Recientemente La Nueva España publicó un artículo en que me esforcé en aventurar la fórmula o ecuación que permitiese explicar el fenómeno de la corrupción pública. Hace unos meses también fui invitado a disertar sobre las posibles medidas frente a la corrupción del poder. Ese común hilo conductor – la bajeza de la condición humana que reverdece cuando se le inocula el virus del poder público- me lleva a fusionarlos en este post, sobre una de las patologías mas graves del mundo público.
I.La fórmula de la corrupción
Parafraseando a la película Wall Street 2, diríase que “ la corrupción nunca duerme”. La cuestión radica en averiguar qué la mantiene despierta o en términos matemáticos, si es posible encontrar una fórmula que explique tan pernicioso fenómeno. Me atrevo a aventurar que la ecuación de la corrupción se enunciaría así: K=( I+ N) x C
Donde K es la Corrupción; I la inmoralidad del sujeto; N son las normas jurídicas imperfectas; y C el contexto político degradado.
En otras palabras, es corrupto quien puede (las normas jurídicas sobre controles tienen agujeros como el queso gruyere), si además quiere ( las normas morales no le frenan para abusar de los dineros públicos), y si recibe el estímulo de un contexto político relajado. En consecuencia, para evitar el resultado de la corrupción habría que actuar sobre los parámetros que la incrementan.
El factor moral se escapa a las medidas públicas por ser la resultante de la educación familiar, experiencias personales, educación y religiosidad, de manera que ahí el Derecho poco puede hacer.
En cambio, las normas jurídicas admiten mayor calidad técnica y mayor grado de efectividad en cuanto a controles de la legalidad de las decisiones públicas, particularmente en el ámbito de la contratación. El problema brota cuando leyes cándidas “en nombre de la madre eficacia” relajan los controles de los procedimientos administrativos propiciando figuras de doble uso, como el procedimiento de urgencia, procedimiento negociado, contratos menores,etc. Y digo de doble uso, porque según quien las utilice, actúan como los medicamentos, capaces de salvar al paciente si se usan moderadamente o matarles si se abusa de ellos.
Pero “un agujero no hace granero”, de manera que “la ocasión” para la corrupción cuenta con la complicidad de otras normas cojitrancas. Por ejemplo, si el legislador ( o el Ejecutivo) confía la responsabilidad máxima del uso de tales técnicas a funcionarios leales al “todo vale” (altos cargos, eventuales, funcionarios de libre designación); si la norma es tolerante en cuanto a regalos y compadreo entre proveedores y políticos; o si la normativa contable y presupuestaria no contempla controles de los destinatarios reales de los pagos públicos.
El empuje para sucumbir a la “tentación” vendrá dado por el contexto de relajo en la moralidad del sector público ( altos cargos frívolos que toman decisiones frívolas), que a los ojos del potencialmente corrupto puede proporcionarle para su fuero interno la coartada sociopolítica para comenzar su escalada en la corrupción contractual. Y es que el corrupto no nace, sino que se hace, y además crece siguiendo varios escalones descritos en un imaginario Manual del Corrupto.
El primer escalón se sube el día en que un contrato es adjudicado por urgencia o directamente a un determinado proveedor, salvando el escollo de la falta de consignación presupuestaria o de trámites burocráticos, para conseguir una apremiante meta del programa electoral o rentabilizar políticamente una decisión. Las normas no entienden de urgencias en las inauguraciones de edificios o puesta en marcha de servicios públicos, y por eso, la autoridad de turno se siente con fuerza para saltárselas si no le frena el funcionario de turno, tarea muy difícil por la distinta situación jerárquica de ambos, como la asumida por Sancho para hacer desistir a Don Quijote de emprenderla con los molinos.
El segundo escalón se salva cuando el político o alto funcionario corrupto se percata con ronroneo gatuno de que si una vez atravesó la línea roja y no pasó nada, podrá seguir utilizándola y convertir la excepción en pauta normal.
Al tercer escalón se asciende cuando se produce la magia del encuentro de dos tendencias. La del político que quiere soluciones rápidas, sin importarle las normas ( y descubre que “no pasa nada”), y la del empresario sin escrúpulos que como el genio de Aladino, da respuesta instantánea a sus deseos.
