«Abandonad toda esperanza», decía el letrero que colocó Dante Alighieri a las puertas del Infierno en la «Divina Comedia», y lo mismo podría decirse al contribuyente cuando acude a ofrecer explicaciones ante el requerimiento de la inspección de Hacienda.
Tales notificaciones administrativas ponen en guardia al ciudadano, dominado por un brote de angustia existencial, no por la sensación de ser pillado en falta sino por la intuición de que poco podrá hacer ante la embestida de ese rinoceronte burocrático que es la inspección tributaria. El inspector de Hacienda, al igual que el rinoceronte, inicialmente está quieto observándote, pero luego mueve las orejas, escarba en el suelo y crees que no va contigo, y de pronto, lenta pero en trepidación acelerada se lanza a la carga con el cuerno por delante en una ciega embestida.
1. En estos tiempos en que los ciudadanos afrontan la declaración de la renta, hemos de recordar que Josep Borrell, quien creó la Agencia Estatal de Administración Tributaria en sus tiempos de secretario de Estado de Hacienda, confesó en una entrevista televisiva que la idea se le ocurrió viendo la película «Los intocables de Eliot Ness». Como lo oyen (o como lo leen). Le encantó que un puñado de policías a modo de guerrilla, con autonomía, sorteando papeleo y sin burocracia, pudieran desmantelar el tinglado de Al Capone y detenerle por delito fiscal. Sin embargo, la Agencia Tributaria ha alcanzado la mayoría de edad con sus recién cumplidos 18 años de existencia y se ha convertido en una hidra de múltiples cabezas que, espoleada para captar la máxima recaudación en los actuales tiempos de sequía de las arcas del Estado, se ha convertido en un temible cruce de Torquemada y el cobrador del Frac.
2. Es verdad que los tribunales de lo contencioso-administrativo son los responsables de controlar a quienes nos controlan fiscalmente. Sin embargo, pocos contribuyentes se enzarzan en una lucha desigual frente a la estrategia coordinada de funcionarios de élite, como son los inspectores de hacienda y los abogados del Estado, pues el lance llevaría a afrontar un litigio incierto, costoso y posiblemente inútil, pues bien se ha cuidado el Estado de dotar a su fiel recaudador de sólidas armaduras jurídicas. Y es que frente a los rinocerontes lo mejor es no moverse (confiando en la leyenda rural de que están cegados por el cuerno) o bien arrojar las armas y subirse a un árbol cercano. No en vano, en una célebre sentencia del Tribunal Supremo del año 2006, el prestigioso magistrado Vicente Garzón Herrero expuso de forma gráfica que la Agencia Tributaria contaba con un estatuto tan privilegiado que eludía las garantías comunes del procedimiento administrativo, convirtiéndose en lo que gráficamente calificó de «Guantánamo tributario». 
3. Sin embargo, más que los plenos poderes de la Agencia Tributaria (que recuerdan al agente 007, con licencia para matar al servicio de su Majestad, Hacienda), al ciudadano le preocupa que no consigan hincar el diente tributario en grandes fortunas formadas a base de tinglados, pelotazos o corrupciones.
Diríase que el celo de la Agencia Tributaria no se aplica por igual a todo contribuyente. Es verdad que se aprueban ambiciosos planes de inspección que se centran en investigar más y mejor allí donde hay bolsas de fraude o mayores riquezas, pero tales pesquisas con arreglo al dicho popular «pierden fuelle si algo se mueve». Así, el punto de partida de muchas investigaciones viene dado cuando a Hacienda no le salen las cuentas de la renta declarada o constata patrimonio no justificado, y emplaza al sospechoso a que justifique su origen.
El pez grande (constructor, financiero, empresario de altos vuelos, profesional con minutas astronómicas, muñidores de dinero negro, etcétera) suele contar con «ingenieros jurídicos» y «asesores fiscales» que le habrán montado un sólido tinglado (sociedades interpuestas, hombres de paja, negocios opacos, dobles contabilidades, cesiones familiares fraudulentas, etcétera). Es muy posible que al inspector de turno le brote un humano dilema: ¿investigaré este fraude colosal que me llevará miles de horas de trabajo, batirme con abogados, desmontar pruebas falsas y, todo ello, para desembocar en un procedimiento judicial largo y complejo que será resuelto varios años después?… ¿o será más práctico llegar a un acuerdo con los abogados del contribuyente, ya que la ley permite actas con acuerdo y actas de conformidad, de manera que el inspeccionado salga bien librado del lance pagando la décima parte de lo que sería justo, y yo como inspector salga aliviado de trabajo y además cobrando productividad por lo recaudado, por aquello de «más vale pájaro en mano que ciento volando»?
