Desde la implantación del uso de LEXNET a partir del 1 de Enero de 2016 cada vez que cambio impresiones con abogados, secretarios o jueces en cualquier foro, charla, debate o encuentro informa, recibo una mezcla de escepticismo y lamentación (propio de un escenario kafkiano), rayano en la desesperación (propio de escenario dantesco).
No importa que el sistema funcione bien en pruebas, o que buena parte de los operadores está familiarizado, ni que las distorsiones se puedan ir salvando con el tiempo. La Justicia y su brazo técnico, el proceso, no está para improvisar. Pasen, por favor, y vean el despropósito en sus justos términos.
1. Desde fuentes ministeriales se ofrece a la prensa un balance triunfalista, aunque sin evitar la críptica letanía (funciona “razonablemente bien”), y para ello se manejan las estadísticas de los grandes números, se minimizan los errores disfrazándolas del eufemismo de “tasa de incidencias” y se esgrime que “por cada escrito que se presenta a través de Lexnet, el ahorro es de 75 euros” (reduccionismo economicista atroz, cuya fuente de cálculo es cuestionable y que no nos aclara en cambio el “precio” de cada escrito que se malogra por esta vía).
2. Por mucho que se barajen estadísticas y aunque se agite a bombo y platillo las excelencias de la supresión del papel, creo que alguien está haciendo “el papelón”. Y es que Lexnet es el futuro, posiblemente inmediato, pero no debería ser el presente impuesto a machamartillo y con urgencia.
Es innegable que la brecha digital profesional entre abogados clásicos y abogados modernos debe cerrarse, de igual modo que la senda tecnológica debe llegar inexcusablemente a las relaciones con la Administración de justicia. Ahí está el precedente exitoso de la canalización de relaciones electrónicas con la administración tributaria. En el ámbito judicial, el resultado en términos de ahorro de tiempo y costes solo puede arrojar balance positivo.
Otra cosa, que es lo que preocupa, es la precipitación en su implantación, bajo el castizo estilo de “vísteme despacio, que tengo prisa”.
3. Lo cierto es que no funciona con la plenitud de garantías de seguridad, exactitud, celeridad y confianza que impone la Justicia, y se ha explicado con sencillez y gracejo por sus protagonistas en primera línea, como podéis comprobar en este claro post del abogado Alfredo Herranz Asin.
Y es que, aunque desde el Consejo General de la abogacía se haya facilitado un servicio actualizado con respuestas para “preguntas frecuentes” sobre Lexnet, si la alegoría de la Justicia sobrevolase como el diablo Cojuelo los tejados de las sedes judiciales y se asomase a escuchar lo que allí se comenta al respecto, podrían oírse comentarios en los pasillos, a título de muestra y sin agotar el zumbido del panal, del pelaje que aquí expongo.
En suma, anécdotas o incidentes del letrado en el laberinto de Lexnet. Vale, no es para tanto. Admito que podrán no ser graves si el abogado puede explicar a su cliente que el pleito se pierde por un escrito que no es admitido (al igual que “por un caballo se perdió un reino”, Ricardo III dixit). Quizá podrá escudarse en un error tecnológico, una falta de criterio unánime o una interpretación forzada del órgano judicial, pero algo me dice que no le consolará ni a él como abogado que ve frustrada su defensa por una sutileza tecnológica, ni al cliente que se quedará con un palmo de narices, sin culpa, pero con un palmo de narices.
Cierto que el mundo no se hunde, y la nave judicial seguirá a flote, pero déjenme decirlo claro con una imagen quizá desorbitada pero que me viene a la mente. Verán. Antes de abrir una discoteca a público masivo hay que tener todas las medidas de seguridad, iluminación, escaleras y alarmas debidamente instaladas y comprobadas. No puede abrirse al público mientras se anotan las incidencias y los accidentes, esgrimiendo para no clausurarla temporalmente que solo uno de cada mil asistentes se ha accidentado y que ya se va solucionando el problema, confiando en que los clientes se espabilarán y en que la empresa irá mejorando la seguridad.
4. Y es que no puedo menos de recordar aquello de “lo urgente mata lo importante” y me temo que alguien ha olvidado que las “hojas de ruta” son calendarios no vinculantes sino deslizantes, y como dijo el arriero de la canción “no hay que llegar primero sino que hay que saber llegar”.
