caso es el del Estatuto Básico del Empleado Público ( Ley 7/2007, de 12 de Abril). Es una ley que nació antes de vislumbrarse el agujero económico y contempló el necesario complemento de leyes de cada Administración en su desarrollo, y lo que es más preocupante incluyó medidas costosas tales como la implantación de la carrera profesional (con su complemento), el reconocimiento de trienios al personal interino, la jubilación parcial de los funcionarios, un generoso régimen de permisos retribuidos y vacaciones, sin olvidar unas jugosas garantías retributivas para los funcionarios que ocupan cargos políticos.
Pues bien, transcurridos casi dos años desde su aprobación, el Estado, que debía actuar de buque insignia para marcar orientaciones a las Comunidades Autónomas y evitar el “tocata y fuga “ autonómica, no ha aprobado su ley de desarrollo, y las Comunidades Autónomas en su inmensa mayoría buscan subterfugios para seguir aparcando sus leyes de desarrollo. Todos saben que una nueva Ley sobre función pública, sintiendo el aliento sindical en la nuca, cuesta dinero, y mucho.
B) El segundo caso es el de la llamada Ley de Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre). Es una ley que sembró vientos de gozo en miles de personas desamparadas y está cosechando tempestades. Las previsiones de costes de la Ley se han visto sobrepasadas por un exceso de demandantes, y la escasa infraestructura burocrática para atender el aluvión de solicitudes, lo que ha dado lugar a un auténtico colapso administrativo en que los que no han obtenido respuesta se desesperan y los que la han obtenido quedan descontentos por la menguada y restrictiva ayuda. Una ley asentada sobre un calendario a largo plazo de implantación, y contando con la cofinanciación autonómica, se ha tropezado con la crisis y el cerrojazo al cajón público. En definitiva, una Ley incómoda de gestionar y financieramente insoportable.
C) El tercer caso es el de las leyes medioambientales. Sabemos que los derechos de medioambiente pertenecen a los llamados “derechos de tercera generación”. Son derechos cuya implantación supone generalmente limitaciones a la actividad económica nociva o de riesgo. Pues bien, la Ley del Ruido ( Ley 37/03), la Ley de la Calidad del Aire ( Ley 34/2007) o la Ley de Patrimonio Natural y Biodversidad ( Ley 42/07) son leyes de magnífica factura y plenamente ajustadas a la sociedad del bienestar.
Sin embargo en tiempos de crisis, tales leyes medioambientales apoyadas en la aprobación de Planes y Programas cargados de restricciones, en paquetes de subvenciones anunciados, o en la previsión de la imposición de severas sanciones, serán difícilmente viables en tiempos de recesión. Y por supuesto, no se contempla una especie de suspensión de vigencia o “amnistía tácita”.
3. Sevach podría añadir muchos mas casos pero se trata solamente de ejemplos testimoniales de como hoy día el Estado de Derecho vive por encima de sus posibilidades. Por eso habrá que plantearse si habrá que postular un Estado de Derecho Sostenible. O sea un Estado donde impere la legalidad democrática, pero donde las leyes cuenten con respaldo económico para su desarrollo y efectiva aplicación. Habrá que buscar una fórmula o técnica legislativa que permita algo parecido a unas “leyes acordeón”, que se acomoden en su fuerza y vigencia a las situaciones económicas extremas. Lo contrario es un Estado de Derecho de papel, un paripé que lesiona la credibilidad del ciudadano en la Justicia, pues si malo es que las leyes sean prudentes y se queden cortas, peor resultan las leyes ambiciosas pero que fallan como escopeta de feria falta de munición. Y para mas inri, podemos añadir las consecuencias de la sabia afirmación de mi admirado profesor Sosa Wagner cuando observó que «Cuando el político no sabe qué hacer, anuncia un ley, y si lo que sufre es un despiste monumental, entonces lo que anuncia es la reforma de la Constitución».
No quiere Sevach ser visionario ni apocalíptico sino sencillamente alertar de que el Estado de Derecho por ese camino frenético puede llegar al Estado de Derecho colapsado, y todos sabemos lo que sucedió con la cultura maya cuando alcanzó el colapso su civilización.