El cuarto escalón es el de la consolidación de las estructuras de decisión paralelas, donde todos juegan con la pólvora del rey, y donde la puerta de emergencia excepcional de un contrato “fuera de ley” se convierte en una puerta giratoria habitual. El empresario surte al político y el político se deja querer por el empresario, sirviendo de puente el alto funcionario que también saca tajada.
Por ello, mientras se mantenga ese desprecio por las normas de control ( tildadas de enemigas de la eficacia) y mientras no se consiga la plena ejemplaridad en la clase política, me temo que la corrupción seguirá existiendo, e incluso para el ciudadano podría ofrecerse otra ecuación que explique su impresión ante la corrupción, en los siguientes términos: CR (Corrupción real)- CND (Corrupción no denunciada)-CNP ( Corrupción denunciada y no probada)- CP ( Corrupción prescrita)= K ( Cachondeo).
II.- Veamos ahora las diez medidas contra la corrupción, aunque ya advertí que el problema de tal receta es que ningún cocinero que aspire a gobernar las pondría en práctica. Veamos el decálogo de sus ingredientes básicos:
1. Aplicar el bisturí para «cortar por lo insano» a la red de entes, agencias, consorcios y demás entes instrumentales.
2. Robustecer la figura de los interventores de fondos públicos y retomar el sistema de intervención previa, esto es, el control del gasto antes de ejecutarse las decisiones políticas, y no a toro pasado.
3. Recuperar la plena funcionalidad e imparcialidad del cuerpo de secretarios locales, potenciando el valor de sus informes jurídicos y adjudicándoles destino por concurso de méritos, y no por libres designaciones.
4. Aplicar sin paños calientes la inhabilitación para cargo público de aquellos gobernantes que sufran reiteradamente la anulación judicial de sus decisiones, cuando sean calificadas de nulas de pleno derecho o incursas en desviación de poder. La actual paradoja es que el gobernante con tarjeta amarilla por anulaciones judiciales suele cosechar más votos que el gobernante que acata la ley a pie juntillas.
5. El personal eventual, esto es, los modernos validos y asistentes de las autoridades, nombrados sin oposición ni prueba alguna, ha de reducirse drásticamente en número, y fijarse cifras máximas según criterios objetivos. Debe ponerse punto final a que las plazas de personal eventual sean refugio de políticos errantes tras perder las elecciones.
6. La ley debe limitar los puestos que pueden ser desempeñados por personal laboral, categoría respetable pero convertida en la gatera por la que colar afines, al margen del mérito y capacidad, mediante contratos temporales o irregulares.
7. Aprobar urgentemente una ley de armonización en materia urbanística para recuperar el terreno perdido tras la sentencia del Tribunal Constitucional 61/97, que dejó al Estado prácticamente sin competencias urbanísticas. Además debe otorgarse la competencia definitiva para la aprobación de los planes urbanísticos a las comunidades autónomas en vez de a los ayuntamientos, que han demostrado dificultades para resistir a la tentación de cuestionables operaciones inmobiliarias o para doblegarse a presiones vecinales. Pagarán justos por pecadores pero el saneamiento público y una adecuada ordenación territorial lo merece.
8. La fiscalía deberá ser dotada de mayor grado de autonomía y otorgársele legitimación o capacidad para impugnar ante lo contencioso-administrativo actos en materia de contratación y empleo público (áreas de la mayor bolsa de corrupción y donde la ausencia de acción pública presta cobertura a la impunidad).
9. En materia de función pública, urbanismo y contratación, las sentencias anulatorias que se dicten en primera instancia deberán ser inmediatamente ejecutivas (al fin y al cabo un juez imparcial ha revisado la actuación de la Administración), sin esperar al agotamiento de todos los recursos posibles que permiten la consumación de las felonías mientras envejecen todos los implicados.
10. La Justicia debe ver a su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, fuera del mercadeo político, mediante un sistema puro de autogobierno judicial. La independencia judicial no casa bien con los riesgos del despotismo ilustrado de «todo para los jueces, pero sin los jueces».
Esos diez mandamientos anticorrupción se encerrarían en dos. El político gobernante ha de tener lealtad institucional por encima de partidos y grupos de presión. Y ha de administrar los recursos públicos como le gustaría que se administrasen los propios.
III. En particular, bajo la perspectiva de sanear las relaciones entre «controladores» y «controlados», entre empleados públicos y altos cargos, el letrado de la Junta General del Principado, Ignacio Arias, propuso un decálogo contra la corrupción en un interesante artículo en La Nueva España.
