“Quien diga que la justicia es igual para todos no sabe de qué habla”. Esa fue la afirmación del magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez, quien tiene las ideas claras y pocas pilosidades en la lengua, en una entrevista ofrecida hace diez días al diario asturiano La Nueva España. La contundencia y claridad de los diagnósticos del magistrado merecen ser reproducidos. No tiene desperdicio pues las preguntas de la entrevistadora (Mercedes Gallego) son directas pero las respuestas no se quedan atrás en términos de claridad y contundencia. Por esta entrevista desfilan las obligaciones de todo juez, el caso Gürtel, Garzón, los talones de Aquiles de la justicia penal, lo que hay tras el telón de las deliberaciones penales, la polémica de las tasas judiciales, la impunidad de las mentiras de los políticos,etc.
1. Comenzaré ofreciendo la entrevista íntegramente transcrita, y luego me adentraré brevemente en la cuestión de la igualdad ante la dama vendada.
Autor del voto particular contra la absolución de Francisco Camps en el caso de los trajes y presidente del tribunal que juzgó y condenó a Baltasar Garzón por las escuchas de Gürtel, el magistrado Joaquín Giménez aboga desde la sala del Supremo más codiciada por la clase política por un sistema judicial que atrape con eficacia a los delincuentes importantes porque sobre los pequeños, afirma, ya cae todo el peso de ley.
–Usted fue el único magistrado discrepante con la absolución de Camps. ¿Cree que en una primera instancia un tribunal profesional le hubiera exculpado como hizo el jurado?
–No sé qué hubiera ocurrido, pero sí creo que el magistrado que presidió el jurado no cumplió con su obligación de motivar la sentencia, de vigilar que el veredicto no fuera arbitrario.
–¿Estamos hablando entonces de una sentencia injusta?
–Yo concluyo mi voto particular diciendo que hay que hacer justicia y parecer que se hace, y en este caso no se cumple ninguno de los dos requisitos.
–¿En España se hace justicia?
–Creo que sí, como creo que el sistema judicial es la última ciudadela del Estado democrático, el último reducto de confianza. Y mantengo que está respondiendo bien, entendiendo como Poder Judicial todos y cada uno de los jueces. Ahora bien, el magistrado, antes que juez, es ciudadano y como tal tiene sus sensibilidades e ideología.
–¿Y cómo se combina todo eso?
–El juez tiene que poner su conciencia al servicio de la ley y tener en cuenta que, aunque las leyes sean democráticas, no tienen por qué ser justas. No se puede ser un magistrado normópata, pegado la ley. El juez no es el creador de la ley, pero sí es creador de justicia y puede volar a ras del suelo o a la altura del cóndor. La figura de un juez sin inquietudes puede ser muy inquietante, máxime cuando nos regimos por principios y valores.
–¿Qué cree que puede pensar la ciudadanía de esos valores cuando se imputa a la hija del Rey y después se la desimputa?
–Éste es un tema en el que, por un mínimo de rigor intelectual, prefiero no opinar. Aunque sí es cierto que para los ciudadanos tiene un aspecto muy llamativo de que la justicia no es igual para todos. Pero es que quién diga que la justicia es igual para todos no sabe de qué está hablando. Claro que la justicia no es igual para todos. El reto es que la hagamos igual. Una buena defensa, por ejemplo, hace que las cosas puedan cambiar.
–Pero eso suele ir ligado a que pueda costearse.
–Efectivamente, el Derecho Penal no puede ser un factor de multiplicación de la desigualdad social. Durante mucho tiempo el sistema penal ha sido una tela de araña en la que los que quedaban atrapados eran moscas, mosquitos… ¿Y el tiburón? El tiburón pasaba tranquilamente. Hay que procurar que los hilos de esa tela sean de acero. No hay una clase de delincuentes, hay delincuentes de clase. Y cada clase delinque a su manera: las altas lo hacen con tres idiomas y cuatro másteres y las clases desfavorecidas, malolientes y pinchándose.
–En su voto particular habla del «privilegio del aforamiento».
–El derecho penal parlamentario en Europa se centra en la inviolabilidad y la inmunidad. Pero en España existe además un derecho parlamentario procesal. Hay un corrimiento en favor del Tribunal Superior de cada comunidad o hacia la Sala Segunda del Supremo consecuencia de una politización de esos tribunales por las consecuencias que puedan acarrear esos procesos. Por eso, la Sala Segunda es el oscuro objeto del deseo de todos los políticos, por eso quieren controlarla.