P.D. Muy sabrosa y recomendable la breve presentación el citado Diccionario Progre que podéís hallar aquí.
Un Estado de Derecho sostenible es como la familia sostenible, ha de estar bien administrado y la madre Administración ha de decir si hay dinero y si las cosas se pueden hacer y cómo. Hoy la Administración pública no existe, administradores al servicio de los políticos sí.
De lo poco bueno que tuvo el franquismo, me quedo con la idea del Gobierno de tecnócratas; tendrían sus defectos pero en general eran de elevado nivel, buenos administradores y por razones obvias nada «cortoplacistas». Desgraciadamente en España se ha repetido el problema de siempre: Se hacen leyes irreales y luego por la via de hecho se les dá la vuelta y se acaba con el sistema contrario. Nuestro Gobierno es un buen ejemplo…aqui nadie lo ha elegido de forma directa -porque se vota a los Diputados y no al Presidente del Gobierno- pero vivimos «de facto» en un presidencialismo brutal, en que el candidato de cada partido hace descarada campaña presidencialista y hasta existen debates con el candidato rival, cuando no se les elige a ellos, sino al parlamento. O sea, se votan ideas y políticas, no gestiones….y son las Cortes luego las que comisionan al Gobierno para que gestione.
Si el sistema funcionara como debe, el Congreso debería poder dar y quitar confianza al Gobierno sin necesidad de cambio de mapa político (elecciones), y de hecho sería mucho mas ventajoso. Pero en la práctica, hacer campaña «presidencialista» desvincula al diputado respecto los votantes de su circunscripción y le convierte en rehén del éxito del Gobierno comisionado. Que ironía….quienes son elegidos directamente por el pueblo soberano (Diputados) dependen de quien no es elegido de forma directa (Gobierno) para sobrevivir políticamente.
Yo quisiera un sistema real en que el PSOE no tuviera que pagar los platos rotos de la gestión de ZP de la crisis (nefasta), ni el PP la de Aznar con el tema Irak/atentados del 11-M (igualmente nefasta). Un sistema en que las ideas prevalecieran, y cuando el Gobierno se empantana o muestra su incapacidad, las Cortes nombraran otro mas capaz del mismo partido que el inicial, sin que eso sea un cataclismo político (Imaginad la retirada de confianza por el PSOE en las Cortes a ZP, poniendo en su lugar a Almunia, por ejemplo). Un sistema en que el ciudadano medio pudiera votar ideas y políticas estables, y en que las Cortes pudieran de verdad fiscalizar la acción del Gobierno sin miedo a que eso tenga repercusiones en el resultado electoral, sino al contrario. En definitiva, un sistema en que yo pueda votar ideas, no gestión, y quienes las representan elijan en mi nombre al mejor gestor y lo quiten si no funciona.
Pero nada de eso es posible a pesar de ser exactamente lo que la Constitución prevé … porque esto es España. Y asi nos va.
Saludos
Yo propondría a todos nuestros legisladores: europeos, nacionales y regionales, contención en la acción legisladora!. Efectivamente, existe saturación normativa. Deberíamos centrarnos en intentar poner orden en lo que tenemos, por ejemplo, cumpliendo rectamente una mínima parte de lo que ya está en vigor. Como muy bien dice Sevach, hay leyes como el EBEP, que son radicalmente incompatibles con la actuañ situación económica. En tiempos en los que la seguridad social está a las puertas del déficit, fomentar jubulaciones parciales, es decir, hacer que aumente el número de beneficiarios de prestaciones de la seguridad social, es una barbaridad. En nuestra querida Albania particular, también conocida como Asturias, no nos damos por enterados de la situación económica que vivimos. Mientras la cuerda no rompa, seguimos tirando. El último gesto de derroche incompatible con la gestión eficiente: puesta en marcha del Instituto Asturiano de Estadística ( un organismo autónomo perfectamente prescindible pero que nos va a costar decenas de millones de euros). El siguiente proyectado es otro organismo público para gestionar los puertos del Principado. ¿ A nadie se le cae la cara de vergüenza?
