La semana pasada la Defensora del Pueblo pidió ante el Congreso que se castigue como delito el “despilfarro público”(¡ Vivir para ver!). Curiosamente, no está lejana la publicación el 2 de Agosto de 2011 en el BOE del anuncio de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre para la contratación de un suministro de cestas de navidad para empleados de Madrid y Burgos por valor estimado del contrato cifrado en ¡¡¡ 638.750 euros !!! ( ¡Hay que ver como viven!). Reflexionemos.
1. Si se trata de tipificar penalmente el “despilfarro público”, intentemos aclarar que sería eso del “despilfarro”, tal y como lo define la Real Academia Española. Despilfarro: “Gasto excesivo y superfluo”. Lo “excesivo” se define como lo “Que excede y sale de regla”, y lo “superfluo” es lo “No necesario, que está de más”.
2. Pues bien, en materia de gasto público, lo “superfluo” es un concepto jurídico indeterminado ya que:
a) Es dinámico en el tiempo. Lo que en época de vacas gordas es necesario, en tiempo de vacas flacas resulta superfluo. Basta pensar en el cheque-bebé de los cuatrocientos euros, o en la proliferación en la última década de Observatorios públicos del Acné escolar y zarandajas similares, medidas que bajo el chaparrón de la crisis económica se antojan prescindibles.
b) Es variable según el observador. Para un ganadero las subvenciones para el forraje son necesarias y para un urbanita vegetariano le resultan superfluas.
c) Es variable según la mente de cada político, aunque el mantra propio de los veteranos suele ser el siguiente: “ Un gasto es mas superfluo cuantos menos votos cosecha”, lo que llevará a calificar de necesario un gasto si en el cálculo electoral reportará aplausos y no digamos si la prensa lo jalea.
3. Sin embargo, existen parámetros de control. Así, la regla de gasto y la decisión clave que fija las necesidades públicas es la presupuestaria, que está amparada por leyes anuales (Estado y Comunidades Autónomas) o acuerdos plenarios (entes locales y entes independientes). Si hay crédito presupuestario, pues la autoridad lo gasta. Coartada perfecta. Permítaseme una boutade: la autoridad imputada por gasto superfluo se escudaría en la falta de culpabilidad pues se limita a cumplir lo que le manda el parlamento, o invocaría el ejercicio legítimo de un deber (ejecutar el presupuesto), o incluso alguna excusa absolutoria; incluso podría hablarse de la condena a los parlamentarios como cooperadores necesarios.
La existencia de crédito presupuestario se convierte en una “licencia para despilfarrar”. Muchas autoridades coinciden en la tesis de Unamuno defendiendo la autonomía de la Universidad por su expreso amparo normativo, cuando explicaba que si alguien tiene una pistola es para usarla; lo digo, porque hasta fechas recientes no ha sido infrecuente la práctica presupuestaria pública que solían aplicar las autoridades responsables del gasto en los últimos meses del ejercicio: si contaban con crédito sobrante, se apresuraban a gastarlo como fuere, para evitar la trampa de la tijera del Ministerio o Consejería de Hacienda: “ Como el ejercicio anterior te arreglaste con menos dinero del previsto, para este te lo rebajamos desde el inicio”.
4. Para terminar, a juicio de Sevach, tipificar penalmente el “despilfarro público” es otro despilfarro por ser otra medida superflua pues para los casos graves bastaría con la aplicación penal del delito de malversación de fondos, prevaricación, tráfico de influencias o similares; en otros casos, quizás fuera operativa la apreciación judicial de la desviación de poder (utilizar la potestad de gasto para fines distintos de los públicos que la justifican); tampoco estaría de más abrir la espita a los controles de oportunidad por interventores públicos y que los dictámenes de los Tribunales y Sindicaturas de cuentas tengan consecuencias mas allá de alzarse en enormes epitafios de papel; ello sin olvidar que ya es hora de dejar de hablarse de la “huida del Derecho Administrativo” para lo que algún sector doctrinal ha calificado de “persecución del Derecho Administrativo”.
5. Lo mejor, por encima de Códigos éticos y de Conducta y de la palabrería de Buen Gobierno, en esta materia de autoridades malgastadoras, sería conseguir que la toma de decisiones pasase por una sencilla adaptación del mandamiento bíblico: » Gasta los dineros públicos como si fueran propios» ( ni más, ni menos), y de este modo se acabarían las alegrías con la pólvora del rey. Es muy difícil conseguir enderezar el árbol torcido, como difícil es conseguir que toda una generación de políticos habituados a la molicie, al coche y teléfono oficial, al viaje todo incluido, al clientelismo a golpe de talonario público, pueda ser reeducado en principios de austeridad rigurosa. En fin, confiemos que con la crisis que está cayendo la parábola del hijo pródigo se haga realidad en buena parte de los profesionales de la política.
