Mes: diciembre 2016

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De lo financiero y tributario

Limitación de pagos en metálico a 1000 euros: todos sospechosos

musicoLa limitación del pago en metálico a 1000 euros, dando otra vuelta de tuerca a la baja del límite de 2500 euros operativa desde finales de 2012, es la crónica de otro asalto a las libertades por parte de Hacienda.

No todo vale en nombre de la recaudación. El fraude de unos pocos no sirve para poner bajo sospecha a todos. Un amable lector del blog lo resume espléndidamente: 

La medida supone, como mínimo, un incremento del control de la sociedad hasta límites inadmisibles, un estrechamiento de nuestra libertad e intimidad hasta casi provocar su asfixia y un favorecimiento descarado hacia los bancos (como nuevo e injustificado premio por su responsabilidad en la actual crisis). Resultándome completamente inexplicable (y causándome escalofríos) la existencia de tanto silencio ante tamaño disparate. Acatar dócilmente que se nos imponga (con la excusa de que existe gente que defrauda) cómo tenemos que pagar con nuestro dinero, significa aceptar sin más nuestra condición de “sospechosos” y asumir que nuestra intimidad y libertad quedan reducidas a cenizas. ¿No es esto muy parecido a al sistema de delación existente en la “muy democrática” Alemania Oriental que reflejaba la maravillosa película “La vida de los otros” (Florian Henckel, 2006)?

Lo cierto es que esa medida, que como las malas noticias burocráticas será servida en alevoso Decreto Ley tras las fiestas navideñas, despierta interrogantes preocupantes. Leer Más

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Procedimiento y Proceso

La cuestionable imposición de costas en las impugnaciones de actuaciones presuntas

avestrucesHa de asumirse o acatarse el mandato de la ley jurisdiccional contencioso-administrativa que centra el criterio de imposición de costas en primera o única instancia, al vencido salvo que existan “dudas de hecho o derecho”.

Sin embargo, ello no impide que la conducta silenciosa y pasiva tanto de la administración en el procedimiento administrativo como del particular tenga relevancia sobre esa imposición de costas. Leer Más

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Corrupción y corruptelas

No toda nulidad de pleno derecho conlleva delito de prevaricación

trampaCreo que durante décadas la palabra con mayor capacidad de aterrar a un Alcalde, Consejero autonómico, Rector u alto cargo ha sido la de “prevaricación”. Su mención en una reunión, en un escrito administrativo o en un simple oficio judicial hacía palidecer, temblar o inquietarse al cargo público.

Y es que los altos cargos de la administración, especialmente los políticos con mando en plaza, han aprendido a jugar con el escenario contencioso-administrativo donde frecuentemente se baraja frívolamente con la posibilidad de que la decisión cuestionada se impugne o no, con la posibilidad lejana de que se pierda el litigio y con la posibilidad de que el recurso de apelación o casación se desestime.

Pero si la decisión administrativamente arriesgada finalmente “muerde el polvo” y se cubre bajo el manto de la nulidad decretada con fuerza de cosa juzgada, no suele pasar nada. Se ejecuta o se resiste a su ejecución y llegado el caso pues se buscan otros itinerarios alternativos.

El resultado de la contienda judicial para la administración suele ser tiempo y energías, mientras que los actos administrativos bajo sospecha se ejecutan y desarrollan sus efectos.

De ahí, que los altos cargos cuentan con los recursos administrativos y contencioso-administrativos como percances en el camino de sus objetivos, pero lo que no esperan ni desean es verse envueltos en un delito de prevaricación, que sería un siniestro total, para su decisión y para su carrera política.

Eso explica el uso y abuso estratégico que se hace de la figura de la prevaricación, y la intuitiva equiparación al común de los mortales e incluso para los juristas, entre nulidad de pleno derecho y prevaricación. Sin embargo, la Sala de lo Penal del Supremo recientemente ha vuelto a recordar, y merece la pena constatarlo, que dictar un acto nulo de pleno derecho no comporta la comisión de un delito de prevaricación.

