¿Quiere saber cual es la eficacia real del Derecho Comunitario?, ¿ cómo se pueden armonizar las fuerzas centrífugas de las autonomías locales y territoriales frente a las fuerzas centrípetas de la Unión Europea?, ¿ cómo puede España garantizar a la Unión Europea que el Derecho Comunitario no sólo obliga a la Administración del Estado?, ¿ ha de pagar el Estado los platos rotos por otros entes autonómicos o autónomos?. A todas esas cuestiones, de capital importancia en tiempos de crisis, se refiere el interesantísimo informe del Consejo de Estado de 15 de Diciembre de 2010 sobre obligaciones de cumplimiento del Derecho Comunitario por los Estados miembros y mecanismos de garantía.
Cuesta creer que tras veinticinco años del ingreso de España en la hoy llamada Unión Europea todavía se hable de cómo asegurar la seriedad de las Administraciones españolas para cumplir con sus compromisos con Europa, donde no faltan versiones ibéricas de la aldea gala de Astérix (rebelde al imperio romano), con lo que seguimos en “libertad vigilada” por los incumplimientos de Directivas comunitarias, de sentencias condenatorias y de reglamentos que nacen para toda Europa.
Dicho dictamen se solicitó por el Gobierno de la Nación al Consejo de Estado y aunque la consulta formalmente solicitaba aclarar los mecanismos de garantía del Derecho comunitario en un Estado descentralizado, realmente podría subtitularse:¿Quién le pone el cascabel al gato?.
I. El informe es metódico, claro y riguroso. Su lectura íntegra es recomendable porque encierra un curso acelerado de Derecho Comunitario y de los problemas de su aplicación que, por cierto, no son exclusivos de España, sino que los sufren todos los Estados con elevados niveles de descentralización. El viejo problema de los padres para controlar a los hijos. Veamos de forma sucinta los mecanismos de reacción y prevención que sugiere. Claro que una cosa es predicar y otra dar trigo. Vamos a ver las recomendaciones del Consejo de Estado para que el Estado exhiba sus músculos jurídicos y «desenfunde» rápidamente sus poderes constitucionales.
1.La cooperación y coordinación a distintos niveles territoriales.
Se sugiere dotar de presencia y participación activa a las Comunidades Autónomas en los procedimientos de incumplimiento ante Europa.
2. La supletoriedad del Derecho estatal.
Una vez expirado el plazo de transposición de una Directiva, debería aplicar el Estado su competencia para dictar legislación supletoria del art.149.3 CE.
3. La competencia reconocida al Estado en materia de relaciones internacionales por el artículo 149.1.3a de la Constitución.
El Estado , una vez expirado el plazo para incorporar una directiva o para adoptar medidas normativas exigidas por el Derecho de la Unión Europea, o declarado el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea por el Tribunal de Justicia en relación con normas autonómicas, podría esgrimir su título competencial en materia de relaciones internacionales para poner orden y suplir al legislador autonómico.
4. La utilización de las leyes de armonización.
Se sugiere su utilización en casos de complejidad de la norma europea o por la interrelación de las materias abordadas por ella.
5. El mecanismo de la coerción estatal previsto en el artículo 155 de la Constitución.
Se señala esta vía para a supuestos de carácter extraordinario, ante incumplimientos contumaces y actitudes obstruccionistas de la Comunidad Autónoma .
6. Combatir judicialmente los incumplimientos ejecutivos.
Se apunta a la posibilidad de impugnaciones por el Estado de incumplimientos ejecutivos por las Comunidades Autónomas, aunque exigiría modificaciones del a Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
7. Los poderes de vigilancia y control estatal y autonómicos en el ámbito local.
Se señala la conveniencia de modificar la Ley de Bases de Régimen Local para poder controlar los incumplimientos por los entes locales del Derecho comunitario.
Así pues, el Consejo de Estado invita al Estado a que utilice esas siete medidas o «armas jurídicas» para garantizar que Comunidades Autónomas y entes locales se toman en serio el Derecho Comunitario.
Sin embargo, a la hora de «desenfundarlas», a Sevach el Estado le recuerda al protagonista del film protagonizado por Clint Eastwood » Sin Perdón», viejo, lento, cegato y con poca fe en sí mismo.
II. La conclusión final del informe es tan certera como inviable. Oigamos al Consejo de Estado:
“ A la vista de las consideraciones realizadas, se sugiere la aprobación de una ley para la garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea en la que, de modo unitario, se regulen tanto los medios de prevención y reacción frente al incumplimiento del ordenamiento europeo como los mecanismos de repercusión de la responsabilidad del Estado en los entes incumplidores.
