El Informe emitido por Transparencia internacional 2012, la prestigiosa organización sin ánimo de lucro es muy claro, detallado e imparcial. Sitúa a España al mismo nivel que otros países del sur de Europa -Grecia, Italia y Portugal (diríase que “economía y corrupción” van de la mano). Dicho informe se vertebra en 44 recomendaciones que, como los mandamientos, las encierra y resume en diez propuestas finales. Aunque tenéis aquí el informe completo, las propuestas finales son muy genéricas. Marcan la tendencia y meta pero recuerdan aquello de la Constitución de 1812: “ Los españoles deben ser justos y benéficos”. A título personal, constato que hay objetivos tan retóricos como utópicos (“Despolitización” ¿?), no faltan los brindis al sol con candorosas etiquetas ( Códigos éticos, Planes estratégicos, Pacto nacional, responsabilidad social corporativa…) y abundan las recomendaciones con llamada a Leyes y mas Leyes que como los menús de los restaurantes pueden ofrecer nombres suculentos pero lo decisivo es la calidad de los ingredientes que constituyen su contenido ( Reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Responsabilidad judicial, Ley de Rendimientos del Gobierno, Ley Nacional de Control Externo, etc). Dicho esto, me parecen acertadísimas las siguientes medidas concretas ( precedidas por el número de Recomendación) y que agruparía en cuatro bloques:
SOBRE EL LEGISLATIVO
(2). Se debe mejorar la independencia del legislativo y la rendición de cuentas de los legisladores con respecto a su distrito electoral, sin caer en un sistema imprevisible y caótico en el apoyo al gobierno; para ello, la introducción de algunas modificaciones en el sistema electoral (desbloqueamiento de las listas cerradas, medidas para mejorar la proporcionalidad, por ejemplo) podrían contribuir a estimular un funcionamiento interno más democrático de los partidos y a favorecer la rendición de cuentas de los representantes ante sus representados si se unen a otras medidas que refuercen la accountability.
SOBRE EL PODER JUDICIAL
(4) y (8). Sería conveniente despolitizar los órganos superiores del poder judicial. El establecimiento de una carrera judicial con criterios claramente meritocráticos y objetivos podría ser una solución para el acceso a los puestos en los tribunales superiores.
La despolitización del CGPJ es esencial. La solución no es sencilla. Tal vez el nombramiento de sus miembros por sorteo entre magistrados calificados y entre abogados y juristas de reconocido prestigio, con una entrevista selectiva pública posterior en el Congreso y Senado para estos últimos, fuera una solución a plantearse.
SOBRE EL DERECHO MAS SAGRADO DEL CIUDADANO: SABER Y CONTROLAR
(10) En el marco de la Ley de Acceso debería crearse un portal de transparencia pública. ste Portal de transparencia debería recoger:
(plantilla, importe de retribuciones de cargos y currículum, número de tarjetas de crédito y teléfonos móviles así como vehículos oficiales; importe de Dietas y gastos de viaje; contratos menores e importe, nivel de ejecución presupuestaria intermedio y final; endeudamiento del organismo (importe absoluto de la deuda, así como el endeudamiento por habitante en los entes territoriales: Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones, y Ayuntamientos); ayudas y Subvenciones concedidas por el EP (con los destinatarios y los importes concedidos).
(13) . Es preciso promover el desarrollo de la Contabilidad Analítica y el cálculo y publicación de los costes reales de las diferentes actividades y servicios de los organismos públicos,
(17) Es necesaria una Ley de protección al denunciante de corrupción, fraude, abuso o despilfarro. La oficina del Defensor del Pueblo podría crear un órgano interno dedicado a esta labor.