IV. Para finalizar y dar una nota de humor, o mas bien tragicómica os recomiendo este video que lamentablemente no ha perdido vigencia
En mi humilde opinión (creo influenciado por los sistemas comparados) las causas serían más profundas: el diseño del propio sistema.
La Ley Electoral española se basa en la Ley D’Hont, un modelo francés de la época del turnismo político. El voto 100 vale mucho más que el voto 1 a la hora de obtener un escaño. Por ejemplo, 100000 votos son 10 escaños, la mitad sólo 3. A nivel nacional, los escaños se concentran una y otra vez de forma no proporcional en los dos partidos más votados. Si se cambiara esa ley sería dificultoso el bipartidismo PP-PSOE y la corrupción que se traen entre manos.
La Ley electoral española se basa en el modelo de circunscripciones provinciales. Con 17 Comunidades Autónomas, si hubiera 170 escaños en el Congreso, 10 de ellos los elegiría cada CA. Así, si en mi CA viven 10 personas, cada uno elegimos un escaño. Pero si viven 10000, solo elegimos una milésima parte. No hay pues igualdad de voto entre ciudadanos, beneficiando a partidos nacionalistas en regiones de baja población, permitiéndoles ocupar una posición de «partidos bisagra».
El modelo de Comunidades Autónomas, que sólo «existe» en España en todo el mundo, era en realidad un modelo territorial federal (reparto de competencias: arts.148 y 149 CE). En la Transición, un modelo centralista era imposible porque España de por sí es heterogénea y bastante grande, y un modelo federal «sonaba» a República, por lo que se «camufló» bajo esta «nueva denominación». Dado que traspaso de competencias hacia los Estados federales (las Comunidades Autónomas) está abierto siempre porque la propia Constitución Española deja una cláusula que permite en todo caso la transferencia de cualquier competencia del Estado central a los federales.
La Ley Electoral española, elaborada por las propias Cortes Franquistas, ha favorecido la aparición de un bipartidismo (favorecido por el modelo D’Hont) y de partidos nacionalistas (favorecido por el modelo de circunscripción provincial) lo que a su vez ha provocado que los dos partidos nacionales PSOE-PP busquen continuamente la mayoría en el Congreso «regalando» competencias (junto con los recursos públicos que las sostienen) a los partidos nacionalistas para pactar con ellos. Así nacieron los Estatutos de Primera Generación.
Sin embargo eso fue sólo el principio. El último Gobierno de Aznar se dio cuenta de algo. No sólo en la «gestión» del País Vasco podía pillar cacho PNV o o en Cataluña CIU. Sino que Valencia y Madrid también eran «gestionadas» por el PP, o Andalucía y parte de Cataluña por el PSOE. Por lo tanto, traspasar competencias a Valencia o a Madrid significaba más recursos a las Administraciones que «gestiona» PP, y por tanto, para el PP. Así nacieron los Estatutos de Segunda Generación de Madrid, Valencia…
Durante este último periodo el PSOE también ha utilizado la misma técnica. De ahí los Estatutos de Tercera Generación de Andalucía, Cataluña…
Ello ha provocado dos fenómenos. Por un lado que existan 17 Administraciones territoriales en España, con 17 leyes de educación, 17 servicios de sanidad, etc. Haciendo que sea más fácil cambiarse de colegio u obtener una cita médica en cualquier lugar de UE antes que en otra Comunidad Autónoma. Ello ha aumentado igualmente el gasto público, la cleptocracia y el nepotismo en España.
Un solo apunte más, porque resulta deductivamente inescindible (vamos, que resulta obvio llegados este punto). Como estamos viendo, por otro lado España se ha ido moviendo poco a poco a nivel interno (porque a nivel externo está dentro de un proceso de integración federal con el resto de Estados Miembros de la Unión Europea) hacia un modelo confederal (especialmente con la última reforma de la LOFCA de 2009). Las Comunidades Autónomas tienen competencias en materias como Política Exterior, Educación o Defensa, competencias que incluso en los Estados federales más descentralizados son competencia del Gobierno central. Pero, lo más importante tras la última reforma de la LOFCA es que, a nivel de gestión de recursos económicos, el Estado central está al mismo nivel que las Comunidades. Esto probablemente (si aplicamos pura empírica histórica) provoque que éstas negocien bilateralmente entre sí disputándose los recursos e ignorando principios como el progresividad (sólo hay que ver los últimos inventos presupuestarios: los criterios de esfuerzo fiscal: recibe más quien más da, que es quien más tiene). Es decir, las Comunidades más ricas serán cada vez más ricas, las pobres más pobres, formándose dos bloques más o menos uniformes o unidos, escindiéndose la Confederación. Y es que ningún modelo confederal en la práctica ha durado más de 80 años.
