Acaba de ser noticia que el Gobierno prepara procedimientos selectivos para dotar de estabilidad a personal laboral temporal y funcionarios interinos. No sabemos si es un globo sonda, una intoxicación electoral o si existe un intento serio de regularizar situaciones clamorosas de temporalidad.
Parece ser que se pretende dar respuesta a una triple necesidad. Por un lado, acallar las quejas de las Comunidades Autónomas que no han podido crear plazas como consecuencia de las limitaciones de las tasas de reposición.
Por otro lado, dar respuesta al sangrante embolsamiento de personal temporal o interino que, ha superado con creces períodos para demostrar su aptitud y tienen la espada de Damocles del cese día a día.
Y por último, acallar los reproches desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la elevada temporalidad del empleo público en España y el trato discriminatorio entre personal fijo y temporal.
Sin embargo, el reto no es fácil. Al menos hay siete problemas técnicos de difícil solución. Veamos.
1º El título normativo habilitante. Se plantea la cuestión de si se instrumentalizará con normas básicas o si se avanzará con la administración del Estado a modo de buque insignia para abrir el camino de otras administraciones.
2º Delimitar la forma o cauce de estabilización. ¿Laboralización o funcionarización?. Y ello porque sigue dándose el fenómeno de personal laboral temporal en puestos reservados a funcionarios, pese a la prohibición legal.
3º Fijar el ámbito o esferas administrativas materiales afectadas. ¿Administración estatal, autonómica, local o institucional?. ¿Campo sanitario, policial, educativo, burocrático… o todos? .
4º La cuestión formal: ¿un procedimiento restringido?, ¿un procedimiento de concurrencia competitiva de aspirantes libres, promoción interna y un tercero de personal sujeto a estabilización?
5º Establecer el marco de potenciales beneficiarios, lo que remite a un criterio de antigüedad o experiencia cosechada: ¿cinco, diez años u otro período?, ¿cuántos granos hacen un montón, esto es, cuando se considera que la experiencia genera derecho a la estabilidad?
6º Fijar las condiciones de valoración del mérito de la experiencia en estos procedimientos selectivos, que por mucho que quiera el legislador debe ajustarse a los imperativos de mérito y capacidad. Quizá el concurso-oposición es el cauce adecuado pero el mismo debe respetar por un lado, el umbral máximo de lo tolerable, esto es, que los méritos de la experiencia sean valorados o condicionantes, pero no determinantes. O sea, proporcionalidad e idoneidad de la experiencia. Y por otro lado, han de incluirse pruebas objetivas.
7º Fijar el calendario de aplicación de tales procedimientos selectivos, concretamente si sus previsiones serán vinculantes para el ejecutivo y en qué plazos, así como la consecuencia del incumplimiento de los mismos. No es la primera vez que las leyes dicen algo y quedan bloqueadas por la pasividad de las administraciones llamadas a cumplirlo.
En fin, que tal cuestión parece que se anuncia ahora y el pistoletazo de salida para la consolidación temporal se ha dado. Quizá sea para marear la perdiz y mantener entretenidos a los sindicatos. Quizá para mantener negociaciones con las Comunidades Autónomas. Quizá para ofrecer espejismos que contenten a tantísimo personal temporal ofreciéndole sueños.
Lo que está claro a mi juicio, por un lado, que es difícil la cuadratura del círculo. Y por otro lado, que el semillero de litigios está servido.
Pleitos contra la normativa de estabilización (puesto que existe una masa de aspirantes libres que no se estará quieta). Pleitos contra las convocatorias. Pleitos contra los resultados de los procedimiento selectivos.
Y es que las experiencias pasadas sobre procedimientos de consolidación de personal temporal ya han demostrado que estas convocatorias las carga el diablo, porque quien siempre están alerta para vigilar mérito, capacidad e igualdad son los tribunales contencioso-administrativos y lo cierto es que la última década ha alumbrado criterios serios, rigurosos y avanzados de control, como expuse en mi compendio titulado Vademécum de oposiciones y concursos (Ed. Amarante, 2017) subtitulado significativamente: control jurisprudencial de la discrecionalidad técnica, los errores y los abusos en los procedimientos selectivos.
