Las reciente declaraciones del Ministro de Fomento de que «si es necesario elevar determinados tipos impositivos de las personas que tienen más renta para garantizar políticas sociales o inversiones públicas habrá que hacerlo”, además de constituir un deliberado globo-sonda mediático, revela la fuerza de un mensaje forjado en el inconsciente colectivo, a base de cuentos y héroes novelescos, consistente en la bonita idea de que los ricos compensen de sus penurias a los pobres, pero que merece una sencilla reflexión jurídica, aunque lo primero que le viene a la mente a Sevach es aquélla reflexión del ex presidente americano Ronald Reagan cuando decía que “ el contribuyente es el único que trabaja para el Estado sin haber superado una oposición”.
1. Así, si bien es cierto que la Constitución española sienta el principio de progresividad en materia tributaria ( que pague más quien más posee, teniendo en cuenta que el sacrificio de pagar es mayor cuanto menos se tiene) también aspira a un “sistema tributario justo”. Y esa idílica “justicia” del sistema tributario español está lejos de alcanzarse por una razón lejana a las ideologías políticas. Y es que, si bien los asesores fiscales están al servicio de la justicia tributaria (tributar por lo que corresponde, ni más ni menos) cuando se trata de grandes empresarios o profesionales, su labor es de auténtico “mercenario fiscal” cuya lealtad lógicamente es para el cliente que paga y no para la Hacienda Pública. Por eso, si Robin Hood asaltase en los caminos de España a los prebostes empresariales para aligerarles la bolsa, posiblemente tropezaría con hábiles asesores fiscales capaces de demostrarle la indigencia del asaltado y dejando al héroe burlado e incluso en la tesitura de socorrerlos.
2. Pasando del mundo de la fantasía a la realidad actual, un empresario o profesional económicamente potente, con mando en plaza ( yate, chalecito, coches lujosos, restaurantes vips, viajecitos exóticos, ruido de diamantes,etc) si es llamado por la Inspección de Hacienda, reclamará el auxilio de sus “consiglieris” o asesores tributarios (normalmente Catedráticos de Derecho Tributario a tiempo parcial, Inspectores de Hacienda en excedencia o firmas de abogacía de «alta cuna») los que posiblemente se batirán como jabatos con hábiles estrategias como las siguientes:
A) Conseguirán demostrar que un buen entramado de sociedades mercantiles y maquillaje contable puede mostrar al empresario “desnudo de propiedades”.
B) Conseguirán demostrar que una buena estrategia de ayudas sociales, exenciones y bonificaciones, puede dejar exhaustas a efectos tributarios las arcas del empresario.
C) Conseguirán demostrar que los pagos salariales o beneficios del empresario son exiguos, ya que la parte mas magra de sus ingresos viene dada por otro tipo de estipendios y prestaciones (médicos, yates, mutualidades, guarderías, bonos, dietas, etc) que son conceptos de “protección social” de la empresa hacia sus trabajadores y directivos, y entre ellos, claro está, el propio empresario.
D) Si todo falla, el asesor alcanzará finalmente un honorable (que no oneroso) acuerdo con el Inspector de Hacienda, que se formalizará en un Acta de conformidad, que incluye una sustancial rebaja. Así, el Inspector de Hacienda aplicaría aquello de “enemigo que huye, puente de plata” y se ahorraría una enojosa investigación aceptando una misérrima contribución del empresario, ya que el asesor se ha encargado de forzar el acuerdo a base de anunciar todo tipo de recursos si prosigue la investigación fiscal. Todos saben que la guerra entre inspectores y asesores, tirando de la manta de lo que debe el contribuyente, si se moviese ante Tribunales económico-administrativos y Tribunales contencioso-administrativos, comportaría el transcurso de varios años de enojosos trámites, y vería el Inspector de Hacienda como su propia retribución en concepto de productividad por tal actuación estaría en el alero (o sea, mas vale pájaro en mano que ciento volando).
E) Así y todo, si se iniciasen actuaciones penales contra el creso contribuyente, el asesor sacaría de la chistera jurídica la doctrina jurisprudencial penal que reserva el delito fiscal para exclusivamente para los fraudes fiscales que exceden de 120.000 euros, umbral limitado e interpretado a la baja que hará difícil su apreciación. De un lado, porque tal fraude ha de referirse al mismo tributo ( y no tolera que se alcance la cantidad por varios conceptos tributarios o fraudes distintos acumulados), ha de referirse al mismo ejercicio ( y no al resultado de varios ejercicios fiscales sucesivos), y además al apreciar su cuantía no incluirá recargos y complementos añadidos. O sea, todo tipo de facilidades para que los evasores fiscales se escapen por los agujeros de la red de os delitos penales.
