Implicaciones de la sentencia comunitaria sobre la edad mínima de acceso a policía local

La reciente Sentencia en el asunto C-416/13, de 13 de Noviembre de 2014 elimina el requisito de la edad máxima para el acceso a la condición de policía local, aunque la misma tiene numerosas implicaciones en múltiples campos.

Recordemos según la nota de prensa del propio Tribunal que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo pregunta al Tribunal de Justicia si la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación  permite que en una convocatoria de pruebas selectivas conforme con una Ley autonómica de un Estado miembro se establezca una edad máxima de 30 años para acceder a una plaza de agente de la Policía Local.

Mediante su sentencia el Tribunal de Justicia declara que la Directiva se opone a una normativa nacional, como la Ley del Principado de Asturias, que fija en 30 años la edad máxima para acceder a una plaza de agente de la Policía Local.

El Tribunal de Justicia indica que la Ley del Principado de Asturias establece, sin lugar a dudas, una diferencia de trato basada directamente en la edad: esta Ley tiene como consecuencia que, en situaciones comparables, determinadas personas reciban un trato menos favorable que otras por el único motivo de haber superado los 30 años de edad.

El Tribunal de Justicia reconoce que algunas de las funciones de agente de la Policía Local (a saber, la protección de las personas y bienes, la detención y custodia de los autores de hechos delictivos y las patrullas preventivas) pueden requerir capacidades físicas específicas. Sin embargo, el Tribunal de Justicia considera que nada demuestra que las capacidades físicas específicas requeridas para el ejercicio de la función de agente de la Policía Local estén necesariamente vinculadas a un grupo de edad determinado y no puedan darse en personas que hayan superado determinada edad. En consecuencia, nada permite afirmar que el objetivo legítimo de garantizar el carácter operativo y el buen funcionamiento del cuerpo de agentes de la Policía Local exija mantener una determinada estructura de edaden su seno que imponga seleccionar exclusivamente a funcionarios que no superen la edad de 30 años. Por ello, el límite de edad fijado por la Ley del Principado de Asturias es un requisito desproporcionado.

De la misma podemos extraer algunas enseñanzas y adivinar sus notables implicaciones. Veámoslas con detalle.

1. Las enseñanzas son las siguientes:

– El sistema comunitario funciona. Un juez contencioso de Asturias plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia europeo en Luxemburgo y éste responde en plazos razonables (¡unos seis meses!).

– La primacía del Derecho Comunitario no es un principio de solemnes Tratados y doctrinas académicas sino que es una palanca jurídica que comporta la inaplicación de las leyes que contravienen el Derecho comunitario. ¡ Me imagino a Kelsen retocando la “pirámide jurídica” y colocando en alto esa cosa informe pero poderosísima que es el “Derecho Comunitario”!. Aunque ciertamente, me ocupé del tema  en el viejo post significativamente titulado «Como dominar las fuentes del derecho administrativo y no morir en el intento«.

-Podría hablarse de un estatuto mínimo común del empleo público europeo, que se va haciendo a golpe de Directiva comunitaria. El ámbito tradicionalmente resistente a la influencia exterior por pertenecer a la potestad de autoorganización de cada Estado el diseño de su empleo público se ve reconducido a un marco racional, homogéneo e interestatal, donde la igualdad y la prohibición de discriminación impone sus reglas.

2. Las implicaciones son múltiples:

– Todas aquellas leyes autonómicas o estatales que fijen ciegamente el criterio de la edad (sea para policía local u otra profesión) no quedan “derogadas” sino “inaplicadas”, esto es, aparcadas en el trastero y sin vigencia ( y si queda alguna “zombie” que se sigue aplicando por pasividad administrativa, podrán los jueces inaplicarla con sentencias que le apuñalarán con plata el corazón, sin necesidad de plantear recursos de inconstitucionalidad).

– Es más, todas aquellas leyes de los Estados miembros de la Unión Europea deben acompasar el paso a lo dicho en esta sentencia. (¡ un juez de Oviedo sacude los cimientos de miles de procedimientos selectivos europeos!).

– Las convocatorias en curso estarán viciadas de origen en cuanto a una posible nueva causa de nulidad de pleno derecho, que entraría en los supuestos tasados del art.62 de la Ley 30/1992 por la “gatera” de la vulneración de los derechos fundamentales, al estar en juego el derecho de acceso en condiciones de igualdad a los empleos públicos (art.23 CE).

– Aquellas convocatorias en que se haya pasado el plazo para impugnarlas, quedarán bajo el manto del acto firme y consentido. Es más, si alguno solicitó participar y fue excluido por razón de la edad, si no recurrió, pudiera afectarle esta sentencia ( quizás sería viable una revisión de oficio por acto nulo de pleno derecho ya que afectaría al derecho fundamental a la igualdad en el acceso a las funciones públicas, aunque con los límites generales de la revisión: buena fe, equidad, transcurso del tiempo, etc).

– Las leyes que se ocupen de profesiones ( para funcionarios o trabajadores, y no solo para policías locales) podrán fijar edades máximas pero no vinculadas al acceso a “cuerpos o escalas”, sino mas bien vinculadas al acceso o provisión a determinados puestos de trabajo cuyos cometidos específicos de riesgo o especial nivel físico en que pueda razonablemente presumirse que alguien talludito no podría acometerlos.

