Ese es el cruel pensamiento (incluso algunos lo confiesan a los íntimos) que anida en la mente de ciertos prebostes políticos o altos funcionarios, que tienen ocasión de formar parte de Tribunales calificadores de oposiciones, o de decidir el diseño de la convocatoria, y que revela la inquina personal (de raíz ideológica, profesional o competitiva) y prejuicio respecto de algún aspirante.
Ese odio se plasmará en que, si llega el día (que como dice Corleone a Bonasera en El Padrino, “y puede, que nunca llegue ese día”), pues el malvado (o una marioneta suya) se ensañará con el aspirante caído en desgracia que será condenado al suspenso o eliminación del procedimiento selectivo.
Viene al caso, tras ser noticia que el Juzgado de lo Penal nº 1 de Cáceres ha condenado a dos años de prisión y a otros 12 de inhabilitación para empleo y cargo público a la presidenta de un tribunal de oposiciones de Secundaria en Extremadura en 2010 por destruir exámenes e impedir que un aspirante obtuviera la plaza.
1. La crónica periodística de la felonía es clara, pues tras exponer la rivalidad profesional entre dos profesores resulta que:
Cuatro años después, ambos profesores volvieron a cruzar sus destinos. Ahora, el jefe de departamento era aspirante a opositor y la entonces profesora a sus órdenes era la presidenta del Tribunal. Para la juez del caso, la actuación de ella fue “decisiva en la determinación de las calificaciones y a la hora de establecer los criterios de valoración, modificando los de la convocatoria”. Además, le quitó un punto al aspirante por una “justificación peregrina” no contemplada en la convocatoria. Y por si fuera poco, queda probado en la sentencia que la examinadora destruyó los exámenes del opositor con el fin de que no se pudiera comprobar “si la valoración del examen de este opositor fue justa”.
La presidenta del tribunal le había puesto la nota más baja de todos los opositores que se presentaron al examen y decidió llevarse para su estudio la programación entregada por el mismo “aún sabiendo que no era ella a quien correspondía, y, sabiendo además, que había sido recusada por su autor”.
Además, a la presidenta del Tribunal no le correspondía corregir una de las pruebas del aspirante y sí a otro miembro del Tribunal, pero lo hizo “de forma consciente, voluntaria y se presume que con ánimo de influir en el Tribunal a la hora de calificarla”. Una vez terminado el proceso de selección, “a propuesta de la acusada se decidió y procedió a la destrucción de los exámenes” y ello “pese a la base de la convocatoria, que obligaba a que toda la documentación del concurso oposición debía depositarse y quedar bajo la custodia de la Delegación provincial de Educación”.
Bien está el ejemplar castigo penal, pero hay cuestiones de fondo que merece la pena resaltar.
2. Por un lado, consta que en vía administrativa se denegó por la Junta de Extremadura la recusación de la presidente del tribunal calificador pese a los sobrados indicios de enemistad. Es cierto que la jurisprudencia es restrictiva al estimar recusaciones, pero existiendo infinidad de candidatos para sustituir a los miembros del Tribunal calificador, con carácter general deberían reducirse las exigencias de prueba y de intensidad de la inquina con el fin de robustecer la imparcialidad (al fin y al cabo la “enemistad manifiesta” plasmada en el actual art. 23 c, de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, no es “enemistad intensa” sino “enemistad evidente”, que es muy distinto).
Creo que bajo la fuerza de los principios de transparencia e imparcialidad se impone una reorientación jurisprudencial, al menos en el ámbito de procesos selectivos, que sin comportar la automática exclusión del vocal del Tribunal calificador con desavenencia respecto de un aspirante, al menos excluya los casos de patente desencuentro y ojeriza.
3. Por otro lado, es denigrante y maligno suspender a quien no lo merece, pero lo auténticamente grave es cuando el malvado que ostenta poder en la administración “actúa en la fuente”, esto es, no participa como miembro del Tribunal calificador (salva las apariencias) pero lo que hace es influir más sutilmente en el diseño de la convocatoria y de los ejercicios para favorecer al amigo o hundir al enemigo.