En cambio, el pez chico (el carnicero de barrio, el jubilado inversor, el funcionario, etcétera) se enfrenta solo ante la inspección de Hacienda y posiblemente se conformará resignadamente pues sólo quiere que pase la pesadilla cuanto antes, mientras Hacienda aplica la ley de forma implacable, con su secuela de intereses, recargos y sanciones.
Quizá la realidad no es tan simple y las categorías piscícolas expuestas son una licencia expresiva con trazo grueso, pero siguiendo la imagen marítima, sería bueno que la Agencia Tributaria no sólo mantuviese su liderazgo en gestión electrónica (el fin justifica los medios) sino que adoptase medidas para conseguir que el ciudadano de a pie inspeccionado no se sienta como un delfín en una red de atunes, y que en cambio las grandes empresas implicadas en asuntos de corrupción y reciclaje de dinero negro se sintiesen como Moby Dick perseguida de forma obsesiva por el capitán Achab.
P.D. Sustancialmente, este articulo fue publicado en el Diario La Nueva España.
En el clavo como siempre, amigo Sevach.
La productividad de los funcionarios es algo peligrosísimo, sea en lo tributario, en lo jurisdiccional o en cualquier otro ámbito, porque donde hay exceso de trabajo lo tentador es sacar lo fácil y lo que mas luce, para encima cobrar mas. Comprendo que motivar a una persona que cobrará lo mismo a fin de mes haga el mínimo o mas es dificil, pero se puede hacer por otros medios. Pocas recompensas ha habido en la historia mas baratas que las medallas militares, y sin embargo muchos han dado la vida por ellas.
Y en cuanto a los privilegios legales que mencionas, en efecto son absolutamente exorbitantes, y con mas razón cuando no se utilizan contra quienes tienen la coraza mas dura (Que es para lo que están pensados) sino para machacar al pobre incauto.
Saludos
Sencillamente grandioso
Estimado amigo Sevach:
Si me permites, me centro en la anécdota de Borrell y su idea sacada de «Los intocables». El problema es que el entonces Secretario de Estado se formaría una idea equivocada al visionar el (a mi juicio) pésimo film de Brian de Palma, porque si hubiese optado por contemplar, como el redactor de estas líneas, la célebre serie que sobre el mismo tema se rodó allá por los cincuenta protagonizada por Robert Stack (bastante más fiel a los hechos) podría haber comprobado que Ness acabó con Capone, pero no con su organización, puesto que varios de sus lugartenientes (entre ellos el tristemente célebre Frank Nitti «el ejecutor») lucharon para hacerse con el negocio acéfalo, llevando tal conflicto a las calles de Chicago.
Por cierto, Borrell «olvida» que muchas de las actuaciones de Ness hoy serían anuladas por los Tribunales federales, pues no olvidemos que Ness y su grupo de «intocables» llevaron a cabo su trabajo en los años treinta, antes de la revolución pro-acusado que operó la jurisprudencia en los años cincuenta.
Muy bueno como siempre, a mayores otro problema es que el sistema está montado en realidad de tal modo que el que cumple tiene que dar todo tipo de explicaciones, mientras el que incumple no existe, y pongo un ejemplo, si como profesional declaras tus ingresos como es obligatorio, te encontrarás con que casi todos los años, algún cliente «olvida» ingresar la retención que tú has declarado oportunamente en la correspondiente factura. En la renta del año siguiente indefectiblemente los datos no coinciden y tienes que acudir a justificar esas diferencias, y a continuación y como el Duero pasa por Valladolid se aprovecha la visita para comprobar esas ventas de acciones en el Nasdaq de las que solo consta el precio de venta, si tales intereses eran gananciales… al final teniendo razón y justificándolo sales del trance, pero se te queda un poco cara de tonto cuando otros nunca son llamados y se jactan de que ellos pasan de todo, y cómo no existen no dan explicación alguna año tras año. Es más hace poco una agrupación profesional se quejaba de que con los objetivos actuales 9 de cada 10 visitas como las comentadas tendrán que acabar en inspección para cumplir objetivos con o sin razón, y en cambio el verdadero fraude se deja de lado, con lo que el rinoceronte parece más furioso que nunca.