De ahí que mi preocupación como ciudadano y como jurista común, por esa Justicia en la que todavía creo, pese a los trienios que acumulo a su sombra, me lleva a compartir la iniciativa de la llamada Brigada Tuitera, movimiento que desde su voz crítica presta servicio a la independencia de la justicia, y que mas allá de las anécdotas que he indicado, ha alumbrado un razonado y detallado informe de esa plataforma alertando del riesgo que supone esta precipitación para la independencia judicial, la seguridad jurídica procesal y la igualdad de armas procesales (problemas de usabilidad, disfunciones técnicas, pérdida de tiempo en aspectos accesorios, inadaptación de órganos judiciales y falta de personal, etc).
Por eso, al amparo de la “libertad de cátedra bloguera” postulo desde aquí la suspensión o aplazamiento del sistema Lexnet hasta su exacta aplicación. Ello en línea con la petición encabezada por José Muelas Cerezuela, y que roza los 20000 apoyos, para que puedan los juristas interesados sumarse a la petición de suspensión o moratoria de Lexnet hasta subsanar sus deficiencias y que pueden adherirse de forma rápida, fácil y gratuita en change.org.
5. Los experimentos bien están para los laboratorios pero no para las leyes procesales, que están llamadas a ser el camino de defensa por el que transitan la inmensa mayoría de los ciudadanos. Nada de pruebas de ensayo y error. La justicia ya cuenta con el margen de error impuesto por el Derecho, que no es una ciencia exacta por el juego de principios y convergencia de interpretaciones, pero donde debe aplicarse tolerancia cero es cuando estamos ante cuestiones tecnológicas.
6. No deja de ser chocante que se utilice el mismo lenguaje sustantivo cuando se habla por el Gobierno de la “Justicia sin papeles” que cuando se habla de la “Administración sin papel” (Preámbulo de la Ley 39/2015, PACA), y que paradójicamente, la dimensión temporal para implantar aquélla sea perentoria, mientras que para la implantación de la administración electrónica y obligación de comunicación electrónica del ciudadano, esta última Ley aplaza su efectividad hasta tres años (tras el fallido intento de la predecesora Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos). Doble vara de medir. Se dirá que los ciudadanos necesitan mas tiempo para adaptarse que los abogados, pero no deja de ser ejemplo del dislate en el proceso contencioso-administrativo, pues el expediente electrónico sigue siendo “música para unos pocos” de manera que la vía administrativa documental irá seguida de la vía contencioso-administrativa electrónica… ¡tren convencional conectado con tren de alta velocidad!, ¡Sin desvío ni guardagujas!
En fin, ante esta implantación de Lexnet, caiga quien caiga y con fallidos, no puedo menos de recordar aquella anécdota de la empresa que fabricaba paracaídas para el ejército americano y ante las quejas gubernativas por el elevado porcentaje de errores o fallos con graves consecuencias para los soldados, se redujeron drásticamente los errores con una solución sencilla: los ingenieros de la fábrica fueron llamados aleatoriamente a probar ellos mismos con sus saltos los paracaídas.
Y todo lo dicho, a título estrictamente personal, lo hago desde mi notoria confianza en la utilidad de la ciencia y la tecnología al derecho, como es notorio que alimento mi sueño cercano de un proceso judicial plenamente “electronificado”, pero sin chapuzas dictadas por la urgencia.
Que por buscar una Justicia sin papeles no nos encontremos con el papelón de la Justicia. Parece que Lexnet, de momento sea Lexbrut, por seco, o HardLex, por duro. Pero que no llegue a ser Duralex por anacrónico.
Aunque es cierto que los abogados podemos registrarnos para presentar directamente los escasos asuntos en los que no es OBLIGATORIA la intervención de letrado (o iletrado), yo paso, y entrego todo a mi competente procurador…, y amigo.
Pues bien, según me cuenta él, me dicen otros procuradores, los funcionarios judiciales, algún amigo secretario, fiscal, juez y magistrado, la opinión es unánime: el sistema es una m…
Hay juzgados que además de la presentación informática piden otra bajo mano por escrito; otros imprimen como locos todo lo que reciben vía Lexnet, para seguir firmando el expediente en papel, etc.
En una administración de justicia donde hay jueces, fiscales, secretarios, abogados y procuradores que escasamente se aclaran con el ordenador -yo mismo, entre otros-, ¿qué sentido tiene ese alarde de demagogia, que en la práctica se quedará en nada?
¿O es que Lexnet va a servir para que los escritos de calificación tarden meses en formularse, o muchos juicios años en señalarse? O que haya resoluciones judiciales, autos, y sentencias, pendientes de dictarse desde hace meses…
Servirá -una vez desaparecidas las tasas judiciales para las personas de carne y hueso- para descongestionar los Juzgados de trabajo. Por el que se va quedando por el camino de los bits.