Por ejemplo, se prima o minora la valoración de unos u otros méritos en la fase de concurso.
O bien se establece una fase de “defensa de memoria”, “entrevista” o examen oral de valoración altamente discrecional.
O bien se nombra para el Tribunal a alguien que es de su plena confianza (al estilo como se zanjó el conflicto entre Tomás Becket y el rey Enrique II de Inglaterra y que conduce al asesinato de Becket en la Catedral por algunos nobles que escucharon la queja del monarca: “¿no habrá quien me libre de este clérigo enredador?”).
El resultado de cualquiera de estas vías será la “crónica de un suspenso anunciado”. Se ha repetido hasta la saciedad.
4. Las vendettas en el acceso al empleo público no son inusuales. A veces es el político (“mal político”) que impide al funcionario díscolo o rival la promoción interna, el acceso al puesto o plaza apetecida. A veces es el compañero (“mal compañero”) que compite con otro y le bloquea o zancadillea. Un semillero especial para cruce de navajas es el universitario donde la disputa de Cátedras o plazas se somete a esa mezcla explosiva que es la competitividad con la soberbia, aderezada con el maniqueísmo de escuelas y grupos.
Y he asistido de cerca, tras amplia experiencia en varias administraciones, a oposiciones y promociones internas en que podía pronosticar quien triunfaría y quien estaba condenado de antemano, solo a la vista de determinados integrantes del tribunal. Y es que, como Felipe II, algunos opositores “luchaban contra los elementos”… no contra los “elementos” atmosféricos, sino contra los “elementos” humanos negativos.
5. Y como no, también está el problema de la complicidad involuntaria de la justicia, porque las medidas cautelares de apartar miembros del Tribunal calificador que son recusados, o para paralizar procedimientos selectivos ante irregularidades, no suelen aplicarse, aunque todo hay que decirlo, siguiendo la jurisprudencia del Supremo que suele otorgar interés general prevalente al interés general en que prosiga el procedimiento y ya se reparará el desafuero mas adelante.
En suma, que en el caso comentado, alguien pagará sus culpas, pero me temo que ha habido muchos Jack “destripadores de oposiciones”, que se han ido de rositas, y muchos otros que se irán en el futuro. Como se irán libres no solo los miembros de los tribunales calificadores corruptos sino las autoridades que toleraron o ampararon su participación. Triste pero real.
¡Cuántos buenos opositores jamás sabrán que su suerte estaba echada de antemano! Y es que el planeta de las oposiciones no resulta aún habitable con plenitud de garantías…
Con miles de casos como éste, a la administración no acceden lo mejores sino los mejor posicionados de antemano. Consecuencias bien graves: incompetentes por doquier, prevaricación a la carta y favores pendientes.
Viene bien la introducción de la referencia mafiosa.
Hay Diputaciones provinciales y Ayuntamientos que claramente ponen de manifiesto quien ha mandado y quien ha manipulado las pruebas selectivas.
Pero no sólo son las administraciones; también alcanza a entidades cruciales como el Tribunal de Cuentas y otros. Incluso el pasteleo entre el PP y el PSOE con la renovación del TC permite entrever la metástasis de esta «cultura».
Pues no he podido si no verme reflejado, dado que llevo desde el 2001 tratando de que se repita con garantías una oposición declarada nula por el Supremo, como bien sabe el gestor de este gran Blog.
Y que a partir de aquella, todo derivo en casos similares, con amenazas al que subscribe de los mas altos cargos en materia de Empleo Púbico, que implicaron la intervención de la Institución del Defensor del Pueblo, del Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad, con la correspondiente denuncia en Bruselas, y de diversos recursos que aún hoy están sub iudice ante el TEDH.
Especialmente identificado en el caso de la «nota mas baja de los presentados».
