Arranca la nueva legislatura y todo son aplausos y preocupaciones por el reparto de cargos y cambalaches de poder. Espero que el nuevo Congreso arranque sin descuidar su obligado ejemplo de transparencia que está bajo mínimos.
Y es que hace dos días, me quedé perplejo cuando el Diario El Mundo divulgó que solicitó formalmente del Congreso que le facilitase algo tan elemental como es “la identificación de los parlamentarios que dispusieron de tarjeta taxi, teléfono móvil, tableta electrónica, línea de datos y ADSL en su hogar a cargo del Parlamento español durante la pasada legislatura”, así como “facilitar las retribuciones de los asistentes o asesores nombrados por los diputados o los grupos parlamentarios”.
La respuesta de la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso ha sido utilizar el argumento de que prevalece “la protección del dato personal frente al derecho de acceso a la información”, ¡Y se quedan tan anchos!.
Me parece una burla intolerable. O dos burlas pues son dos los bloques de datos que se ocultan.
No hacen falta leyes de transparencia para que las autoridades públicas faciliten qué uso hacen de su cargo y cómo se benefician de los fondos públicos. Debería facilitarse con naturalidad como consecuencia del deber de dar cuenta del uso de los fondos públicos con ejemplaridad por parte de quien se supone es el guardián de lo público.
No hace falta que se pida formalmente por los medios de comunicación que se digan los sueldos de los asesores parlamentarios o si se cuenta con beneficios tecnológicos a costa de las arcas públicas. Debería facilitarse de oficio por el Congreso o por propia iniciativa de los parlamentarios afectados.
No hace falta que un órgano parlamentario busque argumentos jurídicos para denegarlo sino que si hay escollos legales, deberá impulsar propuestas para la transparencia pues es el propio parlamento de quien hablamos. Y si una normativa interna parlamentaria lo impide, pues debería cambiarse.
No hace falta invocar la protección de datos personales para eludir tal información, pues supone pervertir el derecho de intimidad al utilizarlo de forma impúdica. Si un ciudadano tiene derecho a conocer el uso de las arcas y medios públicos por un Alcalde, concejal o alto cargo público, también de los parlamentarios.
Y si los parlamentarios prontamente facilitaron su identidad cuando hacían su petición de móvil, tableta o línea, y que gustosamente volverían a facilitarla para renovarla si se extravía o avería, a través de procedimientos administrativos ante el Parlamento, pues me parece una vergüenza que tengan un ataque de dignidad y se nieguen a facilitar tan importante “dato personal”. Es cierto que mucho antes se facilitó la información (no personalizada, por grupos parlamentarios) de que 261 diputados renuncian a que el Congreso pague su ADSL y 51, a la tarjeta de taxis, pero bien estará conocer la identidad de unos y otros, para lo bueno y para lo malo. Aquí se detiene la transparencia, o mas bien, aquí arranca la oscuridad.
No es cuestión de legalidad. Es cuestión de moralidad. Me sorprende y preocupa que voluntariamente los diputados que se benefician así, de medios técnicos o de asesores, no faciliten su identificación, dando un paso adelante y confesando si utilizan tales beneficios parlamentarios.
Si existen esos beneficios es que son lícitos y por ello no debe ser vergonzoso identificar a los beneficiarios, salvo que existan intereses inconfesables. Salvo que tengan algo que ocultar. Salvo que hagan su uso para fines particulares. Salvo que hagan un uso abusivo. Salvo que se demuestre que son beneficios que no se precisan para la función parlamentaria.
Cuando la opacidad parlamentaria entra por la puerta, su credibilidad salta por la ventana. Y si la mayoría de los diputados han renunciado a esos beneficios… ¿por qué este “bloque de justos” no impulsan y se ponen de acuerdo para impedir que la minoría se escude en la protección de datos o para imponer que se condicione el disfrute de los mismos a facilitar la identidad?
Y es que, como me enseñaron en la facultad, una cosa es la prerrogativa, o facultad inherente al ejercicio de un cargo y otras un privilegio, una condición exclusiva vinculada a la persona y que es propia de tiempos feudales felizmente superados.
No hay lugar en el Estado de Derecho para privilegios ni tampoco para parlamentarios que ensucien tan noble condición.
Desde luego, personalmente no me considero representado por quien me oculta tan elementales datos, pues coincido con aquello que decía Tierno Galván con lucidez que “los políticos tenían que tener los bolsillos de cristal”.
No sé si la culpa la tienen los partidos políticos que no controlan a sus parlamentarios o si la tiene la Mesa del Congreso o si son nuestras leyes que atan perros con longaniza. Lo cierto es que como decía Hamlet, “algo huele mal en Dinamarca”.
España es una inmensa montaña de corrupción y el votante lo apoya. De hecho el partido más corrupto de la CEE está a punto de formar Gobierno.