En todo caso, el principio ahora será motivar y justificar la exigencia del umbral máximo de edad y además demostrar que unas “pruebas físicas” no pueden conseguir el efecto de seleccionar la persona idónea para la concreta función.

– En cuanto a las convocatorias que, al margen de las previsiones legales (caso distinto del zanjado por el Tribunal europeo, donde una Ley formal amparaba la exigencia de edad), se ocupaban de fijar por sí mismas o con amparo reglamentario una edad máxima de acceso, ya los tribunales de lo contencioso-administrativo se ocupaban ante de esta Sentencia comunitaria, de invalidarlas puesto que las pruebas físicas son la mejor garantía de si se es apto o idóneo para la plaza.

3. Es cierto que la jurisprudencia contencioso-administrativa ya había ido censurado aquellas convocatorias (sin amparo legal) que fijaban la barrera de edad sin justificación intensa y objetiva; tales fallos judiciales desplazaban el eje del acceso del frío e injusto dato de la “edad” al dato inmediato y clarificador de las “pruebas físicas”. Por ejemplo, la STSJ de Cataluña de 7 de Abril de 2000 (rec.2167/1995) considera que el legislador concede un margen de discrecionalidad a la Administración para la determinación de la edad mínima o máxima de las convocatorias, si bien en el caso planteado relativo a plazas de Inspector del Cuerpo de Mossos d’Esquadra entiende que la Administración convocante ni ha expresado el fundamento de tales limitaciones de edad ni éstas derivan necesariamente de las funciones a realizar; la determinación de edad máxima de 40 años es innecesaria por la existencia de pruebas físicas y médicas que se bastan para revelar la capacidad, y la edad mínima de 21 años no puede justificarse en la necesidad de experiencia mínima ya que esta ha de ser valorada en la fase de concurso, al margen de la edad. En idéntico sentido, considerando que no se ha justificado la exigencia de menos de 45 años para acceder a policía local, la STSJ Cast-León (Bur) de 23 de Febrero de 2007 (rec. 122/2006). E igualmente pero bajo criterios pragmáticos, considerando que la existencia del «filtro de unas pruebas físicas, ya de por sí acredita el adecuado perfil del candidato en relación a las tareas a realizar, con independencia de su edad. Entiende esta Sala que alguien que supera las pruebas físicas puede desempeñar un puesto con independencia de su edad, al margen de otras limitaciones temporales por otros motivos distinto» (STSJ de Asturias de 11 de Febrero de 2008, rec. 311/2007).

4.Siempre me llamo la atención la exigencia de los 30 años para el acceso a la condición de policía local porque si se exigía para acceder, la congruencia imponía que quienes accedían a policía con el mínimo de 18 años de edad, se encontrarían en incapacidad sobrevenida al llegar a los 30 y sin embargo no era así.

5. Y no digamos cuando me ponía a pensar si algún día se fijaría un límite de edad máxima para acceder a empleo público por la “decadencia psíquica”, siendo curioso que el Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad de la limitación legal de 60 años para acceder a un puesto de trabajo de funcionario por considerar que es un dato objetivo. En concreto, la STC 75/1983, en relación con la cuestión de inconstitucionalidad respecto del art.28.2 b) del Decreto l66/1960, de 23 de Mayo, por el que se aprobó el texto articulado de la Ley Especial para el Municipio de Barcelona, que establecía como requisito para la provisión definitiva de plazas de habilitación nacional del Ayuntamiento de Barcelona, que los aspirantes no superasen la edad de sesenta años, afirmando el Alto Tribunal que «sería equivocado inferir de aquí que todo funcionario, desde el momento del acceso a la función pública y en tanto no se haya operado la extinción conectada a la edad de jubilación, tiene abiertas, cualquiera que sea su edad, las posibilidades de ocupar cualquier puesto de la organización pública, pues, por el contrario, en cuanto la edad es en sí un elemento diferenciador, será legítima una decisión legislativa que, atendiendo a ese elemento diferenciador, y a las características del puesto de que se trate, fije objetivamente un límite de edad que suponga, para los que la hayan rebasado, la imposibilidad de acceder a estos puestos».

Curiosamente el mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró discriminatorio anticipar de forma sorpresiva la edad de jubilación obligatoria para jueces, fiscales y notarios ( 8 años de anticipo sin escala gradual)  en una anterior sentencia.

NOTA: En fin, debemos felicitarnos de que al frente del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo  4, de Oviedo, que propició esta sentencia histórica, esté un brillante y formadísimo  juez, D. David Ordoñez Solís, aunque debo reconocer que me siento orgulloso de su amistad, como mencionaré igualmente que  ambos tendremos ocasión de hablar el próximo Viernes día 21 de Noviembre a las 17,00 horas en el Colegio de Abogados de Oviedo sobre el tema nacional: la Corrupción en el marco de las Jornadas sobre Corrupción y Transparencia en el manejo de  los asuntos publicos, lo que plantearemos en un curioso formato abierto: una intervención suya de media hora, una segunda intervención mía de otra media hora, y luego “diálogo abierto” entre nosotros ante el público sobre el fenómeno de la corrupción.

¡Estáis invitados a asistir!.