6. Además, si metiésemos en la cárcel a todas las autoridades públicas que incurren en despilfarro,¿ no sería un despilfarro convertir el país en una gigantesca penitenciaría?.
Unas declaraciones de la Defensora del Pueblo bastante demagógicas, por cierto. Si de ahorrar se trata, su figura y todo lo que lleva implícito es de lo que sobra en este país, al menos tal y como ahora está planteado y con la escasa efectividad que tiene,…, porque a parte de una función decorativa (a la que añadimos ahora la demagogia) no sé si tiene muchas mas. Si así pretende justificar su trabajo vamos dados…
Completamente de acuerdo que debería de empezar pidiendo la supresión de su cargo que, entre otras preclaras propuestas proponía Sevach en un post antiguo (http://contencioso.es/2011/05/20/movimiento-de-indignados-%C2%BF-torre-de-babel-o-faro-de-alejandria/) para conseguir liquidez sin necesidad ni de subir impuetos ni de recortar prestaciones sociales, recortes que, como siempre, perjudican más a los que menos tienen.
Dejando esto de lado, es cierto que el despilfarro público es un hecho cierto que, mucho me temo, no habrá legislador que lo arregle, puesto que es más un problema de educación y de corte moral. Una vez más, hasta que el 95% de los españoles no seamos conscientes de que el dinero público es de todos solamente porque, cuando se acaba, nos suben los impuestos y los hospitales, colegios, etc., etc., empiezan a funcionar peor.
En todo caso, una cuestión que me llama poderosamente la atención desde el punto de vista legislativo es el de las dotaciones presupuestarias que si no se gastan en el año en curso, corren el riesgo de desaparecer en el limbo. Ello tiene toda su lógica con carácter general (no pasa nada malo si no se gasta todo, sino todo lo contrario, que así queda para otras cosas), pero ninguna cuando se trata de obras sociales realizadas por asociaciones privadas sin ánimo de lucro de construcción de dotaciones públicas que, debido a la tardanza en los trámites administrativos de adjudicación de subvenciones para ello, se ven en la tesitura de que, como se les notifica la concesión de la subvención a finales de año y para ese año la Administración había previsto una cantidad muy importante para pagar la obra que correspondería si se hubiese iniciado a mediados del mismo, les es imposible realizar la obra y se ven en el absurdo de poder perder esa dotación presupuestaria y por lo tanto que el equipamiento se quede sin hacer porque el año siguiente, la Administración correspondiente no tenga el dinero no gastado que no tienen derecho a recuperar. No conozco toda esta normativa presupuestaria pero está claro de que, si es efectivamente así como me han contado, no tiene ni pies ni cabeza, máxime cuando estamos hablando de dotaciones para prestación de servicios sociales inexistentes y absolutamente necesarios.
Por cierto, se me olvidaba. En un periódico gallego han publicado hoy una serie de artículos sobre esto que estamos hablando, que tienen como tema común «Racionalizar la administración y el gasto público». Si a alguien le interesa, el link es éste: http://www.lavozdegalicia.es/opinion/2011/09/16/01161316181917076648616.htm
Un abrazo a tod@s
El dinero (o la moneda) se reinventa, pero la verdad es que deberíamos empezar a pensar en controlar el despilfarro de energía porque el planeta ya no da para sostener las transformaciones de cara a su regeneración.
Gracias señoria por esta publicación.
En realidad no nos merecemos los españoles estos administradores y menos a estos políticos.
Les pagamos hasta las cestas de Navidad. Estas personas tienen nombre y la justicia de oficio debería intervenir.
Este País nuestro necesita un buen arreglo.
Covi Carcedo
Al hilo de esta entrada, expongo una pregunta que me ronda desde hace tiempo: ¿sería muy descabellado introducir en el ordenamiento la posibilidad de exigir algún tipo de responsabilidad civil a los cargos públicos, cuando del resultado de sus decisiones se siguen perjuicios para el interés general?
Pido perdon si lo que digo es una barbaridad jurídica; en mi defensa, si hace falta, alego que soy un simple estudiante de segundo curso del grado de derecho.
Saludos,
Moriarty.
Soy funcionario y registrador de los certificados digitales que expide la FNMT, y vengo ejerciendo esta tarea desde que dichos certificados se implantaron para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus datos que las distintas Administraciones les ofrecen a través de internet.
Dicha función la realizo desde un punto de la geografía española muy alejado de Burgos y de Madrid, y declaro solemnemente que nunca he recibido complemento retributivo (que opino debería establecerse para quienes realizamos esta labor), ni prebenda alguna, ni mucho menos cesta de navidad (aunque sólo fuera con un chorizo y una botella de «riojilla»).
