NOTICIERO: La crisis económica no es coartada para los Decretos-Leyes

  Un reciente Dictamen del Consejo consultivo catalán (Consell de Garanties Estatutáries) tumba el Decreto-Ley autonómico 5/2013, de 22 de Octubre, que pretendía la racionalización y simplificación del sector público de la Generalitat de Cataluña, y se alza en «aviso de navegantes autonómicos» a la hora de desenfundar los Decretos-Leyes con ligereza.

El Dictamen tras analizar la singularidad del Decreto-Ley en el campo autonómico ( donde una sola Cámara supone mayor agilidad para aprobar leyes que si fuera bicameral como en el caso del Estado) y admitir la amplia discrecionalidad política en apreciar la «situación de extraordinaria y urgente necesidad» que puede justificar acudir a esta «vía rápida» normativa ( Decreto-Ley en vez de Ley ordinaria), concluye afirmando que el citado Decreto Ley en el ámbito organizativo pretendido ( racionaliza y simplifica el sector público) no cumple con los exquisitos requisitos de utilización.

Así, considera el Consejo que el Decreto esgrime un contexto de austeridad derivado de la crisis económica previsible y que como tal, bien podía tramitarse como una ley ordinaria con todas las garantías y con el mismo impacto.

Además  rechaza la justificación gubernamental para el Decreto-Ley de ««[…] las circunstancias actuales, de crisis económica y presupuestaria de larga duración, conviene imprimir la máxima celeridad a los procesos de racionalización del sector público» pues la lectura de la Memoria e Informe de impacto presupuestario que acompañó el Decreto Ley ni justifican el gasto afectado ni el ahorro que comporta su supresión, unido a la desconexión entre la justificación invocada y las medidas adoptadas.

 En consecuencia, el Decreto vulneraría el Estatuto de Autonomía y el Parlamento catalán ha rechazado su convalidación.

  Se trata de una importante noticia ya que muestra los abusos de los Gobiernos (estatal y autonómicos) bajo la coartada de la crisis económica y que les lleva nada menos a que a utilizar el Decreto-Ley como «atajo» normativo que libera al gobierno de turno de demoras, trámites y sobre todo de afrontar un procedimiento parlamentario con las garantías propias de l división de poderes. El Decreto-Ley es excepcional y no puede convertirse en un cheque en blanco ni de cobro inmediato.

  No está de más recordar que cuando el Proyecto de Estatuto de Autonomía de Asturias en 1979 se sometió al Parlamento estatal, incluía la figura de los Decretos-Leyes y fue suprimida esta posibilidad por un doble argumento. De un lado, porque la Constitución regulaba el Decreto-Ley para el Estado (art.86 CE) pero no para las Comunidades Autónomas; de otro lado, porque las competencias autonómicas no se proyectaban sobre la regulación del ejercicio de derechos fundamentales u otros valores esenciales que eran propios de leyes orgánicas o estatales y por tanto la urgencia solo cabía cuando aquéllos estaban en entredicho.

Sin embargo, la segunda generación de Estatutos de Autonomía rápidamente se dotó de esta arma a casi todas las Comunidades Autónomas (curiosa evolución del Derecho: sin cambiar la Constitución, cambia lo que es constitucional), y de «esos polvos vienen estos lodos».

Sobre los abusos de los Decretos-Leyes ya lo comenté en un viejo artículo  en AJA (Actualidad Aranzadi, num.849-2012) que ultimaba diciendo:» En definitiva, la puerta de emergencia no puede convertirse en puerta giratoria, ni la excepción constitucional en regla de gobierno, pues si todo se convierte en urgente quizás nada lo sea, y correremos el riesgo de revivir la vieja fábula de Esopo del pastorcillo mentiroso»

P.D. Por si resulta de interés, aquí está el Dictamen catalán y el Decreto Ley afectado.