–¿Y lo consiguen?
–Hacemos lo posible para que no lo consigan. Aquí nos conocemos todos y cada uno tiene su ideología, pero sabemos que se trata de poner la conciencia al servicio de unos valores, los de la ley, aunque molesten a aquellos con los que pueda haber una cierta afinidad ideológica.
–¿Realmente quienes componen la Sala Segunda acaban poniendo a raya sus ideologías?
–Eso depende de los nombramientos, y éstos los hace el CGPJ, una institución cuyo nivel de independencia es manifiestamente mejorable, y no tanto por cómo se hacen, sino porque normalmente, y no de manera infrecuente, el apadrinado tiene una especial sintonía con su padrino. Y el sistema judicial no necesita palmeros ni inquisidores.
–¿Y lo del oscuro objeto del deseo de todos los políticos?
–Lo somos, precisamente, por los aforamientos. Porque aquí vienen todos los asuntos de políticos, incluso en el único caso en que todos somos iguales ante la ley: en las alcoholemias. ¿Es sensato que una alcoholemia se vea en la Sala Segunda?
–Presidió el tribunal que juzgó y condenó a Garzón por las escuchas del caso Gürtel.
–Yo estuve al frente de ese tribunal y comparto lo que se dijo en la sentencia, una resolución que fue por unanimidad y donde, por utilizar un término al uso, estaba todo el arco ideológico de la Sala Segunda. Pero en todo proceso penal hay unas líneas rojas y la confidencialidad en el derecho de defensa es una de ellas. La comunicación entre el imputado y su abogado es un escenario absolutamente blindado, no cabe excepción, máxime cuando el cliente está en prisión.
–¿Aún en el supuesto de que el abogado estuviera colaborando en la comisión de un delito?
–Si hay sospechas de eso, lo que se tiene que hacer es imputar al abogado. Pero en este caso no las había, dicho por Garzón. En esto no hay atajos. Hay decisiones que no se adoptan con gusto y ésta no lo fue, pero se tomó con seriedad y rigor. Que no haya sido comprendida, pues… El poder de un juez reside en la discreción y en sus resoluciones, no en su poder mediático.
–¿Era ese el quid de la cuestión en este caso?
–Cuando uno es una instancia mediática, el rol judicial se resiente.
–¿Cuánto de animadversión de los propios compañeros hacia Garzón hubo en este proceso?
–Nada. Nosotros, desde la sala, escuchábamos los gritos de la gente que estaba en la calle. Y llamaba la atención esa izquierda-caviar trivializando las garantías del proceso. Me gustaría saber qué pensarían si a quienes les hubieran intervenido las comunicaciones con su abogado hubiesen sido esas personas.
–¿Las tasas dan pie a una justicia de ricos y otra de pobres?
–El gratis total se ha terminado. Pero no se puede dar un giro de 180 grados. Quien tenga motivos suficientes para litigar y no disponga de medios ha de tener justicia gratuita, esto es obvio. El que los tenga debe pagar un dinero proporcional al pleito. Pero la tasa no puede ser disuasoria ni recaudatoria.
–¿Un político imputado debe dejar su cargo?
–Sí, debe, y por una razón muy sencilla: porque un imputado tiene derecho a negarse a hablar y la mentira le sale gratis. Y porque puede hacer uso de ese derecho a mentir también en su discurso público. Además de que tendría que dimitir por el bien de la formación a la que pertenece, pero aquí ya nos encontramos con los blindajes.
–¿Y si después es desimputado o absuelto?
–Pues que sea repuesto. Puede que eso pase al cabo de unos años, como le ocurrió a aquel presidente de Castilla-León, Demetrio Madrid. Eso es consecuencia de la lentitud de la Justicia y ocurre con mucha gente, personas que están en prisión y que después son exculpadas. Pero solo cuando los afectados son VIP se plantean estas cuestiones. Insisto en que el sistema penal debe ser una tela de araña con cables de acero porque, de lo contrario, es un sistema de multiplicación de las desigualdades. Y no me atrevería a decir la delincuencia de qué clase social es peor.
–Atrévase.
–Bueno, yo creo que es peor la de los más importantes, la de las grandes redes de corrupción, de blanqueo, donde pueden estar nombres e instituciones que son muy respetables.
2. En fin me quedo con el comienzo de la entrevista: “Quien diga que la justicia es igual para todos no sabe de qué habla”, lo que me lleva a recordar que en la Navidad del 2011, el Rey Juan Carlos afirmó que “ La Justicia es igual para todos”.
