Ha sido noticia recientísima que el Consejo de Ministros ha decidido remitir al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial, el Anteproyecto de Ley para elevar sensiblemente las tasas judiciales en todos los órdenes, salvo el penal, y garantizando la exención de los beneficiarios de justicia, pero gravitará sobre la generalidad de la población, con especial lesión en eso que se llaman clases medias. Primero fue el establecimiento de una tasa judicial a las empresas, luego el criterio de la imposición de las costas al litigante que pierde, y ahora vendrán unas tasas generalizadas y exorbitantes para poder acudir a la Justicia que producirán un efecto disuasorio en el litigante. Veamos el alcance de la propuesta y los problemas que se avecinan.
1.Se trata de revisar las tasas judiciales vigentes desde 2002 y reguladas por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Veamos la fría información oficial. En este Anteproyecto de Ley de reforma de determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto nacional de toxicología y Ciencias Forenses también se introducen dos mejoras en la gestión: procuradores y abogados podrán facilitar el pago, y se establecerá la posibilidad de revisar la liquidación de la tasa durante la tramitación del procedimiento judicial.El objetivo de esta iniciativa es evitar la litigiosidad artificiosa que satura actualmente los juzgados. Las tasas abonadas por los ciudadanos que sí tienen recursos económicos no irán a parar a las arcas del Estado, sino que, tal y como ya avanzó el ministro de Justicia, estarán destinadas a sufragar la justicia gratuita. Según una estimación realizada a partir de los últimos datos registrados, 172 millones de euros recaudados en 2010, con el nuevo sistema la cuantía ascendería a cerca de 300 millones.Las tasas ya existentes desde primera instancia en el Orden Civil y en el Contencioso-Administrativo se aplicarán también en lo Social, pero sólo en segunda instancia. Quedarán exentos de pago aquellos a los que se les reconozca la asistencia gratuita. En cambio, junto a las personas jurídicas, sí se incluirá a las personas físicas con recursos económicos como sujetos pasivos de estas tasas.
2. Veamos el cuadro de la propuesta de tasas. ¡¡ Abriremos los ojos como platos !!
3. El problema en el ámbito contencioso-administrativo es de gran calado. En primer lugar, es cierto que en el campo civil están en juego intereses privados (con lo que hay un litigio entre particulares con beneficio especial para ellos) por lo que resulta mas tolerable la subida de las tasas. También es evidente que en el campo penal está en juego el interés público directo (seguridad ciudadana) y por tanto no deben imponerse tasas por las actuaciones instructoras y de enjuiciamiento penales (pues todos nos beneficiamos).
Sin embargo, el mundo contencioso-administrativo es un híbrido, ya que suele enfrentarse el particular con su interés privado y la Administración pública con su interés público, pero con la singularidad de que si un particular gana un pleito a la Administración, ganamos todos, porque se ha remediado un desafuero en quien tiene la responsabilidad con fondos públicos y cargos públicos retribuidos por todos, de no equivocarse.
A ello se suman consideraciones de igualdad. Por mucho que se diga que el proceso se inspira en la igualdad de las partes, lo cierto es que la Administración es un Goliat y el particular un David, y fuera de la Biblia, lo habitual es que Goliat gane a David. La Administración juega con blancas (hace el reglamento y la trampa), toma decisiones bajo la red de numerosos privilegios (ejecutoriedad y ejecutividad, entre otros) y cuenta con letrados experimentados a sueldo; por si fuera poco las estadísticas de pleitos ganados a la Administración no superan uno de cada cuatro.
A estas leoninas condiciones, se suma que la inmensa mayoría de las decisiones de la Administración sobre los millones de los ciudadanos no pasan por el tamiz de los tribunales: a) Pasan inadvertidas sin ponerse en entredicho su legalidad, pues el ciudadano confía en que esté bien liquidada la tasa, en que la multa sea correcta, en que la licencia de obras se la deniegan con arreglo a derecho,etc..; b) Si hay dudas sobre la legalidad, es difícil tener certeza al respecto, dado lo enredado, disperso y complejo de nuestro sistema normativo administrativo; c) Y si alguien está convencido de la ilegalidad, a veces la soporta porque la escasa cuantía del litigio le disuade.
4. Ahora se sumará otro freno mas a la litigiosidad: se impondrán unas tasas judiciales al recurrente, sea persona física o jurídica, cuya cuantía se sumará a los honorarios de abogado y procurador, mas el coste de los peritos o pruebas, etc,etc,… En suma, el enojo de quien desea combatir una tropelía administrativa perderá fuerza ante el desembolso que debe afrontar, a cambio de un lento y formalista proceso, que desembocará en una incierta y lejana sentencia. En estas condiciones, la decisión personal de litigar, por desgracia, se zanjará frecuentemente con el rehúse a embarcarse en el proceso.
Y ahí sí que la Justicia pierde, y el Estado de Derecho. Si esas elevadas tasas las soportará la clase media, que por definición es el segmento social mas amplio de la ciudadanía, está claro que ese incremento desaforado es un torpedo a la línea de flotación de la credibilidad del Estado de Derecho. No será el triunfo de la razón, ni de la ley, sino el triunfo una vez más, de la economía.
5. Lo cierto es que las maniobras judiciales no se detienen ya que el Ministro de Justicia anunció la «revisión de los criterios actuales para evitar su uso fraudulento y una mejor orientación a los afectados para resolver sus problemas de forma extrajudicial» (¡¡ me temo lo peor!!), y también anunció que suprimirá el privilegio de los funcionarios de acudir a los tribunales sin abogado ni procurador.No quiero dar ideas, porque por desgracia mis profecías suelen cumplirse, pero no me extrañaría que algún iluminado propusiese y se aprobase una tasa por formular…¡¡ recurso en vía administrativa!! .
6. Otro problema de tal subida de tasas, es que cuenta con la coartada de la crisis económica, pero lo triste es que no irá acompañado de una mejora del servicio público de la justicia ( o sea, suben las tasas, pero no se incrementan plantillas de juzgados, ni jueces, ni se promueven procedimientos administrativos de mediación que alivien los procesos: mas dinero por lo mismo).
Afortunadamente el Tribunal Constitucional ya dejó claro que las tasas se exigirán en caso de impago por vía de recaudación tributaria pero no impedirán que el proceso judicial avance. Algo es algo.
Por eso, Sevach modestamente opina que si hay una subida de tasas, la Administración de Justicia debería como mínimo dar una respuesta en tiempo razonable. En otras palabras debería ofrecer algo como el Telepizza: si no recibe la pizza en media hora, le sale gratis. O sea, debería establecerse un calendario de resolución judicial razonable en primera instancia ( entre 4 y 6 meses, por ejemplo) y si no hay sentencia, pues las tasas abonadas se devuelven ( y si los plazos se duplican o triplican, se devuelven con recargos a favor del ciudadano). Eso es justo. Un estímulo para la Administración de Justicia y un estímulo para que el ciudadano afronte el pago de las tasas con mejor talante.
Es una injusticia cobrar por la Justicia. Asumo aquélla frase del discurso de Matin Luther King en 1963 cuando dijo: » nos rehusamos a creer que el Banco de la Justicia haya quebrado». La Justicia debe financiarse por todos, y tener las puertas abiertas a todos. Hay técnicas sobradas para acabar con los litigantes temerarios. Y es que, subir las tasas judiciales de forma desproporcionada con el efecto de bajar el número de litigios es un espejismo de democracia. Me recuerda aquél sistema del Califa que enojado por la extensión de una epidemia entre sus súbditos que era diagnosticada por los médicos, decapitó a estos últimos y así acabó con el mal.
¡ Que Dios reparta suerte!
Interesante y acertado como siempre.
Se me había escapado que se se anula para los funcionarios la innecesariedad de abogado y procurador. Dada la contumacia de algunas administraciones de hacer en materia de personal lo que les sale del alma, esta medida va a ser realmente negativa para los trabajadores…otra más.
Gracias por el post Sevach, así al menos tendremos el derecho a la pataleta, y como a fecha de hoy no se paga tasa por opinar, y aunque fuera el caso la pagaría, creo que hay que denunciar que esta reforma es indecente y salvaje, por distintos motivos:
1.- De aquellos barros estos lodos y la absoluta incoherencia de nuestros gobernantes.