Pero, más que todo esto, la pregunta recae en ¿por qué los corruptos roban y atesoran a los demás? Porque tenemos una sociedad que no rechaza esos comportamientos e incluso los admira. Porque competir por los recursos y obtener el máximo lucro de ellos es un comportamiento que se fomenta desde las propias instituciones, en vez de fomentar el uso común eficiente, justo y sostenible de los mismos para que los recursos escasos dejen de ser, eso mismo, escasos. «Niño, no compartas tanto, que te vas a quedar sin nada; trabaja duro para ser mejor que los demás (y no mejor que tú yo de ayer), sácale la máxima rentabilidad a las cosas (en vez de la que realmente necesitas) y sobre todo consume y gasta cuanto puedas para conseguir lo mejor (en vez de disfruta cuanto puedas de todo aquello que puedas y quieras conseguir)».
Buffff, menudo tocho. Gracias, Sebas, por tu blog. Un saludo.
Más medidas posibles:
a) Prohibir totalmente a los Ayuntamientos nombrar funcionarios con habilitación estatal, y menos sin disponer de la titulación (esto no es de broma, hay Secretarios, Interventores y Tesoreros sin títulación universitaria, a dedo y por la cara).
b) Recuperar el Servicio Nacional de Inspección a las Entidades Locales.
c) Modificar la Constitución e imponer la tutela administrativa sobre las Entidades Locales.
d) Establecer la posibilidad de que los funcionarios locales puedan solicitar al Estado ue su puesto dependa del estado, y no del ayuntamiento. Que el Estado le respete el sueldo le imponga el régimen disciplinario, y garantice su independencia. Ésto, obligatorio para los habilitados estatales, y optativo para todo el que quiera.
e) Que haya un Registro Estatal de Complementos de Productividad, fiscalizado por la Intervención General del Estado y al que puedan acceder los empleados públicos y representantes sindicales en los términos autorizados por el EBEP, sin que los Alcaldes puedan denegar su acceso y conocimiento.
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Y no hay que olvidar como medida no descrita hasta ahora la TRANSPARENCIA. Y más con los medios actuales (léase Internet). Estos días de atrás, Joaquín Arce, Director General de Política Forestal (o algo parecido) en el Principado denunció que le habían dado un toque para que retirara la información sobre contratos y dietas colgada en la página web porque la decisión correspondía en todo caso al Gobierno. El aducía que esta simple publicidad daría un control de la corrupción por las propias empresas que hayan sido competidoras en los contratos otorgados… Tampoco sería una mala idea.
Por cierto, AB, estoy de acuerdo con tu exposición, pero también con la de Sevach; no tienen por qué ser excluyentes. Todo influye, y con estos mimbres, probablemente no podía salir otro cesto.
Realmente esta es una de las formas más eficaces de combatir la corrupción: transparencia total. Así nos dariamos cuenta de cuando se encargan informes innecesarios, se pagan cantidades excesivas por servicios y obras y cuales son las empresas que, casualmente, siempre obtienen los contratos de la administración.
Buenos días, en desacuerdo con gran parte de la exposición del primer comentarista. Sobre la ventaja que el sistema electoral otorgaba a los partidos nacionalistas ya se debatió recientemente, desmontando tal teoría con la simple división de votos entre número de escaños. Tampoco puede hablarse de 17 leyes de educación sin ruborizarse.
