Ayer publicó el Diario La Nueva España un artículo sobre el curioso fenómeno de la inquietud que numerosos directivos públicos y personal eventual experimentan ante los cambios que pueden traer las próximas elecciones autonómicas y locales. En dicho artículo me permitía pronosticar la inminencia de una carrera angustiada de los futuros cesados para buscar cobijo en algún empleo, similar a una estampida de Ñus en el Serengueti. El artículo completo lo podéis leer aquí y espero que lo disfrutéis.
Por otra parte, y en relación al mismo tema, no puedo dejar de reseñar el fantástico libro del Doctor en Derecho Antonio Serrano Pascual, publicado por El Consultor (2010, La Ley) y titulado precisamente “ El personal de confianza política en las Entidades Locales”. Su subtítulo precisa el ámbito de estudio y referido a fenómenos tan rebeldes al tratamiento científico como son: “ La libre designación, el personal eventual y los directivos”.
Dicha obra tiene la virtud de su fácil lectura, ya que está salpicada no sólo de una solvente exposición jurídica, sino de referencias literarias ( Don Quijote asoma oportunamente por sus páginas) e incluso científicas o de derecho comparado, bajo el hilo conductor de la escasísima bibliografía sobre el tema (reseñada al final para no fatigar al lector).
Las casi 500 páginas de exposición ordenada resultan de cómoda digestión ya que la impronta de la condición de su autor, como Secretario de Administración Local, se expresa en un vigor expresivo propio de quien conoce en primera línea de fuego el terreno que pisa.
Particularmente interesante es el análisis del Estatuto Básico de 2007 que mana por toda la obra ( tras una oportunísima y rica referencia a los antecedentes normativos), y su impacto en el ámbito local, aflorando un discurso vigoroso que no tiembla en poner de relieve las debilidades de la norma y en criticar con honradez intelectual, pero con la energía que da la sensatez, las sentencias del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional que han debilitado el mérito y la capacidad como puertas de acceso al empleo público o de la adjudicación de puestos de trabajo relevantes.
Las conclusiones, tras un diagnóstico feroz de la decadencia de la función pública local merced a la opresión del dirigismo político y la complicidad legislativa, revelan cierta melancolía y una fe – que el mismo califica de utópica- en una reforma seria, urgente y legislativa que otorgue a la función pública local los niveles de profesionalidad y una carrera administrativa que se merece. 
Muy oportunos resultan los Anexos, que comprenden la normativa estatal y autonómica, así como la exposición de la tramitación parlamentaria del EBEP, con lo que se facilita una visión “todo incluido” del fenómeno de la que personalmente califico de “alta burocracia política”.
Me encantaría que tal libro fuere de lectura obligatoria para quienes en el futuro pretendan cambios reales, y para bien, en el funcionamiento de la Administración local.
Muy bueno (y valiente) el artículo sobre estampidas de ñúes en «La Nueva España»; que quedarán la Administración como la sabana.
No olvidemos que muchos de ellos volverán a su sillón con el «nivel 33» debajo del brazo. Otra prebenda para fomentar el clientelismo y el arribismo.
ok lo compraremos y le leeremos detenidamente……pero quisiera recomendarle al CONSULTOR que modifique el papel de sus libros…….tiene brillo y resulta sumamente molesto cuando se lee (a veces durante horas y horas) bajo luz artificial dando reflejos brillantes muy incómodos………………MEJOREN LA CALIDAD DEL PAPEL, POR FAVOR, AL MENOS QUE NO TENGA BRILLO…..
Otra cosa: qué es eso del nivel 33?????
Para ilustrar a quienes no lo sepan, el llamado «nivel 33» se refiere al complemento de ex alto cargo que venía plasmado en el art. 33.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 1991. Saludos
El artículo, real como la vida misma (por desgracia).
Por cierto, ¿la pregunta de «Vestidita de rosita» es también real o una «fina ironía» solo superior a la de «Peterlove»?
….bueno….si quieres me puedes llamar «vesti»….