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ContenciosoSobre los empleados públicos

Actualizarse o renunciar al empleo público: un dilema inminente

dualidadEs un tópico aludir al empleo público como territorio donde una vez se pasa la frontera del concurso u oposición, ya se “puede echar a dormir” pues salvo expediente disciplinario o renuncia del interesado, puede llegar el día de la jubilación sin haberse sometido a nuevos exámenes o cursos de actualización.

Es cierto que la inmensa mayoría de los empleados públicos se forman voluntariamente durante su vida profesional, bien personalmente o bien con los cursos organizados por la administración. Tampoco faltan los empleados públicos que superan pruebas objetivas y rigurosas para promocionarse de categoría dentro de la administración. Sin embargo, el sistema permite que el perezoso se enroque en la fijeza del empleo público sin formarse.

Así, algo tan lógico en otros ámbitos, como que las condiciones psico-físicas para conducir un vehículo sean objeto de revisión periódica, cuando se trata de “conducir los asuntos públicos” por empleados públicos, puede darse el caso de una minoría de profesores de Universidad o de centros educativos no universitarios, o jueces o cirujanos de centros sanitarios públicos, o funcionarios de otros ámbitos, quienes tras superar la oposición, optan por no molestarse en formarse ni actualizarse. Y ello con la complicidad del legislador que suele confiar en la voluntariedad de esta adaptación.

Las razones que pueden explicarlo son variadas y muy ligadas a la humana condición, pues los empleados públicos no están libres de los pecados capitales. Algunas explicaciones son fruto de la soberbia (“Ya sé todo lo que hay que saber”); otras de la comodidad (“Ya soy mayor para examinarme o para acudir a cursos”); otras de la falacia (“Ya superé en su día los exámenes”), y la mayor parte de las veces de la avaricia por no existir incentivos (“Si no hay compensación no tengo que molestarme en hacer cursos”).

estudiarSin embargo estos errados planteamientos olvidan que el servicio público no es un “servicio al empleado público”, y que el deber primario del empleado público es la eficacia y prestar su servicio con diligencia y eficacia, o sea, que requiere estar alerta a las novedades de su labor.

Hay ámbitos muy elocuentes. En el mundo académico universitario, el profesor de cuerpo docente (Titular o Catedrático) que opte por no investigar y opte por no actualizarse ni leer o escribir un solo artículo de la disciplina, puede sobrevivir perfectamente con su nómina completa hasta el fin de sus días. Lo mismo sucede en el ámbito judicial donde la oposición superada normalmente en la juventud cierra el paso a la “obligación” de actualización complementaria futura alguna. Y lo mismo ocurre con prácticamente el resto del campo de la función pública donde solamente la “voluntariedad incentivada” bajo el eufemismo de “carrera profesional” provoca que se actualicen los empleados públicos.

Esta reflexión viene al caso al hilo de la reciente Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 28 de Noviembre de 2016 (rec.201/2015) que se ocupa de los requisitos reglamentarios para ser Director de centros públicos de enseñanza no universitaria, en cuanto se imponía como requisito la obtención de una certificación de haber superado un curso de formación para la función directiva; y además que al cabo de ocho años su titular debe realizar y superar un curso de actualización de los contenidos propios de la función directiva. O sea, para ser Director se imponía un requisito de habilidades directivas y dicho curso debería ser actualizado a los ocho años.

No importa el caso concreto pero sí el telón de fondo (el Supremo desestima el recurso planteado por la Generalitat de Cataluña frente al reglamento estatal, en que entre otros argumentos se aducía que el curso tenía vigencia indefinida, sin necesidad de renovación o actualización). E importa el telón de fondo de esta sentencia porque los argumentos de la sentencia bien podrían predicarse de todo empleado público, para promover de forma “obligada” y no “voluntaria” su actualización de conocimientos.