Pues bien, el punto de equilibrio entre ambas opiniones nos lo ofrece Carlos Rueda Beltrán, fiscal jefe de Jaén:
Cuando afirmó en otra entrevista:
“R. Claro, por un lado, la Justicia no es igual para todos porque quien tenga menos recursos para litigar va a estar en desventaja con respecto a las personas que contraten los servicios de los principales bufetes de abogados. No obstante, desde el punto de vista de los jueces y fiscales la justicia es igual para todos; nosotros no hacemos ninguna distinción en cuanto a la capacidad económica de las personas, pero lógicamente el que tiene más medios consigue más cosas que el que no los tiene.”
3. A ello añadiría que el punto débil donde se demuestra que “la justicia es igual para todos”, pero “no todos somos iguales para la Justicia” no es tanto a la hora de juzgar o condenar, donde la inmensa mayoría de los jueces ejercen su labor con la venda de la alegoría de la Justicia (para no mirar quién juzgan) sino a la hora de contemplar las vicisitudes de la sentencia condenatoria firme, donde nos vamos aproximando al Tribunal Constitucional (que recuerdo es un órgano mixto, político por su designación y función, y jurisdiccional por su labor) sede donde la caja de las sorpresas está servida, o en el ámbito del Poder Ejecutivo – Consejo de Ministros- cuando ejerce su derecho de indulto, en la inmensa mayoría de los casos referido a personas que lo merecen pero entre las que se cuela a veces la oveja negra de cuello blanco. Pero insisto, no culpemos de ello a la Justicia.
4. No puedo menos de traer a colación unas citas de magistrados del Tribunal Supremo de EEUU sobre la igualdad ante la ley que me parecen muy significativas:
«Igualdad ante la ley no es solo una leyenda en la fachada del edificio de la Corte Suprema, sino quizás el ideal más inspirado de nuestra sociedad. La justicia debería ser la misma, en sustancia y en disponibilidad, sin reparar en el estatus económico” (Lewis Powell, Jr).
«Los conceptos de justicia deben tener manos y pies … para conseguirla en cada caso en el menor tiempo posible y al menor costo posible. Este es el reto de todos los abogados y jueces en Estados Unidos.» (Warren E. Burger)
«La igualdad ante la ley en una verdadera democracia es una cuestión de derecho. No puede ser una cuestión de caridad, de favor , gracia o liberalidad.» ( Wiley Rutledge)
“No hay igualdad en la justicia allí donde la clase de juicio que afronta un hombre depende de la cantidad de dinero que tiene” (Hugo Black)
Pero confieso que la que mas me impactó es esta frase de Reginal Heber Smith, abogado pionero en reclamar asistencia jurídica gratuita para los pobres en la primera década del siglo XX:
«Sin igualdad de acceso a la ley, el sistema no sólo roba a los pobres de su única protección, sino que coloca en las manos de sus opresores, el arma más poderosa y despiadada jamás creado.»
Y es que no está de más reflexionar sobre la igualdad ante la Justicia a la vista del efecto disuasorio de las tasas judiciales o del criterio del vencimiento en el ámbito contencioso-administrativo.
Gracias, Sevach.
La palabra «leyenda» en»Igualdad ante la ley no es solo una leyenda en la fachada del edificio de la Corte Suprema, sino quizás el ideal más inspirado de nuestra sociedad» estoy por interpretarlo en otro sentido. No en el de inscripción, sino el de conseja o cuento mitológico.
Al menos la Justicia administrativa no es igual para las partes pues la Administración giza de posición privilegiada ( via administrativa, presunciones de autoridad, prueba testifical por interrogatorio escrito, ejecución cuando le da la gana, etc). Y no se diga que está «adaptado» a la singularidad del poder publico, pues en el mundo del common law- EEUU, Reino Unido, etc- la igualdad no es absoluta pero derecho y fyero jurisdiccional no son tan «especiales».
Personalmente prefiero la entrevista a José María Mena por Jordi Evole sobre este tema. Es mucho más realista y a poco que se conozca real. Incluso en el tema de que “los jueces no se venden, se regalan…” o en lo referente al juez Garzón.
