Leo con incredulidad que el partido del gobierno va a promover un pacto para la regeneración contra la corrupción. Exactamente la noticia dice que “ El PP promoverá un pacto ético con los demás grupos para estudiar cuándo un cargo público implicado en un caso de corrupción debe abandonar sus responsabilidades políticas”. No sé si es que los actos de contrición propios de Semana Santa llevan a formular los buenos deseos que serán rotos el resto del año o si se intenta nuevamente jugar con la ciudadanía y utilizar ese cortina de humo para aplacar los ánimos de los indignados consistente en un bonito “Pacto nacional”, que sirve para todo como el bálsamo de Fierabrás: corrupción, salud, educación, hipotecas, o sobre cualquier otro tema ardiente que requiera ser sofocado con urgencia.
Confieso que cuando oigo hablar de “Pacto Nacional” ( especialmente cuando desliza esas válvulas de seguridad que aseguran su total inocuidad, que son la alusión a pacto “ético”, con el objetivo descafeinado “para estudiar”), no puedo evitar recordar aquello que decía el malvado nazi Goering: “cuando oigo hablar de cultura, quito el seguro a mi pistola”.
I. Digámoslo claro. Los “ Pactos nacionales” (salvo los legendarios Pactos de la Moncloa o los pactos anti-terrorismo) son una zarandaja:
a) En primer lugar, porque los pactos pueden y deben cocerse en sede parlamentaria, en Ponencias y Comisiones, lugar donde las transacciones tienen cabida. Las ideas de los partidos políticos han de expresarse en proposiciones de ley, proyectos o enmiendas. Lo demás es jugar con cartas marcadas y con “reserva mental” ( ya haré lo que tenga que hacer).
b) En segundo lugar, porque tales Pactos suelen plantearse entre los grandes partidos, y como “entre bomberos, no se pisan la manguera” pues suelen alcanzar acuerdos para la galería. O sea, declaraciones pomposas “mientras la peste se expande”.
II. Para Sevach la solución para la solución a la corrupción requiere coger el toro por los cuernos. Y no se diga que solucionar la corrupción es imposible o difícil.
Si se quiere, se puede, y voy a apuntar una sugerencia sencilla y me atrevo a decir que eficaz al ciento por ciento.
De entrada señalaré que el punto de ataque contra la corrupción política debe partir del castizo refrán de que “el miedo guarda la viña”. Está claro que un político sabe que la vía penal entre imputaciones y vacilaciones suele acabar en vía muerta. Lo que duele auténticamente es la sombra de la guillotina a la carrera política. O sea, miedo a la inhabilitación para los cargos políticos. Además esa inhabilitación no debe limitarse al ámbito de las Administraciones Públicas sino que debe alcanzar a los cargos de ese retiro o refugio dorado que son las empresas o fundaciones públicas (el sector público).
En segundo lugar, para evitar una caza de brujas de todos los políticos ( hay mas de 80.000 altos cargos en el país) hay que tener en cuenta que la corrupción suele estadísticamente llamar a la puerta de los “políticos profesionales” considerando tales no a los bisoños de la política, llenos de sueños y que toman posesión de su escaño o poltrona pública. No. La tentación de corrupción llega cuando el político comienza a dominar los resortes del sistema, a conocer la fuerza de un clientelismo bien administrado y sobre todo cuando descubre que aunque la Jurisdicción Contencioso-administrativa controla la actuación administrativa, “nunca pasa nada” ( y no digamos la sonrisa de gato de Cheshire que se le escapa cuando le hablan del Defensor del Pueblo o del Tribunal de Cuentas). En esa segunda legislatura es cuando algunos ceden a la tentación de adoptar decisiones arbitrarias, de adjudicar contratos vistiendo el santo, de desviar fondos para los favoritos, de asignar plazas a familiares y correliginarios,etc. Y el mal acecha a cualquier político de cualquier ideología. Tómese alguien ajeno a la política y de moral intachable, súbasele a un cargo público, désele poder, déjesele cocerse entre los grupos de presión, agitémosle y al cabo de un tiempo no largo, veremos sus debilidades y un rastro de corruptelas que dejarán paso a grandes corrupciones.