El precio que debe pagarse por la estabilidad del empleo es la obligación de formarse y actualizarse.

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Contencioso

Los abogados ambiciosos

archivo_000-76Como estamos en fiestas, y me lo han pedido algunos lectores, ahí va un brevísimo video con un truco de magia que he titulado “Los abogados ambiciosos”. Se trata de una adaptación al mundo jurídico de un célebre truco de Juan Tamariz (cuyo ingenio y habilidad no puedo emular ni de lejos).

Espero que os guste. Un simple divertimento pues no todo va a ser frío derecho. Ahí va… Leer Más

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Contencioso

Día Mundial contra la corrupción… ¿basta solo un día?

katmaCada 9 de diciembre se celebra el Día Mundial Contra la Corrupción, impulsado por la ONU. El lema de este años es “Corrupción: un impedimento para los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Me parecen estupendas estas celebraciones en cuanto contribuyen a arrojar luz sobre gravísimos problemas, y que requieren que todos caminemos unidos, aunque no dejan de plantearme interrogantes. Leer Más

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ContenciosoRincón del Opositor

El Supremo afea al Congreso y fija pautas avanzadas de control de oposiciones

pille-mentiraLa reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 22 de Noviembre de 2016 (rec. 4453/2015) no solo nos demuestra que la división de poderes está vigente, y que los actos no legislativos del parlamento los puede y debe controlar el poder judicial, sino que encierra valiosísimas enseñanzas y criterios de valor general para todas las oposiciones y concursos. Ojo al dato Leer Más

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Constitución

No me toquen la Constitución

tirado-sansonCon el pretexto de la conmemoración de la fiesta de la Constitución española, llevamos unos días en que la cantinela de la televisión, radio y medios de comunicación en general es la reforma de la Constitución. Todos a opinar sobre lo que hay que negociar y reformar, lo que se puede y lo que no se debe tocar.

Me sumo a la algarabía jurídica solamente para conducir en dirección contraria por esa autopista de debate que me resulta ahora completamente inútil, por no decir, una maniobra de distracción de los auténticos problemas jurídicos del país.

No seré yo el que diga que la Constitución es perfecta e inmutable y coincido con el profesor Muñoz Machado en su espléndido artículo periodístico en que revisar el modelo de Estado autonómico es prioritario, pero me parece especialmente brillante el fragmento final que encierra una recomendación tan simple como sabia: “Hay que pensar, preparar soluciones y negociar hasta alcanzar el consenso; por ese orden”. He aquí tres claves que sirven para todo en la vida, tanto para la política, como para la profesión jurídica como para las variadas situaciones de conflicto de intereses que nos plantea la vida cotidiana.

Sin embargo, lamento ser portador de la mala noticia de que en este momento todo debate sobre la reforma de la Constitución es estéril y la economía procesal, ahora entendida como economía del proceso de ilusionarse y luchar por grandes cosas, impone olvidarnos de esta cuestión. Leer Más

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Procedimientos administrativos

El Supremo rechaza que la administración se beneficie de su falta de diligencia

relojEs sabido que la fecha del Registro de salida del propio órgano no sirve para acreditar la fecha de presentación de unas alegaciones o recursos ante otro órgano distinto. La fecha a considerar será la de entrada en el registro general de este último u otro de los registros idóneos pero ajenos a  los del remitente.

Pues bien, si hace poco comentábamos que el Supremo encarecía las garantías de las notificaciones electrónicas a cargo de la administración ahora da otra vuelta de tuerca y ratifica que la fecha de salida de la propia administración es irrelevante.

En suma, como dice lapidariamente la Sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 25 de Noviembre de 2016 (rec.2880/2015), la “ tardanza o falta de diligencia de la Administración, en modo alguno puede suponer una ventaja para ella”. Y sienta una doctrina que demuestra que las reglas de formas y plazos juegan para todos y que no hay espacio para privilegio de la administración. Veamos. Leer Más