La publicación en el BOE de la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno es una buena noticia para el Estado Social y Democrático de Derecho, pero me siento como cuando en la infancia le pedía a los Reyes Magos un scalextric y me traían un vaquero de plástico descolorido con piernas arqueadas y sin caballo, que podía sacarle partido y disfrutarlo con mucha imaginación pese a que no resistía la comparación con los juguetes de otros.
Aunque puede verse la botella medio llena, no puede evitarse la lectura de tan pomposa Ley sin percatarse de que resulta mareante, penosa, triste, invisible y sangrante.
Otra tomadura de pelo más. Creen que somos tontos…….
Con lo fácil que hubiera sido, publicar en Internet, retransmitir la celebración de Juntas de Gobierno, Mesas de contratación, Consejos de MInistros, etc……..a ver si se van pronto y nos dejan de tomar el pelo……marchase ya por favor,….
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Absolutamente decepcionante en su mayoría. De transparencia tiene… el nombre.
La resolución de Naciones Unidas coincidió con el anuncio del Gobierno español para la aprobación del anteproyecto de la Ley de Transparencia Informativa, una promesa electoral del PSOE en los dos últimos comicios. El texto, coordinado por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, reconoce el derecho de acceso a la información pública y establece que la Administración tendrá que responder a los ciudadanos en un plazo máximo de 30 días o de 60 si la información solicitada es muy compleja. El borrador, que todavía no se conoce de manera oficial, ha sido tachado por las asociaciones pro-acceso como una oportunidad perdida de que España se ponga al día en el acceso a la información pública.
El portavoz de la Plataforma Contra la Contaminación en Almendralejo considera que esta ley “es una estafa más a los ciudadanos. Ya hay leyes que regulan estos temas y no se cumplen. Son palabras que de cara a la opinión pública quedan bien pero que solo sirven para engañar a la gente. Es pura demagogia. Esta ley da pasos atrás. Solo es literatura. El articulado impone leyes imposibles de cumplir. Aquí tenemos leyes de sobra, lo que hace falta es voluntad para cumplirlas”. Lorenzo considera que la medida que debería tomar el Estado español para solucionar estas carencias sería “modificar la legislación para adaptarse a lo que dice realmente el Convenio de Aarhus”.
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