Y en cuanto a la infracción administrativa el asesor luchará, entre otros típicos alegatos (prescripción, caducidad, falta de prueba,etc) por desvanecer la culpabilidad de su asesorado afirmando que la materia fiscal es endiablamente oscura y críptica y que es fácil equivocarse para el contribuyente (¿acaso no hay consultas vinculantes de la propia Administración en esta materia, fenómeno que revela la dificultad para entender y cumplir las leyes tributarias?). Y si no hay culpabilidad, no hay reproche administrativo, y tampoco sanción.
En fin, que al final, el carnicero de barrio, el gestor de fincas o el profesional medio lo tendrán crudo con Hacienda. Y no digamos los funcionarios, porque dígase lo que se díga, toda la información sobre lo que cobran y el cofre de donde sale el dinero, está accesible para el propio Fisco. En tiempos de crisis, la bolsa del funcionario es la que se presta a morder el diente con mas facilidad y menos impopularidad. Así, puede darse en el futuro una curiosa situación, ya que el bloque de funcionario puede sentirse por un lado, víctima de la subida de impuestos, y por otro lado, víctima de la congelación salarial. Y es que, la historia se repite.
Por eso, le viene a la mente a Sevach que quizás no sería mala idea, que al menos el colectivo burocrático cosechase mejor imagen por su sacrificio, y por eso, se aprobase una especie de Ley de Solidaridad Burocrática (ahora que están de moda las Leyes con nombre finolis) que, con el carácter de norma básica (para que no se escapen las Comunidades Autónomas) o por Decreto-Ley (por la crisis y para evitar eternas negociaciones), dispusiese que el cincuenta por ciento de la paga extra de Navidad de los funcionarios de carrera y trabajadores públicos fijos ( y de las autoridades,claro), fuese destinado o afectado para atender las penurias de los desempleados sin prestaciones. En un cálculo simple, mas o menos serían 420 euros de media (que curioso) procedentes de dos millones y medio de empleados públicos fijos, que permitirían atender tres meses de los infortunados. Y sin tocar el modelo de impuestos, aunque dar ideas al diablo no suele tener buen fin.
En suma, es una idea u ocurrencia veraniega (quizás el síndrome postvacacional llama a la puerta), pero no me crucifiquéis por ella, que la libertad de expresión me ampara.
A mi el último párrafo me parece genial siempre y cuando se meta en el mismo saco el 100% de las pagas extra (obviamente no prorrateadas) de los sindicalistas liberados de mi empresa. Qué bien que también contribuyan a tan buen fin.
Creo que así por lo menos se sacrificarían algo más por sus compañeros :-))
Señalar también que un empresario honesto -que los hay y, ahora, más que nunca, hacen mucha falta- también necesita un buen asesor fiscal para encontrar algo de luz y no perderse en la complicada selva de normas y posibles ‘interpretaciones’ fiscales, y/o no caer en las redes de un hipotético funcionario cuadriculado e integrista de la administración fiscal.
Respecto a la ‘proposición’ de ley de Sevach, sugerir que, probablemente, la pérdida retributiva para el funcionario por razón de esa ‘media paga extraordinaria’ no alcance el beneficio (extraordinario) obtenido por razón de los días cobrados, sin trabajar, por razón de los denominados ‘moscosos’ o días de ‘asuntos propios’.
Saludos cordiales.
Además de opinar que «no se debe jugar con las cosas de comer» (la idea propuesta me ha inspirado un pánico tremendo, sobre todo según en manos de quien caiga) solo informo a Sevach acerca de la necesidad de cambiar el enlace en el blog al buscador de Jurisprudencia del TC, que en estos momentos es:
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Buscador.aspx
Un saludo.
Teniendo en cuenta que los ricos no pagan, y que de lo que se les quita a las clases medias la mayor parte, quizá, se va en pagar la formidable maquinaria burocrática de Hacienda, si redujeramos al 25% la cantidad que se dedica a inspectores, ordenadores, anuncios, personal, sedes, etc. que se lleva Hacienda, habría más dinero para el Estado, y el contribuyente viviría mejor.