Por cierto, aunque no tenga mucha relación estaba releyendo un artículo bastante ameno de Arturo Pérez Reverte (es del año 1998) sobre la UPEF (unidad productora de esfuerzo físico),a saber un remero, y que guarda relación con nuestro sistema productivo y la toma de decisiones en general, os lo dejo para que os echáis unas risas.
El enlace que encontré es
http://www.viajaporespana.com/2009/11/los-espanoles-por-arturo-perez-reverte/
Muy divertido el relato de Pérez Reverte, pero es evidente que se refería a una empresa privada. En la administración, se le habría cortado la cabeza al remero por perder la regata, sin atenuante alguna por el sobreesfuerzo que caía sobre sus hombros. Y qué razón tienes con lo de que hay gente que no aparece siquiera en Hacienda. Es mas, son tan invisibles que aunque Hacienda sepa que existen y realizan operaciones que no declaran, y les notififquen por edictos y tiren de prerrogativas administrativas, se topan al final con la ausencia de cuentas bancarias (A nombre de otras personas) que periódicamente cambian de entidad, dentro y fuera de España, ausencia de domicilio alguno conocido, de bienes, etc. Conozco a uno de esos, que se ha forrado a base de decir en otro pais de la UE que trabaja aquí, y aquí que trabaja allí, y no existe en ningún lado. Y es que Hacienda tira la toalla con facilidad con los que se lo montan bien, porque como dice Sevach, desgraciados incautos le sobran por aquí.
Saludos
Aquí la contestación del delegado de la Agencia Tributaria en Asturias:
Ni qué decir tiene que como máximo responsable de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Asturias, no comparto el contenido de dicho artículo. Alguien pudiera argumentar, con acierto, que mi opinión no es independiente ni objetiva, pero nadie podrá negar que dicha opinión deriva, al menos, del conocimiento de la organización en la que trabajo.
La Agencia Tributaria es la organización administrativa responsable, en nombre y por cuenta del Estado, de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero. En la práctica, el cumplimiento de su función se materializa en dos grandes objetivos estratégicos: la ayuda al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, que en sí misma es una forma de prevención, y la lucha y represión del fraude fiscal. A éste último objetivo destinamos aproximadamente el 58% de nuestros recursos, bien entendido que sólo aprovechando el trabajo de todos y cada uno de sus trabajadores pueden conseguirse resultados satisfactorios.
La inmensa mayoría de los contribuyentes, grandes y pequeños, son buenos cumplidores de sus obligaciones tributarias conforme a la legalidad vigente. La lucha contra el fraude fiscal, se cometa por quien se cometa y sea grande o pequeño, es responsabilidad directa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Porque el fraude siempre es fraude, siempre es injusto y siempre es insolidario.
Pensar que se actúa con menos firmeza contra el fraude cometido por las grandes empresas y principales profesionales, que ante el detectado en las rentas del trabajo, sugiriendo incluso que éstos últimos se encuentran indefensos ante la Hacienda Pública, no responde a la realidad. Tampoco responde en absoluto a la verdad defender que esa presunta laxitud en la lucha contra el gran fraude derive de la necesidad de evitar litigios que demoren el ingreso en las arcas públicas de las liquidaciones administrativas. Finalmente, raya el paroxismo encontrar la causa que explique la forma de actuar de los funcionarios en una presunta correlación entre lo recaudado y sus retribuciones.
Sin abdicar de nuestra responsabilidad en la lucha contra el pequeño fraude, para que éste exista lo cierto es que ha de existir también una parte de la sociedad, cada vez más minoritaria, que muestre cierta permisividad frente al mismo. El control por la Agencia Tributaria y otras administraciones públicas implicadas, así como la mejora inexorable de la conciencia fiscal de los ciudadanos, como instrumentos de presente y de futuro, constituyen las mejores armas con las que luchar contra ese pequeño fraude.
