Respuestas de la jurisprudencia a los problemas procesales contencioso-administrativos

¿Ambicioso titular, eh?.

Hay muchos y muy buenos libros sobre el proceso contencioso-administrativo. Lo que no abunda en los juristas son las ganas de profundizar en cuestiones académicas o recibir lecciones teóricas; como tampoco es tiempo de perder el idem en ir a la deriva por el océano jurisprudencial buscando la boya o islote de la sentencia que resuelva el caso concreto que nos ocupa y/o preocupa.

Por eso, nos pareció buena idea (a DOLORES GALINDO GIL y al que suscribe, JOSÉ RAMÓN CHAVES GARCÍA, ambos magistrados especialistas en lo contencioso-administrativo) acometer una obra que reuniese las tres “Bes” clásicas (bueno, bonito y barato) en cuanto a jurisprudencia contencioso-administrativa.

 

• Lo “bueno” viene de la utilidad de la obra. Se trataba de ofrecer sentencias actuales, en los fragmentos cruciales y que diesen respuesta rápida a encrucijadas procesales reales. De ahí el formato de “Diccionario” para facilitar la localización a velocidad de relámpago del instituto o cuestión procesal – por orden alfabético- y a renglón seguido obtener  la sentencia o sentencias que dejan sentada doctrina o criterio. Por algo barajamos otros títulos alternativos y evocadores como “Vademecum jurisprudencial”, “Breviario de jurisprudencia” o “La jurisprudencia contencioso-administrativa de la A a la Z”.

 

• Lo “bonito” viene de la bondad técnica del trabajo desarrollado por El Consultor-La Ley, que tras una preciosa portada y una primorosa labor editorial, nos ofrece una estructura y composición agradable a la vista, con el vocablo destacado, seguido de nuestra breve pincelada explicativa del mismo (para juristas con prisa) y acto seguido el fruto de las sentencias o autos del Supremo, Audiencia Nacional o Tribunales de Justicia. El resultado es un libro manejable por sus páginas (460) y por su tamaño, fácil de tener a la vista en la mesa de despacho, en el portafolios, en estrados o incluso en el bolsillo. Un libro jurídico prêt-a-porter.

 

• Lo “barato” resulta de su precio, que gira en torno a los 50 euros, de manera que solo con encontrar entre sus 460 páginas una respuesta judicial al caso concreto que nos ocupa, y que sirva bien como estrategia de ataque, bien como argumento de defensa, o sencillamente para no quedar patidifusos ante una artimaña procesal, se habrá amortizado con creces el coste de la obra.

 

Pero déjenme que les convenza de las bondades de la obra.

1. Si alguien piensa que no necesita saber mas de Derecho procesal y que todo está en la letra de la Ley Reguladora de lo Contencioso-Administrativo, les confesaremos que los dos autores día a día nos vamos asombrando de los cambios de timón procesales de la jurisprudencia. Y es que  el juego combinado de la supletoria Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 y las lagunas de la Ley  Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998, deparan infinidad de sorpresas que acechan en los recodos de los pleitos.

Además a modo de prueba, ruego que los lectores lean estas preguntas y miren a su fuero interno con sinceridad para comprobar si se sienten capaces de ofrecer las  respuestas con seguridad.

• ¿Puede plantearse la tesis del art.33 LJCA el Tribunal que conoce del procedimiento en segunda instancia, o por el contrario solo es posible por quien conoce en primera instancia?

• ¿Cabe plantearse la solicitud de medidas cautelares ante la Sala que conoce del recurso en apelación o debe hacerse necesaria y únicamente ante el Juzgado que dictó en primera instancia la sentencia apelada?

• ¿Existen excepciones jurisprudenciales en que el denunciante está legitimado para exigir judicialmente la imposición de una sanción al denunciado?

• ¿Debe plantearse la impugnación indirecta de disposiciones necesariamente en el suplico o basta que se derive su posible ilegalidad del cuerpo de la demanda?

• ¿Puede el complemento de sentencia alterar el fallo si lo impone la respuesta  al pronunciamiento omitido?

• ¿La superación de la jurisdicción revisora autoriza a plantear en sede contenciosa ex novo motivos, cuestiones, hechos y pruebas, o solo alguna de estas cuatro vertientes?

• ¿Podemos poner la mano en el fuego sobre en qué momento y condiciones pueden proponerse las periciales «judiciales»?, ¿Y las periciales para desvirtuar el criterio técnico de un Tribunal Calificador de procedimientos selectivos?