Cuando se estaba debatiendo en sede parlamentaria la ley de agilización procesal, de la que se hizo eco este blog, un grupo parlamentario fue especialmente beligerante con aquella propuesta, que dificultaba el acceso a un derecho fundamental, y especialmente a la segunda instancia. A este blog me remito
http://contencioso.es/2011/09/23/aprobada-definitivamente-la-ley-de-agilizacion-procesal/
Y el Sr. Ferrer Roselló señalaba respecto de la reforma:
“Este es el maldito proyecto de ley que salió aprobado de esta Cámara con sus votos, constituyendo, a juicio del Partido Popular, el mayor recorte de derechos civiles en el ámbito de la justicia que ha conocido este país en las últimas tres décadas.”
Algunos pensaban que tendría marcha atrás dicha reforma, a la vista de la postura mantenida en sede parlamentaria por el partido ahora gobernante, pues va a ser que no. No sólo va a ser que no, sino que será mucho más no. Es decir no sólo mantenemos punto por punto dicha reforma, adhiriéndonos ahora al discurso ya manido del uso injustificado, abusivo, arbitrario a la jurisdicción (que no olvidemos no deja de ser el ejercicio de un derecho fundamental), y lo dificultamos más haciéndolo caro, pero de verdad caro. Ahora la primera y segunda instancia en civil y contencioso alcanza o supera los mil euros, que más que copago parece pago íntegro.
Pero aparte de esto, esa reforma resultó muy barata, en el sentido de que no hubo una gran oposición, algún apunte en prensa, algún sindicato, y algunos locos o pequeños colegios que bramaban en el desierto con escasa comprensión (al fin y al cabo el contencioso sigue siendo en cuanto a dedicación de letrados claramente minoritaria, a civil le afectaba poco -creían la mayoría- y el social quedaba fuera). El CGAE sí cumplió el expediente con algunas alegaciones, y alguna defensa respecto a ciertos insultos a la profesión, pero se pasó pronto página, incluso en el Congreso Nacional de la Abogacía de 2011 en Cádiz, estando calentita la reforma, no se consideró oportuno dedicar un minuto a la cuestión, y la mayoría de colegios tampoco se pronunció o hizo eco de las quejas de los colegiados, y ahora tenemos doble o triple ración de aquel guiso.
2.- Incierta excusa populista
Se nos dice que así los que más tienen ayudarán a los que disponen de menos medios, justicia gratuita, y que los que más tienen deben colaborar en el sostenimiento de la justicia a través de las tasas.
Varias cuestiones al respecto:
Entienden que todo aquel que no tenga justicia gratuita es pudiente, es decir un mileurista tiene que apoquinar 1000€ por primera y segunda instancia, porque si no es insolidario, pero aunque ganara más, 2000, 3000 o 4000€ YA lo ha pagado, porque con un IRPF que alcanza un tipo máximo del 52% ya está sufragando, como es su obligación, el funcionamiento de los servicios básicos del estado, también de la Justicia, con lo que se le está cobrando dos veces, y es que a este ritmo la clase media española, o la que queda o quede en el futuro se verá sometida a una presión fiscal muy elevada, de la más altas de Europa, para no recibir servicio alguno, ya que cuando pretenda hacer uso de ese servicio se le volverá a cobrar, es lo que algunos denominan el “repago”, y una cosa es una tasa disuasoria de cuantía menor, y otra importes que efectivamente pueden desalentar a mucha gente por escasez de medios, porque hoy por hoy en España a un mileurista o con poco más no va sobrado a fin de mes.
Por otro lado si el fin de la tasa es sufragar la justicia gratuita que se fija en 172 millones de euros, y prevén una recaudación de 315 millones de euros hay algo que no cuadra.
3.- Parada intermedia.
Cuando se aprobó la ley de agilización procesal, ya se comentó que se abría el melón. En Europa tenemos un canario a nivel económico, desgraciadamente para ellos, que es la economía griega, y del mismo modo que los mineros bajaban antaño a la mina con un canario como “detector de gas grisú”, existen opiniones bastante doctas que creen que los presupuestos no conseguirán alcanzar la tasa de déficit comprometida, no por la contención del gasto que es muy importante, sino por la caída de ingresos, como le acaba de ocurrir a la Comunidad de Madrid en su estadística de déficit, y cuando tengan que afrontar los próximos presupuestos de no existir una contestación contundente (que puede no haberla) esas tasas se actualizarán, y así pasaremos a ordinarios de 600€, apelaciones de 1200 y casaciones de 2000€ o cualquier otra cosa.
En todo caso la conjunción de crisis, costas, tasas, crea una tormenta perfecta que reducirá drásticamente el acceso y uso de la justicia, que se va convirtiendo en un bien de lujo a excepción de la justicia gratuita, con lo que a la clase media o media baja le será vetada por sus costes. Que esto afectará a abogados y procuradores, obvio, máxime cuando la gran mayoría a duras penas llega a fin de mes, a pesar de esa idea relativamente extendida que todos los abogados nadan en la abundancia, pero también veremos amortización o reconversión de juzgados, movilidad forzosa, amortización de plazas en Salas y Audiencias al no llegar a módulos en próximos años…, pero en todo caso lo más importante es que detraer con contumacia y sucesivas reformas el acceso de la justicia a una parte muy importante de los ciudadanos no es bueno para el país ni para nadie. En cuanto a la solución de conflictos a través de métodos alternativos de resolución de conflictos, sobre los que ya veremos. Al final algunos pensarán “pues nada volvemos a la autotutela”.
Triste, tristre lo que se avecina en justicia.
¿Y este ministro, Gallardón, era el que algunos consideraban como la esperanza moderada del PP?. Pues entre lo del aborto y esto se está luciendo…
A mí, personalmente me duele el tema de los funcionarios… O sea, otro nuevo agravio con respecto a cualquier empleado, que sí puede defenderse a si mismo en vía social. Y no es que los funcionarios pudiesen auto-representarse en cualquier asunto, sino sólo en cuestiones de personal que afectaran a sus derechos estatutarios y con ciertos límites (y eso a pesar de que se les podría presuponer cierto conocimiento de la materia, con lo que no sé cuál será la motivación para cercenar también este derecho si no es la de crear más indefensión).
En fin, con esto (gastos de abogado + procurador [al que no veo ninguna función en los tiempos que corren] + tasa + criterio de vencimiento en costas + criterio pro-administración de los juzgados de lo Contencioso), unido a los recortes de sueldo, me temo que se acabaron los recursos y sólo espero que el sueldo nos dé aún para vaselina, que vamos a tener que utilizarla por kilos.
Claro que si siguen con los recortes a lo mejor pronto entraremos también en el nivel de aquellos que tienen derecho a la justicia gratuita. Y aquello del derecho FUNDAMENTAL a la tutela judicial cada vez quedará más lejos y va a ser un lujo sólo al alcance de unos pocos. Seguro que pronto se les ocurre poner otra tasa por el derecho a la Igualdad ante la Ley. ¡Qué asco de gobierno! Sólo espero que se les atragante su cumple-cien-días.
Seguro que de esto también tiene la culpa “la herencia recibida”, que por cierto, es una auto-herencia.
Estimado Sevach dices «debería establecerse un calendario de resolución judicial razonable en primera instancia ( entre 4 y 6 meses, por ejemplo) y si no hay sentencia, pues las tasas abonadas se devuelven ( y si los plazos se duplican o triplican, se devuelven con recargos a favor del ciudadano). Eso es justo.»
Esto es a, tambien, todas luces, imposible. La administración de justicia es, hace mucho tiempo, un caballo muerto, que se usa para que nos creamos que en este pais hay seguridad jurídica.
Y una de las razones es precisamente el concepto de GRATUIDAD,. Se pleitea porque es gratis, se pleitea por todo, solo por fastidiar a alguien, por dilatar un tema. Y esto, entre otras razones, como su caracter anticuado que se vende como «garantista» y los enrevesados procedimientos, han acabado colapsando la justicia.
Yo creo que debería establecerse, en lugar de las tasas – o además de ellas -, un sistema como el del billar : de pierde/paga. De lo contrario todos nosotros, el pueblo español, estamos pagando el uso – y abuso – de un servicio público más. Se llevan al contencioso cuestiones de ínfimo valor material, siendo los costos de la gestión del juicio muy superiores, en muchas ocasiones, al valor material de la reclamación, especialmente con ánimo dilatorio. El mensaje del NADA ES GRATIS, debe prevalecer, por la fuerza de la razón, frente al GRATIS TOTAL, que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Relamente NADA ES GRATIS. Un saludo cordial y enhorabuena por el blog que es sumamente interesante.
