El Estatuto del Cibernauta: el reto inaplazable de coger el toro por los cuernos

El desembarco de la nueva Ministra de Cultura, Angeles González-Sinde ha sido recibido por los cibernautas con el mismo alborozo que la llegada a Flandes del temido Duque de Alba allá por el siglo XVI, cuya huella ha quedado en esa advertencia que todavía las madres belgas dicen a sus niños para que coman;¡ Come, que viene el Duque de Alba!.

Pues bien, tras una década en que el fenómeno Internet pasó de ser una extravagancia a algo cotidiano, ya no puede sostenerse una regulación fragmentada, a remolque de los casos concretos, y sobre todo, no puede dejarse en manos de la justicia el resolver litigios y cuestiones que podían y debían haber sido resueltas por un legislador valiente y realista.

1. Día tras día la prensa revela el goteo de sentencias aisladas que son interpretadas por los implicados “arrimando el ascua a su sardina”. Un día, los cibernautas esgrimen la Sentencia de la Audiencia Provincial que exonera de responsabilidad a Emule; otro día, los autores exhiben la sentencia de un Juzgado de La Rioja para “vender” mediáticamente el fallo; ayer mismo, la sentencia de un Juzgado de Primera instancia de Estocolmo condenaba a prisión y responsabilidad civil a los empresarios de Pirate Bay, el famoso portal de descargas; no será extraño que, para embrollar mas el panorama y como todo suma y todo es manipulable, pues próximamente resulte portada noticiosa que el Tribunal de Botswana haya condenado a un cibernauta a comerse un ordenador o extravagancia similar.

A todo ello se suma el fenómeno spam, las estafas por Internet, la publicidad engañosa, el tráfico de datos personales y un sinfín de avatares afectan a los usuarios de internet. La Red y Sinaloa comienzan a parecerse: ciudades sin ley.

2. La coartada del Estado para no abordar de una vez, de forma clara la problemática, abandonando la red a su suerte, radica en que Internet es transfronteriza y que por tanto requiere soluciones a nivel comunitario o de dimensión internacional. Además el Estado considera que ha hecho los deberes con la Ley 34/2002 de la Sociedad de Información de 2002 o la ulterior Ley 56/2007 de Impulso a la Sociedad de la información.

Pues bien, jamás la dimensión técnica de un fenómeno puede cobijar la renuncia de un Estado a legislar de forma clara y otorgar seguridad jurídica a sus ciudadanos (usuarios, autores, comerciantes,etc). Además, la Ley 34/2002 de la Sociedad de la Información, y su ulterior reforma e impulso por Ley 56/2007, con ser un paso adelante y en la dirección marcada por la Unión Europea, se queda corta por su dimensión primordialmente económica y contractual, máxime habiéndose revelado insatisfactoria para solventar los problemas de los cibernautas españoles (la Ley es un cazamariposas para capturar elefantes).

3. Es sabido que hay un Estatuto del minero (R.D.1980), un Estatuto de los Trabajadores (Ley 1995), un Estatuto del Paciente ( Ley 2002) un Estatuto de los Médicos públicos ( Ley 2003), un Estatuto del Becario (R.D.2003), un Estatuto del Empleado Público (2007) y este año se aprobará el Estatuto del Estudiante.

Así pues, para Sevach, es hora de reivindicar la aprobación de un Estatuto del Cibernauta.

Las ventajas son innegables.

A) Un Estatuto supone abordar una materia bajo la perspectiva del sujeto y no del objeto. En otras palabras, es mejor que cuando alguien acude a la piscina pública se encuentre con un cartelito o catálogo cerrado y claro de sus derechos y obligaciones como bañista que tener que estar al corriente de la Ley de Sanidad (sobre la higiene), del Código Penal (sobre pérdida de objetos), de la Ley Medioambiental (sobre utilización de espacios verdes), de la Ley de Seguridad Pública (sobre las conductas agresivas vetadas en la piscina), de la Ley del IVA (sobre el precio del ticket de entrada), etc.