Ya hablamos de este tema varias veces. Pero quzás el elemento más peligroso de LEXNET sea el hecho de que es «hackeable», por lo que deja en manos de indeseables, servicios de inteligencia y multinacionales extranjeras todos los procesos jurídicos que se siguen en España.
Estoy totalmente de acuerdo con nuestro Webmaster: se ha puesto el tejado antes de los cimientos. Y cuando éste se caiga estrepitósamente los polvos que trajeron estos lodos espero estén ‘regenerándose’ en una buena prisión, con wifi, claro.
Me acojo a la definición de Ramiro: la m…, quiero decir.
¿Podrías aclarar esto que dices? ¿qué quieres decir con «hackeable»?
Reblogueó esto en Meneandoneuronas – Brainstorm.
Siento volver y dar la lata. Pero he leído todo cuanto nos aporta nuestro ‘Webmaster’ en sus ‘links’ y, además de felicitarle por su IMPECABLE TRABAJO, creo que debiera éste ser objeto de una de sus Conferencias. Nuestro particular Maestro es, simplemente, EXCEPCIONAL. Espero no le importe pero he pasado su Trabajo a todas las instancias a las que tengo acceso, y al fin parece se han enterado de algo. ¡Qué país, Miquelarena!
Y ENHORABUENA, SEÑORÍA.
Lo que no acabo de entender es cómo nos cuesta tanto asimilar y poner en práctica leyes que tienen ya más de 9 o de 4 años. Me refiero a las Leyes Ley 11/2007, de 22 de junio, o a la 18/2011, de 5 de julio). Lo que sí veo es que a todos los operadores jurídicos nos cuesta siempre mucho trabajo dar aplicación a las leyes de reforma de la justicia, especialmente estas que, sin duda, contribuyen a la modernización y agilidad de la misma. No veo yo estas reticencias en la cosa tributaria o en la sancionadora de tráfico, donde lo damos todo por bueno y en cuyos ámbitos también se ven afectados los derechos de los ciudadanos y los nuestros. Creo, sinceramente, que somos nuestro propio enemigo. Para mí sería un paso atrás, sin duda, una moratoria o una suspensión del sistema que la Ley 18/2011, en vigor desde el 7 de julio de 2011, puso en marcha. Y hago una pregunta ¿qué hemos estado haciendo durante todos estos años que estaban avisando que el sistema se iba a poner en práctica? Yo me apunto a la mejora, a la seguridad jurídica, a la protección de datos, a la interoperabilidad, a la comunicación bidireccional, pero también a no tener que desplazarme para presentar un escrito en cualquier parte del territorio provincial, regional o nacional, a poder ejercer mi profesión en todo el territorio. Y cierto es que faltan medios, como siempre, y formación, pero también verdadero interés en que esto funcione. Todavía recuerdo a algún funcionario renuente al empleo del ordenador que seguía utilizando su vieja Olivetti, y a aquel pobre instructor de la Policía Nacional o de la Guardia Civil que usaban los siete papeles de calco para pasar las declaraciones del detenido. A mi me preocupan mucho seguir escuchando a algunos compañeros que ellos no firman digitalmente nada, que pasan de todo, que cuela igual. Es cuestión de actitud y de profesionalidad, también. En fin, a ver si se despeja el panorama.
No cabe duda de que LexNet es manifiestamente mejorable, pero esa resistencia al cambio de todos los operadores jurídicos es, cuando menos, preocupante.
Ya se ha vivido algo similar con la receta electrónica y aquí estamos de nuevo.
No cabe duda de que LexNet es manifiestamente mejorable, pero esa resistencia al cambio de todos los operadores jurídicos es, cuando menos, preocupante.
Ya se ha vivido algo similar con la receta electrónica y en general con la «digitalización» de la sanidad. La historia se repite.
Yo vengo recibiendo notificaciones y presentando algún asunto con Lexnet. Me manejo de manera suficiente con la informática y además tengo a mano algún informático competente, por si acaso. El problema de Lexnet es que es una chapuza tan grande que se cae a trozos. Lexnet no es sinónimo de modernización, es uso de tecnología arcaica y mal diseñada desde el principio. Me pregunto:
1) A qué vienen los tarjeteros cuando hay certificados en software, como los de la FNMT, que funcionan de cine. Enciendes tu ordenador y listo y no has de andar cargando con el tarjetero por el que los colegios (alguno) están cobrando 30 euros cuando por tecnología los equivalentes valen 10 de media. «Es para identificarte como abogado»: si el concreto certificado en software solo se expide a favor de abogados, ¿no es suficiente?