Ese es justamente el mensaje que se intenta hacer calar, uso abusivo de la justicia pleiteando por cuestiones nimias, y que es gratis, nada más lejos de la realidad.
El sistema que comentas del billar quién pierde/paga, ya existe con la imposición de costas por vencimiento objetivo, tanto en instancia (gracias a la última reforma) como en segunda instancia, y no es barato.
Sobre el capricho y discusion de cuestiones nimias, hace poco, para analizar lo irreal de la exposición de motivos de la ley de agilizacion procesal, se estudió cuantos contenciosos se habían presentado por cuestiones nimias en 2 juzgados de instancia, se fijó dicho importe en 30 euros, y tachán…, en más de una década se habían tramitado 2 recursos por debajo de esa cuantía.
Hablamos de un derecho fundamental, y gravar con una tasa de más de mil euros (por primera y segunda instancia) a una unidad familiar «pudiente» (es decir que obtenga más de 1053€ al mes), con una tasa global de 1000 euros es absolutamente irracional, y lo único que se pretende, vamos a quitarnos la máscara, es que no se ejercite el derecho fundamental.
Y en todo caso esa gratuidad (justicia gratuita) en la que efectivemente se pueden observar muchos más desmanes, porque esa sí es gratuita y no cuesta nada, no se toca, y ahí vemos cómo no se acepta casi ningún informe de insostenibilidad por parte del letrado, ahí se pueden ver cosas como que alguien no quiere pagar el impuesto de circulación porque no le da la gana y es objetor fiscal, sin tan siquiera haber recurrido previamente en sede administrativa, y al abogado se le obliga a ir a juicio y hacer el ridículo, ahí vemos realmente como se puede recurrir lo que se quiera porque eso sí es gratis y el control es mínimo, pero eso no se toca ni se razonaliza, porque para eso están las clases «pudientes» para pagar los platos rotos.
Un saludo
la Tasa debe cubrir el coste de un servicio. No hay servicios gratuitos. Todo cuesta dinero. La Administración de Justicia española es una calamidad. No hay nadie que vaya a un juzgado y encuentre una resolución judicial que le de justicia en un plazo razonable (cuatro o seis meses). Hay tasas, como las universitarias, que no cubren el coste del servicio: en ese caso la sociedad via presupuestos esta financiando este servicio para proporcionar enseñanza universitaria a cualquier español ( y a muchísimos extranjeros) sin que el económico sea un problema. Pero la Justicia debe pagarse por quien realmente la usa. al menos en el caso de la jurisdicción civil : son cuestiones de patrimonio entre personas que tiene patrimonio ¿por que tengo que subvencionarlas yo?. Y además insisto: el colapso de la administración de un servicio, es fruto de la gratuidad: Pongánse ustedes a repartir gratis lo que sea en la calle y se producirá inevitablemente el colapso. La ineficiencia de la administracion judicial – pesimamente valorado como tal servicio – tiene muchas causa, pero la gratuidad es una de ellas.
Efectivamente no hay servicios gratuitos por eso pagamos impuestos, IRPF, IVA, Sociedades, IBI, para sostener un estado con unos servicios basicos, y esos impuestos sufragan la justicia, la sanidad, las carreteras, aeropuertos, policía, aunque cada uno de modo individual no los use, yo el problema lo veo justamente a la inversa, no es que así acabemos con la gratuidad, sino que quién justamente paga los servicios (la clase media), porque nada es gratis efectivamente, se verá perjudicado al recibir los servicios que sufraga porque tendrá que repagarlos, así dentro de poco no sería sorprendente que cuando vayamos a por un fármaco abonaremos hasta el 100% u 80% si se gana más de 1000 euros mes, en la escuela lo mismo, , en justicia idem. Ocurrirá por tanto un hecho realmente curioso e inédito, y es que quién sufraga el coste de los servicios vía impuestos NO tendrá derecho a los mismos en base a un costo razonable, ya que únicamente se prestarán gratuitamente a quién tiene o aparenta rentas muy reducidas, y no es cuestión de quitárselo a nadie, pero tampoco de excluir a quién la sufraga sufriendo una carga impositiva bastante elevada, y es que 1000 euros por primera y segunda instancia disuade al 90% de los posibles afectados, pero a mayores esto se verá en otros ámbitos, y así a lo mejor un ciclo de quimioterapia también puede costarle al ciudadano «pudiente» 25.000€, y aunque afortunamente la mayoría de ciudadanos no tendrá que sufrir dicho tratamiento parece razonable que quién lo precise pueda recibirlo.
Que la justicia es mejorable, obviamente, pero es el sistema mejor o menos malo, en función de como lo queramos ver, para la resolución efectiva de conflictos, y se configura su acceso como un derecho fundamental, y la solución no debería venir dada por imposibilitar o dificultar su ejercicio a la clase media de este país, que bastante tiene ya con la que está cayendo.
Un saludo.
Un saludo
Yo también sería socialdemócrata si fuese pobre (y recibiese subsidios y prebendas) o si fuese rico (y fuese amnistiado periódicamente y tuviese mi dinero a buen recaudo) o si fuese noruego y viviese en una sociedad decente de personas honradas. También sería socialdemócrta si fuera político, porque, por ejemplo con la declaración de patriminio del Sr Griñán publicada en el BOJA del 23 de marzo, pertenecería a la categoría de pobre oficial, dado lo escaso del mismo. Pero como todas estas fiestas de la gratuidad y el autobombo las pago yo con mi modesta nómina, me siento estafado por la sociedad a la que sirvo. Y ya que no me puedo hacer rico, acabarán haciéndome pobre los millonarios partidarios de que el «Estao» lo pague todo.
Insisto la Administración de Justicia es uno de los engendros más grandes que existen en España. Y no sequiere que sea algo eficaz como es, por ejemplo el Ministerio de Hacienda: es el Traje nuevo del Emperador que sirve para que no veamos lo que no queremos ver. Hay que denunciar este estado de cosas. Es el único y mínimo derecho al pataleo que nos queda. Gracias Sevach nuevamente por tu blog. un saludo
En referencia al porcetnaje favorable a la administración en la cestión contenciosa,dice usted que 1 de cada 4 contenciosos lo gana el ciudadano.Como los litigios versan sobre múltiples disciplinas,como son expedientes sancionadores,expropiaciones….
Sabe usted en que porcentaje a cada uno de estso en especial en lo referente a la función pública.
gracias.
Recordar que previamente por la Ley 20/2011 (BOE del 22-07-2011) de Reforma del Registro Civil se aprobaron otras TASAS por la «tramitación de los Expedientes de Matrimonio», y que ahora la nueva opción del Ministro de Justicia, es compartir esta competencia con los Notarios, que cobran Arancel por todo, con lo que todo van a ser ingresos públicos.
Creo recordar, que tenia una vacatio legis de tres años, pero literalmente decía lo siguiente:
Disposición final quinta. Tasas municipales.
Se añade un apartado 5 al artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con la siguiente redacción:
«5. Los Ayuntamientos podrán establecer una tasa por la instrucción y tramitación de los expedientes matrimoniales en forma civil y por la celebración de los mismos.»
Tengo una duda:
Los litigantes con procesos ya concluidos o que siguen en tramite que voluntariamente lo deseen y no se apliquen «la excusa absolutoria» podrán acogerse a lo publicado en el BOE del pasado Sábado 31-03-12, en concreto, podrán formalizar ante el Secretario Judicial una «Auto Declaración por Tasa prevista y no cobrada» o tendrán que seguir soportando como el resto de los mortales el «principio de legalidad».
Es injusto, que unos puedan tener «eficacia retroactiva» y otros no, con lo cual el derecho/deber previsto en el art. 31 de la Constitución -que goza incluso de la proteccion especial del art. 53.1 CE- de que «todos (incluso los que tengan una opacidad legal permitida) contribuiran al sostenimiento de los gastos publicos de acuerdo con su capacidad economica……………..» o estaremos ante «otro invento» o norma inconstitucional.