SOBRE LOS TIBURONES FINANCIEROS
(39) El blanqueo de capitales presenta dos tipos de riesgos: los sociales, ya que favorece indirectamente la criminalidad al permitir al delincuente «legitimar» el producto del delito, y los económicos y financieros, porque puede producir distorsiones de los movimientos financieros e, indirectamente, de los reales. Dados estos riesgos, resulta de la máxima importancia no sólo la represión del delito del blanqueo de capitales, sino también su prevención a través de la imposición de una serie de obligaciones y medidas administrativas a determinados sujetos de carácter financiero y no financiero (entidades financieras y profesionales como notarios, abogados, auditores, promotores inmobiliarios, joyeros, anticuarios, etcétera) que pueden resultar más expuestos a este tipo de riesgo. Por todo ello, consideramos de la máxima importancia la implantación rigurosa de la Ley 10/2010, sobre prevención de lavado de capitales y financiación del terrorismo.
A mi juicio, estas valientes y certeras recomendaciones de Transparencia Internacional debería ser el Programa para cualquier «Indignado» que se precie de serlo. Mas allá de la algarada, del populismo, de la queja indiscriminada y de la nueva “movida” de la indignación en que parece haber cristalizado el malestar de la ciudadanía que afloró el 15 M, creo que ese Informe de Transparencia pone el dedo en la llaga y bien estaría que algún partido político de forma valiente asumiera el mismo en su integridad y el candidato de turno formalizase aquello tan americano de un “Contrato con los españoles” para llevarlo a cabo.
Y mientras tanto, quizás el problema no son nuevas leyes sino aplicar las que hay y no dejar su efectividad al albur de la componenda, pasividad o estrategia política. Es triste que en el año 2012 nos sirva de receta de urgencia la luminosa recomendación que doscientos años antes nos ofrecía el Preámbulo de la Constitución de 1812 (LXXIV) en los siguientes términos:
El Gobierno ha de vigilar escrupulosamente la observancia de las leyes. Este debe ser su primer cuidado, mas para mantener la paz y tranquilidad de los pueblos no necesita introducirse a dirigir los intereses de los particulares con providencias y actos de buen gobierno. El funesto empeño de sujetar todas las operaciones de la vida civil a Reglamentos y mandatos de autoridades ha acarreado los mismos, y aún mayores males, que lo que se pretende evitar».
Y quien dice reglamentos, dice leyes…
Muy buen post como siempre Sr. Sevach. Ahora bien, respecto al punto de Justicia la verdad es que es cuestionable que se someta al Parlamento a los candidatos por un doble motivo: A) Porque entonces el poder legislativo se impone sobre el judicial. B) ¿Va a decidir un parlamentario de 30 años sobre la cualificación profesional de un magistrado de 30 años de ejercicio profesional por poner un ejemplo?
Bien es cierto que, por ejemplo, en EEUU los magistrados de su Tribunal Supremo (el equivalente a nuestro TC) someten su candidatura pero también es cierto que lo es con la contraprestación de que en el caso de que sean nombrados lo son de forma vitalicia, garantizando así su independencia de una forma más real que en nuestro país.
En todo caso, ninguna posibilidad será satisfactoria para todo el mundo pero desde luego algo hay que hacer. Un saludo.
Comparto las serias dudas sobre la doble legitimidad que deben tener los parlamentarios para poder seleccionar altos cargos judiciales. La legitimidad moral, dado que los partidos políticos se han ganado a pulso la desconfianza sobre los móviles que animan sus decisiones (ej.elección magistrados Tribunal Constitucional) y la legitimidad técnica, dado que malamente puede una labor jurídica ser valorada con criterio por quienes no poseen tal formación. Ahora bien, pienso que para evitar caer en la «endogamia corporativo-clientelar» , la intervención parlamentaria debería ser la última fase, la elección sobre «ternas», tras una preselección objetiva por el propio poder judicial, de manera que el parlamento decidiese bajo un «principio de indiferencia», esto es, al margen de los méritos profesionales y de criterios ideológicos. ¿Qué valorarían, pues? Sé que es difícil determinarlo, pero todos somos capaces de reconocer quien tiene aquéllo de la «auctoritas», sociabilidad, talante, quien prima lo razonable sobre lo racional, lo institucional sobre lo personal, quien suma y no resta, etc: «conceptos psico-sociológicos indeterminados» que pueden y deben valorar los parlamentarios; por ejemplo, preguntémonos… al margen de méritos objetivos profesionales…¿tiene auctoritas el actual Presidente del Tribunal Supremo?. Sé que es un terreno arriesgado pero como ideas para debate, ahí va.