En relación al tema de la corrupción, creo que el problema se centra principalmente en los ayuntamientos, y entre estos, en los de tamaño medio. Subyace un déficit de formación alarmante entre los gestores municipales. Los Gobiernos estatatales y autonómicos son de extracción indirecta: los ciudadanos concurrimos a unas elecciones a sabiendas de que estamos eligiendo representantes de perfil político y no técnico, con la esperanza, demasiadas veces truncada, de que los gobiernos que aquellos elegirán prevalecerá el perfil especializado sobre el político, históricamente menos de fiar. Si bien siempre se nos cuela algún perfil bajo, lo cierto es que Ministros, Consejeros, Directores Generales…suelen ser personas formadas académicamente, circunstacia ésta que sin ser garantía de honestidad, es ventajosa. Vayamos ahora a los ayuntamientos: excluyo a los de pequeño tamaño, porque las necesidades financieras dejan poco espacio a la posibilidad de corrupción, y en estos pueblos los alcaldes y concejales, si los hubiere, suelen ser buenas gentes que se dejan la piel para sacar adelante a sus vecinos. En el resto, con unos gestores locales (alcales y concejales) que son a la vez representantes elegidos directamente por los electores, con un perfil político muy marcado, la deficiencias formativas hacen estragos. No sólo elegimos a los políticos de turno, con las servidumbres propias de esa profesión, como el recelo ante la labor de los funcionarios, sino que elegimos a los responsables de gestionar al municipio. Es algo tan serio que es un riesgo dejarlo en manos de políticos sin formación. Como solución, quizá acercar el modelo local al parlamentario, con un limitación de las funciones de los concejales y extender la figura de las juntas más profesionalizadas.
Carta de un personal laboral por oposición
Distinguido Señor:
En primer lugar, felicitarle por su blog, es muy interesante.
En segundo lugar, me gustaría comentarle mi caso, ya que soy personal laboral fijo y no entré por ninguna gatera en la Administración. Entré por oposición en turno libre y después de superar 3 procesos selectivos consecutivos con 5 examenes.
Me llamo Francisco Turrión (www.franciscoturrion.com) soy Geólogo de la Confederación Hidrográfica del Segura, Ministerio de Medio Ambiente y […] (CHS) en Murcia desde hace 21 años. Personal laboral fijo por oposición, sueldo base sin complementos.
Estudié geología en Salamanca y nací en Zamora. Un día de 1989 un amigo me dijo que vio en ABC una oferta en Murcia de oposición de 2 plazas de doctor o licenciado en ciencias geológicas por turno libre para la CHS. Entonces, trabajaba subcontratado en Madrid, pero me interesaba la oposición. Viaje a Murcia y eche la solicitud. Se convoco el primer examen: 2 partes: temario de hidrogeología y lectura del examen y 2º parte temario ley de aguas y lectura de examen. Me volví a Madrid. Como aprobé estos dos exámenes, volvía a Murcia a examinarme del práctico, de 4 horas de duración: supuesto de aplicación de ley de aguas en materia de aguas subterráneas. Volví a Madrid. Como aprobé el examen práctico, fui a hacer el último. Dos partes: 1º sobre temario de derecho administrativo y 2º parte sobre temario derecho laboral. Lectura pública de los dos exámenes. La secretaria del tribunal era una abogada del TAC y el presidente un Ingeniero de Caminos.
Si le interesa, le puedo mandar la convocatoria y temarios del BOE de la época.
Pero como no había cuerpo de Geólogos del Estado, mi oposición era a una plaza titulado superior laboral. Mi sueldo líquido, con 21 años de servicio, es de 1.700 euros mes. Tengo más de 30 referencias en prensa Internet sobre mi trabajo en aguas subterráneas que puede consultar poniendo en Google “Francisco turrión”.
Pocos años después de aprobar la oposición, examiné a dos geólogos para un contrato de obra y servicio de duración determinada de personal laboral. Hoy son jefes de servicio los dos nivel 26. Pasaron de laboral indefinido a funcionario interino en oposición restringida. Posteriormente, les sacaron una oposición en turno libre, para pasar de funcionario interino a funcionario fijo, donde puntuaba mucho haber sido funcionario interino o laboral indefinido, pero NO PUNTUABA NADA SER LABORAL FIJO , COMO YO. La recurrí a la Audiencia Nacional y perdí. Ya que la convocatoria había estado pactada con los “agentes sociales” (sindicatos).
Conclusión, no todos los laborales hemos entrado por una gatera y muchos funcionarios de hoy entraron a través de empresas de servicios, contratos eventuales a dedo, funcionarios interinos con exámenes mucho más simples y fáciles que el mío.
¿Conoce usted muchos funcionarios de escalas técnicas que se les examinara, a parte de su materia técnica, de: ley de aguas, derecho administrativo y derecho laboral en tres exámenes distintos?.
