Con el pretexto de la conmemoración de la fiesta de la Constitución española, llevamos unos días en que la cantinela de la televisión, radio y medios de comunicación en general es la reforma de la Constitución. Todos a opinar sobre lo que hay que negociar y reformar, lo que se puede y lo que no se debe tocar.
Me sumo a la algarabía jurídica solamente para conducir en dirección contraria por esa autopista de debate que me resulta ahora completamente inútil, por no decir, una maniobra de distracción de los auténticos problemas jurídicos del país.
No seré yo el que diga que la Constitución es perfecta e inmutable y coincido con el profesor Muñoz Machado en su espléndido artículo periodístico en que revisar el modelo de Estado autonómico es prioritario, pero me parece especialmente brillante el fragmento final que encierra una recomendación tan simple como sabia: “Hay que pensar, preparar soluciones y negociar hasta alcanzar el consenso; por ese orden”. He aquí tres claves que sirven para todo en la vida, tanto para la política, como para la profesión jurídica como para las variadas situaciones de conflicto de intereses que nos plantea la vida cotidiana.
Sin embargo, lamento ser portador de la mala noticia de que en este momento todo debate sobre la reforma de la Constitución es estéril y la economía procesal, ahora entendida como economía del proceso de ilusionarse y luchar por grandes cosas, impone olvidarnos de esta cuestión.
En primer lugar, porque creo que el horno político no está para bollos. El actual mapa político de partidos buscando angustiados su espacio, no el más idóneo para tener legitimación para negociar a largo plazo, la potencial reforma de la Constitución. Los cuatro partidos principales de ámbito nacional han demostrado que ofrecen un perfil electoral y otro distinto tras las elecciones; los cuatro partidos han sido incapaces del elemental consenso para formar un gobierno que realmente gobierne, habiendo impulsado a dos elecciones generales con una forzado gobierno frágil y de corto horizonte temporal; los cuatro partidos, aunque unos con mayor grado que otros, demuestran crisis de identidad (quién soy, donde voy, qué programa defiendo…).
En suma, para negociar las bases de una reforma constitucional se precisan partidos políticos estables, con credibilidad y con bases electorales fieles y no oportunistas (“la donna elettorale e mobile”). Y nuestros políticos precisan mayores dosis de consultoría política, esto es, formarse en el arte de gobernar más, mejor y para el pueblo.
En segundo lugar, porque creo que el movimiento de consenso se demuestra andando. Y la mayor prueba sería el consenso político en la reforma de la ley electoral.
El vigente régimen electoral plasmado en Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral, revienta por las costuras, porque distinta es la base de población (cambios demográficos, inmigración, tensiones sociales, etc) y bien estaría demostrar que se puede negociar una nueva ley electoral, que arrojase un resultado electoral de partidos políticos y gobernantes que tendría plena legitimidad para negociar la reforma constitucional.
En tercer lugar, porque creo que las auténticas preocupaciones del ciudadano no pasan por el parto de los montes en que se convertiría esa reforma constitucional a la vista de lo que se maneja. Y es que parece que el punto de partida se apoya en el informe del que fuere extraordinario Presidente del Consejo de Estado, Rubio Llorente, relativo a: reforma del Senado, inclusión del nombre de las comunidades autónomas, referencia a la Unión Europea y eliminación de la prevalencia del varón en la sucesión del trono.
O sea, la mayor parte consistiría en cambios decorativos y de colorines. Me temo que esas cuestiones ni son graves, ni perentorias ni preocupantes para el ciudadano. Al ciudadano nos preocupa más que se acabe con la crispación política, que Hacienda no ahogue y permita llegar a fin de mes, que se ordene la política de extranjería e inmigración, que la reforma educativa eduque realmente para sobrevivir con esfuerzo y que la sanidad o las pensiones no sean un lujo. Eso sin olvidar los retos de una Constitución para definir que transparencia pública queremos y los principios del uso de las tecnologías de la información.
Por eso, si se quiere demostrar consenso, si se quiere demostrar voluntad de grandes reformas, si se quiere recuperar por los partidos políticos la confianza del pueblo, pues habrá que desempolvar las leyes de armonización (inéditas tras el tropezón de la LOAPA) que permitirían uniformar mínimamente la sanidad, la educación y el urbanismo, con mayoría absoluta de cada cámara. ¿O tenemos que recordar que el art.150 de la Constitución es un cheque sin usar para ser rellenado por la buena fe política:
El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.