El artículo 149.1.3a de la Constitución, puesto en relación con su previo artículo 93, ofrece fundamento constitucional suficiente para la aprobación de una ley de las características indicadas.
El procedimiento legislativo a seguir debería ser el propio de la ley ordinaria, dado que la materia regulada no es una de las reservadas a la ley orgánica por el artículo 81.1 de la Constitución, sin perjuicio de que, respecto de los mecanismos de repercusión de las responsabilidades económicas, no deba descartarse la utilización de la ley orgánica.”
Algo me dice que si el Estado para dejar de aguantar la vela propia y la autonómica en solitario ante la Comisión y el Tribunal de Justicia, precisa aprobar nuevas leyes (que requerirán consensos políticos mediante “precio político”) , hacer uso de reliquias constitucionales a estrenar ( leyes de armonización, competencias internacionales o legislación supletoria) o medidas coercitivas interaministrativas, creo que… “largo lo fiáis”, ¡ Pardiéz!
Según un aforismo latino…»Quien no entiende una explicación, tampoco entenderá el coscorrón». Y es que si no sirven la lealtad institucional de los gobernantes, la formación y confianza en el Derecho – incluido el Derecho comunitario- y el respeto a su propio juramento posesorio de acatar el Ordenamiento Jurídico…¿ la coacción es el camino?. El problema de algunos gobernantes locales y autonómicos es que Europa no les interesa igual que algunos no reciclan porque egoístamente el beneficio global y a largo plazo no les preocupa…
Aciertas en tus conclusiones, Sevach. España, reino de taifas y cortijo de ladrones, intentará por todos los medios que la armonización no se produzca.
Así, se podrán seguir pagando favores con favores.
PD. Los del Consejo de Estado son juristas, no políticos. No entienden la diferencia entre el derecho derecho y el derecho torcido.
De alguna manera la disposición adicional primera de la extraña Ley de Economía sostenible, refleja un mecanismo por el que los verdaderos responsables del incumplimiento, asumirán las sanciones.
Parece lógico, pero no sé si efectivo.
El núcleo del problema es preguntarse hacia donde nos dirigimos. Cuando la propia Administración incumple arbitrariamente sus propias normas y se muestra remisa para cumplir hasta sentencias judiciales obligando a los jueces a enviar «ultimatum» para que cumplan sus sentencias nos encontramos ante la «rebeldía institucional» contra el Estado de Derecho. Esta rebeldía deja al ciudadano a merced del poder del aparato del estado y le obliga a padecer la aplicación imprevisible de la ley por el poder político. Sólo le queda esperar que la independencia judicial, cada vez más cuestionada, impida los desmanes del poder, pero esto está sólo al alcance de algunos. La mayoría de la población vive impotente y resignada ante esta realidad. La desconfianza en el poder político democrático se generaliza y esto es el caldo de cultivo para lo que algunos han denominado «el retorno de los césares». Esta es la base de la «mareona» que los casquistas dicen sentir. La gente desea alguien que transmita firmeza, claridad, capacidad de trabajo, rectitud, respeto a la ley, y acepta los tics autoritarios como mal menor. En este contexto el trabajo de jueces independientes que apliquen la ley y la hagan cumplir es básico para devolver al ciudadano la confianza en uno de los poderes del nuestro Estado de Derecho y se constituye en una de las últimas barreras defensivas de nuestra democracia. Un saludo Chaves. Me alegro por los ciudadanos de Galicia pero siento que te vayas de Asturias.
A ver si con esto de estar intervenidos de hecho por Alemania se nos pega un poco de seriedad y eficacia a la hora de organizar descentralizadamente un Estado.
Todo pasará por enviarle un correito a Angela Merkel, ya que el Presidente acaba incluso de reconocer la necesidad de conectar salarios y productividad cuando eso antes era anatema.
No lo digo para crear polémica, que de eso nos sobra, sino para abrir un lugar para la esperanza, puesto que si la mala organización y funcionamiento del Estado autonómico sigue provocando las continuas bajadas por las agencias de calificación económicas, los alemanes nos obligarán a meter mano aquí también y el resultado dependerá de la fuerza que hagan.
Dejando de lado las ideas propias de cada uno (nacionalistas o no), lo que creo que coincidimos todos los ciudadan@s responsables es que de este modo el Estado no funciona, no podemos seguir continuamente gastando más de lo que ingresamos ni dejando que el interés privado (de un determinado Ayuntamiento o Comunidad Autónoma) siga prevaleciendo sobre el interés general (del EStado) en materias que nos afectan a tod@s.