Como dice un clásico «A luita continua»
PD. Me alegra enormemente ver que de las sentencias de «conjeturas de los demandantes» hemos pasado a las de «actuaciones sangrantes de la Administración autonómica». Nunca es tarde si la dicha llega.
hola PLAVI, yo empecé mi lucha en 2011 y pensaba que seis años eran demasiados para la duración de un proceso pero ya veo, comparándome contigo, que acabo de empezar. Mi caso también es sangrante. Habiendo pruebas manifiestas en el expediente de que me suspendieron intencionadamente para aprobar a los enchufados aplicando diferentes criterios de corrección, en primera instancia el juez aplica la doctrina de la discrecionalidad técnica. En segunda instancia consigo, algo es algo, que el tsjex ordene repetición de la prueba porque no dieron los criterios antes del examen. He vuelto hacer un excelente examen, aunque los criterios nos lo dieron esta vez junto con el examen(no antes) y si el tribunal calificador me vuelve a suspender y aprobar a los enchufados deberé comenzar un nuevo proceso porque increiblemente se dió por ejecutada la sentencia antes de repetirse la prueba. No he conseguido mi readmisión como interina hasta que el proceso finalice y las plazas sean ocupadas por los funcionarios de carrera a pesar que el fallo anula la resolución de los nombramientos de los inicialmente aprobados y los ceses de los interinos que ocupabamos la plaza, y a pesar que ordena una retroacción de actuaciones al momento anterior del examen. Los inicialmente aprobados en el proceso anulado llevan años ocupando las plazas con nombramientos nulos y sin contrato laboral alguno, pero la jurisdicción penal a la que recurrí archivó provisionalmente porque decía que era un asunto de lo contencioso…también tengo abierto un asunto patrimonial…y lo peor de todo es que estoy sola en todo esto, a pesar de que hay otros interinos y los demás opositores que se han beneficiado de otra oportunidad, nadie quiere poner su grano de arena.
Pero como tu dices voy a seguir luchando y estoy pensando en crear una plataforma, asociación o fundación para apoyar a opositores en luchas como las nuestras y sobre todo exigir responsabilidad a los tribunales calificadores que siempre se van de rositas amparados en la discrecionalidad técnica…
Se publicó en la prensa, y nadie lo ha desmentido, que de los 700 empleados públicos del Tribunal de Cuentas, MÁS DE UN CENTENAR SON FAMILIARES DIRECTOS de los altos cargos del organismo.
Vamos, que es una «empresa familiar».
Por no hablar, que también, de que una buena parte de los simples auxiliares y/o administrativos figura como TÉCNICOS INFORMÁTICOS (sobre todo los enchufados), lo que le supone una nómina mucho más elevada. (Al parecer entienden por «técnicos» a esas personas que saben manejar ese artefacto diabólico llamado ordenador…, al nivel de un simple usuario, y poco más).
¡Pero que se joda el contribuyente, que para eso está!
Y como el reverso de la moneda, más común seguramente que el afán de perjudicar a un candidato, está el de favorecer a un candidato predeterminado en la provisión de un puesto. En estos casos el procedimiento selectivo suele arrancar porque existe un interés en alguien, más que en la propia cobertura del puesto, y este interés se plasma con la propia génesis y contenido de las bases de convocatoria para «enconsertar» al tribunal de selección -si fuera preciso-. Muchos de estos casos no son tan burdos y efectivamente puede existir una apariencia de legalidad en el actuar administrativo quedando casi como única posibilidad la alegación de la desviación de poder, intentando anudar un indicio con otro hasta poder «visualizar» todo el panorama en su conjunto. El problema es la dificultad de sacar adelante un procedimiento por este exclusivo motivo, aunque a veces se consigue.
Saludos.
casos burdos: las plazas de profesores titulares en los departamentos de universidad. NO hay necesidad hasta que «en la casa» no hay candidato «idóneo»
Pensaba que íbamos a hablar de administraciones serias, no de casas de lenocinio…
¡Buff!!!! Este ha salido a flote , pero cuántos habrá que se callan esperando mejor suerte en la próxima oposición
Lo he comentado alguna que otra vez, hasta que algún juez de lo social o de lo contencioso no remita los expedientes de los indicios de “enchufe” a la fiscalìa por prevaricación, tràfico de influencias o corrupción, no habrá nada que hacer y, mucho menos, si aquel que ha accedido a la condición de empleado público lo ha hecho a través de una sentència por haber sido contratado en fraude de ley. El propio político y el propio empleado son los máximos beneficiarios de esta jysticia de lo social
He trabajado en la fiscalía como fiscal sustituto, y yo no tendría tanta confianza en los buenos oficios de la fiscalía, más empeñada en perseguir a los roba gallinas que en estos casos, realmente sangrantes…
Hacen falta bastantes conocimientos de derecho administrativo para «ver» la prevaricación, aparte de ganas de verla, naturalmente, y la mayoría de los fiscales no andan sobrados de conocimientos del derecho administrativo, entre otras razones porque escasamente se exigen para ser fiscal.