Y si se quiere demostrar consenso menos ambicioso, pues apruébense leyes orgánicas en los ámbitos más apremiantes. Ya sé, ya sé… soy cándido o soñador.
Pero no, parece que mejor que utilizar la salida de emergencia del Estado (con consenso serio sobre leyes de armonización u orgánicas) es ponerse a hablar de demolerlo y edificar otro nuevo.
En fin, me temo que si se abre el melón de la reforma constitucional servirá para poco: primero, para tenernos entretenidos a los ciudadanos pensando que se están haciendo grandes cosas; segundo, para que los políticos recuperen la credibilidad perdida; tercero, para que cada negociador intente luchar por meter de rondón sus inconfesables apetencias, como partido, fuerza nacionalista o grupo de presión.
Y aunque creo que hay que luchar por lo imposible (que es fuente de personales satisfacciones), me temo que ya soy mayor para el timo de la estampita, y por eso en su día aludí a que no era malo mantener el candado a la Constitución pese a la seductora imagen de romper las cadenas constitucionales manejada por alguna fuerza política.
En fin, saquemos la sonrisa ya que visto lo visto, sigue vigente mi vieja Poesía sobre la crisis del poder público.
¡Buen “puente”!… al que lo haga…
Lúcido análisis. Efectivamente, bastaría con cumplir la Constitución y utilizar debidamente los instrumentos que prevé para solventar los problemas planteados. Pero para eso hay que tenerlo claro y querer hacerlo. La palabra «armonización» crea muchos sarpullidos y alergias, cuando la competición consiste en diferenciamos artificiosamente del vecino lo máximo posible.
Gran artículo Sevach
Yo también echo de menos que alguien ponga encima de la mesa lo que dice el profesor Múñoz Machado en su magnífico artículo que citas de ayer que coincide con lo que decía Antón Reixa el cantante de Os Resentidos en un programa que tenía en la televisión gallega en que llevaba a unas mujeres «las incansables de Cangas» que habían encabezado una revuelta contra el Alcalde de dicha localidad por la subida catastral; el cantante decía «Estamos en guerra, pero hay que reflexionar».
Yo tampoco niego que haya que reformar la Constitución en algunas cuestiones, sería absurdo, pero que no nos cuenten películas, que ninguna reforma constitucional va a arreglar lo que la mala gestión política no ha arregado en estos cuarenta años.
A ver si ahora vamos a pensar que la reforma de la Constitución va a a traer por arte de magia una sociedad más justa e igualitaria, en la que vamos a vivir muchos más años y con mejor bienestar.
A mí me han llegado a decir que si España se convierte en una república, se acabaría con la corrupción; cosas oiredes, Sancho…
Buena semana a tod@s
Creo que en estas dos líneas has resumido perfectamente el asunto:
«…ninguna reforma constitucional va a arreglar lo que la mala gestión política no ha arregado en estos cuarenta años.»
Y me atrevo a decir, que corremos el riesgo de ir a peor con esa eventual reforma.
Se debe ser muy ambicioso, empezando por consensuar/legislar/dotar de recursos para que el Poder judicial (en su conjunto) y el Tribunal Constitucional alcancen los parámetros de excelencia requeridos en un estado de derecho occidental.
Una servidora se conformaría con que de verdad se cumpliera la Constitución, antes de ponernos a reformarla.
Que los derechos fundamentales, todos los del Título I, lo fueran de veras.
Que la separación de poderes fuera una realidad.
Que hubiera medios para lograr una Justicia verdaderamente independiente y eficaz.
Que de verdad la remuneración por trabajo fuera suficiente para satisfacer nuestras necesidades y las de nuestras familias.
Que la justa distribución de la riqueza fuera objetivo de la planificación económica.
Creo que nadie puede llamarse constitucionalista sin previamente asumir ese espíritu constitucional…
MUY BIEN, Sofia.
