Me sorprendía hace poco que una de las situaciones jurídicas mas preocupantes en la lucha contra la corrupción, malversación o apropiación de caudales públicos, o responsabilidad patrimonial de cargos públicos, pasase inadvertida para doctrina y operadores. Un silencio preocupante y una indiferencia de los políticos que parecen pensar que está ante una cuestión técnica de competencias entre Tribunal de Cuentas y Jurisdicción contencioso-administrativa, cuando lo que está en juego es la impunidad de las consecuencias para las arcas públicas de los actos administrativos de ostensible ilegalidad.
Sustancial y resumidamente se trata de dos sentencias de la Sala contencioso-administrativa del Supremo del año 2012 y siguiendo su estela, otra del 2015, en que se “jibariza” el control del Tribunal de Cuentas, precisando, primero, que un Alcalde no es responsable patrimonial (no tiene que reintegrar nada) por ejecutar los acuerdos de un pleno (o cualquier presidente de órgano colegiado por igual razón), por mucha sospecha de ilegalidad de lo acordado y aunque haya votado a favor del mismo. Y segundo, que el Tribunal de Cuentas no es quien para invadir la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para valorar como ilegal un acto administrativo por contravenir leyes distintas de las contables o presupuestarias, pues ese ámbito es privativo de la jurisdicción contencioso-administrativa, de manera que la presunción de validez del acto administrativo (por mucho que apeste el “fumus mali iuris” ).
En suma, un torpedo judicial contra la vía de flotación de la legalidad y que propicia la impunidad práctica de la corrupción. De ahí, que pese a tratarse de una construcción dogmática impecable, lo urgente es reorientar normas y prácticas para evitar, como es tristemente habitual en la experiencia hispana, el pernicioso hábito de emular a la orquesta del Titanic que seguía tocando música mientras el Titanic del interés público se hundía.
Por eso, preocupado por esta situación, he intentado aportar algo para el debate y sacudir la mente de juristas, así como de los políticos para que “aviven el seso y despierte” como aconsejaba Jorge Manrique. El resultado es este artículo que me ha publicado gentilmente El Consultor y titulado: “La urgente reconstrucción del enjuiciamiento contable del reintegro por alcance”. El Consultor de los Ayuntamientos, Nº 6, Sección Opinión / Actualidad, Quincena del 30 Marzo al 14 Abril 2017, Editorial Wolters Kluwer. Aquí lo tenéis.
De esta inquietante cuestión se ha echo eco el blog del síndico Antonio Arias rotulándolo impecable corrupción.
Y es que no todo son blogs en la vida, sino que a veces, tengo que escribir algo con preocupación y mayores dosis de reflexión. No tengo la solución pero algo tiene que moverse.
Hace varios años que «me duelen las muelas» con este tipo de situacion en este país. Celebraria «muy mucho» que tomáramso cartas en el asunto de la impunidad con la que van pasando casos y casos de prevaricacion y malversación porque los tribunales «no aprecian dolo» por más que los informes de unos (funcioanrios) y decisiones de otros (politicos) sean antijurídicas y ridículas, e incluso contrarias a idénticos actos administrativos salvo el «quién es el solicitante».
El funcionario y/o técnico «sólo informa». El político «sólo resuelve». Y el delito queda impune amparado en que no se acredita el dolo.
¡Más fácil imposible!!! una y otra vez, año tras año,…algo de un sentido común parecido a las plusvalías que nadie ha querido reconocer… hasta ahora. Esto es mucho más idignante pues tiene una consecuencias muchísimo más preocupantes que las plusvalías.
Me teneis a vuestra entera disposicion cuando haya que andar este camino. Carlos 635463558. Gracias JR
Gracias
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Es un clamor ciudadano que se modifique el acceso, dependencia y cese del Ministerio Fiscal para acentuar la independencia del Poder Judicial que resulta urgente. Los usuarios de los servicios profesionales de la abogacía no reciben respuestas claras y templadas, porque la situación jurídica no lo permite, y ello conduce al abandono de acciones judiciales que seguro tendrían respuesta en una situación que funcionase la separación de poderes con armonía y sin la prepotencia del Poder Ejecutivo.
«En suma, un torpedo judicial contra la vía de flotación de la legalidad y que propicia la impunidad práctica de la corrupción».
Jesús, María y José. Habrá que recurrir a Góngora para entenderlo.
«Porque en una aldea, un pobre mancebo, robó un solo huevo, al sol bambolea. Y otro se pasea, con cien mil delitos, cuando pitos flautas, cuando flautas pitos».
Siglo XVI
Resulta gratificante que algunos -cuando menos, uno- de quienes se encargan de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado se preocupen, también, de proponer medidas que puedan atajar la irritante corrupción que nos envuelve.
Lo que sucede, a mi entender, es que el problema no es tanto acertar con las medidas -que también- sino que exista voluntad política de imponerlas. Y me temo que la clase política no tiene voluntad porque no quiere verse controlada (véase, a título de ejemplo, la tantas veces criticada en esta página imposición de costas en el supuesto de vencimiento, que acarrea la huida del ciudadano de la jurisdicción contencioso-administrativa).
