Nuevo Estatuto de los Trabajadores… ¡al salón del BOE!

Seguimos con la técnica legislativa de “ensayo y error” consistente en modificar viejas leyes parcialmente, aprobar Decretos leyes puntuales y reglamentos invasivos, de manera que tras el “test de resistencia” ante la praxis y los tribunales, se procede a la reconstrucción en un único texto refundido con rango de ley de la norma definitiva y completa. Por ejemplo, el Texto refundido de la Ley de Defensa de los Consumidores (Real Decreto Legislativo 1/2007); la Ley de contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011), el Texto refundido de la Ley de Empleo (Real Decreto Legislativo 3/2015), de la Ley del Mercado de Valores (Real Decreto Legislativo 4/2015), o las modificaciones de los textos refundidos preexistentes (Haciendas Locales, Propiedad intelectual,etc), que tampoco faltan.

Lo que faltan son las leyes que nunca se completaron o desarrollaron, por lo que «no hay nada que refundir» como el maltrecho Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), cuyo desarrollo estatal es escaso y el autonómico deficiente.

Pues bien, los Textos Refundidos son la labor de “corte y confección” del Gobierno que con los retales de las leyes, los hilos reglamentarios, y telas de colores de modificaciones parciales o varapalos judiciales, diseña un traje único. El problema de estos “diseños por partes” es que a veces el resultado “revienta por las costuras”, pero tiene la ventaja de que existe un traje único y completo para cada norma, lo que beneficia la seguridad jurídica.

Ahora nos toca conocer nada menos que el nuevo Estatuto de los trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de Octubre (BOE de 24 de Octubre) que afecta a los trabajadores públicos y privados. Veamos lo que en primera impresión resultarán tres cuestiones de máximo interés para el ámbito público, y que suelen estar en los focos de litigiosidad.

I. El conocido fenómeno de las consecuencias del encadenamiento de contratos temporales en la Administración, quedando claro en el Estatuto que no comportará la fijeza, sino únicamente el carácter de “indefinido no fijo”, cuya evolución y situación jurisprudencial comenté en un reciente post. Eso sí se cuida de precisar de forma tajante que los excesos en materia de duración de contratos vinculados a proyectos de investigación en las Universidades, o de inversión no comportarán tal eficacia.

Disposición adicional decimoquinta del nuevo ET. Aplicación de los límites de duración del contrato por obra o servicio determinados y al encadenamiento de contratos en las Administraciones Públicas.

1. Lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración máxima del contrato por obra o servicio determinados y en el artículo 15.5 sobre límites al encadenamiento de contratos surtirá efectos en el ámbito de las Administraciones Públicas y sus organismos públicos vinculados o dependientes, sin perjuicio de la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, por lo que no será obstáculo para la obligación de proceder a la cobertura de los puestos de trabajo de que se trate a través de los procedimientos ordinarios, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable.

En cumplimiento de esta previsión, el trabajador continuará desempeñando el puesto que venía ocupando hasta que se proceda a su cobertura por los procedimientos antes indicados, momento en el que se producirá la extinción de la relación laboral, salvo que el mencionado trabajador acceda a un empleo público, superando el correspondiente proceso selectivo.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración máxima del contrato por obra o servicio determinados no será de aplicación a los contratos celebrados por las Administraciones Públicas y sus organismos públicos vinculados o dependientes, ni a las modalidades particulares de contrato de trabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades o en cualesquiera otras normas con rango de ley cuando estén vinculados a un proyecto específico de investigación o de inversión de duración superior a tres años.

3. Para la aplicación del límite al encadenamiento de contratos previsto en el artículo 15.5, solo se tendrán en cuenta los contratos celebrados en el ámbito de cada una de las Administraciones Públicas sin que formen parte de ellas, a estos efectos, los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las mismas. En todo caso, lo dispuesto en dicho artículo 15.5 no será de aplicación respecto de las modalidades particulares de contrato de trabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades o en cualesquiera otras normas con rango de ley.

II. La regulación refundida de la materia de los despidos colectivos en el sector público, zarandeada judicialmente y que ya abordé con mayor extensión en otro post anterior.

Disposición adicional decimosexta del nuevo ET. Aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público.

El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) de la presente ley y sus normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.

A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas, entendiendo como tales, a los entes, organismos y entidades a que se refiere el artículo 3.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.

Tendrá prioridad de permanencia el personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, cuando así lo establezcan los entes, organismos y entidades a que se refiere el párrafo anterior.

Disposición adicional decimoséptima. Suspensión del contrato de trabajo y reducción de jornada en las Administraciones Públicas.

Lo previsto en el artículo 47 no será de aplicación a las Administraciones Públicas y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos, salvo a aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado.

III. Causa de extinción por despido objetivo en Fundaciones u otras entidades sin ánimo de lucro que “viven” de subvenciones u otra financiación pública.

Art.52 e) ET. En el caso de contratos por tiempo indefinido concertados directamente por entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de planes y programas públicos determinados, sin dotación económica estable y financiados por las Administraciones Públicas mediante consignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos de carácter finalista, por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el mantenimiento del contrato de trabajo de que se trate.

 En fin, el Estatuto de los Trabajadores 2015 será la nueva norma que debemos tener a la vista por su extenso ámbito de aplicación, y confiemos «larga vida» o vigencia, porque el BOE está convirtiendo la seguridad jurídica en una diana móvil.