Con honrosas excepciones, por supuesto.
¡Ciudadanos! los vientos están soplando a favor del control y la responsabilidad. Esta sentencia penal es inédita, ha habido antes un juzgado instructor que ha admitido la querella (pero la suerte de las querellas contra órganos de la administración incursos en patentes arbitrariedades no suele ser esta deriva en condena sino que con frecuente apoyo de los fiscales, cómplices de la podredumbre, van a la papelera no obstante su fundamento). Ha habido un instructor justo y un juez penal justo. Esto es excepcional. Pero sin duda hay una «contra ofensiva» de la responsabilidad y pronto veremos muchos altos cargos de la administracion y jueces quebrantadores ambos de sus obligaciones, respondiendo de sus actos.
Nemesis la diosa de la justicia retributiva parece que se ha acordado de nuestro mundo.
Y no es un indicio sólido de desviación de poder que se sepa de antemano quién va a sacar la plaza aunque haya cientos de aspirantes? Eso en la gran mayoría de procesos de selección de Oferta Pública de Empleo, en promoción interna la probabilidad es del 99%… Deberíamos jugar mas a la Lotería, tenemos buena intuición 😉
Es un tema tratado con maestría por J:R.Chaves, que, desgraciadamente, sigue siendo actual, lo que implica que a la Administración pública, al parecer, no siempre entran los más preparados, sino los que, presuntamente,, están mejor apadrinados, aunque por fortuna, de vez en cuando, los tribunales hacen justicia, como es en el supuesto del caso expuesto. .
Fdo.: Julio Planell Falcó, Abogado, Colegiado 2044 del ICACS.
Buenos días y Feliz Navidad:
Es penoso. Siempre la fechoría se hace en el ejercicio práctico. Es tan burdo cómo lo hacen.
Lo sorprendente es que con el gran nivel de los Magistrados la inmensa mayoría de las Sentencias son desistimatorias. Si estiman no pasa nada, porque nadie tiene responsabilidaf, se crea plaza bis, los enchufados siguen con su plaza y la nueva plaza la pagamos los contribuyentes).
En general las Sentencias suelen tachar al recurrente de conjeturar (sin darte siquiera la posibilidad de la práctica de una prueba pericial judicial que ayudaría a demostrar la fechoría a pesar de que haces un análisis comparativo en la demanda que ya es indiciaria de la fechoría en la correccion).
De vez en cuando, te dan la razón (en general en el TS) y muchas veces sólo para que motive el Tribunal Calificador tú nota (por mi experiencia, la motivación suele ser una nueva fechoría, a mi me llegaron a aprobar en un acta los criterios de corrección CINCO AÑOS DESPUÉS DE CORREGIR LOS EXÁMENES y no pasó nada…El Juzgado dijo que estaba Ok).
Hacen las fechorías y no pasa nada.
La Sentencia es dos años de cárcel con lo que el delincuente ni entra en prisión… Probablemente seguirá en su puesto de funcionario.
Es penoso.
Saludos
Alcalde conozco que a los funcionaríos interinos que opositaban para adquirír firmeza les decía: «ya me dirás quien quieres que esté el el tribunal»
Menos mal que los interinos están al borde de la extinción -ver las dos sentencias del TSJIBalears sobre convocatorias de policía interino- Los caciques de Alcaldes y sus secretarios mercenarios exprimen la ley hasta asfixiarla ¿Por qué interinos y no de carrera, de salida?