Para el que no haya visto, esta DECLARACIÓN ESPECIAL del BOE del 31-03-2012 y por si le afecta, la transcribo, recordando que el plazo «para aflorar termina el 30-11-2012».
Disposición adicional primera. Declaración tributaria especial.
1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de no Residentes que sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos, podrán presentar la declaración prevista en esta disposición con el objeto de regularizar su situación tributaria, siempre que hubieran sido titulares de tales bienes o derechos con anterioridad a la finalización del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor de esta disposición.
2. Las personas y entidades previstas en el apartado 1 anterior deberán presentar una declaración e ingresar la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos a que se refiere el párrafo anterior, el porcentaje del 10 por ciento.
El cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior determinará la no exigibilidad de sanciones, intereses ni recargos.
Junto con esta declaración deberá incorporarse la información necesaria que permita identificar los citados bienes y derechos.
3. El importe declarado por el contribuyente tendrá la consideración de renta declarada a los efectos previstos en el artículo 39 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y en el artículo 134 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
4. No resultará de aplicación lo establecido en esta disposición en relación con los impuestos y períodos impositivos respecto de los cuales la declaración e ingreso se hubiera producido después de que se hubiera notificado por la Administración tributaria la iniciación de procedimientos de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias correspondiente a los mismos.
5. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas aprobará el modelo de declaración, lugar de presentación e ingreso de la misma, así como cuantas otras medidas sean necesarias para el cumplimiento de esta disposición.
El plazo para la presentación de las declaraciones y su ingreso finalizará el 30 de noviembre de 2012.
En relación al tema de las tasas de los funcionarios, al hilo del comentario de sed Lex, por ahora los funcionarios para defender sus derechos laborales están de suerte. No pagan las tasas, están exentos de ellas. Así, yo siempre utilizo la Orden Hac 661/2003, de 24 de marzo RCL 2003814, que dice que están exentos (de hecho todas las personas físicas), y este aspecto no ha sido modificado. Así, también están exentos de las tasas las organizaciones sindicales para defender temas en materia de personal. Yo siempre he utilizado esto, y nunca ha planteado el más mínimo problema.
Bastante tienen con el pierde paga (a las costas me refiero) que ha reducido increiblemente la interposición de Recursos Contencioso-Administrativos.
Y ¿cómo es eso de que se pueda imponer una tasa para instar la actuación de un Poder del Estado, en este caso, el judicial? La tasa ¿no es por la prestación de un mero servicio público?, es que acaso se podría imponer una tasa para presentar una solicitud al Gobierno ( poder ejecutivo) para que actúe ?, incluso para pedir un indulto ….. ; ¿y para presentar iniciativas legislativas populares? (estas, por el contrario, están subvencionadas). Seguro que Sevach podrá ilustrarnos mejor sobre el concepto de servicio público y su distinción con el Poder del Estado, entiendo que sólo sobre el primero se puede establecer una tasa.
Porque a este paso, me pregunto, como hay tantas quejas y escritos al Defensor del Pueblo, se podría poner una tasa para presentar una queja, y no se ha hecho y eso que no es un Poder del Estado, …. Y en el Tribunal Constitucional, tan atascado, cabría exigir una tasa? , así cada recurso de amparo qué menos de 3.000 euros.
Lo siento pero no, no es cierto que la litigiosidad nimia sea inexistente …si calculas el «coste de un juzgado», personal, alquiler, si alquiler una parte de nuestros Juzgados estan de alquiler, mantenimiento , suministros etc… y divides por el módulo de entrada …al menos en contencioso el 25 % de los abreviados el valor economico de lo pedido es inferior al coste de tramitar y resolver…… y segun mis propios estadisticas el indice de estimación en esos asuntos es el 0 % si el 0 % con una tasa de carencia absoluta y radical de fundamentación fáctica y jurídica del 90 %, el otro 10 % tampoco tiene motivo alguno para la estimación pero al menos el letrado no se ha limitado a recoger en un único folio los datos de su cliente, la resolución combatida e invocar el 62 de la LRJPAC…y eso no se soluciona con las costas …un ciudadano ha puesto en marcha un servicio públcio que mantenemos todos por puro y simple capricho, cabezonería o abuso dilatorio frente a una resolución administrativa impecable y eso merece una respuesta negativa en cualquier pais con una cultura jurídica superior a la nuestra y así sucede en Francia, en Bérlgica o en Holanda, dudo mucho que estemos en condiciones de dar lecciones …y hace falta el valor de plantearlo…pero claro la ratio de Abogados por habitante en el resto de los Estados civilizados es de uno a diez respecto de España
el derecho a la tutela judicial efectiva no tiene nada que ver con el derecho al pataleo delante de un juez porque no me gusta una resolución administrativa perfectamente legal…el derecho al pataleo no es un derecho constitucional ni siquiera es un derecho en el resto de los Estados civilizados sino que merece un reproche bajo forma de costas adicionales
Me imagino que el post molestara a algunos no es mi intención pero el silencio frente al abuso es parte del abuso
Estimado Senichae
Antes de nada, gracias por sus palabras que no molestan sino que animan y enriquecen el debate; a ver si entre todos llegamos a algo parecido a la verdad.
Plantea varias cuestiones muy interesantes y de gran calado y creo que como decía el actor gallego Manquiña en su memorable interpretación de la película “Airbag”, lo importante en este caso, al menos para mí, es el concepto, es decir, saber qué es lo que nos estamos jugando en caso de que prospere la reforma en los términos planteados.
Creo que aquí se mezclan dos ideas fundamentales: Por una parte, el control de la acción del Gobierno por un poder independiente y, por otra parte, qué es lo que hacen los gobernantes con nuestros impuestos, ideas que se pueden resumir en otra mayor que engloba a ambas y que es la absoluta necesidad del control democrático del poder.
En su comentario (que entiendo perfectamente desde el punto de vista del funcionario de todo tipo que intenta hacer lo mejor posible su trabajo, con responsabilidad y se indigna frente a los abusos) Usted habla de que “el derecho a la tutela judicial efectiva no tiene nada que ver con el derecho al pataleo delante de un juez porque no me gusta una resolución administrativa perfectamente legal”.
Ahora bien, yo le planteo la siguiente cuestión: Quién determina que la resolución administrativa es perfectamente legal?. No podría ser la misma Administración, puesto que nadie es imparcial cuando se juzga a sí mismo. La mejor solución es la que tenemos plasmada en el art. 24 de nuestra tan injustamente denostada Constitución y es que solamente el juez independiente ordinario predeterminado por la ley es el que puede determinar si la actuación de la Administración es ajustada a derecho o no.
Como le decía antes, es un problema de concepto. Entiendo (como crearon Locke y Montesquieu y entendieron también los redactores de nuestra Constitución) que es necesario que el control del poder ejecutivo (las Administraciones Públicas) se realice por un poder independiente con profesionales preparados que entienden por formación y devoción lo que implica la responsabilidad de impartir justicia y ese poder sólo puede ser el Poder Judicial.
Si las reformas políticas consiguen evitar que los ciudadanos ejerzan ese derecho tan fundamental conseguido hace relativamente poco tiempo de que los Juzgados y Tribunales puedan controlar los excesos del poder ejecutivo (que compartirá conmigo que es indudable que los hay y que en el momento en que disminuyan los controles habrá más), será un día aciago para nuestra democracia, ya que habrá ganado la razón de Estado frente al derecho del ciudadano, ciudadano que, no olvidemos, ya paga impuestos para que todo esto funcione.
Aquí entramos ya en la segunda de las ideas y que es lo que hacen con nuestro dinero.
Comentamos muchas veces mi mujer y yo que si en lugar del sistema recaudatorio que tenemos establecido en que nos cobran todos los impuestos juntos (una parte los indirectos como el IVA en cada compra, sin que nos enteremos y otra parte, los directos, todos juntos en los períodos marcados por las leyes), nos tuviesen que pedir una contribución para cada gasto que quisiesen hacer, los ciudadanos tendríamos más conciencia de que es en lo que nuestros gestores se gastan nuestro dinero.
