El Pleno del Congreso el pasado 14 de Febrero de 2013 tras examinar la Memoria presentada por el Consejo General del Poder Judicial correspondiente al año 2011, aprobó una Resolución en que “insta” al Consejo General del Poder Judicial para la adopción de nada menos que treinta medidas que están aquí. Su lectura mueve a la perplejidad y algo nos dice que la clásica división de poderes se ha superado hacia otro modelo en que lo importante no es tanto solucionar problemas como poder identificar culpables.
1. En efecto, lo primero que resulta llamativo es la fórmula “ Insta” (que recuerda el autoritario “hágase”) y que según el Diccionario de la Real Academia significa “ Apretar o urgir la pronta ejecución de algo”.
2. En segundo lugar, para Sevach la inmensa mayoría de lo que reclama el Pleno del Congreso son cuestiones sobre las que tiene la llave de la solución, acometiendo reformas legales.
O bien se trata de problemas que requieren mayor asignación presupuestaria ( y la ley de presupuestos anual la aprueba el Parlamento, da sonrojo recordarlo). O bien precisan cambios en la normativa procesal o el estatuto orgánico de jueces y magistrados.
Y si se quiere acertar legislativamente y fomentar la coordinación, mejorar y demás palabrería hueca, lo suyo será que tales leyes no se aprueben precipitadamente (para volver a destejerlas, caso de la Ley de Tasas judiciales por ejemplo) ni haciendo oídos sordos de lo que sugiere el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General de la Abogacía.
Es fácil reclamar mayor calidad en la satisfacción del cliente cuando el propietario impone el menú y las condiciones para disfrutarlo, sin escuchar al cocinero ni a los camareros, que son los primeros interesados en que el usuario esté satisfecho.
3. Pero ordenemos esas Treinta peticiones para percatarnos que hay mas ruido que nueces.
– La mayoría son requerimientos que “matan pájaros a cañonazos” pues ya el propio Consejo General del Poder Judicial de forma espontánea y diligente lo hace o hará lo recomendado sin necesidad de aspavientos parlamentarios: analizar razones de no ejecución sentencias (1); extensión de los Observatorios de Violencia de género a toda la violencia infrafamiliar (4); seguir estudiando medidas alternativas para resolver conflictos (6); emitir informe de valoración de los Jueces de Adscripción territorial (7); mejorar la estadística judicial (8); colaboración del CGPJ con Ministerio Fiscal y Ministerio de Justicia para establecer criterios comunes de formación (17); que se soliciten medidas de refuerzo para investigar delitos vinculados a la corrupción (21); que se incentive la mediación (22); que se agilice la presentación de la Memoria Anual de forma próxima al año natural analizado (24); que se elabore un estudio de impacto de la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles (25); se de apoyo a los mecanismos de modernización de la justicia que desarrolla el Ministerio de Justicia (26); que se trabaje conjuntamente con la Administración de justicia para conocer con mayor fiabilidad los datos estadísticos de litigiosidad (27); que se analice coordinadamente el funcionamiento de los Tribunales (28) y analice medidas de mejora (29) y se colabore activamente para implantar la Oficina Judicial (30).
– Otras dependen pura y lisamente de que el parlamento dote presupuestariamente la necesidad: Crear mas juzgados especializados (2), incrementar la formación especializada de jueces y magistrados en materias multidisciplinares (13); órganos únicos para asuntos de familia e incapacidades y evitar dispersión en varios juzgados (15); incrementar los medios para la formación inicial y continua (16).
– Otras requieren que el propio Parlamente reforme el estatuto orgánico de los jueces : prolongar el destino de los jueces instructores de procesos complejos (11); que se especialice la segunda instancia en materias de Familia, Menores y Vigilancia penitenciaria (14);
– No faltan las que pretenden “amarrar moscas por el rabo”: que se eviten filtraciones de los procesos evitando juicios paralelos (5).
– Y finalmente requerimientos para tender un sibilino velo de sospecha sobre el mundo judicial elevando a categoría la anécdota.
Primero se dispara sobre los miembros del CGPJ: transparencia en la ejecución del presupuesto (10); que de ejemplo de austeridad (18); que elimine la burocratización cuando las comisiones exceden del mandato constitucional (19); mayor transparencia en los nombramientos (20); que se respete la idoneidad de los nombramientos de altos cargos de la carrera judicial (3);
Después se dispara sobre los jueces y magistrados: intensificar el control disciplinario de jueces y magistrados (9); que se inspeccione a las Salas del Tribunal Supremo (12) su profunda preocupación por el hecho de que el 43 por ciento de los jueces y magistrados no lleguen al módulo de entrada de asuntos, debiendo mejorarse la productividad judicial (28).
Para finalizar el Congreso, una vez que ha puesto “deberes” al Consejo General del Poder Judicial ( y salva la cara parlamentaria ante la sociedad) le insta a que “responda a la mayor brevedad y de forma individualizada, a las cuestiones suscitadas por la Cámara- en el año anterior a la vista de la Memoria del año 2010- con indicación del grado de cumplimiento de todas y cada una de las resoluciones aprobadas por el Congreso de los Diputados” (22)
A Sevach solo le queda decir ese dicho en bable, que no requiere traducción, y muy apropiado a tales parlamentarios tan preocupados por la productividad, transparencia, austeridad y mejora de las funciones públicas: ¡ Tan pa hablar !
Excelente respuesta. Es de esperar que su órgano de Gobierno le responda de manera tan clara y tan elegante como la que Ud. ofrece. Suponga que ya lo habrán hecho.
Estimado amigo Sevach, a mi personalmente no me extraña nada esa injerencia del poder político (léase legislativo) sobre el judicial. Es más, ya que actualmente se habla mucho sobre la independencia judicial, me gustaría recordar que en junio del pasado año 2012 el parlamentario socialista y ex ministro de Justicia don Juan Fernando López Aguilar, al opinar sobre la reforma entonces auspiciada por el señor Gallardón (léase, depositar en los propios jueces la elección de vocales del Consejo) dijo ante numerosos periodistas (y la noticia apareció publicada en bastantes diarios) que el Consejo General del Poder Judicial no era un órgano de gobierno de los jueces, sino un «órgano político para gobernar a la judicatura y los Tribunales» (sic). No me consta que ni un solo juez o magistrado de este país haya salido a rebatir públicamente dichas manifestaciones.