Allá por el año 1980, el gobierno de la UCD publicó el listado de contribuyentes al fisco. Todos nos lanzamos a los periódicos a ver quien era quien en España.Como es lógico se publicaban dos estractos: el primero de los mas ricos y el segundo de los famosos (políticos, artistas, deportistas,etc). El número 1 de la primera relación resultó ser el empresario valenciano Luis Suñer (quien posteriormente y a raíz de esta información fuera secuestrado por ETA, dando fin, por motivos de seguridad a la publicación en años posteriores de estos interesantísimos listados). Todos los periódicos (que entonces eran muchos y de muy variados colores, no como ahora se solamente lucen el color del Banco que les paga), enviaron reporteros a casa de este señor y, cuenta la ¿historia?¿leyenda? que, tras la pregunta:
«entonces…..es usted el hombre mas rico de España…..»
él respondió:
«lo que soy es el mas gilipollas»
Efectivamente su gran gilipollez consistía en la honradez, ya que sabía de la existencia de grandísimas fortunas que ni siquiera aparecían en la lista.
Quedó desde entonces sentado un principio básico de actuación cara a la incipiente democracia: efectivamente cambiaba el sistema de gobierno, lo que iba a permanecer «atado y bien atado» era el sistema económico basado en el relajo, la inmoralidad y las malas costumbres.
Dos pequeñas aportaciones.
La primera es decir que yo he estado trabajando en una empresa donde se tenía una doble contabilidad. La «oficial» tenía 14000 euros de pérdidas (que serían enjugados en el último trimestre para «ganar un poco y que Hacienda no nos investigue»). La «extraoficial» contaba con 90000 euros de beneficios, descontados los sueldos del dueño y de su mujer, que rondaban los 3000 euros netos al mes (y su mujer ni aparecía).
Por otro lado, una reciente noticia en Expansión decía que los trabajadores declaran 7000 euros que la media de los empresarios. Una vergüenza, que ya sabremos quién va a pagar la subida de impuestos.
La segunda es la donación de media paga extra para los parados. A tener en cuenta que los funcionarios hemos perdido un 50% de la subida nominal del IPC desde 1982, así que seguir perdiendo poder adquisitivo no me parece de recibo.
También decir que conozco algunos parados (minoría, por cierto) que, mientras les dura el paro, se dedican a trabajar «en negro». Y te dicen: «Cuando se acabe el paro, ya me darán de alta». Me niego a que parte de mi salario pueda servir para llenar los bolsillos de este tipo de gente.
Esta es mi opinión, basada en la libertad individual, de expresión y en el respeto a los demás.
En mi opinión la cuestión del fraude fiscal no debería referenciarse tanto al ‘cuánto’ –tan fácilmente relativizado por el ‘y tú más’- sino a la ‘proporción’ y, sobre todo, a la ‘actitud’: la buena actitud -señala Kant- sería lo único de este mundo y fuera de él que podría ser considerado incondicionalmente bueno.
Por ejemplo, pienso que existen muchas personas sometidas al corsé de las rentas del trabajo personal -lo que formalmente les convierte en contribuyentes ‘inmaculados’, que no esconden ni un euro- que critican el hecho de que tal empresa, empresario o rico al uso escondan (a veces, mal calculen como consecuencia de enrevesadas normativas) parte de sus beneficios en detrimento de los ‘intereses generales’ y, simultáneamente, con plena consciencia, compran un pisito como segunda residencia, aceptando escriturarlo por debajo del precio (con ahorro de IVA y/o de ITPAJD) y, además, falsificando su empadronamiento en la población de ‘verano’ para (indebidamente) beneficiarse de la deducción por inversión en vivienda con el consiguiente atraco al IRPF.
Un saludo.
Querido Sevach;
En parte estoy de acuerdo contigo, pero creo que mñas que un reproche merece un aplauso ya que el que asesorado obtiene una rebaja de impuestos puede forzar más o menos la Ley pero nunca cometera una ilegalidad. Lo que si merece reproche es aquel que oculta, defrauda, no declara, declara menos… y ahí generalmente no coincide con un buen nivel de asesoramiento sino con la caradura más llana y simple…
Por otro lado lo del asesoramiento pasa en otros sectores, p.e. el urbanismo, el penal, etc…
realmente ingenioso.