Estimado Sevach, qué razón tienes, podría decirse que lo has vivido en primera persona. Esto es, simple y llanamente, una película real de lo que ocurre en los ayuntamientos en estos días. Lo triste del caso es que, efectivamente, a lo largo de los años se ha ido tejiendo una «red de favores» que ha hecho que la administración local se convierta en una ONG para el partido que gobierna, cualquiera que sea su color, que extiende sus tentáculos por todos los departamentos de los ayuntamientos y así te encuentras que un «técnico en informática», que a su vez es el enlace con la empresa subcontratada que gestiona todos los datos tributarios de los contribuyentes y por tanto accede a los datos de los ciudadanos de un ayuntamiento, es personal de confianza, que no tiene, legalmente, ninguna obligación de proteger esos datos, claro, porque tampoco tiene ningún derecho a acceder a ellos; pero ahí no acaba la cosa, que en este Ayuntamiento, también tienen como personal de confianza a un «diseñador de publicaciones», a un «responsable de protocolo», a no sé cuantos «consejeros». Como si no fuera suficiente soportar la ignorancia del político de turno, se rodea de secuaces que son tan ignorantes como él o más.
Un ayuntamiento de 80.000 habitantes que destina a pagar a sus 51 asesores unos 2,5 millones de euros anuales no se puede mantener y lo peor no es eso, sino que cuando llegan estos asesores, a los funcionarios, les dan un puntapié para quitarlos de en medio y cuando el funcionario pide explicaciones le dicen: «es que si no te vas tú ja ver cómo justifico yo mi puesto». Yo le diría, pues muy fácil, prepárate una oposición, pásate un año encerrado en casa estudiando, deja de irte de viaje, de salir, de estar con tu familia y amigos, preséntate al examen, reza para que no te la jueguen y, con un poco de suerte, dentro de año y medio, si has hecho tus deberes, a lo mejor, te nombran funcionario de carrera.
El número desorbitado de personal de confianza, se ha tratado de disimular en los dos o tres últimos años convirtiendo a cinco de estos en, nada menos, que directores generales, -otra lindeza de la Ley 7/1985 para los municipios de gran población, que maldita falta hacía y que viene grande a más de uno-, con sueldos de más de 60.000 euros, elegidos por libre designación y con un contrato de personal laboral de alta dirección, una panda de privilegiados, – que ellos sí que lo son- que no ha demostrado nada de nada, ni idoneidad, ni capacidad, ni siquiera una buena gestión de la que pudieran sentirse orgullosos. Nada, porque en su grandísima mayoría destacan por su enorme capacidad para poner de manifiesto su ignorancia. Han entrado en la administración local como un elefante en una cacharrería, comprando portátiles, móviles, pda’s, pantallas planas, mesas de dos kilómetros de largo de madera de primera calidad y pegándose unas comilonas de padre y muy señor mío en los mejores restaurantes de la ciudad y sus alrededores, y eso por no hablar de los viajecitos al lejano Oriente con todos los gastos pagados y a cuerpo de rey o, sin ir más lejos, aquí mismo, a la vieja Europa, para comprar algún que otro souvenir que les ha originado más de un quebradero de cabeza.
La ley la hace cada cual a su imagen y semejanza y gobierne quien gobierne, nadie se ha atrevido a modificar el incómodo artículo 104 de la Ley 7/1985 en la que se dice que se podrá nombrar personal de confianza, sin poner un mínimo acotamiento a esta libertad salvaje, irreflexiva y nociva, para gestionar los poderes públicos. Ni siquiera el EBEP se ha atrevido a poner coto a este despropósito de personas coladas a dedo en la Administración, -lo delegan en las Comunidades Autónomas-, algunos de los cuales, encima se quedan después ya no como personal de confianza, sino como funcionarios de carrera, que posteriormente presiden tribunales de oposición donde hacen de su capa un sayo como hicieron con ellos. Esto es lo que realmente está corrompiendo a la Administración pública, estos estómagos agradecidos, reptiles consistoriales y también funcionarios indeseables que se dedican a hacer el favor a los políticos de turno, porque con su nivel 30 y toda una vida de «favoreo», no están dispuestos a arriesgarse a que les empiecen a hacer la vida imposible.
Cristina, eso que relatas (…..te ha faltado analizar cómo el privilegiado de turno desacredita y desautoriza al funcionario de carrera que entró sin enchufe y mantiene su imparcialidad a costa de mermas retributiva y de aislamiento)…..eso, tendrá un fin……..caerá por su propio peso……
……pero necesitaremos dos crisis más, y una revuelta popular estilo países del norte de África para acabar con estos nuevo privilegios.