Este páís extraño y el Estado Democrático son totalmente incompatibles. Lo que me sorprende es que haya comentaristas que crean en el denominado Ministerio Público, cuando no es ni una cosa ni la otra. Gracias, una vez más, Señoría, por el sólo hecho de existir.
Quizás se entienda mejor todo esto y otras muchas cosas si aceptamos la realidad de los tres Estados vigentes en España: de Derecho, de Hecho y de Desecho.
Y como apoyatura empírica: España como país crónica y estructuralmente corrupto.
De acuerdo con usted.
Se puede decir más alto, pero no más claro.
El Ministerio Público debería llamarse EL MISTERIO FISCAL.
Probado queda que la prevaricación existe, entonces pues. ¿algo estará cambiando?
Al menos es una esperanza de que algún día se pensará al revés y sea el «dolo-roso» quien tenga que acreditar que fué un error material, despejando él mismo la sombra de voluntariedad.Pues este mismo tribunal podia argumentar que no se aperecia el dolo y que la mera enemistad no era argumento penal, etc…
Cuando un particular solicita una licencia administrativa se encuentra en una especie de tribunal y si la moneda sale cruz es muy difícil levantarla. Si se levanta es imposible, hasta ahora, que sea penalizado penalmente por más que los hechos demuestren dolo, enemistad, error absurdo, etc…
Creo que en esa sentencia competían funcionario contra funcionario. Sigo viendo lejano la prevaricacion en los duelos funcionario-particular. Al tiempo.
Dura lex, sed lex.
Me parece estupenda la condena, y lo único que siento es que sea tan leve…
Felices fiestas a todos, especialmente a Sevach, de quien somos todos deudores, y además deudores morosos.
Felices fiestas para tí, Ramiro y para todos los que seguimos avanzando.. luego ladramos😄
Lamentablemente esta es la triste realidad, quien denuncia las irregularidades de un proceso selectivo, jamás es bien recibido nuevamente. En Catalunya sucede con las oposiciones a Policia Local , se están denunciando muchos casos pero la justicia por el momento no radica esta «mafia». Esperamos que pronto se haga justicia.
Por desgracia y cómo en todos los ámbitos de la vida siempre hay ovejas negras, y no iba a ser menos en los órganos de selección, lo más triste es que el resto de miembros del Tribunal de selección de Extremadura se dejaran manipular y no fueran capaces de reaccionar, apartar y denunciar a tiempo a la Presidenta.
Creo firmemente que la gran mayoría de los profesionales que forman parte de los Tribunales efectúan su trabajo con imparcialidad, objetividad, profesionalidad y lo más importante con honestidad. Lo más importe, a mi juicio, en un empleado público es esto último la honestidad , tener la capacidad de ponerse en la situación del otro, con independencia de quién esté examinándose, bien sea un aspirante o compañero tedioso o bien maravilloso, más aún cuando los que hemos superado una oposición sabemos el esfuerzo que requiere, esa capacidad de valorar con objetividad para que los seleccionados sean aquellos que mejor han realizado los ejercicios solo así se salvaguardan los principios rectores del acceso al empleo publico, que deben regir siempre la labor y el buen hacer de los miembros de los Tribunales o Comisiones, dejando de lado prejuicios o cualquier injerencia que se aparte del fin perseguido.
Que asco de personal. FUERA DE LO PÚBLICO PERO YA !!!, porque si sale «rana» para esto, es de gran probabilidad que con el tiempo la liará en otro asunto. Resulta cierto el hecho de que en tal proceso la administración tenga ese punto débil, que los «malos» aprovechan para satisfacer sus prejuicios, rencillas o cualquier carencia personal.
Con lo serio que es el asunto, pues uno se deja gran parte de su tiempo, energía, relaciones familiares, amistades… por perseguir el éxito a base de gran esfuerzo en ocupar la plaza ofertada, en consecuencia los controles y condenas deberían de ser muy estrictos y ejemplares, por tratarse de un mecanismo que apunta a algo tan digno, como es un proceso de competitividad, en el que la TRANSPARENCIA debería de ser TOTAL.