Y es que no todo vale cuando se trata de seleccionar empleados públicos. Nada de improvisaciones ni urgencias. Nada de “vísteme despacio que tengo prisa”. Se necesita un serio consenso y negociación a tres bandas (administraciones autonómicas, sindicatos y la administración estatal).
Reblogueó esto en IUSLEXBLOG. y comentado:
Interesante noticia de al que estaremos al tanto, de producirse y analizaremos cuando vea la luz, sobretodo respecto a si consigue salvar los problemas que se exponen en este artículo.
Lo realmente justo sería una convocatoria libre, con objeto de renovar y refrescar la Administración en virtud de un proceso de acceso igualitario, dado que en muchos casos el origen que justificó la ubicación del personal temporal al servicio de la Administración en la plaza que ostenta, no es del todo transparente (sobretodo aquellos que llevan décadas en una plaza, en tiempos en que el acceso a las plazas en muchos casos era discrecional, y todo ello sin haber aprobado jamás un examen de acceso, en régimen de mérito y capacidad). La experiencia bien puede ser un valor añadido para superar con éxito las pruebas selectivas, por encima de aquellos que únicamente atesoran conocimientos teóricos; pero darle mayor peso no sería más que reforzar situaciones de origen más que dudoso.
Totalmente de acuerdo con Angel…. (no podemos pasarnos por el forro los principios de igualdad, mérito y capacidad)
solo quien desconozca la realidad de la administración española (al menos la local, que es la que conozco mejor) no estará al tanto de que interinos y demás (salvo honrosas excepciones) no son más que la lista de afiliados al partido político de turno (especialmente uno en mente de todos). Por eso quiere el gobierno consolidarlos: para consolidar a su gente
Tienes toda la razon
Lo igualitario no es lo justo, sino una desviación del principio de igualdad que supone tratar igual a situaciones que por sus circunstancias no lo son, dejando de lado la justicia del caso concreto, esto es, la equidad. El término, antes peyorativo, es ahora de uso común en el día a día, convirtiéndose en apariencia en un principio jurídico más. No me sorprende en políticos, sobre todo de determinada ideología en particular, pero también, en general, por la degeneración a la que ha llegado la clase política y su clamorosa falta de cultura.
Aunque también se emplea por parte de particulares queriendo protegerse de la real amenaza de sufrir en sus carnes los efectos adversos de la tan de moda discriminación positiva en sus diversas variantes: Parece que nuevamente van a pesar intereses electoralistas en perjuicio de los opositores libres. Para evitar suspicacias lo mejor sería reservar un número de plazas donde no se valorara como mérito haber ocupado un puesto específico por encima del desempeño en otros de similar categoría ya sea en el sector público o en la empresa privada y la realización de cursos homologados y que las equivalencias se regularan de una vez por todas en norma básica de manera que conociendo todos las reglas del juego, cada cual pudiera tomar sus propias decisiones.
De muestra un botón y justamente hoy: http://www.larioja.com/la-rioja/201703/21/juzgado-acuerda-investigar-prevaricacion-20170321122346.html
También habrá que ver cómo se aplica, en Navarra no coló : https://www.boe.es/boe/dias/2009/07/02/pdfs/BOE-A-2009-10986.pdf.
Otra cosa a tener en cuenta en esta serie de procesos, que en los ayuntamientos, diputaciones y consejos comarcales es diario, es la falta de igualdad entre regiones y de los opositores, que se ven sometidos a unas condiciones restrictivas a priori, como el conocimiento de una determinada lengua autonómica y la sujeción a una entrevista personal completamente subjetiva, cuando no interesada, por ende una vulneración de los principios de capacidad, igualdad y mérito con la consiguiente conculcación de la seguridad jurídica que ha de imperar en nuestro ordenamiento.