Muy recomendable la entrevista (13 minutos sin desperdicio):
En esta entrevista, no me gustan varias cosas y entre ellas lo de “el sistema judicial es la última ciudadela del Estado democrático, el último reducto de confianza”. Y es que en esto los jueces están muy pagados de sí mismos, como aquel presidente de TSJ de comunidad autónoma próxima por el sur que decía que el aumento de asuntos era una medida de la confianza que la gente tenía en la Justicia. No hay que confundir la confianza (que según un amigo mío y aunque no venga a cuento ‘mata al hombre y embaraza a la mujer’ ) 😉 con la DESESPERACIÓN o la falta de otras alternativas y jugártelo todo a esa carta porque es lo único que te queda. El aumento de casos si es una medida de algo lo es de lo contrario, de lo poco bien que funciona la justicia como árbitro y poder disuasorio.
Como siempre buenísimo post.
Aprovechando la ocasión.
Alguien algún día me tiene que explicar porque existe la presunción de veracidad, y en todo caso ésta presunción sólo es aplicable a los agentes de la autoridad.
Sin embargo algunos magistrados, en el orden social y contencioso administrativo, se la aplican a la ADMINISTRACIÓN, cuando no hay nada más mentiroso y falso que la administración.
Por qué la administración no paga tasas?, por qué la administración tiene unos privilegios que no tienen el resto de justiciables. La verdadera justicia que yo entiendo, es la que dos partes en justa lid se enfrentan y un juez de acuerdo a la ley dicta sentencia, pero no vale que una de las partes tenga privilegios frente a la otra y actualmente ocurre y cada vez más.
El día que entienda esto, será el mismo día que entienda por qué sus Señoras los Diputados tienen asignación en vez de salario y tributación diferente del Irpf que el resto, o será el día que entienda que ellos tienen un sistema diferente en años de cotización para alcanzar la jubilación, o que cobren dietas de desplazamiento per se, sin que las hagan, o muchos otros privilegios que NO TIENEN SENTIDO hoy en día.
La Revolución Francesa, acabó con los «privilegios» de la nobleza, – no con la nobleza que aún sigue ahí y no molestan– el problema es que los nuevos nobles (ahora llamados políticos) vuelven a tener privilegios.
uff, hoy tenía día revolucionario.
Creo que yo debo disentir del señor magistrado del Tribunal Supremo entrevistado en algunos puntos. No creo que el Juez deba hacer «su» justicia, como da a entender, sino que debe hacer la justicia que marca la ley. La principal función de todo juez es aplicar la ley, no hacer lo que él considera más justo.
Esa es la única garantía que tenemos de que la ley se aplique a todos por igual, que todos los jueces apliquen la ley por igual a todos aunque ello genere una injusticia moral. Las normas las crean los políticos y ellos son los responsables de si una norma es justa o es injusta, se tiende a matar al mensajero en vez de al emisor.
Y yo creo que muchos jueces, en algunas ocasiones, toman decisiones que se apartan de lo que marca la ley o la propia jurisprudencia, cuando no hay más remedio que interpretar una norma ambigua, de forma poco justificada o totalmente injustificada. Todo jurista sabe que un Juez puede fallar en un sentido o en otro y siempre hallará la motivación que justifique su decisión, da igual que vaya en contra del sentido común, no creo que exista ningún jurista que no conozca ningún caso de decisión judicial que le parezca totalmente contraria a la ley o a los resultados derivados de la práctica de la prueba y que el Juez se haya sacado de la manga algún tipo de justificación de dudosa validez para motivar la sentencia.
Esto se agrava cuando se trata de juzgar a personas de poder, especialmente político, aquí abundan decisiones sorprendentes fundamentadas en razones que mucha gente pone en duda. Pero sucede que hasta hay ocasiones en las que los propios magistrados que han dictado la sentencia tienen su voto particular y difieren de la opinión del resto, si esto se traslada a los legos en Derecho todavía cabe más disparidad de opiniones.
Mi fiscal, lo digo desde el punto de mero contribuyente, solo lo condenó de una agresión por la espalda produciendo graves daños físicos sin motivos a un año superable con multa porque posteriormente a los hechos juzgados (4 meses después) cometió un delito de múltiple atropello deliberado (yijadista) de varias personas por el cual, seguramente, le condenarían a …muchuosss ..años.
No sé si antes de definirse sabía que ya tenía antecedentes por robo y contra la salud publica y condena previa de 8 meses( en periodo de suspensión durante sus nuevos delitos) de condena.
Un puro ejemplo del servicio por el bien de los contribuyentes.
La justicia era ciega pero ahora, además parece hacerse la tonta.