Como ya podrá imaginar, no estoy diciendo que haya que ir a este sistema, puesto que sería totalmente inviable, pero sí que es bueno imaginárselo ya que nos encontramos hoy en día con la situación inversa: No existe control alguno sobre el destino de nuestros impuestos (Quitando la casilla del IRPF de Iglesia o ONG´s, único e ínfimo reducto de decisión que le queda al contribuyente), con lo que pueden decidir hacer aeropuertos fantasmas, inversiones millonarias en comprar desierto a través de cajas públicas, mantener consejos consultivos o empresas públicas innecesarias y absolutamente deficitarias, sin que los ciudadanos hayamos tenido posibilidad de decidir sobre ello.
Si no fuera por lo dramático de la situación y de lo que implica, me hace gracia que los ineficientes gestores que tenemos (de todos los partidos políticos) nos hable del COpago en la Sanidad, justicia, etc.
No se trata de copago, sino de REpago, ya que ya lo hemos pagado antes.
Es absolutamente indecente que se estén planteando incidir en derechos tan fundamentales como la justicia o la salud (cerrando hospitales porque no pueden pagarlos) cuando no se ha recortado en otras áreas que pueden ser perfectamente válidas en momentos de bonanza pero que cuando hay que elegir entre unas y otras, el derecho a la asistencia sanitaria gratuita (porque la hemos pagado antes) o el derecho a que no te pongan trabas económicas para obtener una sentencia de un Juez o Tribunal imparcial prevalecen frente a todo lo demás.
Traigo aquí a colación un brillante y lúcido post anterior de Sevach, en el que proponía una Comisión Tijera para eliminar gastos superfluos y todo lo obtenido con ello, que se dedicase a gastos sociales. http://contencioso.es/2011/05/20/movimiento-de-indignados-%C2%BF-torre-de-babel-o-faro-de-alejandria/#comments
Si Usted gestor político no sabe administrar el dinero público o bien le pregunta a su anciana madre como hacía para que le cuadrasen las cuentas en aquellos no tan lejanos días en que no nos creíamos que éramos ricos (igual algo tiene que ver con no gastar más de lo que se tiene) o si no tiene madre o no le quiere hacer caso, se va a esos raros países del Norte de Europa a hacer un curso intensivo y después vuelve.
Pero lo que no pueden pretender es que los ciudadanos de clase media que soportamos todo este tinglado con nuestros impuestos, para poder tener el derecho a un juez imparcial que controle los excesos de la Administración, tenga que pagar tres veces: Una, cuando me cobran mis impuestos (directos e indirectos); dos cuando me cobran la tasa judicial y tres, si tengo la mala suerte de perder (con razón o sin ella), tendré que pagar los honorarios del abogado público que ya he pagado previamente con los impuestos que había pagado la primera vez.
Estoy de acuerdo con Usted en que se han dado, sobre todo por parte de grandes empresas (sindicatos incluidos) una utilización abusiva de la primera instancia contenciosa, entiendo que eso está ya totalmente corregido con la última modificación que introduce las costas por vencimiento objetivo en primera instancia.
No podemos menospreciar el poder que tiene el dinero; si una persona tiene que acudir a la vía contenciosa o civil para defender sus derechos, ya tiene que pagar su abogado, su procurador y muchas veces un perito; si aún por encima pierde, tiene que pagar los honorarios del abogado y procurador y del perito contrarios. Lo que Usted denomina “costas adicionales” son a mi entender absolutamente excesivas, pero no tanto por su importe, sino por lo que ello significan en cuanto a poner trabas al ejercicio de un derecho tan fundamental (Dejando de lado que las costas se imponen cuando pierdes y la tasa la pagas antes de empezar).
Respecto a su otra afirmación de que “pero claro la ratio de Abogados por habitante en el resto de los Estados civilizados es de uno a diez respecto de España”, parece que afirma que el problema del número de litigios es del número de abogados y aquí, con el debido respeto, no estoy tampoco de acuerdo.
En primer lugar, se calcual que aproximadamente el 50% de los posibles litigios no llegan a serlo gracias a los abogados, bien sea por su labor de mediación previa o el simple asesoramiento sobre la no conveniencia de instar un proceso judicial.
En segundo lugar, tampoco es cierto que la ratio de los Estados civilizados sea de uno a diez respecto a España, a no ser que consideremos que la democracia parlamentaria más antigua, el Reino Unido no sea un país civilizado (la pérfida Albión le llamaba Franco), ya que con datos de 2008 la ratio de abogados era similar.
Es cierto que sigue habiendo más abogados por habitante que en Francia o en Alemania pero también lo es que es una profesión liberal y como tal aquí sí opera la mano invisible que hace que el mercado se regule solo, de modo que si no hay trabajo para tantos, su número disminuirá –como de hecho está pasando-.
En tercer lugar, no creo que la forma de mejorar la justicia sea reducir el número de abogados (sí el que los que haya den un servicio de calidad), sino en dotar a la justicia de medios, empezando por aumentar el número de jueces y magistrados, para que los que ya existen puedan realizar su labor en unas condiciones acordes con la responsabilidad que implica. No se puede hablar de Justicia cuando se tienen que poner sentencias como churros o trabajar en las precarias condiciones en las que muchos juzgadores tienen que trabajar, como podemos ver cada día todos los profesionales que también formamos parte de este servicio público y derecho fundamental.
Por último, coincido plenamente con Usted en su afirmación de que “el silencio frente al abuso es parte del abuso” y por ello me he permitido exponerle mis razones por las cuales creo firmemente que la reforma tal y como se plantea es un abuso que nos perjudica a todos, ya que afecta a uno de los pilares básicos de la convivencia ciudadana como es la Justicia.
Muchas gracias por sus comentarios y buenas vacaciones.
Saludos cordiales
No hay que confundir la nimiedad (entendiéndola como poca envergadura de la cantidad reclamada) con el derecho del pataleo ante los Tribunales (con el que tampoco estoy de acuerdo). Pero si la Administración debe a una persona 400 €, por ejemplo, pues se los debe. Y no es cierto que los asuntos «nimios» o de poca envergadura económica no se estimen. El problema reciente que existe es que si una persona tiene que reclamar 400 € (porque son suyos) y la cuantía de las costas es de 440, no es que se las vaya a cargar, pero a la hora de informar a esta persona, hay que informarle de que en caso desestimatorio (aunque no sea probable), tendrá que hacer frente a las costas. Y no hay más que hacer cuentas, pedir 400€, con el riesgo de tener que pagar 400€.
Al final, la Administración se queda con el dinero de muchos ciudadanos, lo que no me parece justo.
De acuerdo con el post de seanichae. La litigiosidad porque sí no solo afecta a los juzgados de lo contencioso, también carga de trabajo a las Administraciones. ¿Qué haces con una empresa que recurre al Juzgado, siempre por los mismos motivos, cada recibo del IBI que se le pasa al cobro? Estamos hablando de dos recibos semestrales al año. Y se empecina en seguir recurriendo, no sé si por ver si por reparto toca en otro juzgado y el siguiente juez de lo contencioso tiene una «visión» diferente.
Esos abusos no tienen nada que ver con el derecho a la tutela judicial efectiva, y sí con el intento de obstaculizar el funcionamiento normal de los servicios públicos. Lo malo es que como siempre paguen justos por pecadores, pero sí hay cierta tendencia a acudir al Juzgado, o al Defensor, que también se da, porque no me han dado la razón en vía administrativa e intento por otros medios, aunque no tenga base, el conseguirla.