¿hasta que punto la culpa es también algo nuestra? en España las zonas agrícolas, desde la entrada en la UE ganan mas del Estado que de la propia tierra; y no digamos en Asturias con la reconversión. ¡¡¡Todos a Madrid a pedir!!! , mientras hay dinero y se pueden comprar los votos con subvenciones todo va bien, pero cuando se agota el manantial ¿que hacer?; por otro lado ¿hasta que punto era previsible la crisis para un País donde entraba el dinero a espuertas de manos de las licencias de obras; los impuestos de bienes inmuebles;los IAEs; etc?.Sobraba dinero público y todos hablábamos del paraíso francés donde te daban dinero por cada hijo, por alquilar un piso, por usar los pasos de cebra……además de unos sueldos tremendos y unas hipotecas raseadas al máximo desde muchos años antes. El Estado de bienestar estaba instaurado completamente en la Europa rica y nosotros nos acercábamos a ella cegados completamente por una economía de tsunami, arrasándolo todo, inundando bancos,hogares y, sobremanera, administraciones públicas de dinero descontrolado, estábamos muy cerca del milagro francés, que nos dieran dinero hasta por respirar y así se lo exigimos a un gobierno blandengue que no supo decir, no que ni hablar, sino que mas despacio.
Hemos puesto el voto a un precio desorbitado, ¿empezarán las rebajas?
Policía local, ojalá que el dinero deje de llegar. Es duro decirlo, pero lo mejor que le puede pasar a Asturias es que dejemos de ser una región subsidiada hasta la náusea. El día que tengamos que arreglárnoslas con lo que tenemos, a lo mejor empezamos a tener comportamientos responsables, con menos derroches y más efiacia en la gestión.
Aquí, en Asturias, y me figuro que en el resto de España, siempre hemos tenido una rara relación con Europa; les veiamos mas preparados, mejores gestores, mas serios y eficientes, y nosotros nos veiamos como el pariente «jeta», nos parecíamos a aquel cuñado de las histrietas del «Tio Vivo», los Martinez o algo así, el cuñado siempre estaba tumbado en el sofá y su hermana lo defendía de las iras de su marido, con lo que contribuía aún mas a la gandulez de «Pepón».
Hace tiempo me contaron una anécdota que voy a transcribir ya que creo que es significativa de nuestra relación con los parientes ricos.
Cuando se construyó una empresa de las emblemáticas asturianas, vinieron ingenieros alemanes para supervisar el proceso de montaje de la misma y, entre otras instalaciones había que montar unos hornos y un tren contínuo que llevaba una cabecera que, por lo que sea, tenía multitud de remaches. La persona que mo contó esto trabajaba en la empresa que debía acometer esa tarea y tenía órdenes del ingeniero alemán de que todos los remaches deberían estar perfectos. Para controlar que eso ocurriera el mencionado ingeniero tenía un martillo pequeño y pasaba por la obra con precisión alemana cada tres horas, ni un minuto mas ni un minuto menos. En una de las pasadas sacó el martillo y fué golpeando, uno a uno, todos los remaches esperando escuchar un sonido limpio en cada uno de ellos y, cuando no era así, con una tiza marcaba el remache defectuoso y decía que había que volver a ponerlo y que en la siguiente visita revisaría todos los marcados paracomprobar que se habían hecho bien.
Pues bien, nada mas que el técnico extranjero abandonaba la estancia , lo obreros disponian de tres horas para solucionarlo y tenía dos opciones; la primera consistía en sacar los remaches defectuosos y volverlos a poner y la segunda en coger un trapo mojado, limpiar la marca de tiza y, con otra tiza, marcar los remaches que habían pasado aquella «ITV» con resultado favorable para que, al ser comprobados en la segunda visita sonaran de maravilla, sacar el vino y los bocadillos y tumbarse a la bartola.
PREGUNTA:
¿que opción de los dos posibles fué la que adoptaron?
Otro ejemplo de ley moderna pero que ya veremos cómo sobrevive al virus de la crisis es la Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Entró en vigor el 24 de junio del 2007, cuando todavía no se intuía la crisis, y ya entonces la disposición final tercera preveía que “los derechos reconocidos en el artículo 6 podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de competencia de las diversas Administracion Estatal a partir del 31 de diciembre de 2009”. Para las Administraciones de las Comunidades Autónomas y para la Administración Local , ello dependería de sus posibilidades presupuestarias.
