Suele considerarse a los jueces como esfinges impasibles ante las partes e indiferentes ante el aplauso o crítica de su quehacer jurisdiccional. Sin embargo, dos recientes sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo recuerdan al juez, como a los míticos generales romanos, que «son mortales» (memento mori), y que están en libertad vigilada.
1. En primer lugar, está la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2009 que en relación a la denuncia formulada ante el Servicio de Inspeccion del Consejo General del Poder Judicial para que se investigase si un magistrado incumplió el deber de abstención al consistir en el supuesto embolso, en la cuenta del magistrado, de regalos disfrazados como conferencias realizadas en la Universidad de New York con dinero procedente del Banco Santander, declara que el archivo de plano de tal denuncia por el Consejo General del Poder Judicial fue precipitado e improcedente ya que ante una denuncia de tal gravedad ha de declararse “la retroacción de actuaciones para que el Consejo General realice aquellas pruebas, de oficio o a propuesta de las partes, que estime pertinentes, y después, con absoluta libertad de criterio, resuelva lo que estime pertinente.”. O sea, que el denunciante de una actuación ilegítima de un magistrado en su función jurisdiccional tiene derecho a una respuesta fundada por parte del Consejo y para ello, éste ha de desarrollar una mínima actividad instructora o indagatoria.
2.En segundo lugar, está la Sentencia de la misma Sala dictada poco antes, el 12 de Mayo de 2009 (rec.200/2007) que confirma la sanción impuesta por el Consejo General del Poder Judicial a una magistrada por “ negarse a que se transcribiera en el acta de la pericial las protestas – del letrado-, o a que se trajera al Secretario a la ratificación, ya que la sanción impuesta del art. 419.2 de la LOPJ , corresponde a la desatención con los Abogados intervinientes en los actos judiciales consiguiente a la conducta irregular del Juez, que es contraría a la cortesía que se le exige en toda actuación judicial, o al comportamiento que no responde al patrón normal que se expresa en los hábitos judiciales(…) Visto que puede considerarse notorio que en la practica judicial procesal, es normal que se acceda a que se recojan en tales actos el contenido de las protestas declaradas impertinentes por el Juez, y que quien presida el acto lo sea el Secretario y no un funcionario habilitado, como aconteció en el caso de autos”.
3. En otras palabras, las formas procesales (consignación incidencias en actas, o presencia de la secretaria en las actuaciones probatorias) están para algo, y las formas personales (cortesía) también. Y un juez ha de ser estricto en la práctica procesal y exquisito en el trato a los letrados. Y de igual modo que, en justa correspondencia los letrados han de respetar a jueces y letrados adversarios, tal y como se ha reflejado en un espléndido post de un no menos espléndido abogado.
4. En definitiva, no es que se abra la veda para los jueces, sino que sencillamente el Tribunal Supremo sitúa en sus justos términos las prerrogativas judiciales que son para una función y no para el capricho o arbitrio personal. Es cierto que las sanciones de multas (400 euros a la magistrada del caso citado) son testimoniales por no decir anacrónicas y chuscas, mereciendo una revisión el sistema disciplinario en cuanto a sanciones de los jueces, pero no es menos cierto que el mero hecho de imponer y soportar una sanción resulta un borrón en el prestigio del juez, que le afecta mas allá del impacto económico. El reciente ejemplo de la sanción de 100 euros, propuesta por el Instructor, a un juez de la Audiencia Nacional por un error de plazos que permitió la puesta en libertad de dos narcotraficantes evidencia que el principio de proporcionalidad y justicia falla por defecto en esta materia.
En cambio, la desproporción por exceso parece ofrecerse en la sanción de 3000 euros de multa a una juez de Cantabria que en uso de su libertad de expresión en una entrevista a un periódico criticó la Ley de Violencia de Género.
O sea, las sanciones que se imponen a los jueces son como el juego de los naipes de las siete y media: o no llega o se pasa. Ni tan liviano para lo grave, ni tan grave para lo liviano.
5. En fin, que aquello de quien vigila al vigilante, o quien juzga al juez, es realidad en el Derecho español, donde todos los años se tramitan cientos de inspecciones y se imponen mas sanciones disciplinarias de las que se hace eco la prensa.
Y aunque podrá decirse que en el caso de los jueces se trataría de «lágrimas de cocodrilo» (pues es sabido que no son realmente preocupantes ya que se trata de una secreción acuosa de los ojos de los cocodrilos para mantener húmedos los ojos fuera del agua), sí puede expresar Sevach un doble momento trágico de la función jurisdiccional.