Las administraciones han creado el problema, ha convertido la eventualidad, interinidad, la obra y servicio determinada en un sistema de acceso normal (cuando debiera ser algo extraordinario), esto a lo largo de lustros nos deja administraciones donde hay interinos que se han convertido en eterninos, más de 10,20 y 30 años prestando servicios como interino no es normal.
No todo es la AGE, La sanidad tiene mayor número de trabajadores que toda la AGE y multiplicada por dos o tres. La enseñanza, la Universidad, la administración general de las comunidades autónomas, la Administración local, Justicia, etc.
El acceso ha sido vario pinto, y diverso, en la Sanidad, es suficiente si eres por ejemplo médico o Due, inscribirte en la bolsa de contratación correspondiente, por el mero hecho de tener la titulación suficiente, con ese sólo requisito, serás llamado y si el destino es (alejado o no muy bueno) te podrás encontrar que en 30 años sólo hubo dos convocatorias y que sigues prestando servicios con continuidad durante 30 años. No tiene mucho sentido pero es un hecho contrastable. Tal vez en ese tiempo sólo hubo 5 concursos de traslados y ningún fijo lo pidió y en las pocas convocatorias nadie escogió tu plaza de interino con lo que han pasado varias décadas y ahí sigues.
Si además en muchas administraciones se regula que la bolsa de interinos se conforma, con aquellos de la última oposición (años han pasado en muchos de los casos entre una y otra convocatoria, más se premia en el orden a aquellos interinos que más tiempo tengan trabajado) nos encontramos con esta situación actual, eventuales-interinos con varias décadas de trabajos prestados en la administración.
Las administraciones durante años, encantadas con la situación, el interino, era más maleables y más baratos, no cobraban trienios, no cobraban carrera profesional, no cobraban sexenios, no cobraban indemnización por cese y algunas administraciones aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, en un maremagnum de interinos, colaba alguna situación más irregular. (el dedo mágico)
Los tribunales españoles, muy poco a poco, excesivamente lentos, y con decenas de sentencias previas de desestimación de demandas varias, han ido forzadas por los tribunales europeos, a modificar el criterio, aceptando como norma máxima que nadie puede ser discriminado a razón de la naturaleza jurídica que te une con la administración y por tanto apretados por esos tribunales europeos, reconocen hace décadas que los interinos cobran trienios, luego se les reconoció que cobren sexenios para el caso de la enseñanza, se reconoce ya en muchos casos la carrera profesional, y ya en algunos casos las indemnizaciones por cese. (no afecta a todos hoy pero terminará alcanzando a todos y sino al tiempo)
Han sido los tribunales europeos los que han resuelto, pues los tribunales Españoles, no lo veían.
La solución es muy compleja, y se tome cualquier solución, la misma será polémica y no contentará a todos.
La AGE o las Comunidades autónomas, tienen un gran problema pero ciertamente hay un +/- cierto control, pero la administración local se ha convertido en esta última década en una máquina de fabricación de sentencias de indefinido no fijo, por fraudes reiterados en las diferentes contrataciones.
La solución tendrá que ser pactada, negociada, y consensuada, pero es evidente que tiene que ser por Ley Nacional que irradie a todas las administraciones al efecto y que deje muy claro la solución o no se atajará el problema.
Se puede decir más alto pero no más claro amigacho
Es cierto que el caso de la sanidad es paradigmático, ahora bien, resulta simplista centrarse solo en los inconvenientes y no en las ventajas que presenta: Lo importante, no parece necesario insistir, es el respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Pues bien, en algo tan dinámico (todo lo es, pero la sanidad más), no debería sorprender demasiado que de alguna manera se de cauce a la experiencia, aunque no esté previsto por la norma rectora. Ya se ha comentado que es perjudicial para el individuo y para la sociedad que una persona tenga su vida laboral pendiente de un hilo, lo cual le impide planificar un proyecto de vida (y de familia), pero, por otra parte, esta crisis ya se ha llevado por delante a unos cuantos (cientos o miles, no lo se) de laborales, todos ellos con su plaza ganada en oposición, algo que hasta ahora era impensable, ya veremos qué pasa con la próxima (si es que salimos de esta).