Como dice el comentario anterior, el problema no es tanto acertar con las medidas -que también- sino que exista voluntad política de imponerlas:
Así, si el titular de un bien inmueble inscrito en el Registro de la Propiedad libre de cargas es privado del mismo por vía de hecho o acto arbitrario de una Administración Pública sin indemnización, en Francia tendrá la certidumbre de acudir a un Tribunal Civil, en Alemania tendrá la certidumbre de acudir
a un Tribunal Contencioso-Administrativo; y en España, como en Alemania antes de la Ley de 1960, tendrá la incertidumbre de a cuál de los dos Tribunales acudir, y en ambos casos podrá recibir cualquier tipo de resolución; situación de gran inseguridad jurídica para los ciudadanos colocados a los pies de los caballos de los políticos, beneficiarios de la práctica indefensión de los justiciables. http://libreriabosch.com/media/public/doc/Garcia_Pons_Resumen_Intro.pdf
Las personas demuestran de qué metal están hechas en los momentos difíciles y ante temas comprometidos. Y son lo hacen. Sobre todo cuando sus hechos siguen a sus palabras como el galgo a la liebre.
Frente al intolerable desconocimiento, el cómplice silencio y la cobarde pasividad e indolencia, de nuestra ¿mejor? doctrina, ¿más destacados? operadores jurídicos y ¿destacados? medios de ¿información? -cada vez más tributarios, por vía de la publicidad institucional, del poder-, ante la nueva doctrina del Supremo, que guillotina, en gran medida, la efectividad del control del Tribunal de Cuentas y, por vía indirecta, ampara la impunidad de -puras y duras- prácticas corruptas e inmorales que vacían nuestras paupérrimas arcas públicas e impiden la restitución de cantidades ilegítimamente utilizadas -para fines que no le son propios-.
Usted se pone serio y toca a rebato. Recupera la arrinconada y escondida reciente doctrina del Supremo, la pregona a los cuatro vientos -para facilitar su conocimiento y aguzar el espíritu crítico de la gente- y la indaga y estudia -seria y profundamente- para buscar soluciones.
No sé si es consciente de que se ha convertido en un «activista» que lucha para salvar la pureza de nuestro muy enfermo y contaminado sistema. El problema es que lo hace contra aquellos -entre ellos, el propio poder judicial al que pertenece y dignifica- que lo sustentan, son parte del mismo y quieren que las cosas sigan igual. O, lo que es lo mismo, que el sistema no funcione ¡para nosotros! pero sí para ellos. Gaste cuidado. Sus enemigos potenciales -y reales- son muchos, poderosos, ladinos y muy, muy traicioneros. Y sus fieles seguidores le necesitamos ¡vivo! porque restan muchas, infinitas, las batallas por disputar. No olvide que la frase que Steve McQueen le decía a su novia en «el Rey del Juego» (de Norman Jewison, 1965) «De qué sirve el honor si estás muerto».
Si alguien se atreviese a tocar a Nuestro Señoría, ¡mas le valiera no haber nacido!
Reblogueó esto en IUSLEXBLOG. .
Está muy bien tu artículo. Enhorabuena. Espero que se presenten ocasiones para comentar algunos aspectos de esta cuestión -sabes que he sido más crítica con esa doctrina del Supremo que recuerdas, gracias también a los comentarios de Antonio Arias- y considerar tus propuestas. Un abrazo, MF.
El «algoritmo» me recomienda esta entrada de 2017, que refiere a un artículo suyo en El Consultor que al parecer dio bastante que hablar.
En noviembre de dicho año entré a trabajar como interventor en la mi Administración autonómica, trabajo que aún hoy recuerdo con cariño. Eso sí, también recuerdo el dar vueltas y vueltas escudriñando la legalidad administrativa de los documentos mediante los que se justificaban las autorizaciones y disposiciones de crédito, mientras los sufridos compañeros que los pusieron en mi mesa se impacientaban (no era su culpa) porque llegaba el 31 dic y había que cerrar el Presupuesto.
Pero claro, los interventores estábamos sujetos a responsabilidad contable según Ley de Control Económico de la CAPV y no era tan sencillo como ver que todos los documentos están ordenados en el expediente, firmados por el órgano correcto, y echar la firma. Yo concebía que existía responsabilidad contable cuando se ordenaba un pago efectuado por título jurídico irregular, que para eso los Interventores en la RPT estamos como profesionales jurídicos y es obligatorio ser peritos en Derecho.
Pero resulta que no. Que para cuando ingresé, la responsabilidad contable era otra cosa. Que si estaba la Resolución correcta firmada por el órgano correcto, ya era suficiente. Dicho de forma muy de andar por casa, claro.
En fin, hice mi trabajo lo mejor que pude y reconozco que ese miedo a acabar en la cárcel me hizo un gestor más diligente y temeroso de la Justicia administrativa. Pero oiga, me quedo de pasta de boniato.