En primer lugar, cuando el juez halla un asunto en que la solución en uno u otro sentido puede argumentarse jurídicamente y con igual razón. Es una tesitura difícil puesto que el Ordenamiento Jurídico obliga a resolver, y no encuentra una solución única y convincente. Ese es un pequeño drama en la mente del juzgador: su modelo de ciencia jurídica perfecta y mecánica le falla, y está obligado a decidir (¿razón, azar o intuición?); argumentar el fallo no es difícil, lo difícil es tener la convicción de que ese fallo judicial es el correcto.
En segundo lugar, cuando el juez ha dictado ya una sentencia con razón y convicción, y posteriormente el tiempo le demuestra que aquélla decisión fue tomada de buena fe pero errada. Aquí brota otro pequeño drama pero ahora en el corazón del juzgador. Ha cometido una injusticia, aunque sin dolo alguno, pero la fuerza de la cosa juzgada convierte en irrevocable lo decidido.
Y esos dos momentos cobijan las «silenciosas lágrimas» del juzgador. Mas duro de lo que humanamente puede pensarse. Una zozobra similar la del juez a la que en tesituras similares afecta al cirujano médico.
Amigo Sevach:
En primer lugar, agradecerte públicamente que te hayas hecho eco en esta indispensable bitácora de mi post sobre un tema de íntima conexión con el que actualmente tratas. Pienso que en este país los jueces trabadores, excelentes profesionales y magníficas personas son mayoría y, de hecho, quien suscribe, dedicado casi de manera exclusiva a la rama contenciosa, puede aseverar que el trato recibido de los magistrados de dicho orden, tanto a nivel profesional como personal, ha sido inmejorable, aunque, como digo en mi post, ello no implica que se puedan tener discrepancias a nivel jurídico sobre las sentencias (todo es opinable en derecho), pero, insisto, en este aspecto, al menos en Asturias los letrados del contencioso tenemos la suerte de poder trabajar a gusto con todos y cada uno de los magistrados en dicho orden jurisdiccional. Lo mismo cabe decir de los letrados defensores de Administraciones, salvo puntualísimas y concretas excepciones a las que hice referencia en mi post, precisamente por entender que esa excepción no hace más que confirmar la regla general.
Ya entrando de lleno en el tema de tu post, pienso que el CGPJ tiene un doble rasero de medir, pues si a algunos jueces les tolera comportamientos absolutamente reprobables (quizá por la repercusión mediática de los sujetos en cuestión) cuando el magistrado o juez a quien dicho organismo inspecciona es alguien totalmente alejado de los medios de comunicación (algo que, según el magistrado norteamericano David Souter, debe caracterizar a cualquier juez que se precie), la severidad es excesiva, como muestras con los ejemplos que tratas en tu post (juez mediático = 100 euros por un gravísimo error; juez no mediático = 3000 euros por una imprudencia). Un ejemplo más de la rarísima escala de valores que actualmente muestra el CGPJ.
Los jueces están dotados de poder público y por eso deben ser controlados, y sancionados si abusan de aquél, tanto para dar ejemplo como para dotar de credibilidad a la justicia. El problema está en dejar en manos de un órgano politizado como es el Consejo General del Poder Judicial nada menos que la facultad de poner sanciones o impartir absoluciones. Una aberración.
Estimado Huno,
¿me puedes poner un ejemplo de algún órgano de nuestro Estado (dicése democrático) que no esté politizado?
Por supuesto que es un problema que el CGPJ controle a jueces y magistrados, ya que muchas veces desataca más por su parcialidad que por su imparcialidad. Pero, ¿Cómo lo solucionamos?
Ya los revolucionarios franceses alejaron a la jurisdicción de todo tipo de control politico (o control por el poder ejecutivo). Crearon un control jurisdiccional especifico. Y si este no funciona ¿qué inventamos ahora?
Seguramente la solución radique en imponer sanciones más duras, en cambiar el sistema de elección del CGPJ… y medidas en la misma línea.
Pero al final, la politica lo mueve todo, y que tire la primera piedra el que esté libre de pecado…
Estimada Titánide: Todo órgano superior para contar legitimación democrática tiene cierto grado de politización, pero el grado puede ser mayor o menor. Se trataría de introducir elementos reglados en la intervención del Consejo General del Poder Judicial. En primer lugar, no atribuir al pleno la potestad sancionadora porque veinte personas de designación política son mas propensos a la parcialidad ideológica que una Comisión de tres (el mas antiguo, el más moderno y otro por sorteo). En segundo lugar, requerir para las faltas graves y muy graves informe vinculante del Consejo de Estado.