Respecto al fraude a mayor escala la responsabilidad de la Agencia Tributaria es si cabe aún mayor. Pero también es aún mayor la motivación, pues se trata de luchar contra un fenómeno acreedor de un inmenso repudio social. Por ello, argumentar que un actuario firma actas con acuerdo cuando de grandes contribuyentes se trata, para adelantar el cobro de las liquidaciones y así, al mismo tiempo, mejorar sus ingresos por productividad, representa no sólo una ofensa sino también una gran falsedad que sólo el más absoluto desconocimiento de la realidad puede disculpar. Los funcionarios perciben la mayoría de sus retribuciones como una cuantía fija determinada en los Presupuestos Generales del Estado. Es cierto que una pequeña parte de sus emolumentos es incentivo por productividad, pero éste se determina en función de la cantidad y calidad de su trabajo, no de la parte que se recaude del mismo.
Pensar que en la Agencia Tributaria los empleados públicos se achantan ante los grandes contribuyentes mientras se crecen ante los pequeños es no conocernos. Implica ignorar, por ejemplo, que la deuda media regularizada por cada defraudador inspeccionado fue el año pasado de unos 175.000 euros, lo que difícilmente casa con la idea preconcebida de que no se lucha contra el gran fraude. La Ley General Tributaria establece la obligación de estricto secreto respecto a los asuntos que conozcamos, lo que impide que muchas de las principales actuaciones de control se den a conocer y de ahí puede que provenga parte de ese desconocimiento. Y descarto que por el momento aquellos a quienes inspeccionamos y regularizamos elevadas sumas por fraude fiscal lo hagan público. Pero no nos olvidan.
Es preciso también explicar que la constante actualización normativa y de obligaciones informativas, que sería prolijo comentar aquí, no se elabora para dar batalla al pequeño fraude, sino para, de forma mayoritaria, proporcionar una armadura jurídica -y aquí sí el término es adecuado- de la que se sirve la Hacienda Pública para plantar cara al gran fraude y a las tramas organizadas de defraudación.
Por último, tanto el pequeño contribuyente como el grande tienen a su alcance medios efectivos de defensa jurídica. La tutela judicial efectiva a que se refiere el artículo 24 de la Constitución Española es especialmente efectiva en vía administrativa. Y es que si los tribunales contencioso-administrativos ejercen una magnífica labor, es precisamente en el ámbito tributario donde se ofrecen en vía administrativa más oportunidades de defensa previas a la judicial. En efecto, los tribunales económico-administrativos son órganos administrativos independientes y especializados, que no pertenecen a la Agencia Tributaria, pero que velan efectivamente por la legalidad de los actos administrativos que ésta dicta.
No quisiera que estas líneas puedan hacer creer que en la Agencia Tributaria no tenemos una visión crítica. Todo lo contrario, somos especialmente conscientes de los problemas y retos que afrontamos y de los muchos ámbitos en los que debemos mejorar, tanto internos como institucionales. Pero ninguna se menciona en el artículo publicado el pasado 7 de mayo.
http://www.lne.es/opinion/2010/05/14/lucha-fraudebr/915297.html
Lo que me gustaría saber es si Borrell previó las consecuencias del blindaje de sus inspectores tributarios: véase «caso Hacienda (sub judice).
Eso de eliminar o hacer intransitables los cauces para que el ciudadano es un atentado a la democracia, y los resultados están a la vista en el energumenismo como respuesta al atropello.
Excelente artículo, Sevach: como todos los tuyos.
Saludos cordiales
Antes de nada, felicitar a Sevach por su ingente trabajo en todo este tiempo, ya que aunque mi formación no sea jurídica (sino todo lo contrario), ha conseguido el «jodio» que me lea su web de cabo a rabo.
Me animo a escribir para expresar un simple opinión, muy personal y sesgada, pero que casa muy bien con el sentimiento mayoritario de que Hacienda: somos todos iguales, pero siempre habrá algunos más iguales que los demás.
