Las Administraciones Públicas han sido objeto de tantos estudios concienzudos como las momias egipcias, y al igual que con ellas, ninguna investigación consigue resucitarlas de su polvo de siglos de solemnidad y molicie. Viene al caso, ante la noticia de las recientes investigaciones realizadas por IBM Global Business Services, en pos de la “Empresa inteligente” y basadas en experiencias de proyectos en clientes y discusiones con líderes de negocio. A la vista del resultado de tales indagaciones, se nos plantea la duda de si las características de tales “empresas inteligentes” pueden predicarse de la mayor parte de nuestras Administraciones Públicas.
1. Así, los estudios de la multinacional del negocio llegaron a la conclusión de que las características esenciales que describen a la compañía preparada para explotar la analítica avanzada y el rendimiento optimizado, son las siguientes:
– Atenta. Está alerta a captar información y estimula a sus empleados.
– Interconectada. Mantiene coordinados los empleados y sus funciones, dentro y fuera de la organización.
– Precisa. No divaga y focaliza objetivos y medidas en acciones inmediatas.
– Interrogativa. Cuestiona permanente si puede conseguir sus objetivos con mayor rapidez y calidad, con menor coste.
– Potenciadora. Considera a sus empleados un activo en el que puede confiar y delegar, para extraer sus máximas posibilidades.
– Anticipadora. Siempre alerta a los cambios para reaccionar frente a problemas futuros.
2. Pues bien, Sevach se pregunta si, al igual que se habla de “empresas inteligentes” podría hablarse de “Administraciones públicas inteligentes”, como nuevo modelo de organización. Y parece que a primera vista, de forma telegráfica, no se ajustan nuestras Administraciones Públicas a tales rasgos. Veamos
– ¿Atenta?. ¿ A los fines de los políticos o a las leyes que marcan el camino? La mayoría de las Administraciones Públicas viven enredadas en los fines políticos, en sobrevivir a la imagen que da la prensa, y en creerse sus propias y grandielocuentes Memorias, Planes Estratégicos, Balances y tostones similares, primorososamente editados para que se lo crean los propios políticos, los funcionarios y la ciudadanía. En suma, atención al ombligo público.
– ¿ Interconectada?. Aunque la mayoría de las Administraciones Públicas se basan sobre el papel en los principios de unidad de acción, coordinación y eficacia… ¿ no se parecen a la torre de Babel, por las intrigas palaciegas de unos y otros, y por los compartimentos estancos en que desembocan las distintas unidades?.
– ¿Precisa?. De la Administración podría parafrasearse aquello de :¿ Donde vas, Administración, donde vas, triste de ti? Voy en busca de la eficacia, que ya hace tiempo la perdí…
– ¿Potenciadora?. ¿ del potencial de sus funcionarios y trabajadores? , ¿ Hablamos de productividad y carrera profesional?, jua, jua, juaaa, juaaaaaa….
– ¿ Anticipadora?, ¿ de la crisis económica y su impacto en el mundo publico? Ja,ja,jaaaaaaaaaaaa
3. En definitiva, que es triste decirlo, pero parece que bajo tales criterios nuestras Administraciones no son “inteligentes” , sino mas bien …………………………… ( Aquí cada lector, como pasatiempo veraniego, puede poner el epíteto que le venga a la mente).
Lo que sí es seguro es que tan bonitos calificativos del mundo privado ( atenta, interconectada, precisa, interrogativa, potenciadora, anticipadora) serán asumidos en el futuro por la legislación admininistrativa, por los Códigos de Buen Gobierno, por los Idearios públicos… Y es que donde esté un buen principio legalmente consagrado…¿ qué importa que no se aplique?.
Y lo que sería revolucionario sería avanzar hacia esa utópica figura del “político inteligente”, entendiendo la inteligencia en el sentido de Carlo M. Cipolla, como el arte de no perjudicar a los demás sin obtener ningún beneficio, para sí ni para terceros.