Coincido contigo en que la solución pasa por sanciones mas duras y cambiar el sistema de elección del CGPJ. Y sí, la política lo mueve todo, pero los que creemos en el Derecho hemos de tener fe en que lo político no contamine el Derecho. Saludos
No me resisto a responder, aunque haya pasado mas de un año largo.
Propones, por considerar que el CGPJ es un organo politizado, que en determinados casos, para las faltas graves y muy graves, el Consejo de Estado emita informe vinculante. Lo cual, a mi modesto ver, es no solucionar el problema de raiz, sino trasladarlo, de un organo politizado a otro que no lo esta menos, donde van a parar los juguetes rotos de la politica, y donde acaban muchos que han hecho «favores» en su carrera, etc.
Tu solucion, por ello, no la veo plausible.
Si los juristas elegidos para el CGPJ lo fueran de verdad como se supone que deben serlo, por CONSENSO, el sistema funcionaría perfectamente.
Pero claro, si reparto el CGPJ como una tarta y voto con las tripas revueltas a los que propone el adversario político a cambio de que él, con las tripas igual de revueltas, vote a los que yo propongo, entonces estamos pervirtiendo un sistema bueno y eliminando su efectividad.
No tengo nada en contra de que el CGPJ sea un órgano político, ni en contra de que sea designado por las Cortes, al revés. Pero eso sí, que se designe como pone en la ley, y no como se hace ahora que es una perversión y un escándalo. Porque al final, se ponen allí sujetos de lo mas sectario que se puede encontrar, ya que sabiendo que el contrario va a hacer lo mismo, solo faltaba que los «tuyos» fueran de verdad imparciales y en alguna votación se les unan!! Es algo sencillamente asqueroso, innoble y rastrero lo que se hace, y lo peor de todo, un fraude a la democracia. Al final, la culpa será nuestra (Del Tribunal Supremo) por no anular esos nombramientos por fraude de ley manifiesto, el cual en este caso cualquier alumno de primero de derecho podría apreciar sin problemas.
Mira que es triste tener un buen sistema, y que los de siempre hagan lo que tienen por costumbre, para acabar engañando a los mismos.
Saludos
En la página 33 y ss. del Informe sobre el Barómetro Global de la Corrupción de Transparency International 2009
http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/200906/03/economia/20090603elpepueco_1_Pes_PDF.pdf
se encuentran datos significativos (en todo el informe en general también) de como entendemos los españoles que penetra la corrupción en nuestra sociedad y, en lo referido al Poder Judicial, mi opinión es que, independientemente de que a algún juez le pueda gustar poner «el cazo», la sensación que tiene la sociedad no es que sea una práctica habitual, sino que el poder judicial está infectado por la cercanía de algunas de sus instituciones con el poder político; eso hace que pase a ser sospechoso ese afán de gobernar los órganos de gobierno y control del poder judicial por parte de los grandes partidos políticos con opción de «dar instrucciones» a la fiscalía general o al CGPJ o al TC etc.
Es, por tanto, el hecho de tener plantado muy cerca del arbol de la justicia una planta de muérdago (poder político) lo que hace que, esta última, nada mas que toma contacto con la primera empiece a «abrazarla» hasta terminar con ella.
Se impone una poda de raíz
Estoy plenamente de acuerdo con los comentarios. El CGPJ es un auténtico problema para la independencia judicial. Sería necesaria una reforma, pero no solo del Consejo, sino de otras instituciones, en el sentido de que los ciudadanos eligiesen directamente a las principales autoridades: el propio CGPJ, Fiscal General del Estado, Tribunal Constitucional… El camino a una «verdadera» democracia pasa inexorablemente por este camino (u otro análogo) que despolitice la designación de estas personas. Se podría celebrar una votación en la que se presentase cualquiera que acredite un buen bagaje jurídico y la desginación podría ser por el mismo tiempo que actualmente, pero al menos no habría dudas sobre su procedencia… El problema es que a pesar de que solo se exigiría una mayoría de 3/5 (y referendum si se acuerda), ningún partido político estaría dispuesto a cambiar la Constitución para ceder una parcela de poder tan jugosa… Hay que ser honesto para dar ese paso…y no es el caso.
Absolutamente de acuerdo con Policía Local. Se impone una poda de raíz para acabar con la infección.
Los jueces pretenden ser plenamente independientes a la vez que actúan siempre en connivencia con los políticos. No pueden pretender ser independientes quienes con su actuación diaria manifiestan su dependencia y connivencia con el Legislativo y Ejecutivo
Así que enhorabuena, Policía Local.
Alegret.