III. Por eso, me dejaría de pactos y sencillamente emplazaría a los grandes partidos a que, con valentía implantasen por Ley formal un modesto “carné por puntos”, como el de tráfico, pero para conducirse en la política y manejar fondos públicos. No puede ser que un político ocupe un cargo, provoque grandes estragos jurídicos, personales y económicos, y vaya de cargo en cargo como de “oca en oca” , en total impunidad.
Aquí va mi propuesta articulada de proposición de Ley ( y manifiestamente mejorable,pero como líneas maestras podría abrir el debate):
1. Todo alto cargo que inicie un segundo mandato representativo al frente de cualquier Administración o entidad pública tendrá un crédito máximo de errores relevantes (CER), cuyo agotamiento determinará la inhabilitación permanente para todo cargo político en cualquier Administración, entidad o sector público.
2. Se considerarán errores relevantes computables los que se ponen de manifiesto implícitamente con el dictado de sentencias contencioso-administrativas que invaliden actuaciones administrativas expresas o presuntas imputables al alto cargo como titular de órgano de gobierno unipersonal o al órgano colegiado presidido por el mismo (siempre que hubiere votado a favor). Tales sentencias deberán ser firmes, no enervando tal firmeza el planteamiento de recursos extraordinarios ( nulidad de actuaciones, recurso de revisión, Tribunal Constitucional, Derechos Humanos, etc), sin perjuicio de lo que resultase de su eventual estimación.
3. El número máximo de errores relevantes dentro de un período máximo de cuatro años, bien por ocupar el mismo o distinto cargo, de forma continua o discontinua, será el que se cometa en alguno de los siguientes supuestos:
A) Cuatro sentencias que declaren la invalidez de la actuación administrativa por apreciar vicio de nulidad de pleno derecho por sentencia dictada por el procedimiento ordinario.
B) Dos sentencias que declaren la invalidez de la actuación administrativa por apreciar vicio de nulidad de pleno derecho por conculcación de derechos fundamentales o libertades públicas en sentencia dictada por el procedimiento especial para su tutela.
C) Dos Sentencias estimatorias de la invalidez de la actuación administrativa que consideren probada la desviación de poder.
D) Tres multas coercitivas impuestas para la ejecución de la misma sentencia o auto firmes.
4. Asimismo tendrán idéntica eficacia dos Sentencias de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas declarando la existencia de responsabilidad contable.
5. El Registro de Créditos de Errores Relevantes se llevará por la Junta Electoral Central.
Con eso, se notarían en breve los efectos auténticamente regeneradores de la cosa pública. Lo contrario es seguir tolerando la “Cosa nostra”.
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3. El número máximo de errores relevantes dentro de un período máximo de cuatro años, bien por ocupar el mismo o distinto cargo, de forma continua o discontinua, será el que se cometa en alguno de los siguientes supuestos:
A) Cuatro sentencias que declaren la invalidez de la actuación administrativa por apreciar vicio de nulidad de pleno derecho por sentencia dictada por el procedimiento ordinario.
Así que cuatro no. No son muchas ? Y quien decide que pierde puntos, quién, si todos están en nómina politica de este régimen de chichi-nabo?
Plas plas plas .. bravo por la propuesta, se aprueba se aprueba !
… Los puntos podrían ir a un Registro Central o Registro de Políticos , como ocurre con los funcionarios !!
(Registro Central de la Dirección General de la Función Pública para la Administración General del Estado y los Registros de Personal para las Administraciones Autonómicas y Locales),
Admirado Sevach, no estoy muy de acuerdo con la propuesta que haces. Creo que el hecho de que se anule un acto administrativo no tiene que ver necesariamente con la corrupción, ni siquiera en el caso de nulidad de pleno derecho. Pongo un ejemplo: la omisión de una prueba propuesta en un procedimiento administrativo sancionador vulnera el artículo 24.2 de la CE (STC 32/2009), por lo que podría motivar la declaración de nulidad en un procedimiento de protección de los derechos fundamentales. En primer lugar, no hay ningún motivo para pensar que ese «error relevante» se ha producido con la finalidad de que el que firma la resolución u otra persona se enriquezca, o que tenga otra finalidad inconfesable. En segundo lugar, cuando el Tribunal Superior de Justicia revoca una sentencia de un juez de lo contencioso por haber inadmitido una prueba que debió practicarse, ¿debería ello considerarse como un «error relevante»? ¿Puede relacionarse esto con la corrupción?