Solo una apostilla.
En algun caso que conozco muy bien estos cargos de confianza (politica por supuesto) andan deshojando la margarita en el otro sentido. Me explicoteo. Aspiran a una subida en el escalafon tras la quemada sufrida por un añejo Concejal, incluso aspiran a una Direccion General o Viceconsejeria tras vislumbrar el proximo aterrije de su partido politico en una comunidad autonoma tras las elecciones autonómicas.
Veo el comentario algo obsoleto e injusto. Obsoleto, porque prácticamente ya no se nombran funcionarios de confianza. Lo que se suele hacer es simular una convocatoria pública y contratarlos como laborales temporales o indefinidos, o nombrarlos funcionarios interinos o incluso de carrera. Injusto, porque precisamente los funcionarios de carrera son los que se pueden ir a la calle y además dependen de manera declarada del político que los nombró. Los listillos se camuflan bajo el disfraz de «empleado público» y reciben los beneficios de la benéfica protección política y sindical de cualquier color: «el trabajador no tiene culpa»; «es un pobre padre de familia» o la mejor de todas «ha entrado con una oposición».
A quien critica el art. 104 de la ley 7/1985 por incómodo, pues no es incómodo, sino eficaz, por eso no se cambia. La Ley 7/1985 se hizo entre otros motivos (algunos más loables) para implantar (mejor dicho reimplantar o remozar) el caciquismo municipal con vocación de permanencia.
Por último, no hay que olvidarse de los «habilitados estatales» de confianza, perfil mucho más peligroso que el del eventual de confianza. Lo mejor sería el spoil system, la vuelta a los cesantes, y el que entre con un partido, que con él se vaya.
NI CONTIGO NI SIN TI…………
En el tablón de anuncios de la entrada,
se puede en letra capital leer
que el final de la tarta está al caer,
que se va a producir la desbandada,
de parte del Alcalde hago saber.
En el bando, en negrita se destaca
que no es ni mucho menos casual
que sea el personal eventual
el que en estos momentos se haga caca,
pues se aproxima un fuerte vendaval.
Cruzará la península de norte
a sur, de este a oeste, con tendencia
racheada y no es maledicencia,
aunque de mangas hará más de un corte
y dejará a la luna de Valencia.
Más el tema no tiene solución,
porque si unos “adiós” otros vendrán,
y en lugar de ciclón será huracán
el que golpée a la Administración,
cuando no es por Eva es por Adán.
Por eso, claro hemos de tener,
que si la crisis hay que abandonar,
unos han de salir y otros no entrar,
para de esta manera resolver
el enigma de tanto malestar.
21 de febrero de 2011
Lamento tener una visión pesimista sobre las cuestiones planteadas en esta entrada.
En su momento tuve ocasión de solicitar en un foro apropiado que en el Borrador del Estatuto Básico nuevo se hiciera la necesaria defensa en profundidad del Funcionario público, invirtiendo la tendencia que se había venido siguiendo hasta entonces y, por lo tanto, reforzando -en línea con la constitución vigente- la figura y posición del personal estatutario, al tiempo que se enervaba la del personal no estatutario.
En ese momento tuve ocasión de plantear cómo esta cuestión debería desdoblarse a su vez en los siguientes subapartados:
1.- Debería hacerse un esfuerzo serio reivindicativo de la figura del «Funcionario Público», adaptándola a nuestros tiempos.
2.- El Estado legislador debería atreverse a afrontar la toma de medidas necesarias para el perfeccionamiento del sistema como -por ejemplo- apartando de una vez a los que no son funcionarios del marco de regulación de los que sí lo son, de modo que ya que el personal eventual no es funcionario, no debería estar regulado en la normativa que regule a aquellos, (ni siquiera por la vía de la excepción como proponia la Comisión de expertos).
