Todo el que se embarca en un juicio, sabe que no se trata de tener razón sino de que las circunstancias procesales y probatorias lo demuestren. De igual modo, no se trata de que los jueces tengan razón para la huelga convocada para el próximo 8 de Octubre, sino de ponderar con sensatez si van a ser capaces de transmitir su sentido a la sociedad.
Así pues, parece que la mecha se ha prendido al polvorín: el pasado 25 de Septiembre la Asociación Profesional de la Magistratura, y por las razones que se explicitan en un exhaustivo «Informe sobre el estado de la Justicia y el último programa para su modernización» , envió al Ministro de Justicia, al Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo y a los Consejeros de Justicia de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia, el preaviso de huelga así como los integrantes del comité de dicha huelga.
El zafarrancho está montado. Las restantes Asociaciones están deshojando la margarita y cada juez en su laberinto está sopesando las opciones. El Ministerio ha contraatacado con los medios de comunicación.
1. Al margen de la sobrada razón de fondo que asiste a los jueces sobre el calamitoso estado de la Justicia española, hay que considerar que la convocatoria de huelga para el próximo 8 de Octubre constituye un error estratégico por diez sencillas razones:
1ª No está Mariano Bermejo, el anterior Ministro de Justicia. Una vez sacrificada la la oveja negra, se hace más difícil para la ciudadanía criticar al pastor.
2ª La crisis económica. No está el horno para bollos. La ciudadanía no será proclive cuando el bolsillo aprieta a compartir las reivindicaciones de señores con toga y aires de soberbia.
3ª Los medios de comunicación están en manos del Ministerio de Justicia. Intoxica y vencerás. Los jueces son la mejor carnaza para las ventas de periódicos y audiencia televisiva. Nada pueden los pálidos comunicados de las Asociaciones con las plumas de periodistas y verbo de políticos, acostumbrados a seducir o condenar frente a las masas. La ciudadanía creerá que el vil móvil retributivo está detrás del movimiento judicial.
4ª Las Asociaciones están divididas, y dentro de cada Asociación tampoco hay unanimidad. Divide y vencerás ( mantente dividido y serás vencido). La ciudadanía no entenderá una huelga en nombre de la Diosa Justicia, cuyos sumos sacerdotes están divididos.
5º El Plan de Modernización de la Justicia ya está sobre la Mesa. Son las espinacas para el Popeye ministerial. Un Plan «de cristal» pero sería prematuro cuestionarlo. La ciudadanía no entenderá que existiendo un Plan con soluciones sobre el papel, se le condene sin dejarlo desarrollar.
6º No se puede desperdiciar la exitosa demostración de fuerza judicial tras la primera huelga de la democracia. Los jueces demostraron que en situación terminal para la Justicia pueden ejercer un derecho de queja como el común de los ciudadanos. Un «gatillazo» en la huelga convocada para el día 8 de Octubre y se habrá borrado el efecto de la primera huelga de jueces en democracia. La misma ciudadanía que captó el mensaje de alarma de la primera huelga judicial será la que ignore con hastío este segundo llamamiento.
7º El escenario judicial que justificó la huelga anterior ha cambiado. Algo se ha hecho. Mucha negociación y mucha intransigencia ministerial, pero sería hipócrita negar que hay avances concretos aunque modestos (p.ej. supresión del ascenso forzoso, los jueces conservan la potestad de señalamientos, la figura del juez de adscripción territorial,etc.). La ciudadanía no entenderá la posición de jueces que aparentemente se muestran insaciables ante la mano ministerial que los alimenta.
8º El Gobierno no cambiará su ritmo y criterio por la simple celebración de la huelga, tenga o no tenga éxito. Las huellas políticas del paro judicial de un sólo día cicatrizarán en varios días, enterrándose en otras noticias mas cercanas de otros ámbitos. En cambio, las suspensiones de pleitos y los afectados por las demoras inherentes a la huelga son reales y concretos. La ciudadanía no soportará verse perjudicada por el ejercicio de un derecho de huelga por quienes están llamados a ser sus guardianes, que para defender la Justicia precisamente la paralizan.
9º La situación de la justicia no es imputable exclusivamente al Gobierno. Hay corresponsabilidad notoria: parlamentarios, CGPJ y Gobierno. El «Estado de los Partidos » se ha asentado sobre cuatro patas: la demagogia fácil (Justicia del SXXI); la austeridad ( la Justicia como Beneficiencia); modelos procesales desmoralizadores ( laberintos y demoras por doquier); y la justicia como botín ( o reparto entre partidos y gobiernos de codiciadas ideologías es un reparto de órganos, puestos y financiación). Así ha sido en treinta años de democracia. La ciudadanía se resistirá a creer que una Justicia endémicamente precaria tenga que verse utilizada precisamente ahora como ariete para poner al Gobierno entre la espada y la pared en términos implacablemente improrrogables.
