Con la crisis económica y los coletazos de la corrupción parece que no importan los problemas del empleo público. Ni políticos, ni sindicatos, ni ciudadanos ni programas electorales parecen preocupados por reformar sustancialmente la herramienta mas poderosa para revitalizar los servicios públicos y la dignidad administrativa: los empleados públicos.
Parece haberse abandonado los problemas a la judicialización puntual, a la negociación ocasional en cada Administración y a no abrir una caja de los truenos.
1. El EBEP se remitía por un lado a desarrollos legislativos de cada Comunidad Autónoma para fijar modelos propios; en segundo lugar, a desarrollos reglamentarios por el propio Estado; y en tercer lugar, al resultado de negociaciones en distintos ámbitos (estatal, autonómico o de cada Administración).
El resultado de la cosecha es desolador. Pocas leyes autonómicas y casi todas burdos plagios de la legislación estatal o de la Comunidad vecina, limitándose a buscar la paz social. El propio Estado ha huido de reglamentar su propio Estatuto siguiendo la política del avestruz. Y los pactos negociados han sido parcheos y recauchutados de situaciones concretas.
O sea, digamoslo claro: el EBEP ha sido el parto de los montes de Esopo (mucho ruido y pocas nueces), que en versión de Samaniego nos estremece:
“Con varios ademanes horrorosos,
los montes de parir dieron señales.
Consintieron los hombres temerosos
ver nacer los abortos más fatales.
Después que con bramidos espantosos
infundieron pavor a los mortales,
estos montes que al mundo estremecieron
un ratoncillo fue lo que parieron..”
2. Así que parece que se reformará el procedimiento administrativo y el régimen jurídico de las Administraciones pero en lo que se refiere a la reforma del personal, “ni está ni se le espera”.
Quizá ese cartucho quiere reservarse para anunciarlo ante las elecciones generales con los tópicos consabidos (“se pagará más a quien más trabaje”, “más calidad de vida”, “incorporación de tecnologías para hacerlo mas llevadero”, etc).
Y mientras tanto colosales bucles jurídicos en torno a las Relaciones de Puestos de Trabajo (modelo que revienta por las costuras), a la mezcolanza de laborales y funcionarios haciendo la misma labor, a una estructura retributiva utilizada como el pescadito para las focas del acuario, a una movilidad administrativa que mueve a los que quieren que sean movidos, a unas negociaciones sindicales en horas bajas, etc.
No me extraña que sigan vigente mis atrevidos criterios sobre Cómo reconocer un funcionario ejemplar en tiempos difíciles, pues difíciles son las coordenadas que le ha tocado vivir, juguete de la crisis económica y política.
En fin, me he detenido en esta reflexión porque acabo de enterarme que lleva subido a internet una ponencia que efectué en el año 2013 a la que tuvo la amabilidad de invitarme la prestigiosa Escuela Gallega de Administración Pública, y visto lo visto, dado que nada se mueve en el horizonte, creo que reviste actualidad en cuanto a diagnóstico y posibles recetas de los problemas del empleo público. Aquí la tenéis, por si tenéis tiempo y os interesa. Y si no tenéis ninguna de las dos cosas, pues tan amigos, que hay vida mas allá de la Administración.
Minuto 17.24. Sensacional!!! #Teletrabajo en la Administración Pública
¡albricias ¡ ¡ caracoles! , como diría el autor de este blog, alguien se acuerda de estas cuestiones.
Sobre la importancia de esta materia para la defensa de nuestra democracia y la vigencia del Estado de derecho en nuestro país , escribí una carta al diario El Pais , publicada el 16 de febrero de 2013 que os copio aquí con el único animo de contirbuir al debate .
http://elpais.com/elpais/2013/02/15/opinion/1360947232_315587.html
Medidas preventivas
La corrupción lastra el progreso económico y social de un Estado, genera incertidumbre en los mercados e inseguridad jurídica. Para frenar esta lacra social, el Gobierno está ofreciendo transparencia y judicialización. Es indiscutible que los culpables de delitos de corrupción y detracción de fondos públicos deben ser perseguidos y condenados. Sin embargo, estas acciones no aseguran el retorno de los fondos públicos detraídos a las arcas públicas. Lo que los ciudadanos no saben, y ningún grupo político parece estar interesado en contarlo, es que un funcionario puede ser disciplinado en un proceso que se lleva a cabo sin garantías procesales y sin la presencia de un abogado. En estas circunstancias, ¿quién se atreve a decir que no? Los funcionarios no pueden convertirse en un ejército disciplinado al servicio de la corrupción política. Urge aprobar una batería de medidas preventivas contra la corrupción que garanticen la independencia de la función pública del poder político. Entre ellas: el desarrollo reglamentario del Estatuto Básico del Empleado Público y la regulación por ley de su régimen disciplinario.
Una ley que no ha sido desarrollada reglamentariamente es en realidad papel mojado y con ello pierde legitimidad pues no se aplica. No soy partidaria de las grandes reformas anunciada a bombo y platillo, escenificadas en las exposiciones de motivos en las que se recogen las buenas intenciones, y las declaraciones de principios cuya sola mención hacen sonreír a algunos altos cargos del Administración Pública. En su lugar prefiero reformas modestas, ir paso afianzo lo que tenemos. Además, en mi opinión, el Gran Salto, la Gran Transformación se producirá cuando las administraciones y los poderes públicos entiendan algo tan sencillo como que la leyes se aprueban para ser cumplidas.
Para celebrar este post me voy con mi abogado penalista favorito, Jacinto Kinderlan, a tomar unas cañas en la taberna del Baúl de los Recuerdos.
Es cuestión de tiempo que nos saquen en la prensa obligándonos a hacernos el harakiri, y si no somos lo suficientemente valientes y honorables, entonces, crearán una agencia para el suicidio colectivo funcionarial. Seguro que hay muchos politicos que se apuntarian el tanto. ¡¡¡Hemos acabado con los funcionarios¡¡¡