4. Así, al hilo del solaz veraniego me parece sugerente efectuar una sencilla particularización de las Leyes de la Estupidez formuladas por Carlo Cipolla, mediante la sencilla sustitución del término «persona» por el de «político», y el resultado es interesantisimo. Ahi van tales leyes de la estupidez adaptadas al ecosistema de la colmena burocrática:
1. Siempre e inevitablemente cualquiera de nosotros subestima el número de políticos estúpidos en circulación
2. La probabilidad de que un político dado sea estúpido es independiente de cualquier otra característica propia de dicha persona
3. Un político es estúpido si causa daño a otras personas o grupo de personas sin obtener ella ganancia personal alguna, o, incluso peor, provocándose daño a sí misma en el proceso.
4. Los políticos no-estúpidos siempre subestiman el potencial dañino de los políticos estúpid0s; constantemente olvidan que en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, asociarse con políticos estúpidos constituye invariablemente un error costoso.
5. Un político estúpido es el tipo de persona más peligrosa que puede existir
P.D. Pese a mi poca confianza en los políticos profesionales, mis invectivas no van contra los políticos de pata negra, que creen en lo público y sacrifican su vida con entrega a ello, ( y puedo asegurar que he conocido excelentes profesionales de la política, aunque frecuentemente el sistema los expulsa) sino contra los políticos parasitarios que abundan y que consideran lo público un campo abonado para el clientelismo, el lucro personal, el proselitismo sectario o el poder prepotente.
Había aplicado las Leyes del opúsculo de C.M.Cipolla muchas veces y, de hecho, aplicado como terapia de supervivencia en el ámbito laboral; pero la incorporación del término ‘político’ a las formulaciones es ¡¡Brillante!!
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Están utilizando la nueva normativa, RD 2/2010, RD 4/2000 y la Orden PRE/1744/2010 para echar a la gente. Primero, si estás de baja te pasan por el EVI y luego como la Administración son Órganos de Jubilación, pues te jubilan. Es por esto por lo que cambio la normativa en el año 2009. Desde el primer día de baja te lo pueden hacer. Nada de esperar los 18 meses. Es mi caso. Tengo reconocida una minusvalía, estoy de baja porque me hiceron una operación hace poco y tengo que volver a quirófano, y me han abierto un expediente de incapacidad permanente, que por supuesto el EVI va a considerar que si hay incapacidad porque la tengo reconocida. ¿Pero ésto que es?
«Y es que donde esté un buen principio legalmente consagrado…¿ qué importa que no se aplique?»
Y si introducimos en las leyes una norma de cierre tipo: «El Director del organismo/ente/administración/lo_que_sea que no cumpla con este principio sagradamente consagrado, será sancionado con xx€?
Si premiamos a quien lo hace bien, ¿por qué no sancionamos a quien lo hace mal?
Me solidarizo con la compañera funcionaria con una incapacidad, de la que la Administración quiere incapacitar de manera permanente.
El autor dice ciertas «lindezas» de la Administración, y estoy de acuerdo con él, pero se olvida de hablar de la «maldad» como cualidad de algunas administraciones (o ciertas unidades de ellas).
¿Qué es maldad? Pues esas resoluciones administrativas que, deliberadamente, no tienen en cuenta las alegaciones del interesado (total, que recurra al contencioso, a pagar a un abogado y procurador). Resoluciones que un funcionario prepotente emite -vía plantilla de ordenador- sin tener en cuenta lo dicho por el interesado (ni, a veces, la propia norma vigente). Y, si le coge manía al ciudadano, incluso tergiversan la recta interpretación de la norma.
De eso hay mucho, y el autor no dedica ni una línea a los abusos de la Administración (que considero generalizados en España).