Incluso en este caso -propuse- plantéense otras opciones si no hay alternativa. Trasládense estas cuestiones al «campo» de los partidos políticos quizá siguiendo propuestas tan razonables y válidas como la de Antonio Serrano Pascual, cuando afirma: «Las confianzas políticas o personales deben residenciarse en otros ámbitos, a través de los partidos políticos, que si han de tener una mayor financiación –con luz y taquígrafos, con debate parlamentario y conocimiento de la opinión pública– para dotarse de una estructura propia de medios personales, debe serlo con plena transparencia y sin introducir elementos de confusión con la administración pública. Nuestra opinión es que los partidos políticos han de poder estar en condiciones de apoyar políticamente a sus representantes, con carácter staff, en las diferentes instituciones, y tener los oportunos medios humanos y materiales en ellas, pero estos instrumentos deben ser ajenos a la estructura administrativa, sin ningún tipo de relación jurídica o económica con la Administración» («Las propuestas de los expertos sobre la reforma del empleo público local: una visión crítica desde el modelo constitucional español» – Antonio SERRANO PASCUAL).
Pero la verdad es que la lucha contra la via de agua que representa la contratación de personal en la Administración local mediante la contratación temporal o mediante la contratación de personal del tipo de confianza o eventual -esto es, con incumplimiento de los principios de mérito y capacidad- es una lucha perdida. Completamente.
La expectativa que en estas materias representó la oportunidad histórica surgida con la posible aprobación de un Estatuto Básico de la Función Pública se esfumó, decepcionantemente, a mi juicio de manera definitiva, cuando -para desnaturalizarlo y seguir abriendo vias de agua a la firme y sólida nave de la Función Pública- se reconvirtió aquél en el Estatuto Básico de los Empleados Públicos. De esta manera se daba cabida a todas las demás figuras que no encajaban ni mal ni bien en la de funcionario público (figura con la que había que acabar y en cuya linea de flotación se podía colocar una bomba de relojeria disfrazada de amplio y tolerante Estatuto que abarcaba a todos).
Se habilitó así -en contra de lo pedido en aquella solicitud inicial- un inapropiado hueco específico en una regulación estatutaria para un tipo de personal que, si de alguna manera pudiese considerarse necesario -como lo hace Antonio Serrano- en cualquier caso no deberia interferirse y situarse dentro de las propias estructuras administrativas, sino, en todo caso, en paralelo con ellas, «…sin ningún tipo de relación jurídica o económica con la Administración».
Bien pues ni lo uno -su supresión- ni lo otro, o sea, su regulación fuera del estatuto funcionarial, ni en último caso su institucionalización y regulación como estructuras adjuntas o en paralelo con las administrativas. Desoyendo todo tipo de opiniones expertas en la materia (incluso las recomendaciones de la COMISION DE EXPERTOS: «También es necesario reforzar las garantías de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones de los empleados locales y, muy en especial, de los funcionarios que tienen a su cargo las funciones de control interno y asesoramiento preceptivo.»), el Estatuto Básico de los Empleados Públicos ha generado una reacción de desilusión y pérdida de confianza importante en un legislador que, por otra parte, no ha hecho más que seguir el camino común ya abierto por el juzgador constitucional con su sentencia 235/2000.
Yo, personalmente, me siento burlado, impotente y víctima. Y me pregunto: ¿Quien nos representa a los funcionarios?, ¿Quien defiende la garantia institucional consagrada en la Constitución cuando no parece que lo hagan quienes de una u otra manera tienen esa responsabilidad, o sea, ni el legislador actual ni el juzgador constitucional?.
Siendo este es el punto común, el nexo de unión del legislador y del juzgador constitucional, uno se puede ver representado quizá solo por el Magistrado don Pablo García Manzano, que con ocasión de la Sentencia del TC 2000_235, mediante su voto particular, abogó por la anulación del artículo 99.2 en cuestión (al no garantizar la imparcialidad en el ejercicio de la función a los funcionarios de carrera de la Administración Local con habilitación de carácter nacional).
Pero…¿Y para que nos vale a los dos Pablos y a otros esa coincidencia de criterio en una partitocracia desbocada y por desgracia consolidada que nos defrauda constantemente y está desnaturalizando desde la descentralización original hasta la propia Función Pública? ¿Qué fuerza es esa en contra de un status quo basado en grupos de intereses como los Partidos políticos y los Sindicatos?
Don Quijote contra los molinos de viento.
Ellos los afectados -eventuales- saldrán como de estampida, como apunta SEVACH.