Estimado DiegoGomez:
Mi visión no es la de la Administración sino la de mi trabajo diario desde hace ya diez años como titular de un Juzgado y lo sineto pero no coincido con su analisis:
Primero no es cierto que no se litigue sin fundamento alguno….. muy al contrario durante años los mismos letrados una y otra vez plantean los mismos motivos únicos y carentes de fundamento alguno despues de cientos de sentencias de todos los órganos jurisdiccionales en las que se les reitera la desestimación,……. no vuelven de nuevo sobre los motivos porque entiendan que puede cambiar la doctrina sino que son perfectamente conscientes de lo infundado de dichos motivos y te lo dicen al terminar la vista si se lo preguntas, …y cuando al terminar un juicio le preguntas igualmente porque no aconseja a sus clientes que no recurran pura y simplemente porque no tienen razón alguna la respuesta no es ni siquiera muchas veces » se trata de dilatar la ejecución de la multa o de la demolición» sino algo mucho peor » si no lo llevo yo lo llevaría otro compañero y para eso me quedo yo con el asunto y los 200 euros »
Segundo el número de abogados en Inglaterra es desde luego infinitamente menor por habitante, ese es el cálculo y no los numeros absolutos, que en España sobre todo si no olvida la diferencia radical entre barrister y solicitor y desde luego el «mercado» depura el exceso de profesionales …siempre que algunos no creen su propio nicho de trabajo de forma aboslutamente artificial disparando la litigiosidad
Tercero la Administración de Justicia es un servicio público desde luego como lo es la sanidad pero admitiríamos que un ciudadano se empeñara en un transplante de corazón por puro carpicho, además de su salud no tendriamos en cuenta el coste económico sin fundamento alguno ?…el coste de oportunidad para los candidatos que realmente necesitan un corazón ? pues entonces porque aplaudimos como ejercicio de un derecho fundmantal que un ciudadano acuda a un órgano jurisdiccional para que se le diga por enesima vez, por enesima vez no la primera vez, que no tiene razón por los mismos motivos que ya se le ha dicho en otras treinta ocasiones…. que aunque sea la puerta de su casa es parada de bus y no puede aparcar… la única respuesta posible al simple pataleo , pues eso es pataleo y no derecho a la tutela judicail efectiva ,es el coste para la Administración de defenderse o tambien lo que cuesta ese litigio abusivo o irracional para todos los ciudadanos ? ….el coste de oportunidad que incorpora al cargar a los juzgados con contenciosos infundados, no solo nimios, restando tiempo de estudio de asuntos complejos y sobre todo mejor o peor fundados pero con un nivel mínimo de consistencia
Solo añadir que ni pretendo ataque alguno a los Letrados que son muchos que hacen un trabajo serio y honesto y que son el primer y mas apreciado colaborador de la Justicia y del juez en su trabajo diario una demanda bien articulada una prueba la necesaria toda pero solo la necesaria o con una practica no trapacera, son desde luego regalos que el juez agradece como profesional y que se estime o desestimeael recurso hacen crecer el respeto que respecto de ese Letrado se siente, imagino que igual sucede con una sentencia bien fundada y articulada al menos así quiero pensarlo aunque mas de un letrado me consta que lo único que lee es el fallo, y he de insistir que no existe en mi animo intención de polémica alguna.
Pero quiero añadir que ni
Estimado Seniache:
Antes de nada, agradecerle su respuesta y decirle que ya me había quedado claro que ni su comentario actual ni el anterior supone ataque alguno contra ningún colectivo en general, sino solamente contra la actuación de algunos de sus miembros que no son la regla, sino la excepción.
Sin afán en absoluto de polemizar sino de seguir enriqueciendo el debate, me permito añadir lo siguiente.
En primer lugar y quiero empezar por este punto, mi oposición al anteproyecto no es una oposición «como abogado» sino «como ciudadano» que está absolutamente indignado por lo mal que los políticos gestionan su dinero y por su falta de moral que les permite recortar aún más si cabe los derechos de los ciudadanos sin antes meter la tijera para recortar los miles de millones de euros que nos podríamos ahorrar si se prescindiese de todos los gastos superfluos, sin entrar ya en los «desvíos» de dinero, las más de las veces relacionados con la no resuelta financiación de los partidos políticos.
Me indigna tanto que se hayan llenado la boca hablando de la Ley de la dependencia y sea una ley que en la mayoría de las Comunidades Autónomas se haya quedado vacía de contenido, puesto que su ejecución, o sea el dinero, lo tenían que poner las Comunidades Autónomas y mientras esos héroes que cuidan de sus familiares impedidos poniendo todo su esfuerzo y su tiempo tengan que seguir esperando a que se les ayude para que, al menos, puedan descansar un poco de su ingrata tarea diaria.
Me indigna que se suspendan operaciones y se cierren por días hospitales enteros, que aumenten las listas de espera, que quien no tenga dinero para poderse pagar un seguro privado tenga en la práctica menos esperanza de vida porque tardarán más en hacerle pruebas analíticas cuya demora puede resultar fatal dependiendo del tipo de enfermedad.
Todo ello se podría solucionar con una buena gestión del dinero público; sin embargo, en lugar de gestionar bien para tener más medios y dar un mejor servicio su única solución es «dame más» y eso no es admisible.
En segundo lugar, insisto que aunque haya litigios innecesarios o compañeros que se muevan por cuestiones puramente crematísticas, es cierto que son minoría (de hecho Usted habla de «los mismos letrados»). La mayoría de los abogados lo hacemos lo mejor que podemos e intentamos aconsejar al cliente cuando un caso no tiene visos de prosperar. Me ha quedado claro que ésta es también su opinión. Y sí aunque es lógico que lo más importante sea el fallo, agradecemos mucho cuando vemos que un juzgador se ha estudiado el tema, lo ha razonado, estemos o no de acuerdo, puesto que eso transmite un respeto no sólo por la actuación del abogado, sino también por el cliente y, con más profundidad, por la Justicia.
Ahora bien, según mi criterio la imposición de costas por vencimiento objetivo de la última reforma hará disminuir mucho esa litigiosidad infundada, ya que si antes era el mismo abogado pero no el mismo cliente no se podía acudir al mecanismo de la imposición de costas por haber litigado con temeridad (al menos que fuese muy claro) pero ahora con el vencimiento objetivo sí se puede imponer las costas con absoluta tranquilidad de que no podrán ser revocadas por el Tribunal Superior; seguramente no se eliminará de l todo esa mala práctica porque es imposible a no ser que uno elimine directamente el derecho pero está claro que será el filtro suficiente, sin que a uno le quede la sensación de que el mismo poder ejecutivo que realiza la actuación administrativa es el que mediante sus propuestas de ley tramitadas por parlamentos en los que no existe separación real con el poder ejecutivo pongan trabas para el control de la actuación ejecutiva.
Sigo creyendo que la única manera es dotar a la Justicia de más medios y no poner trabas para su acceso. Seguramente alguien podría decir que como sabemos que no lo van a hacer, que no van a nombrar más jueces, éste es un mal menor que permite al menos tener menos pleitos y más tiempo para ocuparse de los otros. Pero como estoy hablando como ciudadano y no como profesional, yo que pago mis impuestos tengo derecho a exigir que eso no sea así; quiero que en lugar de poner una tasa para pagar algo que ya he pagado, nombren más jueces para que los que hay puedan trabajar en condiciones ; estamos en democracia y estoy en mi derecho de exigirlo; si muchos pensasen igual, esto podría cambiar.
Solo una última cosa respecto a los abogados ingleses. El dato que había dado es cierto y se basa en datos por habitante y no absolutos. Están sacados de un informe del Consejo General de la Abogacía de 2008 en que el número en España era de 2,63 por cada 1.000 habitantes frente a los 2,31 de Gran Bretaña, si bien es cierto que no sé si tenía en cuenta lo que bien apunta, la diferencia entre barrister y solicitor.
En fin, sólo transmitirle que comprendo su indignación ante lo que cuenta pero que, aún entendiéndolo, mi opinión de fondo no varía porque entiendo que lo que está en juego es, una vez más, la imposición de trabas para impedir el ejercicio de un derecho fundamental que, a mayores, en la vía contencioso-administrativa, lleva implícita la necesidad de controlar a ese Leviatán en que a veces se convierte la Administración.
Muchas gracias. Saludos cordiales
Coincido plenamente con los comentarios del Sr. DiegoGómez y comprendo a seniache su desesperación, como la de muchos jueces, que están desbordados; pero, en relación con el ejemplo que cita sobre el que quiere ser operado sin motivo, indicar que esto sólo se sabe hasta que el facultativo correspondiente lo examina y hace las pruebas correspondientes, y esto también pasa en Justicia, hasta que el juez examina el caso no se podrá saber si la pretensión era infundada, disponiendo además de un mecanismo previo como es la inadmisibilidad por falta de fundamento o haberse resuelto otros casos iguales, etc.. evitando, así, el mayor gasto que comporta seguir el proceso hasta el final. El abuso no se puede saber hasta analizar el caso, por lo que, para evitar injusticias y paguen muchos por un pecador, la tasa al abusador constatado debería exigirse al final, aunque ya es suficiente con las costas y una multa, si se quiere.