Por poner un ejemplo, yo mismo acabo de recibir dos resoluciones de la Agencia española de Protección de Datos, ente público de lo más peculiar, pues aunque su teórico fin es «proteger» y «tutelar» los derechos del administrado, cuando la entidad reclamada es una concreta entidad religiosa (poder fáctico en España, por lo que parece) aplica otra vara de medir.
Esa entidad jamás contesta al ciudadano, y el que vaya a solicitar la tutela de la Agencia se encontrará que ésta le desestima su derecho (o sea, en plata, que se lo suprime).
Por los casos que conozco, esta desestimación es sistemática y responsabilidad de una sección y Jefe de Sección determinados. Lo mejor es que la entidad religiosa dispone de un Abogado del Estado para presentar sus escritos de alegaciones en el procedimiento de tutela. Y éste, por supuesto, utiliza toda su habilidad y conocimientos para «convencer» a la Agencia. Y lo consigue.
Genial por la Agencia y su defensa nula de los derechos del ciudadano.
Maldad también es:
-Reconocer un derecho por Ley y no permitir su ejercicio por los afectados (art. 67.4 del EBEP sobre jubilación parcial).
-Dejar transcurrir ocho meses para decir que en el plazo de un año publicarán la normativa que permita acceder al derecho reconocido (D.A. 7ª de la Ley 40/2007). Pasa el año sin cumplir lo prometido.
-Dejar transcurrir nueve meses más y darse otro plazo de un año para lo mismo de antes (Acuerdo Admón-Sindicatos 2010-2012).
Este último plazo finaliza el próximo mes de septiembre «y seguimos a oscuras».
¡Esto es maldad!
Os paso a enviar una sentencia del Tribunal Supremo, que pusieron hace años unos compañeros míos de Aviación Civil (STS 7262/1998) en donde se dice que a todo el personal que decidió no pasar a AENA se nos recolocó con carácter definitivo. Es para que os fijéis hasta donde pueden llegar algunos funcionarios en la Administración española. La ley 30/84 recogía que a aquellos funcionarios cuyos puestos de trabajo se suprimieran, serían recolocados en el plazo de un año en un puesto de trabajo de características análogas al suprimido para que no hubiera pérdida de poder adquisitivo. Pues bien, os cuento, yo soy de ese colectivo, la CECIR me creó un puesto a amortizar (luego no es cierto lo que se dice en la sentencia)en el que sigo, en adscripción provisional,en exclusiva para mí con unos complementos del grupo C2. Yo soy del grupo C1. Tengo una titulación universitaria que no puedo usar para promocionarme desde dentro porque las bases recogen que no te puedes presentar si estás en adscripción provisional, tampoco consolidas el grado, Tribunal Supremo (Recurso 6/2002). Me niegan sistemáticamente los cursos de capacitación, se me humilla, se me ha degradado, se me ha insultado, etc. Por cierto, que no aprobé las oposiciones ayer, llevo así casi 19 años. Cuando les he dicho que se acabó y que me lo arreglen, no como un favor, sino como una obligación me han hecho la vida imposible. Tengo una baja por depresión y han utilizado en el mes 13, nada más salir la orden que os he dicho, una justificación para llevarme al EVI, que yo no me opongo, de hecho ya he ido, para incapacitarme. Y ahí está el problema. Como saben que tengo reconocida una minusvalía lo han usado para que el Equipo de Valoración de Incapacidades de la Seguridad Social me declare la incapacidad. Como ellos son Órganos de Jubilación, pues ale. Para ello, y he aquí su error, han usado un artículo de la ley que a mi no me asiste. Pero ya veréis como me toca ir a juicio. En fin, Chicago años 20.
Comparto plenamente la inquietud y reflexiones de mi ex-compañero Tesorero. Debe ser este país nuestro probablemente uno de los que más legisla y menos cumple sus propias leyes. Una pena.
Un saludo.
Yo, casi casi, aseguraría que España es el país que más legisla. Total, no cuesta dinero a los que hacen las leyes, más bien ganan con ello, y además no tienen responsabilidades por los perjuicios que ocasionan al legislar de manera temeraria, deficiente, farragosa, etc.