En lo que si que estoy de acuerdo es en que hay que adoptar medidas. Propongo una: Suprimir la posibilidad de que los ayuntamientos puedan fijar méritos en los concursos ordinarios de provisión de los puestos de los habilitados estatales. Pronto veremos publicados los baremos del concurso de 2013, y asistiremos de nuevo al espectáculo repugnante del concierto, en muchos casos, entre alcaldes y aspirantes, de manera que algunos habilitados son fáciles de reconocer en el baremo, porque reproduce su currículum. Este sistema lo único que hace es fomentar el amiguismo entre controladores y controlados, convirtiendo al habilitado en «uno de los nuestros», y viciando el sistema desde el inicio. Una forma de objetivar la selección, fomentando el ejercicio efectivo de las funciones reservadas sería que la provisión de estos puestos se hiciera únicamente mediante el concurso unitario, con los mismos méritos para toda España, suprimiendo la libre designación, pero sobre todo la facultad de los ayuntamientos para establecer méritos en el concurso ordinario.
Un saludo
Quizás he pecado de ligereza pues tienes razón de que no toda nulidad de pleno derecho debe comportar automática responsabilidad, así que creo que debería matizar mi propuesta en el sentido de que tales sentencias invalidantes se refieran a decisiones invalidadas pero adoptadas por la autoridad administrativa contra informes jurídicos o técnicos obrantes en el expediente. O algo así.
Lo de los baremos particulares de habilitación nacional unido al fenómeno de la libre designación en dicho campo ha supuesto la mayor carga de profundidad a las garantías de legalidad local de la historia reciente.
Un cordial saludo.
Hola Sevach, he leido con atención tu propuesta para solucionar el problema de la corrupción de la clase política, el carné x puntos que diria el castizo…
Pues mira por donde yo difiero de que ello fuera una solución válida, y mira que me cuesta trabajo opinar distinto que tu, pero me atrevo a razonartelo y me expongo a que lo rebatas con la sutileza que normalmente utilizas en tus acertados comentarios.
Creo que no sería una solución, porque como muy bien dices en tu artículo, es el político de segunda vuelta, es decir aquel que repite mandato el que se deja tentar… pero olvidas que para ello debe haber pernoctado al menos cuatro años dentro de una administración donde funcionarios mas o menos condescendientes le van dejando tomar posesión de una vara de mando «extensible», ara mas larga para los amiguetes, ara mas corta para quienes me critican… con lo que el susodicho se va creciendo y va aprendiendo que a los funcionarios tambien se le moldea, terminando por perderles el respeto.
Pero además, que ocurrirá cuando fueran los propios funcionarios los que para poder hacer de su capa un sayo, llegasen a preparar cuatro acuerdos nulos de pleno derecho, cosa no muy difícil… (se cargarían con ello a un político molesto y seguirian con sus teje-manejes a placer) porque seamos serios, los políticos corruptos existir existen, pero funcionarios del tres al cuarto medrando por las distintas administraciones públicas tambien, funcionarios corruptos los hay, enchufados todos conocemos (cuantos lo hemos denunciado, yo recientemente he firmado una denuncia ante la fiscalía contra mi alcalde por regalarle una plaza de policia local a su novia y ya veremos si no me cuesta el pan unas tortas…)
Por eso nada de automatismos, nada de carnet x puntos ni nada que se le parezca, empecemos por autoexigirnos a los propios funcionarios mas lealtad con la legislación vigente, menos compadreo con la clase política y menos mirar para otro lado cuando conocemos y tenemos certeza de que se favorece a alguien en detrimento de terceros, porque para eso nos dan una plaza de por vida, para que seamos garantes de la ciudadanía ante la clase política… porque no tendremos derecho a exigir nada de, jueces, fiscales, políticos, ect, si no empezamos a ser exigentes con nosotros mismos… y no me vale aquello de que conmigo esta vez no va, porque al final pagamos todos por unos cuantos cabr…(perdón que me enciendo) indeseables a los que todos en nuestro circulo más próximo conocemos y consentimos. El político corrupto es la expresión pública de una administración sometida, desleal con el ciudadano y cobarde.
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