10º El éxito o fracaso de la huelga no es una profecía en términos simétricos: la huelga mayoritaria es caballo perdedor. No hace falta ser el mentalista Antony Blake para percatarse de que la huelga del día 8 de Octubre, como la pedrea del gordo, ofrecerá un resultado muy repartido. Veámoslo con realismo. Hay unos 4000 jueces y magistrados.
– Quitemos los que no hacen huelga porque respetan la disciplina de su Asociación que no la apoya.
– Quitemos los que siendo de la Asociación que apoya la huelga, actúan conforme a su propio criterio y se desmarcan.
– Quitemos los que no harán huelga porque creen como juristas que no existe tal derecho a la huelga.
– Quitemos los que no harán huelga porque ese día tienen vistas, pruebas u otro acto judicial público y no desean perjudicar a terceros.
– Quitemos aquellos que han visto en las puntuales concesiones del Ministro su satisfacción personal (ej. ascenso forzoso suprimido).
– Quitemos a los que hicieron huelga en la anterior convocatoria y ahora, con la perspectiva, se dan cuenta de que no sirvió para nada y no quieren continuar de comparsas de un mundo mediático.
-Quitemos los jueces jóvenes y los jueces al borde de la jubilación, reacios a implicarse en huelgas.
-Quitemos a los magistrados del Tribunal Supremo o de otros órganos jurisdiccionales que se sientan en deuda con el sistema que propició su designación.
– Quitemos finalmente, a los que en cualquier grupo social, forman parte del «no saben, no contestan».
¿Cuántos quedarían?. Hagan sus apuestas. ¡7 a 1 a que la huelga es un fracaso! ¡Y 10 a 1 a que los portavoces del gobierno así la valorarán!.
2. Por eso Sevach, pecando de inocente, considera que mas efectivo, realista y constructivo resultaría sencillamente que las asociaciones formularan conjuntamente un Manifiesto o Declaración solemne que de forma sintética expresase los puntos y carencias, para su suscripción o adhesión personal y libre por cada juez o magistrado. Nadie mejor que ellos conocen las carencias. Y se pondría de manifiesto el grado real de malestar y sus razones. De este modo se evitaría la manipulación de las cifras de una huelga (secundada o no, posiblemente por razones mas personales que institucionales).
3. A título personal a Sevach le parece que la Declaración de la Independencia…Judicial, pasaría por contemplar:
– Que los políticos no pongan sus sucias manos sobre la Justicia. Nada de politización del CGPJ, ni del Tribunal Constitucional, ni de las jugosas plazas judiciales, ni de pactos estratégicos que venden la justicia por un plato de lentejas. Garantícese la competencia judicial efectiva del Estado, sin despilfarros autonómicos ni plantas judiciales localistas, y acométase un diseño fríamente racional de la planta y la carrera judicial.
– Que el Ministerio de Justicia tenga las manos libres para aprobar Planes, programas, inversiones, número de jueces y todo tipo de zarandajas, pero eso sí, que fije unas ratios como objetivos mensurables sometidos a verificación en un plazo razonable. En concreto, dos resultados cuantificables y objetivos:
a) el tiempo máximo en resolver un litigio en cada orden jurisdiccional;
b) la carga máxima de cada juez que, será poder del Estado pero con rostro humano. Ni mas ni menos. Todo lo demás, puro entretenimiento para la galería. En otras palabras, para solucionar el colapso judicial, al igual que para solventar el colapso de las urgencias sanitarias, no son los médicos quienes tienen que decirle los medios a la Administración sanitaria (número de médicos, financiación, etc), sino sencillamente exigirle un calendario para cumplir un reto cuantificado y preciso de lo que realmente interesa a los profesionales y a los pacientes: el tiempo máximo para ser atendido en urgencias, y el número máximo de enfermos que razonablemente puede atender un médico. En otras palabras, la obligación del Ministerio de Justicia es de resultados, y los Planes son medios que, por desgracia, tienen la virtud de mentir sin ponerse colorados.
4. Había un dicho según el cual en un huevo de platos con jamón, el jamón está implicado pero el cerdo comprometido. Y bien podría parafrasearse, afirmando que en una huelga de jueces por la Justicia, la Justicia está implicada pero los jueces están comprometidos. Y es que si se mantiene la huelga, el tufo corporativo no lo quita nadie.