2) A qué viene que se dependa tantísimo de software que no es compatible con todas las plataformas.
3) A qué viene que el sistema solo funcione con algún navegador.
4) A qué viene que haya que acceder al sistema con firma digital y luego firmar digitalmente la demanda y el índice documental.
5) A qué viene que el índice documental no pueda transformarse en formato no editable en MAC salvo siendo ingeniero superior.
6) A qué viene que el índice documental en el sistema diseñado por la abogacía no lo confeccione el propio sistema.
6) A qué viene que el sistema lo gestione el Ministerio, en lugar del CGPJ.
7) A qué viene que los abogados no podamos acceder a LEXNET justicia sin más (si se puede, no es evidente) como los procuradores y tengamos que ir a otro portal gestionado por el CGAE, LEXNET abogacía.
Muchos de los que nos quejamos de LEXNET (cada vez menos amargamente, porque nuestra naturaleza tras tanta tropelía se ha acostumbrado a todo) lo hacemos precisamente porque lo usamos. Se puede poner una sentencia de juicio verbal con un modelo de juicio de faltas (ejemplo real) pero no es lo suyo.
Saludos a todos y gracias como siempre a Sevach por su maestría y generosidad.
Los primeros desarrollos de LexNet empezaron en 2003. En 2005 se implantó como prueba piloto en varias ciudades en las que se ha usado con normalidad desde entonces. Es un producto sobradamente testado, seguro y eficiente. Su utilización masiva desde enero de este año está produciendo algunas incidencias que se van resolviendo, inevitables en un proyecto de estas dimensiones. El verdadero problema es la resistencia de abogados y funcionarios, que quieren que todo siga igual, en la misma forma y para siempre, pero con derecho a protestar de que la justicia no funciona. También hay un factor económico, porque LexNet y el proceso digital obligan a cambiar rancios métodos de trabajo. LexNet es fácil de configurar y de usar para cualquier persona que viva en este siglo y no en el XIX. Los abogados (salvo cuatro o cinco, que hacen mucho ruido en las redes, pero son muy pocos) pertenecen al segundo grupo. Al final es una cuestión de intereses particulares de la profesión. Nada distinto de lo que ha pasado con la demencial protesta contra las tasas, que existen en todos los países europeos, permiten que el coste de la justicia lo pague quien lo utiliza y no el común de los ciudadanos, y han producido beneficiosos efectos sobre la reducción de la litiligiosidad insensata. Los abogados pueden quejarse de LexNet y de las tasas, porque obliga a trabajar de otra forma y disminuye sus posibilidades de negocio, pero que lo digan así y no nos quieran hacer creer que están librando una cruzada en favor de los derechos de los desvalidos, porque no es verdad. Si hubiéramos esperado a que todo el mundo estuviese de acuerdo, nunca habría justicia digital. Eso es lo que ha sabido ver el ministro Catalá, que, pasado un tiempo, será reconocido como el gran modernizador de la justicia en España.
Cierto, pero el problema no es la meta sino el ritmo temporal de aplicación una vez que se detectan problemas de adaptación subjetiva( abogados) , objetiva ( procedimientos) y técnica ( medios).
Acabo de entrar en el sistema (abogacía) y ¡voilá!: aviso de que han eliminado el fastidioso índice en pdf, que ahora generará el sistema automáticamente. Buena mejora. Saludos.
En primer lugar quiero darle la Enhorabuena por sus blogs, Sr. Chaves.
Aunque no soy letrado, por mi trabajo en el ámbito de la llamada microempresa privada tengo relación con algunos abogados, y mi cargo requiere que esté informado de múltiples cuestiones legales.
Sigo sus posts desde hace algún tiempo y lo cierto es que además de enriquecer mi lenguaje, aprendo mucho con sus comentarios y anécdotas.
Me gustaría conocer su opinión, si fuera posible a través de alguno de su comentarios, sobre la llamada “autorización corporativa” del art.45.2.d) de la LRJCA, para cumplir el requisito de poder acceder a la vía contenciosa-administrativa.
Muchas gracias por su atención.
Atte.