B) El Estatuto al ser multidisciplinar, supone hacer perder protagonismo al Ministerio de Cultura ya que la cuestión será interministerial. Tanto como el Ministerio de Cultura tendrán mucho que decir el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Economía y Hacienda o el Ministerio de Industria. Responsabilizar del liderazgo del Estatuto del Cibernauta al Ministerio de Cultura es tanto como responsabilizar del Estatuto del Paciente a un Ministerio cuyo titular es farmacéutico y que siempre se ha manifestado a favor de rentabilizar las farmacias.

C) El Estatuto permitirá incorporar las Directivas comunitarias e incluso, en su caso, las Resoluciones no vinculantes del Parlamento europeo, o soluciones eficaces adoptadas por otros Estados, con el fin de dotarles de fuerza vinculante en nuestro Ordenamiento Jurídico. Lo que no puede adoptar el Estado español es una actitud expectante, dejando que por goteo informativo las sentencias, las Recomendaciones del Parlamento Europeo o las decisiones en Francia o el Reino Unido vayan orientando ( o mas bien desorientando) al cibernauta español. La red es Libertad pero ningún ciudadano querría libertad para conducir su vehiculo bajo condición de que no existieran señales ni normas de tráfico, pues su propia seguridad depende de la existencia de tales reglas.

D) La aprobación de un Estatuto del Cibernauta obligaría a Gobierno y parlamento a otorgar trámite de audiencia o informe a las asociaciones representativas. Una cosa es que el Ministerio de Cultura de forma graciable promueva reuniones entre representantes de los artistas y representantes de cibernautas y otra muy diferente que resulte obligado recabar formalmente propuestas o informes a cada colectivo.

E) Finalmente dicho Estatuto, tendría que tener rango legal (para evitar ser vaciado por reglamentos), básico ( para garantizar la uniformidad en todo el Estado, evitando diferencias según las Comunidades Autónomas, en una materia transfronteriza como es internet) y parcialmente con el carácter de ley orgánica (en aquello que incida en un derecho fundamental, tal como el secreto de las comunicaciones, la intimidad o la previsión de delitos).

4. En cuanto al contenido, un Estatuto no tiene que ser ni extenso ni lapidario, sino ofrecer claridad y seguridad jurídica. La navegación por Internet no puede regularse por partes, sino que debiera existir un sencillo enunciado de derechos y obligaciones que diera respuesta a cinco vertientes fundamentales:

I. Libertad de expresión.
II. Derecho de intimidad y protección de datos.
III. Propiedad intelectual.
IV. Derecho de comunicación con la Administración Pública por vía eléctrónica.
V. Publicidad a través de internet.
VI. Garantías arbitrales o jurisdiccionales.

Son cuestiones complejas y no es fácil armonizar los intereses presentes. Pero legislar y ofrecer seguridad jurídica es obligación de los poderes públicos. Es bonito ser político y eludir los temas espinosos. Un torero debe torear tanto las vaquillas como los mihuras. Y desde luego, dejar sin regular un problema para abandonarlo a la suerte del juzgado o Tribunal que toque en suerte, no es solución. Los jueces aplican la Ley pero si la ley no existe o técnicamente deficiente o incompleta, su labor pierde seguridad y con ello, perdemos todos los ciudadanos.

Es cierto que un Estatuto del cibernauta, teniendo en cuenta el carácter global de la red puede resultar un salvavidas en medio de un maremoto, pero no es menos cierto que infinidad de litigios sobre la red (compraventas, responsabilidades por redes p2p, tutela penal de intimidad informática, propiedad intelectual, etc) pertenecen al ámbito exclusivo del Estado y siempre existen técnicas jurídicas para asegurar la eficacia del Estatuto. Si el Estado consigue luchar contra multinacionales, holdings y paraísos fiscales, también podrá combatir las distorsiones del uso o abuso de Internet.

A la navegación por Internet debería aplicársele el lema de la protección del medioambiente en el ámbito de la Unión Europea: « pensar globalmente, actuar Localmente».

Mientras tanto, nos quedaremos con los Diez Mandamientos del cibernauta honorable que indicó Sevach en otro post anterior.