Sin duda que se ha banalizado la política a base de la universalización de la figura del idiota moral, tan presente en todos los niveles sociales.
Y lo que nos queda por ver. Da igual, los viejos y los nuevo son iguales.
Hay mucho trabajo que hacer con las nuevas generaciones.
Este es un tema interesante. “dato personal”.
Curiosamente en todas las administraciones se «estira» la ley de protección de datos «personales» relativo a las personas físicas, tapando a todas las «personas jurídicas».¿Tiene justificación esta interpretación?.
Catastro el primero, impidiendo el acceso a los datos de los propietarios de Bennes Inmuebles aun cuando se trate de Sociedades (personas jurídicas).
Entiendo que la ley protege a las personas físicas, pero aquel que representa jurídicamente a una sociedad (partido político) admite por sus actos que su nombre sea públicamente asociado como representante de la forma jurídica.
De no ser así, el registro mercatil ¿Está cometiendo un delito cuando «vende los datos» jurídicos de las empresas?
nada sorprende! ante la negativa por parte de la delegación del gobierno de impugnar una actuación municipal ilegal, en base al informe emitido por la abogacía general del estado, solicité copia de dicho informe. la respuesta: no se da acceso porque se trata de una comunicación interna abogacía-delegación. ahí, con un par!
Gracias, Sr Chaves. A ver si un día de estos nos dedica un escrito al deporte nacional: el enchufismo
INTERESANTE PROPUESTA. Para aderezarlo aporto dos datos: un enchufado firmó sin ser competente el informe técnico de la licencia de desmantelamiento de la CENTRAL NUCLEAR DE ZORITA y otro hizo lo mismo para la licencia de obra de la CÁRCEL DE ESTREMERA en dónde mora el palafrenero de Esperanza Aguirre, don Paco Granados
Hecho, aunque ya hablé de ese fenómeno en mi ultimo libro de Los diez pecados capitales de los empleados públicos, donde hablé del nepotismo, clientelismo, recomendaciones, peloteos y enchufes análogos😃👍
Hola JR,
Hay veces que uno no se puede aguantar, verdad??? Tanta desfachatez en pleno siglo XXI y en una democracia consolidada, como tantas veces y tantas voces se levantan para autocomplacencia por esos hacedores de democracia· y sin embargo nos ponen estos desayunos inaguantables. Esto por una información tan sencilla, simple y tan banal. Ya sabemos todos lo que puede pasar con informaciones más calientes .
Pero de esa noticia yo preguntaría; ¿son los propios parlamentarios quienes deciden no darla o simplemente es alguién administrativo-funcionario el que decide no darla y se ampara en un criterio proteccionista es decir con un ejemplo: han puesto un segurata al que le han dicho verbalmente tú no dejes pasar a nadie por motivos de seguridad ( sin haber esos motivos ni estar escritos)
Creo que me explico
Gracias en cualquier caso por sacar a la luz lo que nos saca de nuestras casillas y si se necesitan firmas y compromisos para poner luz y taquígrafos permanentes me dices.
Saludos,
carlos
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Estupendo enfoque el de la «guardia pretoriana» que a veces maniata el sentido común😃
Asuntos tan banales como el hecho de que quienes se dicen paladines de la unidad de España pacten con independentistas y, además, bajo cuerda. Y podría seguir y seguir sobre la ‘banalidad’ de esta gentuza…
Buenos días:
Quizá el escudo de los datos de carácter personal se desacralice, como parece que está pasando con las injurias/calumnias «versus» libertad de expresión ( a pesar de taras como la «ley mordaza»), de mano de jueces y fiscales verdaderamente independientes. Pero para que esto suceda en el ámbito de la tranparencia, quizá debeira arbitrarse una suerte de justicia gratuita y sin costas que disuadiera a los poderes públicos de tan groseras conductas.
Si es que en España, desgraciadamente como dice un buen amigo mío, el político o la autoridad que no coloca en un buen puesto a su cuñado, sobrino, primo, etc,… es que no tiene corazón.
Sin embargo como dice don José Ramón el fenómeno del enchufismo, clientelismo, nepotismo, etc,… no tiene cabida en el Estado de derecho o mejor dicho no debería tenerla.
Todos estos y más hechos no son más que anécdotas de las consecuencias del funcionamiento de nuestro sistema político y democrático de derecho.
Por tanto, cabe concluir con ese secreto a voces que todos sabemos y que muchos no dicen, porque no les interesa, que en España tantas y tantas veces no se cumple la ley,…
Más de lo mismo:
http://hayderecho.com/2015/06/12/el-consejo-de-los-diputados-no-quiere-ser-transparente/
http://hayderecho.com/2016/04/07/el-congreso-de-los-diputados-no-suelta-prenda/
José Ramón, ahora que no nos oye nadie, ¿de fverdad crees que vivimos en un Estado de Derecho…?
Venga hombre, que ya eres mayor.