Sorprende este despilfarro que confirma una vez más que «esta España nuestra» no va a cambiar nunca.
Despilfarro, incumplimiento de las normas y negación de derechos reconocidos por Ley, como es el derecho a la jubilación parcial de los empleados públicos.
Ya lo comenté una vez pero aquí se impone repetirlo. ¿Por qué los proyectos técnicos tienen presupuesto económico y los de Ley no?
Un saludo.
Buenas tardes a todos.
Con todo mi respeto hacia nuestro anfitrión, pienso que no es una idea tan descabellada la de tipificar el «despilfarro o derroche público» como delito.
Soy consciente de su dificultad y de la inseguridad jurídica que podría provocar en tanto la imprecisión del concepto «despilfarro o derroche». Pero todos coincidiréis en que actualmente se están produciendo en nuestro país casos abusivos de un malgasto público que nos hace estremecer, que nos desconcierta. Y es muy triste que lo estemos asumiendo como algo que es «normal».
Nuestro querido Sevach ha mencionado uno de ellos. ¡¡¡Seiscientos mil euros en cestas de navidad!!!. (Supongo que será para los políticos, no para los funcionarios). A nadie se le escapa que eso es un claro derroche público (con la que está cayendo), y ya que el responsable político de tal decisión no tiene la vergüenza de cesar en su cargo, el código penal debería «ayudarle».
Y sigo sin estar de acuerdo con Sevach en su opinión de que el país se convertiría en una gigantesca penitenciaria si se penalizara el despilfarro público. Como bien saben ustedes, las normas penales son irretroactivas, y solo responden penalmente aquellos que cometen el delito una vez que la norma entra en vigor. Y os aseguro que en cuanto entrara en prisión un político por malgastar el dinero público, todos se ponían las pilas.
Es más, veo una gran ventaja en penalizar el despilfarro público. Sólo accederían a cargos públicos las personas más honestas y preparadas. No porque nadie se lo impidiera, si no más bien porque quien no se considere preparado para asumir tal responsabilidad, no se metería a político.
Es una opinión, y sé que jurídicamente muy discutible, ya que los políticos sólo responden políticamente de sus actos políticos, pero creo que deberíamos abrir un poquito más nuestra mente y al menos tipificar aquellos actos o decisiones más clamorosas, que a todas luces sean un despilfarro, porque ejemplos de ese derroche público (que me produce urticaria) hay unos cuantos.
Un saludo.
No creo que la via penal sea las adecuada, siempre se lograra rehuir la responsabilidad penal. Seria mas acertado y merced a las nuevas tecnologias colgar la contabilidad en Internet.
Bueno y volviendo a la cesta de Navidad, sin adentrarnos en el mundillo penal, desde un punto de vista administrativista, acaso es muy osado entender que toda contratación debería obedecer al interés general, porque aunque ciertamente sea un concepto muy etéreo, flexible, etc… no alcanzo a entender donde está el interés general en que se repartan 1825 cestas de navidad entre empleados públicos de un determinado ente. No acabo de ver claro que mejora competitiva para la nación supone que les regalen unas paletillas, turrón y demás comestibles, como tampoco que sea preciso que las mismas sean entregadas en la misma puerta de cada uno de los agraciados (el objeto del contrato no sólo es el suministro sino también la distribución).
Aunque en todo caso de querer probar suerte judicialmente primero nos encontraremos con el muro casi infranqueable de la legitimación al no ser licitadores en el mismo, tal vez alguna asociación que tenga atribuido algún fin conexo podría intentarlo, confiando en algún fallo reciente del TC, pero en último término si el caso naufraga por motivos de forma o fondo, y de salir adelante la reforma de la Ley de Agilización Procesal mañana en cuanto a la imposición de costas en la instancia en virtud de vencimiento objetivo, el demandante podría tener afrontar las costas de un proceso de cuantía superior a 600.000€, que daría para unas cuantas cientos de cestas más por si no fueran suficientes las 1825 primeras.
En definitiva ¡Que aproveche! pero algo no funciona
¡Buenas Noches!
Dos criterios concretados para determinar el » despilfarro» :
a) Liquidar el Presupuesto con un 5 ó 10% más sobre los derechos reconocidos o liquidados u obtener un remanente de tesorería negativo superior al 5 ó 10 % sobre los recursos ordinarios liquidados o recaudados.
b) Retrasar el pago de obligaciones económicas a los acreedores en más de 100 días.
Pena : Inhabilitación perpetua para administrar fondos públicos y reparación personal de los daños causados al ente público : Principal no pagado; intereses de demora y otros y multa pecuniaria del tanto al triple, de lo despilfarrado.