Todo vale y es todo momio, no me extraña que estén los cargos políticos tan solicitados tanto ahora como a lo largo de toda la historia.
Un saludo.
La mayoría de las veces no se cumplen las leyes porque no hay quien se las sepa. Hacen un RD hoy y mañana sacan, pongamos por ejemplo, una orden que revoca el apartado «x» del artículo «y». No se enteran ni tan siquiera ellos mismos. Os lo digo porque lo sé con certeza.
Por otro lado, ¿qué pasa con los sindicatos?¿Para qué se creen que están ahí?. Caso concreto: año 1998 RPT del Organismo «x». Año 2010 la misma RPT con una persona que se supone ha aprobado una oposición de titulado superior, con conocimientos técnicos = 0, pero cobrando un dinero que no le corresponde y poniendo la vida del contribuyente en peligro, esto es el problema que tenemos los que estamos en la Administración como técnicos, un error nuestro puede ser garrafal.¿Dónde están los sindicatos que defienden al trabajador?
No sé si en verdad sería necesario ir en busca de una Administración Pública inteligente, de momento, yo me conformaría con que no se pasaran de listos. Bueno, tampoco estaría mal que de vez en cuando recordaran que aquello donde dice «principios generales», en la Ley 30/92, no es un simple elemento decorativo, o al menos, no debería serlo.
Justicia, gobierno, sindicatos, partidos políticos…; todo apesta.
Cuando oyes a esta gente en los medios de comunicación, lo que se siente ya no es una «cierta rabia» hacia aquél de distinto partido o parecer político, sino, asco y repugnancia ante tanto cinismo, manipulación y, sobremanera, la sorna con que cada día tratan de insultar a nuestra inteligencia.
Vamos, para ponerse a vomitar y no parar.
Propongo escribir un libro con capítulos diversos. En cada capítulo puede haber un Organismos, que llamaremos «x», y del que se pueda decir las reiteradas violaciones de las infinitas leyes, RD, normativas, ordenes, resoluciones,etc., de los derechos que presumiblemente tenemos los funcionarios. También se pueden poner ejemplos, por supuesto que siempre estén avalados por pruebas. A lo mejor tenemos suerte y nos lo publican. ¿Quién se apunta?
Podemos escribir un libro, tal y como apunta funcionaria cabreada, podemos relatar los hechos en medios de comunicación, foros, blogs o en la cafetería de la esquina…, eso es lo único que nos proporciona esta, mal llamada, democracia. Siempre se justifican con lo mismo: «si no hubiera democracia no podrías estar contando esto o lo otro…», pero ese es en esencia el único derecho que tenemos; el derecho al pataleo en público, porque, a la postre, es lo mismo, las cosas no cambian, los poderes públicos continuan haciendo lo que les viene en gana. ¿Quién es el encargado de vigilar de que así no sea?, la justicia, la cual parece ser que no está por la labor. Si no hay justicia, no hay Estado de derecho. La justicia debe vigilar que la Administración se riga por las leyes, pero si no es así ¿quíen vigila al vigilante?, entiendo que debería ser el pueblo, pero ¿el pueblo está por hacer esa labor, o tiene suficiente con los problemas de cada día? Ya se sabe «la unión hace la fuerza», pero ¿acaso no es lo primero de lo que se encargan los subsodichos?, es decir «divide y vencerás», y lo saben hacer muy bien. Vivimos en un modelo de sociedad individualizada, donde cada cual va a lo suyo y «estando yo bien, los demás que…», hasta que este modelo se vuelve contra nosotros. Todos los días nos enteramos de injusticias que sufren otros, pero ¿cuánto nos dura la preocupación? pues los minutos que dura la noticia en los medios, o unos pocos más; lo que tardamos en contárselo a la pareja, vecino, etc., después, cada cual a lo suyo.