Y eso, sin entrar al golpe bajo gubernamental aduciendo que los jueces carecen del derecho a la huelga, extremo insostenible y que ya fue objeto de un post anterior en que se informó de la primera sentencia del Tribunal Supremo reconociendo tal derecho, que al menos merece una sonrisa para desdramatizar el tema.
NOTA ACTUAL: Tras la huelga del 8 de Octubre, según el CGPJ, un total de 1.048 jueces españoles (el 23% de la profesión) se sumó a la huelga convocada este jueves por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Estimado amigo Sevach:
Existe una razón adicional para no ir a la huelga, y es que la misma vulneraría derechos fundamentales de los ciudadanos. Y no es que lo diga yo, sino que lo dice el Juez de lo Contencioso de Gijón en su sentencia de 31 de julio de 2009 cuando, al enfrentarse con el derecho de huelga de los letrados, dice textualmente que: «aquéllos [los derechos fundamentales de los ciudadanos] protegen intereses generales mientras que con la huelga se defienden intereses que, por muy respetables y fundados que sean, afectan al grupo que la plantea». (puede encontrarse el texto íntegro de la sentencia en el post que dediqué al tema en mi blog, http://monsieurdevillefort.wordpress.com/2009/09/16/la-anulacion-judicial-de-la-huelga-de-abogados-del-turno-o-la-punalada-trapera-de-jueces-y-fiscales/. Si se aplica esta tesis a los letrados entiendo que por una elemental aplicación del principio de igualdad, la misma ha de aplicarse a cualquier profesional vinculado a la Administración de Justicia.
En lo sustancial coincido absolutamente con tu post, aunque (por hacer gala de un elemental animus iocandi) no me cabe la menor duda de que los jueces asturianos estarán echandose a temblar, porque no me cabe duda alguna de que el Fiscal Jefe del TSJ está en estos momentos en la soledad de su despacho redactando la demanda impugnando dicha huelga (je, je).
Como siempre, amigo Sevach, un cordial saludo.
Con independencia de las razones a favor o en contra, lo cierto es que es una apuesta que nos afecta a todos, incluídos los no asociados, asi que lo único razonable que desde nuestra individualidad podemos hacer es secundarla. Porque puedes tener mucha razón en que no sea oportuna, pero lo que está claro es que será peor una huelga inoportuna y no secundada, que una inoportuna y secundada.
Saludos
En mi opinión sus argumentos sin duda se sostienen per se, esta huelga por sí misma no será un factor absolutamente determinante en el cambio. Lo que aún me queda en el tintero de la duda es si, para favorecer el cambio, aún así es mejor seguir adelante con ella que seguir haciendo las cosas como hasta ahora. Un cordial saludo.
Lo triste es que la situación de la Justicia es tan insatisfactoria que los ciudadanos teníamos que hacer la huelga o salir a la calle y protestar por el bochornoso espectáculo del papelón del Consejo General del Poder Judicila y del Ministerio de Justicia, mientras cualquier litigio menor supone un esfuerzo y costes en litigios de años, y otro tanto para ejecutarla. Al final, la bolsa de litigiosidad desciende, pero no por la actividad ministerial, sino por el desistimiento y desencanto ciudadano. Saludos.
Quizás voy a ser un poco duro; por circunstancias de la vida acompañé a un familiar a los Juzgados de Lo Penal de Madrid, era un caso de violencia doméstica y había una órden de alejamiento quebrantada ¡¡que resultó que el Juzgado no había notificado al interesado por un ¿¿¿descuido???!!!.
¡¡¡VIVA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ASTURIANA!!!¡¡NO SABEMOS LO QUE TENEMOS!! Madrid es judicialmente cutrísima desde esas instalaciones en las que te pierdes por los pasillos (aún más que en los de Oviedo), con cintas de «Policía no pasar» en la puerta de despachos agobiados de tanto reconducir justiciables y testigos perdidos y desamparados por pasillos llenos de recovecos diseñados por un ……, salas de espera de cemento encofrado y juicios rápidos que se resuelven en dos años.
Asturias es el paraíso judicial, y creo que cualquier ciudad de tamaño humanamente viable también lo sea, y se de sobra que las esperas en los pasillos son eternas, que hay problemas graves de administración, pero esa sensación de que te caíste a un rio de aguas bravas y la corriente te lleva sin control, la tuve en Madrid, en Asturias tuve la impresión de que se me mojaban los calcetines como máximo en comparación a lo de allí. Siento decirlo pero eso ni de lejos es justicia. No debía de haber una huelga de jueces, tendría que haber una huelga general donde justicieros y justiciables, cogidos de la mano exigieran al Gobierno que en este País la justicia funcione y, una vez terminada la misma todos, absolutamente todos, peregrináramos a la virgencita de Fátima a pedir un milagro.