Conociendo lo difícil que resulta planificar e introducir cambios en la maquinaria administrativa cumpliendo los plazos establecidos, me gustaría saber si podremos ejercer el derecho a relacionarse con la Administración por medios electrónicos, utilizar los procedimiento, registros y notificación electrónicos de forma generalizada.
Pienso especialmente en trámites y procedimientos con Ayuntamientos y con Administraciones que nos hagan más fácil la vida y que no tengan por objeto el pago del ciudadano de tributos, o exacciones varías. Imagino poder consultar mi expediente médico o el resultado de unas pruebas médicas, votar, hacer la matrícula del colegio de los niños electrónicamente .
De acuerdo con los intervinientes. Mi granito de arena consiste en comentar cómo los técnicos de la administración (al menos de la autonómica que conozco) gente titulada, de buena preparación y que «ya» es funcionaria, tiene que demostrar que «puede» hacer cosas promoviendo a través del gobierno, como es natural, leyes, reglamentos, ordenes.. que van interviniendo. En lugar de unas cuantas reglas simples y claras, lo que tenemos son leyes autonómicas que desarrollan las del estado (o las sustituyen, porque las CCAA son «diferentes») y luego reglamentos cada vez más intervencionistas, chapuceras, contradictorias… Las empresas ya trabajan paa la administración. El secrdtario o técnico municipal de villacoxoness de arriba tiene suficientes argumentos /legalidad urbanística, protección de la naturaleza, de las personas, etc… como para decidir si se pone o no, y donde, cualquier actividad (no hablamos de una central nuclear), o al menos, poner tantos inconvenientes como para que a la gente no le merezca la pena discutir, y «ceda» a las exigencias del funcionario de turno (muchas veces lindantes con la prevaricación.. pero ahí está la protección que la ley dispensa al funcionario, en perjuicio del ciudadano normal, que lo que tiene que hacer es cumplir y pagar).
Esto es un marasmo: ahora resulta que la actividad económica hay que premiarla, pero todo son inconvenientes, criterios presuntamente «objetivos» impiden, una y otra vez, que las cosas marchen, que las ideas puedan desarrollarse: que no tegamos que gastar dinero tiempo y energía en abogados, en pleitos, en juicios.
Las leyes que intervienen en la actividad económica, del tipo que sea, deben, en caso de existir, ser simples y claras. Un ejemplo: el marasmo de normas urbanísticas estatales y autómicas y municipales,, a distintos niveles, mutables, solapadas una en otra y sometidas a interpretaciones nada razonables de un Secretario sustituto, de un arquitecto que defiende a su gremio, d eun Alcalde que «se la tiene jurada» al solicitate de una licencia (cainita realidad española que la Ley permite) La norma urbanística, encubre -en realidad crea, consagra y defiende- el intolerable ejercicio de un poder que CUESTA DINERO (unos treinta años de los ingresos de un españolito de a pie), un dinero que no se puede invertir en crear ahorro, ni empleo, ni inversión en sectores de verdad productivos, sino en impuestos, tasas, honorarios, choriceos y «loterías de navidad» a los especuladores del suelo.
Ahora nuestro pobre país está arruinado. Saben cuanto dinero hemos gastado en comprar casas (suelo e impuestos) a nuestros propietarios y Ayuntamientos. Yo he leído la cifra de 1.250.000 millones de euros (billón y cuarto), Dinero que no habia en España, claro, y que hemos pedido a otros, y que ahora hay que devolver. Este año vencen 230,000 millones de euros. Ahoa ya saben porque no hay liquidez y por que nuestras empresas cierran porque los bancos le niegan finaciación: no hay dinero porque hay que devolver la letra, y ya no entra dinero nuevo.
Así que ya lo saben: nuestras empresas quiebran o hacen ERE para que el propietario de aquel tiñoso campo de cereal se forre, o para que los Ayuntamientos de 155 habitantes (hablo de un caso en navarra y no es ni mucho menos el único) construyan un frontón que vale1 millón de euros. O que un pueblecito de 2000 hab. tenga un Ayuntamiento que cuesta 3 millones de euros… idem con multicentros culturales, piscinas cubiertas, etc.. que luego tienen que ceder e uso a la Administración Autonómica, porque elos no pueden ni mantener.