Seguro que muchos estariamos dispuestos a manifestar nuestro descontento, pero ahí surge el problema ¿cuánta gente nos apoyaría?, pues unos por otros, ninguno. ¿Quién tiene el suficiente poder de convocatoria? ¿los sindicatos…? Je, je…
Supongo que solo una situación extrema de descontento, generalizada, sería lo único con poder sufiente para que la gente se manifestara expontáneamente, hasta entonces, nos seguiran aplastando, pero, eso sí: uno a uno, o como mucho, de poquitos en poquitos, y como todos ya sabemos «Después vinieron por mí, y en ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí…»
En fin, a los seres humanos nos queda mucho por andar.
No está claro que se apuntaran muchas personas. Esta situación de desconcierto y de ¡viva la Pepa! ha venido y viene muy bien para algunos. Tened en cuenta que cuando se viola la ley, pongamos el ejemplo de un robo, unos se ven perjudicados, es decir, las víctimas, los que hurtan siempre salen beneficiados. Es por esto por lo que difícilmente se podrá lograr la supuesta igualdad ante la ley.
Buenos días.
Aunque este blog no está diseñado para hacer consultas jurídicas, teniendo en cuenta que muchos de sus seguidores parecen bastante entendidos en temas de jurídicos, me atrevería a solicitarles un poco de ayuda en una cuestión en la que no sé como actuar.
La cuestión es que, estando preparando un recurso contencioso-administrativo contra una resolución presunta desestimatoria de un recurso de alzada, he recibido la resolución expresa (igualmente desestimatoria) de dicho recurso de alzada, pero cuando ya se había superado los 6 meses de la fecha de interposición del recurso de alzada (7 meses y medio). Mi pregunta es, ¿tengo que cambiar todo el recurso cont-adm. contra la resolución presunta, que ya tenía casí finalizado, y recurrir la resolución expresa extemporánea, o puedo presentar el recurso tal y como lo tenía, contra la resolución presunta e ignorar la resolución expresa extemporánea, o, de otro modo, recurrir ambos; la resoloción presunta y la resolución expresa extemporánea?
No sé, si alguien puede proporcionarme alguna idea de qué debo hacer, se lo agradecería enormemente.
Gracias por atención.
Pues depende, porque si el recurso de alzada era por ejemplo contra una desestimación presunta, se supone que el silencio negativo que tenía la primera desestimación “se convierte” en positivo, con lo que no debería admitir ahora una resolución expresa que no confirmara este hecho.
En otro caso, y si no has presentado el recurso yo lo presentaría el recurso en el plazo de dos meses contra la resolución expresa, pues las cuestiones de forma no tienen ya mucho sentido y en las de fondo puedes tener en cuenta lo que te han contestado.
Si ya lo hubieras presentado contra la resolución presunta, lo correcto entiendo que sería ampliar la demanda contra el acto expreso, solicitando la acumulación… De todos modos hay por aquí gente que sabe mucho más que yo, así que si te dicen otra cosa hazles caso.
Gracias por tu pronta respuesta sed Lex.
Posiblemente es lo que haga; recurrir la desestimación expresa. El recurso contra la desestimación presusnta (aún no lo había interpuesto) estaba fundamentado, principalmente, en la falta de motivación e indefensión (art. 24 CE) por tener que recurrir en base a motivos hipotéticos, ahora, en el recurso contra la desestimación expresa, tendré que combatir los motivos alegados, aunque entiendo que, de algún modo, deberé mencionar la extemporaniedad de la resolución expresa.
Lo dicho, muchas gracias por tu ayuda, ya que no sabía que hacer, de todos modos, si alguién ha tenido alguna experiencia similar, o tiene otra de idéa de cómo actuar, será bien recibida su opinión.
Gracias también a Sevach por publicar mi consulta, cuando ese no es el fin del esta blog.
Saludos