Pero a nosotros solo nos va a quedar seguir aguntando aquello, esto y lo que nos echen.
Pablo, tus comentarios son acertados y tus propuestas loables siempre que el objetivo sea crear una función pública eficaz y eficiente. Pero, ¿interesa?
Me explico. Hace poco David Cameron, Premier británico, dijo que iba a privatizar todo lo privatizable en el Reino Unido. Aquí ya se ha empezado con el tema controladores y el de Loterias y Apuestas del Estado.
Y no va a ser el final. Esta gente está mucho más para desprestigiar la figura del empleado público que para hacer algo por ellos. Ello daría pie a la clásica estrategia manipulativa de problema-reacción-solución.
No hay mejor decisión que la que uno cree haber tomado. Por lo tanto, creo un problema (los funcionarios son muchos, los funcionarios son devoradores de ingresos públicos, los funcionarios son ineficientes, etc.) Luego manipulo a la gente para que se crea agraviada por ese problema (que los echen, que los cambien, que se puedan despedir!!!!!) Por último, privatizas todo y la gente parece contenta porque se escuchan sus protestas. Pero no, todo estaba planificado.
¿Acaso no ha pasado esto con los controladores aéreos? Pues eso.
He de confesar que he leído el artículo y me ha encantado. Curiosamente nada más acabar de leerlo me vino a la memoria aquellas memorables clases de Historia de España del instituto, donde mi profesor evocaba un fenómeno de principios del S.XX, “caciquismo”. Definirlo es algo costoso, pero creo que esta enunciación le viene como anillo al dedo; “exagerado intervencionismo en la Administración pública que pone en manos del nuevo señor feudal armas mucho más poderosas que las que hicieron posibles las opresiones de los tiempos medievales…” ».
A pesar de que la Constitución dice en su artículo 103.3; “La Ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.”, el ejecutivo ha conseguido crear y perfeccionar esta red clientelar que permite a un partido asegurar su presencia en las administraciones públicas, dando un curioso vuelco a la frase; «de la ley a la ley a través de la ley».
Como conclusión, creo que el señor Francisco Silvela me ha arrebatado las palabras correcta cunado dijo; “Se encara en España un estado de hecho que lo hace de todo en todo ilusorio, resultando que tenemos todas las apariencias y ninguna de las realidades de un pueblo constituido según la Ley y Orden Jurídico.
La escasa (a veces, ridícula) carrera administrativa de los funcionarios de Cuerpos Y Escalas superiores unida a la concepción patrimonialista que de la Admibnistración tienen muchos políticos, creo, están en la raíz del problema. Es urgente una reforma administrativa seria que subsane, entre otras materias, la actual situación del personal eventual (que bastante dinero cuesta al erario público)
Complicado es eliminar los enchufes, pero con todos mis respetos en muchas administraciones locales se contrata a dedo, y no pasa nada, nadie recurre, nadie denuncia, y practicamente la ilegalidad se convierte en norma, y perdonen los jueces, salvo excepciones, tampoco ayunda mucho.
Aunque todos los comentarios son muy buenos, en mi opinión el de Jesus lo clava, yo añadiría que si estamos así en buena parte es por el pasotismo o conformismo de funcionarios/as, y desde luego de algunas sentencias son para mear y no echar gota.
Felicidades por el Blog, lo sigo desde hace tiempo.
Poca esperanza hay, aunque todo puede relativizarse. Quizá si quitamos al personal de confianza se afloje la neutralidad del proceso selectivo y entren los enchufados como funcionarios de carrera. Peterlove da una pista interesante y que puedo exponerla prácticamente en primera persona: la privatización (o externalización como le gusta más a los políticos) de algunos servicios públicos se fomenta, precisamente, para poder meter a dedo a quien te interesa. Es algo que se pacta y asume la empresa adjudicataria.
En otro de los comentarios se da con un caso que a mi también me ha preocupado muchísimo: el nulo conocimiento legislativo del personal de confianza y su acceso a datos personales de los ciudadanos. Nosotros lo solucionamos dándoles una charla sobre la LOPD y obligándoles a firmar un documento que da susto y en el que se comprometen a no hacer el imbécil prácticamente bajo amenaza de pena capital.