Se podría decir que hay tres niveles: Estado de Derecho, Estado de Hecho y Estado de Deshecho.
Pues Ramiro, claro que «creo» y creer supone tanto vivirlo como luchar por él. Ni una persona deja de serlo porctener defectos ni el Estado de derecho deja de serlo por existir patologïas, errores o rufianes. Un Estado de derecho no es Utopia ni disneylandia sino un Estado con mecanismos para reaccionar frente a los desajustes.. Y los hay; por lo menos así lo pienso, y creo que ya soy mayor y experimentado para afirmarlo con fundamento,
Estimado sr. magistrado, perdóneme la retranca pero…
…¡bienvenido al mundo real!
Somos millones (seguramente) los ciudadanos que nos damos o hemos dado de bruces contra ese oscurantismo que abunda en la Administración y que nos deja indefensos en la reclamación de nuestros derechos ante esa misma administración, ante otra o ante terceros.
Tiene usted razón, esto debe de ser un estado de Derecho, porque seguramente tiene resortes y contrapesos para que se enderece lo que proceda. Pero, cuando uno va de resorte en resorte y de contrapeso en contrapeso, viendo que no consigue nada en vía administrativa y que ya sólo le queda la contenciosa, con sus costes, dilaciones e incertidumbre sobre el resultado…
Déjenos, al menos, permitirnos la pequeña satisfacción de proclamar, de vez en cuando y a modo de desahogo, que esto no es un estado de Derecho, aunque ya sé que a sus oídos eso sonará cuasi-delictivo.
Yo también aporto un caso reciente en la administración local:
ante una petición mía de información, dicen que no he concretado, que me han notificado un requerimiento para concretar la petición y, ante mi silencio, me aplican el artículo 19.2 de la Ley 19/2013 (Ley de Transparencia), sin haberme realmente notificado nada, de modo que resuelven que se me tiene por desistido. Hecha la Ley, hecha la trampa.
Luego te exigen la prueba diabólica: demuestre usted que no se produjo tal notificación.
Sólo les ha faltado poner: «Hala, váyase usted a tomar por saco».
He pedido ver todo el expediente de mi solicitud. ¿Hacemos apuestas sobre cómo sigue el culebrón?
No olvidemos que vivimos en democracia y tenemos las leyes que merecemos y permiten muchas patologias y barbaridades que soy el primero en denunciar.
Quizá habría que comenzar por arriba del todo, pero es muy impopular. Imagino cual sería respuesta del Gobierno si cualquiera preguntara oficialmente cual es el coste total (no sólo la asignación presupuestaria a la casa real) del mantenimiento de toda una familia que goza del mayor privilegio feudal, no ya como condición exclusiva vinculada a la persona, sino a toda la estirpe presente y futura in eternum. Esta misma semana pasada el rey emérito ha estado en fiestas de Bilbao, junto con su hija mayor y su nieto Froilán cuando menos. Podemos discutir sobre lo que ha salido de su bolsillo (llenado previamente con parte de la asignación que a escote pagamos todos) pero ya os aseguro que el coste del despliegue de seguridad de policía autónoma y local en los toros (por poner un ejemplo real), tanto uniformada como de paisano, no se descuenta de la asignación a la casa real sino que son aportaciones adicionales también a escote, en este caso de vascos y bilbaínos, sin habérnoslo preguntado antes y solo para mayor tranquilidad, gozo y solaz de tres personas a las que tocó la lotería en el 78, de una vez y para siempre. Tampoco salen de la asignación de la casa real los gastos de la infanta Elena cuando va como delegada a los juegos paralímpicos (pongo por caso) nuevamente nombrada a dedo por el mérito de su nacimiento.
Eso y más democráticamente insostenible, pero el mero comentario es herejía y te dan por todas partes.
Dentro ya de los parlamentarios creo que merecería capítulo aparte el Senado, auténtico jarrón chino con un coste de mantenimiento estratosférico. Uno con el que estuve decía que más que senador era Cenador, teniendo en cuenta lo que mayormente hacía. Me contó un viaje de 15 de ellos a supervisar las elecciones de Sudáfrica (creo recordar) a gastos pagados y por todo lo alto. Nada o poco de esto se sabe en general.
Sobre el Estado de Derecho hay muchísimo más que decir pero no es el momento para alargarnos. Simplemente, desde el respeto y la admiración va mi discrepancia con el blog master. No diría tampoco como Fernando (con el mismo respeto) que sea un estado de Deshecho o de Hecho. Yo lo llamo Estado Mediocrático de Derecho, sobre todo porque como democracia ésta aun está en el camino (no diré a medias pero le falta trecho). Pero también porque los medios aun tiene mucha incidencia en la culturización-desculturización y en la política.
Eso sí, estoy con Sevach en que hay que seguir luchando, cada uno en su parcela, por lograr las más altas cotas de democracia y bienestar.
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