• ¿Alguien puede afirmar que sabe la posición última del Supremo en materia de las condiciones de subsanación de la  justificación del acuerdo para ejercicio de acciones judiciales?

 

Si según leía, ha ido asintiendo para sus adentros con el ronroneo satisfecho de la certeza, ¡le felicito!. Pero le ruego que no se precipite y reflexione, releyéndolas. No es tan fácil como aparentan porque la respuesta no está en la fría Ley sino en la jurisprudencia. Y a veces no todas las Secciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo van en la misma dirección.

Ahora imagínese que, al igual que afirma esa leyenda urbana de que la moviola de nuestra vida nos pasa por la mente en momentos críticos, que desfilasen ante usted cuestiones como las siguientes: desviación procesal, jurisdicción revisora, escritos a término, extensión de efectos, imposibilidad de ejecución, cuestiones prejudiciales, litisconsorcio, orden público procesal, etc. Pues esos y muchos mas vocablos estarán esperando en nuestro Diccionario Jurisprudencial del Proceso Contencioso-Administrativo con el apuntalamiento jurisprudencial preciso. Ni teorías ni normas: respuestas jurisprudenciales en carne vida.

Y no se diga que siempre se podrá buscar por sí mismo en las Bases de Datos al uso. Claro que se puede bucear en las profundidades abisales. El problema radica por un lado, en el tiempo que se pierde en la “pesca jurisprudencial” y no siempre fructífero; y por otro lado, en que los términos procesales resultan mas escurridizos a la búsqueda que los términos sustantivos.

 

2. En suma, los autores aspiramos a ofrecer una guía jurisprudencial sencilla, rápida y actual, y la fórmula la resumimos en la Introducción en los siguientes términos literales:

 

7. La presente obra adopta el ambicioso calificativo de Diccionario Jurisprudencial del proceso contencioso-administrativo para advertir su afán de facilitar la consulta sencilla, la utilidad instantánea y la respuesta certera.

En efecto, del término Diccionario toma primeramente, el orden alfabético de los vocablos y expresiones típicos y relevantes en la contienda judicial contencioso- administrativa, huyendo de conceptos procesales trillados o pacíficos que pueden encontrarse en cualquier Manual al uso.

Y por otro lado, el esfuerzo de síntesis para ofrecer la esencia del instituto u objeto procesal, especialmente útil en tiempos de saturación bibliográfica y jurisprudencial, con mucha información en papel y bases de datos que hace difícil la labor de expurgo rápido y certero.

Respecto al contenido, el planteamiento es múltiple.

En primer lugar, se ofrece una visión centrada en los pronunciamientos jurisprudenciales del máximo rango, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre los criterios procesales (y como no, del propio Tribunal Constitucional). Al fin y al cabo, demostrar la razón procesal no es cuestión de amontonamiento de pronunciamientos de Juzgados y Salas de Tribunales Superiores o Audiencia Nacional, cuando la misma puede venir confirmada o rechazada por decisiones de la prevalente Sala Tercera del Tribunal Supremo.

En segundo lugar, se exponen los fragmentos en extracto literal del argumento, criterio o voluntad del Supremo, con el fin de evitar la distorsión de simplificaciones o versiones doctrinales que puedan desnaturalizarlo. En materia procesal resulta útil frecuentemente no solo la “ratio decidendi” de la sentencia sino los “obiter dicta” pues encierran auténticas perlas del procedimiento. Asimismo, algunas entradas o citas jurisprudenciales resultan necesariamente extensas, en unos casos porque responden a los “leading case” en materia procesal, y en otros casos porque son resoluciones judiciales sumamente didácticas.

Y en tercer lugar, se ha optado por una preferente exposición de los criterios temporalmente más recientes, con especial predilección por el último quinquenio, que se hacen eco a su vez de la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional al fijar el alcance del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).»

 

En fin, quede ahí mi recomendación de la obra con el orgullo propio de uno de los progenitores (JR. Chaves García y M.D. Galindo Gil), y que puede adquirirse tanto en papel como en formato digital, tanto mediante presencia física como con adquisición on-line, en la legendaria librería Gaztambide de Madrid o en la tienda Wolters Kluwer (ambas hacen envíos). Pero también puede acudirse a la librería jurídica habitual, hojearlo con calma, y si se siente ese pálpito de utilidad, pues adquiérase, y si se considera inútil pues no se compra… ¡y tan amigos!.

Gracias por vuestro interés.