Juan Ramón Baeza
Pues no conozco Lexnet, porque no ejerzo, pero si tengo buenas habilidades informàticas y ante algún comentario sí que tengo algo que decir. Tengo algunos amigos abogados ejercientes, algunos son buenos con la informática y otros no. Inevitablemente, existe la resistencia al cambio y a la modernización de los sistemas pero creo que el problema que se plantea es otro: no es el cambio, es la precipitación.
Me explicaré. Evidentemente, informatizar la justicia era indispensable e inaplazable, pero ni eso es la panacea que resolverá todos sus problemas, ni es sencillo, ni es barato. Y, sobretodo, lo que debe ser es seguro porque cualquier procedimiento, del tipo que sea, conlleva información delicada y confidencial para al menos una de las partes. Por los comentarios que he oido, creo que la seguridad no ha sido lo más importante….
Igualmente, no es de recibo que un problema informático, del tipo que sea, pueda impedir que alguien presente una demanda en plazo, o pueda suponer la pérdida de un derecho. Y aquí si que tengo experiencia porque yo si que firmo informáticamente bastantes documentos y tengo que decir que los sistemas de firma electrónica se colapsan vergonzosamente en muchas ocasiones (por colapso??!!!!) y no estoy en un pueblo perdido de las montañas. Además, cada administración ha escogido el sistema que mejor le ha ido, pero sin tener en cuenta que no todos los sistemas son compatibles y sin avisar cuando se realizan modificaciones del mismo (vease como ejemplo el sistema de firma electrónica para firmar el BOE). Por lo tanto, o mejoramos las infraestructuras de comunicaciones o no sé cómo vamos a implantar el expediente electrónico, y esto se escapa del tema de la justicia.
Finalmente, no sé qué tiene esto que ver con el tema de las tasas. Las tasas son una vergüenza y que las tengan en otros paises no justifica su implantación, porque además no se implantaron igual que en esos otros paises que se invocan, sin decir cuales….. El problema de la justicia, al igual que el de otras administraciones, no es la abundancia de pleitos sinó la falta de medios personales, materiales, etc y mientras eso no se solucione… no habrá justicia. Es por ello, y por muchas otras cosas más, que me parece increible decir que el Sr. Catalá es el modernizador de la justicia en España, aunque cosas veredes…..
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Tiene toda la razón Señoría . Nuestro legislador no tiene tiempo que perder en debates, ensayos o pruebas de laboratorio, prefiere experimentar sus medidas directamente y a tiempo real, y a la vista de como salga,
En cuanto a Lexnet en concreto, comparto con los compañeros la inquietud por el tema de protección de datos, ya que la digitalización de documentos incrementa enormemente los riesgos sobre la seguridad de la información intercambiada, En 2014 se descubrió que la mafia rusa había hackeado durante meces los ordenadores personales y los servidores de la Fiscalia Anticorrupción, y con Lexnet lo van a tener aun mas fácil.
Ni tanto ni tal calvo.
Primeramente por alusiones, a los ingenieros normalmente se les contrata en régimen de obra o servicio determinado, es decir, llegar a un resultado concreto, a los abogados por arrendamiento de servicios, me pregunto que ocurriría si fuera al contrario. Como sucedían resultados indeseados, en tiempo los ingenieros desarrollaron las pruebas de carga, de producto o ensayo final para comprobar que el puente aguantaba, el avión no se caía o un aparato eléctrico no se quemaba para evitar desastres.
En el derecho existe una cosa que se llama concepto jurídico indeterminado y que García de Enterría explicó, así que pueden ustedes meter ahí cosas como «despolitización de la justicia», «informatización de la justicia», «digitalización del expdiente» etc y asunto solucionado, que cada cual aclare su idea de lo que eso significa, y seguro que encaja perfectamente en ese concepto jurídico indeterminado…
Cierto las cosas se pueden hacer mejor pero la resistencia al abandono del papel o la utilización de los ordenadores como meras máquinas de escribir avanzadas a estas alturas del siglo XXI parece más una resistencia al cambio que otra cosa. Es cierto que el ejemplo de Hacienda es el mejor de la informatización y digitalización de trámites administrativos, pero en Hacienda se ha metido dinero en contratar a personas especializadas y tecnología, ¿lanzaría el Ministerio de Justicia una oferta exigiendo matemáticos e informáticos para sus juzgados?¿dejarían los abogados dejarse aconsejar por arquitectos o ingenieros que ya presentan sus proyectos con visado electrónico?
Excursus.
Antiguamente en las escuelas técnicas te suspendían por plegar mal el papel del plano, hoy en día por entregar en formato diferente el archivo informático…
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