En mi opinión, en la sanidad, con sus muchas disfunciones, lo fundamental está garantizado con carácter general y es que haya un sistema de acceso que puede ser conocido con antelación suficiente, pudiendo tomar decisiones con la información necesaria (más o menos), que es para todos por igual y que opera con una transparencia y rigor bastante elevados, de manera que no se producen demasiadas discriminaciones particulares ni agravios personales (y cuando se producen, pueden ser denunciadas y corregidas).
En cuanto a las decisiones del TSJUE, se han puesto demasiado estupendos en algunos puntos y llegan al absurdo: No se pueden asimilar empleados temporales e indefinidos por pura lógica, encarece la contratación por no decir que en determinados sectores, de cumplirse, va a suponer una losa difícil de superar. La economía camina hacia la precarización y la temporalidad, ya hay una gran bolsa de fraude en el sector privado con los fijos discontinuos que, de momento, la administración no ha querido atajar, ni ver, pues, por el momento, prefiere mirar para otro lado y el Gobierno, desnortado desde hace tiempo -por no decir algo peor- se limita a seguir la agenda política que le marcan desde Bruselas.
Por último, dificilmente se justifican determinados privilegios en los trabajadores del sector público mientras que en el sector privado las están pasando canutas (los que sobreviven, que son unos privilegiados). También, alguna vez y de alguna manera habrá que poner coto a la baja eficiencia de la administración, algo que puedo comprobar con mis propios ojos a diario cuando me he de desplazar a alguna a realizar alguna gestión: resulta lacerante la desidia generalizada, aunque no quede otra que poner buena cara para evitar males mayores para mis clientes.
De la empresa +/- privada son los estibadores, los controladores aéreos, Directivos de banca, etc y todos ellos no tenían sueldos «precarios». El tribunal europeo ha puesto coto, a la administración cosa que los Jueces Españoles no han querido o no han podido.
Ahora la administración tiene un problema, cesar en el puesto, por cualquier pretesto a un Laboral interino/eventual, supone indemnizar, y en breve ocurrirá lo mismo con Estatuarios y Funcionarios. Ahora la administración que se aprovechaba de esta mole de eventuales/interinos, tendrá (si quiere ahorrar dinero) que buscar solución al problema que a lo largo de los años creó.
No se trata de aumentar número de Empleados Públicos sin control, se trata de permitir que:
Se convoquen tantas plazas como interinidades tiene
Se convoquen tantas plazas en los concursos de traslados como vacantes/interinos tiene.
Si estos dos sistemas (convocatorias públicas y concursos traslados) se hubieran ejecutado normalmente no tendríamos este problema y no se hizo porque no quieren.
Tal vez la Sala Europea, que todo el mundo dice que no entendió el problema, realmente si lo entendió pero como el Gobierno de España ejecuta mal y lentamente las sentencias, le aplicó un …..mientras tanto….paga indemnizaciones y ya veremos a la larga lo que te sale más rentable. ( y la administración tendrá que mover ficha)
Y ¿qué pasa con la gente que lleva años preparando oposiciones? También tienen derecho a una oportunidad ¿porque los interinos lo tienen que tener más facil? se les estaría dando un trato de favor respecto de quienes aprobaron las oposiciones. Y no nos engañemos, hay muchísimos ayuntamientos en que los interinos han sido nombrados a dedo, o que han superado pruebas específicas de interinos que siempre son mucho más fáciles que las oposiciones
A mi no me parece bien la medida.
Esos interinos, a su vez, aprobaron un examen y se quedaron sin plaza porque los entonces interinos obtuvieron una enorme puntuación por cada mes trabajado. Eso me pasó a mí en 3 oposiciones y, como no se han vuelto a convocar en años, llevo desde entonces rodando y ocupando las plazas que los funcionarios no quieren, con trabajos poco apetecibles o con horarios poco recomendables.