Un abrazo
Si los Ayuntamientos no cumplen la legislación estatal básica, ¿cómo van a cumplir la normativa europea? Informes como este del Consejo de Estado son necesarios. Ahora lo que falta es que los Consejeros que pastan como elefantes en ese cementerio de políticos obligue al Gobierno a iniciar ese Proyecto de Ley. A lo mejor, cuando tramiten la Ley de Igualdad de Trato y No discriminación se animan, quién sabe…
Estimado Sebas:
Gracias por recordar los temas europeos, tan denostados, antes, ahora y siempre.
Un común amigo, suyo y mío pero al que yo aprecio más que Usted y al que invitaron en el Consejo de Estado para hablar de los puntos importantes de ese informe que Usted presenta, le encomendaron la cuestión de la responsabilidad financiera en la canalización de los fondos europeos y explicó sus ideas que, en gran medida, recoge el informe, recordando la consigna que usted bien conoce y tan poco evangélica de San Mateo: ‘al que tiene se le dará…’. Y abogó, con poco éxito, dada su escasa auctoritas, por exigir que los mecanismos que ya existen de responsabilidad financiera se apliquen de una vez también en relación con el Derecho de la Unión Europea… Poco caso le hicieron. Se ve que nuestra época es una época de muchos derechos y pocos deberes.
Y en cuanto a la responsabilidad en el ámbito normativo, pues más de lo mismo… Ya tenemos bastantes mecanismos de control; ninguna de las vías a las que se refiere el Consejo de Estado son nuevas… Nuestro común amigo ya las había examinado en su tesis de hace más de 20 años… por lo que se ve con poco éxito y menos lectura…
En fin, estimado Sebas, menos descubrimientos que el sol sigue girando y como decía el Eclesiastés, también con poco éxito: Nihil novum sub sole!
Cordialmente.
NO entiendo por qué se solicita y emite este informe 25 años después de nuestra entrada …¿es que hasta ahora cumpliamos y ahora ya no?…..o será acaso que ¿la Directiva de Servicios y su aplicación en el ámbito local está siendo incumplida, burlada y además, algunos políticos se jactan de que no la cumplirán jamás????????
….creo que esta débil iniciativa del gobierno (de pedir un informe cuando lo que debe hacer es legislar ya) se debe a que estamos asistiendo a un CASO CLARO DE REBELDÍA INSTITUCIONAL POR PARTE DE LOS AYUNTAMIENTOS……..
…esa Directiva restringe el poder de políticos y funcionarios y harán lo posible por NO CUMPLIRLA jamás.
Estimada amiga de pintoresca filiación nomimal:
No puedo estar más de acuerdo con su juicio que se corrobora con echar un vistazo a una de las 200 hojas de la nueva Ley de Economía Sostenible. Habrá comprobado, sin duda, que se ha producido una involución legal dirigida a la línea de flotación de la Directiva de servicios. Solo nos queda que algún juez, incluso algún Tribunal Superior cercano al finisterrae, sepan aplicar con prioridad el principio europeo de liberalización que tanto bien haría a nuestros ciudadanos.
Reiterándole mi aprecio por sus vistosos colores que, obviamente, contagian sus acertadas ideas, la saludo con devoción.
Aquí da igual que sea Derecho Comunitario que autonómico o estatal; pero si los Ayuntamientos no cumplen ni las Ordenanzas Municipales que se hacen ellos mismos a su medida.
Habría que prestar atención a las creencias de fondo que gobiernan el modo de ser, el comportamiento y las costumbres de los españoles, más que a los textos publicados en el BOE, para predecir el cumplimiento de las normas.
No importa mucho, por ejemplo, el rango de una disposición legal, si los aplicadores de la misma se han «educado» jesuíticamente, bajo las doctrinas de la «manga ancha» y «el fin justifica los medios» (siendo malos muchas veces además, tanto los medios como el fin).
Yo más que ver un caso de rebeldía institucional frente a la Norma, veo que la Norma es la rebeldía institucional.
La Ley no es nada sin ciudadanos que asuman su cumplimiento y la actitud tradicional, castiza y sempiterna del español frente a la norma, incluso cuando es autor de la misma, se resume con la frase: «Se acata pero no se cumple».
A ver si me entero ¿proponen aprobar una ley que diga que hay que cumplir las leyes? …
Lo del Principio de Legalidad, en la Administración, me lo creo yo solo… ¡y poco!.
Dentro de poco el mayor defensor de la existencia del ppio. de legalidad será A. Nieto.