No obstante, insisto en que, a mi parecer, hay un error y confusión de base o de raíz, en el que creo que no se ha reparado suficientemente, pues entiendo que no tiene acomodo la tasa por el ejercicio de la actividad jurisdiccional (aunque así se haya incorporado legislativamente) en el concepto y características propias de una tasa, tal y como se concibe en la Ley de Tasas y Precios Públicos, en cuya Exposición de Motivos se configuran las tasas como «tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho Público que se refieran, afecten o beneficien a los sujetos pasivos», por cuanto que la actividad jurisdiccional no es una actividad en régimen de Derecho Público inserta dentro de una Administración Pública (no pertenece a la Adm Genral del Estado, ni Autonomica ni Local, ni corporativa u otras similares), es una Administración distinta si se quiere, pero es más un Poder del Estado, distinto e independiente de los otros dos, no integrado en ninguna de las Administraciones Públicas cuya actividad es susceptible por ellas mismas de establecer los precios y tasas que estimen conveniente por los servicios y actividades que ellas mismas prestan. Creo que lamentablemente a fuerza de oir repetidamente que la Justicia es un servicio público como otro cualquiera, se ha aceptado tal premisa sin más cuestionamiento ni crítica alguna.
Ciertamente es polémica la utilización de las tasas como mecanismo regulador del exceso de litigiosidad, aunque a mi tampoco se me ocurre ninguna otra alternativa. Todo sea dicho.
Discrepo del compañero anterior en la valoración técnica, porque la administración de justicia (medios humanos y materiales) si es Admón Pública, y es perfectamente válido imponer una tasa por hacer uso de esos medios en determinados casos.
También discrepo de esa tendencia a culpar a los letrados de la litigiosidad más o menos infundada. Porque el letrado puede y debe informar, pero no decide. Y hay clientes muy tenaces en su empeño de ¡¡llegar al Supremo y a Estrasburgo si hace falta………..!! Circunstancia que adquiere tintes dramáticos en muchos asuntos del Turno de Oficio, donde no es infrecuente que un letrado que tramite la insostenibilidad de la pretensión se encuentre con que su Colegio le abre expediente como resultado de la consiguiente queja del cliente.
Supongo que cualquiera de nosotros ha tenido alguna experiencia en la que como Paco Martínez Soria en «Don erre que erre» se ha empeñado en llegar hasta el final en algún asunto objetivamente nimio pero que para nosotros era importante. Pues cuando no es uno mismo sino su cliente el que está en esa posición, la obligación del letrado es ayudarle en su empeño porque para eso le contratan. No sé si las tasas y la posibilidad de condena en costas serán suficientes para desanimar a quien se niega a no dar batalla cuando cree tener razón.
Estimada Teresa : nada tiene que ver con el concepto y el carácter de la tasa que está en la ley el que las Administraciones Públicas hayan de dotar a la Administración de Justicia para el ejercicio de la potestad jurisdiccional (para instar la actividad propia de un Poder del Estado) de los medios auxiliares necesarios para ello, materiales y personales, al igual que los otros Poderes del Estado disponen de los medios personales y materiales que ellos mismos se proporcionan (y también es muy costoso), para imponer una tasa, como no es posible exigirla para instar a los otros Poderes a que actúen. Ello no varía su naturaleza.
En cuanto a alternativas, pues, además de las que se tratan de implantar, como el arbitraje, la mediación y similares, se me ocurre que el Estado asuma las reclamaciones que se consideran nimias (concepto muy relativo, porque hoy día 200 ó 400 euros para un ciudadano medio es mucho dinero), y que se subrogue y reclame al deudor o no, según pueda o convenga; pues, ni aún con la tasa (indebidamente establecida, a mi parecer), sería suficiente para costear el servicio, de modo que el Estado se ahorraría una buena cantidad de dinero.
No puedo resistirme a poner este enlace http://www.youtube.com/watch?v=c4iVSTbSXgg
Bueno parece que vamos a buen ritmo, hoy se puede leer en prensa:
«El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho hoy que el Gobierno no contempla el establecimiento del copago sanitario para corregir el déficit, pero si estudia la posibilidad de establecer un pago progresivo en función de la renta por las prestaciones sanitarias.»
A mi modo de ver ante la lamentable situación económica de las arcas públicas, el Gobierno tenía dos opciones en cuanto al sector público (aparte de no hacer nada que no era una opción).
Posibilidad A, se coge el toro por los cuernos y se le da la vuelta a nuestra Administración haciendo lo que se tiene que hacer, especialmente en relación a las autonomías ydiputaciones. Se pone fin a la fiesta de entes públicos, televisiones, aeropuertos…, y si es necesario se centralizan competencias como en Alemania hace pocos años, porque lo que carece de sentido es que tengamos 17 servicios de salud menos eficientes que el antiguo Insalud (hace poco a alguien se le ocurrió que sería bueno hacer compras conjuntas de medicamentos entre varios servicios de Salud para obtener mejor precio, pero necesitaron años para darse cuenta y aún está en estudio), se acaba con los 17 calendarios vacunales (sistema duramente criticado por la Sociedad Española de Pediatría), se eliminan las mil trabas burocráticas de cada comunidad, que se inventa autorizaciones para prestar servicios en su territorio, con la mala disimulada intención de restringir la competencia, no dándose cuenta de que en reciprocidad otras comunidades harán lo mismo rompiendo la unidad de mercado y creando mayor pobreza; y podemos continuar durante largas horas de debate.
Posibilidad B, como la opción A tiene coste político, y el interés político es superior al interés general desde hace lustros, parcheamos el buque para que no se hunda, al menos no de inmediato, otra cosa es que ya no navegue y quede varado 5, 10 o 15 años. Para que el buque no se hunda hace falta dinero, acudimos a los únicos que se puede sablear a gusto, la clase media. A los ricos, al menos ricos de verdad (no la demagogia de los 1000 o 1500 euros mensuales manejados por algunos partidos), no se les va a sacar un duro porque tienen mil mecanismos fiscales para eludir la tributación en España. Pero a la clase media la sangro ahora por duplicado, primero con el pago de impuestos, y luego con el repago en todos los servicios que previamente ha abonado, y es que el Ministerio señala que la sanidad seguirá siendo gratuita y le repugna el copago, ahora bien los que algo tengan tendrán que volver a pagarla (eso no es copago coincido con el ministro, pero yo sí creo que es repago), y ojo mientras se pide este esfuerzo al ciudadano, las transferencias a las comunidades autónomas se han elevado con este presupuesto, y mientras el Estado central se hace el harakiri con una rebaja global del 16-18%, engorda aunque sea un poquito a los reinos de taifas.
Al final ocurrirá mucho antes de lo esperado, tal vez en cuestión de semanas, los que pagan el sistema del bienestar se verán expulsados de él (no es que lo compartan en un ejercicio de solidaridad, sino que simplemente quedan fuera caso de no sacar nuevamente la billetera), esto no pasará sólo en justicia, sobre el que comenzó el hilo, también en sanidad, educación, dependencia, autovías…, es decir inmólese y sufra a cambio de nada, porque eso es lo que parece se va a ofrecer a cambio.
No acabo de entender muy bien tu comentario. El ministro, temeroso de la airada reacción pública, se suma al carro de los demagogos, y nos dice que se va a mantener el barco a flote, aunque hay vías de agua por todos lados. Es un gobierno, como todo el PP excepto Esperanza Aguirre y otros escasos liberales, compuesto por socialdemócratas vergonzantes. Creen que van a amansar a la fiera del «qué dirán» diciendo que la Sanidad, la Educación y la Justicia, la van a pagar «los ricos». Yo ya estoy harto de este discurso hueco y chavista. Aquí pagamos los que tenemos nómina, los demás, pobres y ricos , reciben prebendas, subvenciones, PER, y canonjías. No estoy de acuerdo con que los servicios públicos «ya están pagados» con nuestro IRPF.