Este país ha dilapidado los recursos que tenía para crecer en los próximos diez o veinte años: hemos fundido la pasta en…. en ladrillos que no queremos, que nos sobran; que no valen… pero de ahí ha chupado la administración no menos de un 20% (entre cesiones obligatorias, costes de urbanización, iva, tasas e impuestos de obras, licencias, más costes indirectos en abogados, arquitectos, notarios, registradores…).
Ahora como dice el «ponente» resulta que las leyes no se pueden cumplir, porque no hay dinero… ay, si ese fuera el peor de nuestros males… Ahora tenemos que pagar más funcionarios que tienen que «demostrar» su utilidad dictando reglamentos más detallados, examinando meticulosamente todos los aspectos de un expediente, sospechando que se les miente, reiterando los requerimientos de subsanación… imposibilitando una resolucion en un tiempo razonable.
Esto ha desanimado a nuestros emprendedores, ha dificultado su trabajo, lo ha retrasado, lo ha hecho menos eficiente, ha mermado competitividad en todas partes…
Hay una tendencia muy generalizada entre los políticos de este país, especialmente arraigada entre los que pasaron, sin solución de continuidad, de la facultad al Aparato del Partido (sin parada previa en el mundo real), de que la solución para todos los problemas es anunciar y aprobar una ley. Sin más.
Como ejemplo más reciente, me viene a la cabeza el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las últimas elecciones autonómicas, D. Rafael Simancas. Su solución para cualquier problema existente en Madrid era la aprobación de una Ley sobre el tema. ¿problemas con la vivienda?; Ley del derecho al acceso a una vivienda digna. ¿Listas de espera interminables en la sanidad pública?; Ley del derecho de acceso a una Sanidad digna.
Po supuesto, ninguna mención al contenido de esas futuras leyes o del contenido concreto de esos derechos, de los mecanismos que se habilatarían para garantizar su cumplimiento, etc. En definitiva, de su aplicación práctica en el mundo real.
No, en este país la Ley tiene cualidad taumatúrgica, y su mera elaboración y promulgación ya resuelve el problema. De ahí la auténtica diarrea legislativa (en palabras de Sosa Wagner) que sufrimos.
A lo que habría que añadir la aprobación de leyes autonómicas absolutamente redundates, por no aportar nada nuevo (o diferencias nimias) sobre materias en las que ya existe legislación estatal, y que diríase que tienen el único cometido de justificar ante la ciudadanía que la correspondiente asamblea legislativa hace algo.
La proliferación legislativa y normativa, no responde en muchos casos a una necesidad social o a una demanda social, ni tampoco creo que el político considere que es un instrumento de resolución de problemas, sino que más bien es un instrumento de notoriedad, en definitiva de notoriedad política, la forma de hacerse ver y seguir siendo considerable y considerado dentro de su espacio político, es a través de la creación de normas, aunque las mismas resulten inaplicables. Ya que no podemos olvidar que el mejor burocrata es aquel que agota la totalidad del gasto público que se le asigna vía Ley de Presupuestos, con independencia de la eficacia y eficiencia de dicho gasto, ya que para cuando proceda el examen de dichas cuestiones, eficacia y eficiencia, ya habrá pasado o puede pasar el momento de relevancia política.
Allá por finales de los 70 , había una profesora de un instituto, creo que de Oviedo, que explicó un poco este problema patrio a sus alumnos con un ejemplo que creo que es de ella, yo por lo menos no lo volví a escuchar mas; decía así:
Si en Estados Unidos se percatan de que les hace falta una cebra en el zoo, inmediatamente montan un safari con todos los medios imaginables para conseguir la mejor cebra africana.
Si en Italia igualmente necesitan una cebra para su zoo, cogen un burro y lo pintan de rayas.
Si es España observamos la misma necesidad para nuestro zoo ………. ¡¡ formamos una comisión!!;
Como veis ya entonces estaba claro en nuestro país como se solucionan los problemas.