Y es que perder días de trabajo, tener que pedir documentos en sitios que ni siquiera sabía que existían, y una «romería» tras otra a la delegación de turno, todo para al final tener que soltarle lo siguiente a la persona que te atiende (y esto es caso verídico)
AT: no, si no dudo de su certificado de nacimiento, ni de su fe de vida, ni de su identificación sellada de la Policía Nacional; pero me aparece en el sistema su DNI duplicado y tiene que arreglarlo.
YO: y que quiere que haga, ¿Que le traiga también el **** de mi madre para demostrárselo?
No dudo del buen hacer ni de las buenas maneras del funcionariado que trabaja allí, e incluso algunos hacen mucho más de lo que se les requiere, pero tienen la curiosa manía de entonar siempre el «no es amor de madre, pero todos llevan el paso cambiado menos mi hijo».
Si a estos funcionarios, o a sus Directores de servicios, Jefes de sección, o como se quieran llamar se les pusiera en un tablón de anuncios para mofa y escarnio público cada vez que a un trabajador honesto le hacen «la pirula», otro gallo nos cantaría.
pero lo que ya es una verdad universal para la gran mayoría de los españoles es el verdadero lema que trajo Borrel cuando la creo: «La pela es la pela»
Acabo de leer un artículo en la web cotizalia, en la que se denuncia por los inspectores de haciendo el presunto trato de favor que se les da a esas cuentas opacas que parecen existir en el HSBC en Suiza, el artículo dice:
«El escándalo de las cuentas opacasa en Suiza filtradas por un empleado del HSBC y que amenaza a buena parte del establishment político y empresarial español empieza a provocar reacciones en cadena. Los inspectores de Hacienda han denunciado lo que ellos entienden como un «escandaloso trato de favor» a los presuntos defraudadores y acusan a la Agencia Tributaria de ser «fuerte con los débiles y débil con los poderosos».
Lo que escandaliza a los inspectores es que Hacienda ha dado a estos contribuyentes un plazo para regularizar su situación mediante declaraciones complementarias y evitar así su responsabilidad penal y administrativa, una oportunidad de la que no disfruta el resto de los contribuyentes. De ahí que hablen de «privilegio» y que exijan que la Agencia Tributaria inicie inspecciones a estos presuntos defraudadores y que ponga en conocimiento de los tribunales los posibles delitos fiscales.
El escándalo ha surgido a raíz de la filtración por parte de un empleado del banco británico HSBC a la Hacienda francesa de un listado con miles de personas con cuentas opacas en Suiza, entre ellas unas 3.000 españolas,. Las autoridades galas han remitido la información a la Agencia Tributaria española, que ha enviado un requerimiento a los implicados para que regularicen su situación antes del 30 de junio. Con ello podrán evitar sanciones administrativas y querellas en los tribunales, con un recargo máximo del 20% sobre las cantidades no pagadas en los últimos años.
Los inspectores equiparan este «trato de favor» con una amnistía fiscal, «porque permite a estos contribuyentes regularizaciones, incluso parciales, y se les pone sobre aviso de la información de que dispone la Administración Tributaria. Asimismo, critican que no se endurezca la tributación de las sicav por la posible fuga de capitales y ahora, que hay una fuga confirmada, Hacienda no sea más dura con los culpables.
Los inspectores también recuerdan que se está actuando en la misma forma que cuando se recibió el listado de cuentas opacas en Liechtenstein: «El resultado, más de dos años después, no ha podido ser más desalentador: regularizó voluntariamente un 20% de los contribuyentes. Los que no han regularizado no han pagado los impuestos, supuestamente defraudados, ni se les ha impuesto ningún tipo de medida cautelar, ni personal, ni prisión, ni patrimonial, ni ningún otro tipo de embargo», añade el comunicado.»
A lo que iba, parece que no todos son iguales
Pingback: Por fin, un Manual realmente práctico de Derecho Tributario | Contencioso.es
Pingback: Limitación de pagos en metálico a 1000 euros : todos sospechosos - El rincón jurídico de José R. Chaves - delaJusticia.com
Pingback: Siete potestades del poder tributario absoluto: pesadilla para despertar - El rincón jurídico de José R. Chaves - delaJusticia.com
Pingback: ¿ Derecho tributario, cuasiderecho tributario o Derecho recaudatorio ? | | delaJusticia.com