Coincido contigo en que, estratégicamente, una huelga sería un error.
En realidad incluso haciéndola con éxito, si yo fuese Ministro de Justicia estaría sencillamente encantado: háganme huelga tradicional uno o dos días al año y los otros 364 días también…pero japonesa, como hasta ahora. Sigan Vds. con la máquina de producción en serie de sentencias, que todo va bien. Si entran más asuntos, se señala más y a otra cosa. Sólo hay que ver la estadística de hace diez años y comparar los porcentajes de aumento de entrada de asuntos con el de creación de órganos.
Nadie en su sano juicio esperaría que un cirujano haga cuatro operaciones diarias, pero si hay más enfermos, que haga 20. ¿Realmente alguien puede creerse que haciendo (ejemplo) quince juicios penales por delito en un día se «imparte justicia»?
Pero, y siento decirlo, la responsabilidad de todo esto también recae sobre la propia Judicatura: por omisión, por haber callado, por agachar la cabeza y tirar como sea, ya entren quinientos asuntos o dos mil. Da igual. Por no haber dicho basta, por no haber contado nunca que una justicia masificada no hace honor al sustantivo y por haber asumido internamente que lo importante es poner sentencias, «sacar papel», ya sea pringoso, ilegible, en blanco, bochornoso o indigerible. Eso es falta de respeto hacía uno mismo. Ejemplo: he trabajado en un juzgado que registraba 350 asuntos civiles; nueve años después registró 1800. Los hay peores.
En cuanto a tus propuestas, malas no son, pero pensar que los políticos no van a mangonear es, digamos, una oda a la utopía. Incluso han descubierto un truco excelente: repartir migajas del pastel entre la propia Judicatura en forma de cargos de designación «digital». ¿Le decimos a los ciudadanos cuántos jueces están en comisiones de servicio, servicios especiales, poltronas variadas? ¿Y a la vez que les decimos que faltan muchísimos para llegar a la media europea de juez-habitante?
Para colmo, un efecto verdaderamente perverso ha sido que el «espabilado» no tiene el más mínimo interés en su propia profesión, sino en como llegar a las canonjías existentes. Hay genios que han conseguido servicios especiales a las dos semanas de estar en su primer juzgado.
Yo propondría (con no menos dosis de candidez): que los jueces dejen de hacer huelgas japonesas 364 días al año. Que ellos mismos fijen los asuntos que pueden atender con un mínimo de dignidad humana (hacia los justiciables) y profesional (para uno mismo); teniendo en cuenta además dos cosas: que son personas y no sólo jueces y que tienen familias y no sólo sentencias por poner.
Pero, diría que va a ser que no…
Absolutamente de acuerdo con el colega y paisano Renhquist.
Uno, aunque no fuera de mi cuerda precisamente -y en especial por haber sido un delator en sus tiempos de mediocre actor-, añora con cariño a Ronald Reagan y, en especial, a la decisión que adoptó cuando los controladores aéreos norteamericanos se pusieron en huelga en 1981.
Seguro que el admirado Renhquist lo recuerda perfectamente.
También un abrazo para tí Sevach. La verdad es que no se que haría yo sin la vidilla que me dan tus posts.
Alegret de Guillotine.
Me asustan estas opiniones, voy a hacer huelga porque es un derecho laboral, los jueces no somos etereos y tenemos cuerpo y mente, pensamos y sabemos lo que está bien y mal. Si el autor trabajara en la primera liena de fuego vería las ratas,culebras, goteras, fríos y heladas dentro del juzgado. A nadie le importa ni interesa. Y eso es lo mejor, la falta de medios materiales, para que pensar en los funcioanriso del juzagdo todos ellos preparados… para el caos.
Estimado Sevach,
Llámame demagogo o lo que quieras pero no me resisto a insertar esta noticia:
(…) De la Rúa vive en la sede del Tribunal Superior valenciano, un palacio neoclásico declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1982. Su residencia ocupa, en la cuarta planta, 300 metros cuadrados. Los gastos que de ella se derivan los paga la Generalitat. No es la casa que usa de lunes a viernes para estar fácilmente disponible. No. Es la casa familiar. En ella han vivido sus cinco hijos, vinculados también a la carrera judicial. En ella juegan sus nietos. A esas dependencias acuden sus amigos. Una capilla en la vivienda ha sido testigo de privadas ceremonias. Las razones de seguridad no son suficientes para quienes desde dentro de la carrera judicial defienden el fin de privilegios que pueden contaminar la independencia. Esos mismos critican que la Administración haya buscado como coartada para no afrontar el asunto hacerle un hueco en el mismo edificio al fiscal del alto tribunal valenciano.