España es el país de los intereses creados y eso va en nuestro ADN. Los reyes ofrecían privilegios para que la gente se asentara durante la reconquista en ciudades fronterizas inseguras, pero años después cuando la frontera estaba 500 kms mas abajo y había paz, a ver quién es el guapo que quitaba esos privilegios. Nuestra historia es la de grupos defendiendo cada uno lo que le va bien, sin importarles un eventual superior bien común. Con la ley electoral, con la Constitución y con tantas otras cosas pasa lo mismo. Siempre seguirán enrocados quienes se benefician de la situación actual, porque no hay, ni habrá, altura de miras, generosidad y sentido de estado. El consenso de la transición 1975-78 se produjo sólo porque en realidad nadie sabía lo que podía pasar ni tenía una posición clara de ventaja, estaban todos mas o menos igual. A partir de ahí, en cuanto el panorama se consolidó y se vió quien la tenía, volvimos a lo mismo de siempre.
Saludos
Me permito señalar que la CE recoge en su art. 167.3 la posibilidad de que cualquier cambio en la Constitución sea consultado por los españoles si así lo solicita el 10% de los diputados o de los senadores. Una fórmula que Unidos Podemos está dispuesto a utilizar.
NO, EL PROBLEMA NO ESTÁ EN LA CONSTITUCIÓN
Está en quienes sólo conocen o difunden de forma selectiva sus generalidades, ignorando o desdeñando (en general, de forma interesada y muy marcada ideológica y políticamente) su profundidad, entresijos y, sobre todo, los remedios que prescribe (entre otros, el mencionado del art. 150). Incluyamos aquí, entre otros, a partidos políticos, medios de comunicación y gran parte de la población (si bien, ésta última, como víctima, por falta de formación o información).
Está en quienes, habiendo jurado/prometido guardarla y hacerla guardar o cumplirla o hacerla cumplir, la menosprecian, postergan o ignoran. Incluyamos aquí, en mayor o menor medida, a los distintos poderes, Administraciones Públicas y organismos de todo signo y condición.
Y, finalmente, está en quienes, teniendo como «única» función ser sus garantes, defensores y «médicos personales de guardia», traicionando su sagrada misión, la abandonan a su suerte, dejan sin atender (durante años y años en «lista de espera») y despojan o devalúan de contenido (sea con el artificioso establecimiento previo de formalidades/ formalismos exagerados, sea con la realización interpretaciones absurdas, sea con su indecente pasividad e indefinida demora, sea, pura y simplemente, con la perversa devolución de favores a quienes les ha/n designado), haciendo con ello que quede desacreditada, desvalida y herida de muerte. Incluyamos aquí a nuestro Tribunal Constitucional. Aclarando que los Tribunales ordinarios, en sentido estricto, no pertenecerían a este grupo, pues si bien su importancia es capital, su función no se limita a la defensa de la Constitución, son tributarios de la doctrina ya fijada por el Constitucional y los problemas interpretativos que le surgen son planteados a éste a través de las cuestiones de constitucionalidad.
PERO, YA SE SABE QUE ES MÁS FACIL DESPEDIR A UN ENTRENADOR QUE A TODA LA PLANTILLA.
Nuestro politicods actuales ni tienen talante ni talento para tan ardua misión. Mas preocupados por mantener sus puestos en las listas o en otros menesteres tocando presupuesto, poco les importa lo que le suceda ni al pais ni menjos aun a sus conciudadanos; y lo digo desde la experiencia de haber estado militando en uno de los partidos emergentes reformadores con nuevos aires que, desgraciadamente, una vez escarbas un poco, más de lo mismo; «lideres» por calificarlos de alguna manera que sólo han buscado beber en otras fuentes porque las que tenían próximas ya estaban secas. Evidentemente, ya no milito.
A lo dicho por Sevach y los comentarios anteriores, que me parecen acertados en general, añado algo que flota en el aire: corremos el riesgo de ir a peor con esa eventual reforma.
Creo que -con todas sus flaquezas- la Constitución ha funcionado razonablemente bien, y eso se debe en gran parte a que (y expreso mi opinión) los padres de la Constitución y toda la clase política de la Transición tenían mucha más honestidad y altura y lejanía de miras que los que ahora ocupan escaños en ambas cámaras, y lo digo de todo el espectro político.
El cortoplacismo y la miopía, por no decir la corrupción y la codicia, imperan en la política actual. Con esos mimbres no se puede reformar una Constitución.
Como dice Sevach, los políticos tienen mucho que demostrar antes que abrir un melón como es la Constitución.
No obstante, creo que los más beneficiados una tal eventual reforma (aunque sea mala o salgan como el Rosario de la Aurora) son los partidos de nuevo cuño, que han prometido a sus parroquias modificar profundamente el sistema político y con ello podrían justificar su ineptitud en muchas otras áreas.