Cordiales saludos,
Muchas gracias por publicar mi comentario
628 01 88 58
Suscribo cada una de las recetas, a las que añadiría, con tu permiso, una más: Dejar en el cajón las pretendidas reformas legales a las que te vienes refiriendo en anteriores post, cuya finalidad real, más que eliminar atascos solucionables trabajando más, es aumentar el círculo de las zonas exentas de control judicial efectivo.
Totalmente de acuerdo. Menos capacidad de control del poder ejecutivo por parte del judicial unido a la falta de ética de los gobernantes siempre es igual a mayor corrupción y menos estado de derecho y con el texto conocido del Anteproyecto de Ley de Medidas «de Agilización Procesal» no nos están haciendo a la ciudadanía precisamente un favor…
Me atrevo a apuntarle que en la fórmula que nos aporta ampliaría el concepto de «C contexto político degradado». Lamento extender la afección de este «C contexto político degradado» al resto de ámbitos sociales.
Existe un contexto político degradado porque existe un contexto social degradado que hace que el poder judicial y el cuarto poder permitan que exista. Esta situación hace difícil, para los que solo «ven» las cosas y no las «entienden», protestar.
Hace tiempo y cumpliendo con lo que las leyes esperan de un ciudadano tome la decisión de comenzar a denunciar por todas las vías e instancias aquellas cuestiones que como técnico era conocedor a pesar de no ser un implicado directo(arquitecto que realiza instrumentos de urbanismo y tiene contacto habitual con administraciones públicas). Alegaciones, remisión de los acontecimientos a la prensa, recursos administrativos, denuncias al procurador del común, denuncias ante la fiscalía,…Al cabo de un tiempo he desistido en esta actitud al comprobar como la red de servidumbres hace del contexto político degradado un contexto social degradado y éste moldea incluso de las leyes más perfectas.
Y esto sucede no solamente antes de llegar al ámbito judicial sino incluso después. Reconozco que es realmente interesante cuando una vez detectado un «gazapo» administrativo se comprueba como reacciona todo el sistema cuando tocas las teclas que figuran al final de los acuerdos. El efecto secundario, de esta mi actitud, ha sido el distanciarme de mis iguales que miraban con recelo cualquier «enfrentamiento» con la administración, como si a la vuelta del correo ésta me hiciera una inspección del impuesto sobre la renta.
Recuerdo asistir a unas conferencias compartidas entre abogados y arquitectos sobre el derecho medioambiental y sobre la ordenación del territorio donde los abogados, que hasta ese momento eran mi horizonte y salvaguarda de las leyes, lamentaban como jueces y fiscales aún no estaban «sensibilizados» con las innovaciones legislativas y derivaban a la prensa el poder y la responsabilidad de revertir estos asuntos. Aún no he ido a ninguna conferencia de periodistas, pero me temo que éstos deriven su responsabilidad hacía las empresas que les pagan y que marcan las líneas editoriales. Preguntados los dirigentes de los «medios» sin duda dirían y dicen, mostramos lo que el público nos demanda y sabemos que les gusta por lo que vende. Otra vez en nuestro tejado la pelota y el círculo vicioso.
Preguntado a un antropólogo sobre la forma como el ser humano aguanta la injusticia, me sorprendió al decirme irónicamente que nuestro cerebro se formo cuando «con seguridad en la sabana africana no estaba instaurada la democracia y la justicia universal», por lo que tal vez nos venga «de serie» aguantar algún tipo de abuso de poder con la condición de no pasar hambre. Desenredado el nudo gordiano me dedico a no pasar hambre y volver a mi estado animal que creí abandonar con la ensoñación de una justicia natural y positiva en la tierra.
Yo he añadido un corolario a la fórmula para ayudarme a sobrellevar la situación; K siempre que HH (hombres sin hambre). También le reconozco que me siento más cómodo con la manada ahora que soy más dócil ante el abuso.
Mañana de domingo, semana atribulada con estos asuntos, actualidad mundial (Wikileaks, Italia, Egipto,…), su post en el BLOG, y éste es el resultado. Me disculpo si el tiempo que le he hecho perder no lo ha merecido.
Un saludo.
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En la fórmula faltan dos variables…
La concentración del poder y la falta de control democrático de ese poder…
De tal forma que estas variables funcionan de forma inversamente proporcional.
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