Malos tiempos para las Administraciones que poco personal pueden reclutar con la congelación de oposiciones y concursos. Malos tiempos para los opositores que no tienen donde echar la red de su voluntad de trabajar. Sin embargo, el goteo de convocatorias de procedimientos selectivos correspondientes a Ofertas anteriores al Decreto-Ley 20/2011, o las nuevas convocatorias tras este año de barbechos, unido a la existencia de numerosos litigios vivos, dan especial relevancia a la problemática jurídica de las oposiciones y concursos. De ahí, que me permitáis efectuaros una doble recomendación de dos novedades bibliográficas.
1. Por un lado, la utilidad de la recientísima obra de ese funcionario de enciclopédica cultura administrativa que es Jorge Fondevila Antolín, publicada por La Ley, El Consultor de los Ayuntamientos en Abril de 2012, y titulada “ Manual para la Selección de Empleados Públicos”.
Lo de “Manual” le viene pequeño porque le encajaría más la idea de “ Tratado”, tal es el volumen (¡ 796 pags!) y detalle del análisis de lo que yo calificaría de ecosistema de la Selección de empleados públicos, donde hay leyes de la jungla ( bases consentidas, discrecionalidad técnica,etc), depredadores ( consolidaciones de empleo, contratos temporales reconvertidos,etc), y un sinfín de animales peligrosos junto a pacíficas avecillas ( políticos junto a profesionales) además de inocentes criaturas que se adentran en ella ( legión de opositores).
Por ese estupendo Manual desfilan los principios constitucionales (igualdad, mérito y capacidad), la problemática de la composición de Tribunales calificadores, la cuestión del control de la discrecionalidad y motivación, la vertiente procedimental, la tipología de reclamaciones y recursos, y las fases previas a la toma de posesión de los aprobados. Un gran mérito de la Obra radica en el abundante aderezo jurisprudencial, muy actualizado y sólidamente trabado, que lleva al lector a pasar de la norma a la sentencia y forjarse el criterio jurídico correcto. Para aquéllos a los que les guste que el autor traspase las bambalinas y deje su impronta personal, en algunas páginas aquél plantea agudos análisis críticos frente a prácticas administrativas anómalas o contra sentencias que se le antojan poco convincentes.
Para terminar, la Obra incluye un sencillo índice analítico, así como una amplia bibliografía y un útil Anexo Documental. Todo bien encuadernado, presentado y con calidad, como suele hacer El Consultor, y ya disponible en librerías.
En suma, estamos ante un Libro de libros. Nada dogmático y nada trillado. Una obra práctica y que da respuestas actuales a problemas vivos.
Con esta obra de Fondevila, se enriquece y actualiza lo que mas modestamente abordé en mi obra “ Control de Concursos y oposiciones en la jurisprudencia” ( Reus, 2009).
2. Por otro lado, bajo una perspectiva metajurídica, con valiente análisis del fenómeno burocrático, con aguda crítica de lo políticamente correcto, mostrando las aristas ocultas del poder público, encontramos “ Opiniones Liberales” (Editorial Círculo Rojo,2012), de Ramiro Grau Morancho, poliédrico jurista y de pluma absuelta, donde reúne buena parte de sus colaboraciones periodísticas, algunas de títulos tan sugerentes como “ Igualdad, mérito, capacidad…¿o idoneidad?”, “ Secretarios…del Alcalde”, “ Liberados de…trabajar”, etc. Un libro de fácil lectura, que además está disponible en formato ebook a precio muy asequible.
Con ello, y como las bicicletas, hay libros que son para el verano, así que ahí queda la recomendación pues un jurista formado es un jurista respetado.
He leído uno de los libros que recomiendas, OPINIONES LIBERALES, de don Ramiro Grau Morancho, y la verdad es que vale la pena. Se lee de un tirón, está escrito con mucha amenidad e ironía, y dice muchas verdades. Lo recomiendo vivamente.
Ya tenía ganas de leer lo que verdaderamente sucede en la selección del personal en las administraciones públicas, especialmente en los procesos de «selección» de interinos y contratados. ¡Un verdadero cachondeo! Que pena me dan los pobres aspirantes, que no saben -o si- el mangoneo y caciquismo que se gastan los mal llamados «tribunales»…
¡Y cuánto siento que la jurisdicción contencioso-administrativa, e incluso la penal, no actúen contra estos chanchullos!