La Constitución de 1812, declaraba en su art. 13 lo siguiente:
«El objeto del Gobierno es LA FELICIDAD de la Nación, puesto que EL FIN de toda sociedad política no es otro que EL BIENESTAR de los individuos que la componen»
Concreto, precioso………….y utópico, pero que es sino la política sino el arte de lo posible.
Mañana Sábado, veremos «la transparencia» y el saber estar del Presidente del Tribunal Supremo, asumiendo o negando la responsabilidad política que tiene ante los ciudadanos, para justificar en que se gastaron (por su parte) los presupuestos públicos.
Haber si este Magistrado, recuerda lo que dice nuestra Constitución de 1978, en su art. 106.1 de que «la actuación administrativa -del CGPJ- y la potestad reglamentaria que se le reconoce (art. 110 LOPJ) esta siempre sometida al FIN que la justifica, dado que conforme al art. 9 CE, todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución, estando garantizados los principios de legalidad (dudo de que la Norma «interna» del CGPJ de 1996 que les faculta para no tener un «limite máximo» al justificar sus indemnizaciones por razón del servicio, sea legal) de responsabilidad y el de interdiccion de la arbitrariedad.
Que el Real Decreto 462/2002 (BOE-129 del 30-05-2002) sea de aplicacion a todos los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal (art. 2.1 d) y que los Vocales del CGPJ, puedan superar ese limite «normal» hasta el punto que hemos conocido por la prensa y que estos no tenga reproche penal, solo me indica que la Sala Penal en Pleno del Tribunal Supremo, espero que por lo menos hago uso del art. 4 punto 2 del Codigo Penal donde dice que «en el caso de que un Juez o Tribunal, en el ejercicio de su jurisdiccion, tenga conocimiento de alguna accion u omision que, sin estar penada por la Ley, estime digna de reprension, se abstendra de todo procedimiento sobre ella, y expondra al Gobierno las razones que le asistan para creer que debiera de ser objeto de sancion penal».
Si los 11 Magistrados del TS, que el Miércoles pasado no admitieron la querella contra el Sr. Divar, no hacen uso de este articulo del Código Penal, entenderemos a la vista de lo que hace el actual Ministro de Justicia, (arropando y quitando importancia al asunto) que los «verdaderos asesores jurídicos» del Ministerio, van a ser de verdad, los padres-victimas que tuvieron la desgracia de perder a sus hijos en manos de asesinos y que van recogiendo firmas, para que lo que sea mas duro es la «cadena perpetua» pero que sin embargo, cuando los actores pertenecen a la mas Alta Magistratura y cobran 130.000 Euros anuales, no tienen siquiera que ser molestados por estas «miserias» (12500 €) que estan ademas plenamente justificadas y auditadas.
Corruptio optima, pesima est.
Buen fin de semana a todos.
Muy buen artículo, Sevach, da en la diana de muchos de los males esenciales que aquejan a la sociedad española, que no son de naturaleza económica, sino de ineficacia del modelo social que hemos construido.
En efecto, la hipertrofia legislativa de la España de hoy hace materialmente imposible conocer y aplicar todas las leyes, con lo que por definición veremos un alto porcentaje de inaplicación de las mismas, con lo que conlleva de inseguridad juridica (precisamente lo que las leyes dicen proteger).
Mas nos valdría tener menos leyes, mejores, y sobre todo, mejor aplicadas.
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