Yo pago impuestos para que haya carreteras, porque es algo que beneficia a todos, incluso a los que no tienen coche. Pero luego el conductor, que hace un uso específico, paga un impuesto por el combustible. No hay duplicidad. A mi , que gozo de buena salud, me interesa que haya un buen sistema sanitario, pero además de eso, el que usa , y ABUSA, de ese sistema – que se ha vuelto de medicina defensiva, a menor problema del médico, y por tanto costosísima – debería pagar el uso específico que de este sistema se hace. El problema, esta, para mi de modo evidente, no en aumentar los ingresos, sino en disminuir los gastos. Pero curiosamente establecer un ingreso nuevo: el copago, – y limitar la grandiosa responsabilidad objetiva que nos dimos con largueza – hará bajar el gasto. Esa es la verdadera cara importante : la comprensión de que NADA ES GRATIS. El ejemplo de las Bolsas de Mercadona, es un buen ejemplo para conocer en que tipo de sociedad vivimos y de como …»si es gratis …give me two» . No es un tema de discusión política, sino de sentido común. Lo dicho vale también para Justicia y Educación.
Juan Luis, a lo que me refiero es que algunos esperaban que el gobierno le diera la vuelta a la sitación y embridara el monstruo autonómico de las 17 cabezas, en lugar de medidas semipopulistas como cobrar a los que más tienen (ahora hablan de 100.000 euros, después lo bajarán a 50.000 y luego a 15.000€), con lo que se van a comer medio colín, porque no creo que ni el 1% tenga una base de ese importe. Ahorrarían infinitamente más si en lugar de 17 servicios de Salud que están quebrados en su mayor parte y no han sabido/ podido gestionar en debida forma, se volviera al antiguo Insalud, y eso sólo se podría hacer ahora, no cuando lo peor haya pasado, con ese antiguo Insalud el gasto euro/paciente es mucho más eficiente, y el ahorro brutal comparado con el puzzle actual, basta pensar en un 90% menos de directivos, 90% menos de fundaciones y entes de todo pelaje, una única central de compras, etc… A mayores de este modo garantizas efectivamente una sanidad uniforme en todo el territorio, y no ahora donde las diferencias entre comunidades empieza a ser abismal, destacando Navarra sobre todo el resto. Esto es ahorro de verdad, y se comienzan a solucionar los problemas de fondo, pero a un coste político enorme, que tal vez a fecha de hoy nadie se atreve afrontar.
Aquí es por donde hay que empezar, la casa por los cimientos, y el pago por las rentas pudientes no alcanza ese ahorro ni por asomo, y sigo manteniendo que si alguien paga un 47-49% de IRPF justo es que se le permita disfrutar de los servicios que sufraga como al resto de ciudadanos porque ya ha aportado de manera importante. Recordando que la idea propuesta del ministro no es el copago, si no que únicamente aporten unos pocos, los de mayor capacidad económica.
Respecto a Educación, vale lo mismo, Educación y las universidades es una inversión vital para cualquier estado, y de ahí saldrán los próximos ingenieros, arquitectos, magistrados… y profesionales cualificados que en definitiva crearán riqueza, empleo y pagarán pensiones. Me parece mucho más razonable y acertado poner primero coto a los desmanes en la proliferación de universidades por motivos políticos (parecido a los aeropuertos) creando una en cada esquina, con un profesorado muchas veces impuesto por la propia Administración por motivos ajenos al mérito, que aumentar las tasas como remedio ideal. Es seguramente mucho más barato para el erario público mantener una única Universidad en una comunidad autónoma, permitiéndose incluso becar a los más aptos de menos recursos, con un profesorado aceptable, que sobrellevar 3 o 5 universidades que van a prestar un peor servicio la mayor parte de las veces triplicando titulaciones a menos de 100 kms unas de otras, y el hecho de que suban las tasas un 10, 20 o 50% no arreglará el problema de fondo, que es el exceso de plazas, titulaciones, y universidades sinsentido, que las hay.
En resumen, yo también creo que hay que ahorrar sí o sí desde ayer, pero tocando los problemas estructurales y no con remiendos que no solucionan el problema de base.
Existe un buen artículo sobre estas y otras cosas en el siguiente link:
http://www.cotizalia.com/opinion/lleno-energia/2012/04/07/que-ha-pasado-para-que-espana-este-al-borde-del-rescate-6870/
Y me quedo con sus conclusiones
«Tengan ustedes clara una cosa. Nadie, ningún inversor desde luego, exige que el país deje de gastar en servicios básicos, educación, salud o investigación. El inversor solo pide que se ajusten los gastos a los ingresos. Los que deciden recortar esos gastos esenciales pero mantener coches oficiales, televisiones autonómicas, empresas zombi, administraciones multiplicadas por 17, embajadas, subvenciones y subsidios, son aquellos que votamos para gestionar dichos recursos. Lo único que pide un inversor es que los recursos se gestionen en base a unos ingresos razonables y en base a la demanda de bonos que el país puede asumir. Que España no puede ser, ni aunque quisiera, más del 30% de la oferta europea de renta fija. Y a ver cuando se implementan presupuestos en base cero, que eso de que los presupuestos solo pueden crecer es una falacia de «bull market».
Solución, claro que la hay. Cercenar gasto politico y hacer presupuestos en base cero. Con valentia. Adecuar gastos a ingresos.
Bill Gross, de PIMCO, decía “Grecia es un grano, Portugal una calentura, pero España un tumor». La deuda no se arregla con más deuda.
España es el puente entre la recesión y la recuperación mundial. Somos mucho más importantes de lo que creemos. No me creo que no podamos reducir un estado hipertrofiado. Es hora de hacer conciencia y decidir donde queremos ir. La historia no nos lo perdonará.»
Un saludo.
El problema de esta pais es el abuso de la gratuidad; entre eso y el «re»pago hay que pararse en el tramo intermedio. Lo se pagar tasas extras por recurrir para con eso sufragar la justicia gratuita me parece excesivo. ¿Porque no reformar la justicia gratuita?
En los tiempos que corren que aquél que gane menos de dos veces el SMI tenga derecho al gratis total judicial es una barbaridad y genera abusos, más si contamos además que el SOJ no controla nada; así también yo le pongo un pleito a mi comunidad de vecinos, a la multa de tráfico, al recibo del ibi, a mi jefe y a la tintorería. Total, aunque sea temerario a mi no me cuesta nada y al contrario sí, y además no se verá resarcido con las costas. Y los letrados de oficio no informan de la insostenibilidad de la pretensión porque efectivamente, «para que se lleve otro los 200 € me los llevo yó». Hay que establece medidas disuasorias, y a ser posible por tramos. Al que sea pobre de solemnidad cada pleito que ponga que le cueste 20 € y al que gane entre 700 y 1000 pues 50 € y al que gane más pues 100 €. Asi cuando el abogado te diga que no tienes nada que hacer te pensarás si te compensa perder ese dinero.
Y lo mismo con la sanidad y con la educación.
Por un lado no se trata de recaudar, sino de gestionar mejor, por otro lado está bien que quienes mas ganen mas contribuyan, pero al final resulta que la clase media es la que estamos apeleaos a impuestos y sin ninguna prestación, porque se la llevan todas los «aprovechaos».
No es razonable ir seis veces al año a Urgencias por una gripe ni todas las semanas al médico de cabecera, ni tampoco que los huevos le cuesten mas al hospital que lo que me cuestan a mi en la calle.
El que sea pobre de verdad tiene derecho a una educación publica gratuita de calidad, pero no a becas reiteradas al margen de la exigencia de cualquier resultado satisfactorio ni a tener prioridad para acceder a un colegio privado, por mas que sea concertado.
Y el que quiera pensiones no contributivas o subsidios pues que de algo a cambio a la sociedad -que pasee ancianos o barra su calle-.
Porque al final resulta que las parejas en las que trabajamos los dos pagamos una pasta de impuestos y no tenemos derecho ni a justicia gratuita, ni a colegios concertados, ni a becas, ni a ayudas para la adquisición de vivienda, ni a precios reducidos, pero sí al colapso de la justicia, al de la sanidad etc. generadas por los abusos.
En relación con la idea de que para conseguir dinero los políticos de todo signo, antes de seguir sacándoselo a la clase media mediante tasas y subidas de impuestos, deberían sacárselo a ellos y sus amigos, eliminando todas aquellas instituciones, consejos, etc. que no sirven para nada o que son prescindibles en tiempos de crisis con el objeto de reducir de manera inmediata los gastos, les dejo aquí el siguiente link que es un artículo del Presidente de «La Voz de Galicia» que acabo de leer en internet y que lo pongo porque me ha sorprendido que un Presidente de un periódico se atreva a decir las cosas tan claras. Buena tarde
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2012/04/12/bancarrota/0003_201204G12P17996.htm