Éste es el que es «más que amigo» de Camps. Suena a salida del armario de ambos.
Pandereta de país.
No comparto que sea tan «insostenible» el que los jueces carezcan de derecho a la huelga, considerando los argumentos del post de 20 de febrero:
a) Que lo que no está prohibido, ha de entenderse permitido en un Estado de Derecho. Y la Constitución no lo ha prohibido.
Tampoco lo prohibe respecto del Presidente o los miembros del Gobierno, o del Presidente del Congreso o de los miembreos del Parlamento, y es evidente que los mismos carecen de este derecho atribuído en principio a los «trabajadores» (art. 37.2 CE)
b) Que los derechos fundamentales (entre ellos la huelga) han de interpretarse en el sentido mas favorable a su efectividad.
El derecho de huelga no es estrictamente uno de los derechos fundamentales reconocidos como tales por la CE (solamente lo son los de la Secc. 1ª del Capt. II del Tit. I y, en su caso, los de los arts. 14 y 30.2) y tal principio de interpretación exige como presupuesto que no existan dudas sobre la titularidad del derecho en cuestión
c) Que la actitud ministerial de anunciar una reforma legal para prohibir el derecho de huelga es prueba suficiente de que está permitido pues si no fuese así, tal medida sería superflua.
Como superflua sería actualmente una Ley que prohibiese el comercio de personas…pero es que el Derecho evoluciona con la civilización o viceversa y solamente cuando se empieza a cuestionar alguna norma hasta la fecha incuestionable surge la necesidad de su regulación jurídica, para clarificarla.
d) Se confunde una función jurisdiccional con el ejercicio de un derecho fundamental, monumental error asimilable a vender chopped por jamón ibérico.
El problema radica precisamente ahí, en la incompatiblidad de ejercicio de una función de un poder del Estado con su abstención o no ejercicio como medida de conflicto colectivo
e) Que es de primero de Derecho distinguir entre la relación orgánica en cuya virtud un juez emite sentencias y ejerce función jurisdiccional que se imputa al Estado, y la relación de servicio o vínculo de derechos y obligaciones entre juez y la Administración de justicia que le paga y controla. Dentro de la relación de servicio un juez-persona física es titular del derecho al descanso, a disponer de medios para su función, a vacaciones o a la huelga.
Históricamente (desde la aparición de los Estados) la Sociedad no ha cuestionado los tres primeros derechos respecto de las personas físicas que ejercen los poderes del Estado (Rey, miembros del Gobierno y Parlamento, Jueces y Magristrados) de la misma forma que la Sociedad nunca ha reconocido -ni se ha planteado, hasta ahora- el derecho de huelga de los mismos
c) Que tal doctrina de que los poderes del Estado no hacen huelga, conduce al absurdo de que como los funcionarios sirven al Poder Ejecutivo no pueden hacer huelga y como el Tribunal Constitucional no está calificado por la Constitución como poder del Estado sí podría hacer huelga. Una interpretación absurda ha de desecharse.
Los funcionarios de la Administración Pública sirven a la Administración, que no es Poder Ejecutivo, el Poder o la Función Ejecutiva del Estado lo ejerce solo el Gobierno si bien con la colaboración de la Administración, mera «ejecutora» de las decisiones de aquel, a la cual dirige (art. 97 CE)
El TC ejerce poderes del Estado, el control de la constitucionalidad de las leyes y de la actuación del resto de poderes públicos, como forma especial de la función jurisdiccional
Historicamente el derecho de huelga surge como medio coactivo de los trabajadores para hacer valer sus derechos frente al propietario de los medios de producción, de ahí pasa a reconocerse por extensión a los empleados públicos y…quién sabe si a partir de ahora se reconoce tambien a los gobernantes en sentido amplio. Si los jueces y magistrados tienen derecho de huelga porqué no pueden tenerlo los parlamentarios o los Directores Generales o los miembros del Gobierno…siempre que cumplan los servicios mínimos de gobernar y legislar, por que no?
Para mí no es convincente la invocación de la relación de servicio, funcionarial o profesional de los jueces como sustento del derecho de huelga porque tal relación es contingente ya que en muchos Estados el acceso al poder judicial es electivo por sufragio universal o por el Gobierno, al igual que el resto de los gobernantes