En mi opinión el problema de la ciencia jurídica a estas alturas de la película es que sobran manuales y tratados de la fisiología administrativa, y faltan estudios sobre su patología, y sobre las consecuencias de esta patología en el cuerpo social y en el poder político. Porque lo que en buena lógica debería ser la excepción se ha convertido en regla. El problema más grave del Derecho en España es su inexistencia, mejor dicho ,su carácter de pura apariencia. Esto produce lo peor que cualquier sociedad puede padecer: la inseguridad jurídica. Tenemos por un lado el «Catón» (manual o tratado) sesudo y fundamentadísimo, con gran aparato jurisprudencial y doctrinal. Y por otro lado la evidencia incontestable de que uno tiene que preguntar en qué juzgado cae su caso para tener una levísima idea de por donde va a irle. Es decir : sobran manuales y faltan pocas leyes y viejas (la «vejez» o estabilidad es básica para la seguridad jurídica) que se cumplan.
Todos vivimos en una teórica adoración del derecho, cuando en realidad lo que hay es una burla colectiva del mismo. Los que lo crean (legisladores) y los que lo aplican (jueces) no creen en él. Y los que lo padecemos menos todavía. Y esto es lo más grave que una sociedad puede hacerse a sí misma. Cuando se ha perdido la moral (el caso de Divar o el de Garzón son ejemplos para mi de ello) poco sentido tiene el Derecho que era, creo recordar, un minimum ético.
Tema muy entretenido si no eres uno de los opositores afectado por estas movidas. No sé si el Tratado que mencionas cataloga esta posibilidad, que, cuanto menos, me ha resultado curiosa.
«El 3 de abril, con registro de entrada número 14683, en el Ayuntamiento, la Delegación de Gobierno “ruega al Ayuntamiento portuense a que considere la conveniencia de archivar la oferta de empleo público por caducidad de la misma”. Así el 17 de abril, el Ayuntamiento contesta que no considera conveniente el archivo.»
http://elpuertoactualidad.es/?p=27055&cpage=1#comment-872
Antecedentes: Tras una ejecución parcial de la Oferta de Empleo Público de 2.008 en cuanto a las plazas de Policía Local, las bases del grueso de la oferta fueron publicadas en Septiembre de 2.011, modificadas tras recursos y publicadas el 12 de Diciembre de 2.011, y finalmente realizada la convocatoria en el BOP de Cádiz del 3 de Enero de 2.012.
Por lo visto, hasta el 3 de Abril de este año la AGE no considera que las plazas puedan haber sobrepasado el plazo de tres años del EBE para la ejecución de la oferta.
Lo llamativo es que «Ruega» y «Conveniente» son términos que en control de legalidad de los actos de una Administración Local por parte de la Administración del Estado nunca me había encontrado.
José Ramón, gracias por tus recomendaciones. Estoy leyendo el libro de don Ramiro Grau Morancho y la verdad es que es para partirse de risa…, sino fuese para llorar ver como ¿funciona? este país, antes llamado España.
Hace unos días leía en El Mundo que las universidades públicas han hecho caso omiso a la congelación de las oposiciones -al parecer las leyes no van con ellas-, y han convocado nada menos que 600 nuevas plazas de catedráticos y profesores titulares, es decir, funcionarios. ¿Qué pasa que las leyes no les afectan, o creen que la autonomía les permite hacer lo que les de la gana.., como por otra parte siempre han hecho?
Y lo que más me sorprende es la total falta de reacción del gobierno, al no impugnar todas y cada una de estas plazas. Desde luego el señor Rajoy es un auténtico gallego; nunca se sabe si viene o va…
Enhorabuena por tu blog, que leeré más a menudo, pues vale -mucho- la pena.
Sevach, aunque sé que excluyes las consultas jurídicas, si me gustaría saber tu opinión como jurista, no como juez, sobre la actuación de las Universidades Públicas, que siguen convocando centenares de plazas de catedráticos y profesores titulares, es decir, de funcionarios -pese a la reducción drástica de alumnos- y a la congelación de la oferta pública de empleo por el Gobierno para 2012. ¿Es legal -aunque no sea legítima- esa actuación? ¿Y como es posible que el ¿Gobierno? no diga ni pío…?