Me fastidiaron entonces y me fastidiarán ahora, porque las puntuaciones que se barajan en el caso de haber un concurso-oposición no llegan ni a la tercera parte de las que daban cuando a nosotros nos «chulearon» las plazas.
Por cierto, los interinos «normales», no los políticos, hemos estado sacando adelante el trabajo en la administración y nos merecemos algo más que una patada en el culo.
Oposiciones con mochila. Una injusticia.
Estimado José Ramón, comparto tu análisis y pronostico.
También hay que tener en cuenta que se deberá realizar modificaciones legislativas, la LBRL, concretamente el artículo 92.3 «Funcionarios al servicio de la Administración local».
3. Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función.
Establece que deben ser funcionarios de carrera, por lo cual, si se opta que la solución sea la vía laboral, en el ámbito de las policiales locales el problema no se soluciona y es uno de los colectivos que sufre especialmente la interinidad.
Sin lugar a dudas este es un tema que requiere una solución, pero si el proceso de consolidación se convierte en un pariré para dar seguridad y fijeza en el puesto a unas personas, por mal camino vamos, en la empresa privada echan a diario a la gente aunque lleven muchos años.El trabajo seguro, peculiaridad del funcionario ( y sabemos las razones) hay que ganárselo y a él tienen derecho todos los ciudadanos. Esos procesos tienen que ser de acceso libre y si es por concurso oposición ( para tener en cuenta experiencia) valorarse más la fase de oposición y no de forma super extraordinaria los años de experiencia en esa concreta Administración.
Estas plazas tienen que salir para ser cubiertas como debieron ser cubiertas hace mucho tiempo.
Y yo le pregunto. Si usted estuviera en la situación de interinidad y tuviese esas ventajas de las que se están hablando ¿su discurso sería el mismo? Adivino que no lo sería. Seamos sinceros, cada uno mira por su futuro y dependiendo del lado en el que esté el discurso es uno u otro.
Soy interino desde hace 5 años. La interinidad la conseguí después de pasar un examen al que se presentaron unas 150 personas y bueno, fui el mejor. Veo totalmente justo que se me valoren los años de experiencia que tengo en el cargo porque está claro que el servicio que le puedo dar al ciudadano es tremendamente mejor que el que le puede dar una persona sin experiencia en el puesto. Y sí, usted dirá que todo se aprender pero el caso es que todos nos quejamos cuando no nos dan buen servicio en la Administración.
En fin, eso es todo.
A Yeyetus:
En el fondo estamos, creo, de acuerdo. Pero como profesional del Derecho que tengo que habérmelas a menudo con la administración procuro huir de enfoques simplistas, pues la realidad es más compleja. Y sobre todo, se encuentra en evolución constante, como ha dejado Sevach apuntado en varios apartados, se abren infinidad de posibilidades. Lo que hace falta es que se analice la información que nos aporta la experiencia y se tomen las decisiones acertadas en el diseño de la administración que habrá de regir en los próximos lustros. Si no se hace ahora, se estará perdiendo la oportunidad de abordar una cuestión estratégica para la economía de un país tan altamente burocratizado como el nuestro lo cual puede lastrar aún más nuestra débil economía.
En cualquier caso, no soy optimista.
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Totalmente de acuerdo Jose Luis.
Los procesos deberán ser si o sí aplicando criterios de Capacidad, Mérito e Igualdad, y todo regido por la oportuna publicidad. en concurrencia libre.
Eso no quita que el proceso sea por concurso + oposición y siguiendo los criterios ya bastante establecidos por los tribunales sobre lo que puntúa en la fase concurso, cuanto puntúa y demás de pertinente aplicación.
Los tribunales libremente buscarán al que más sepa para el/los puestos, pero habrá forma de explicar a los tribunales que dentro de su independencia no se trata de preguntar absurdos como el color del calcetín derecho de Napoleón, sino de buscar los más idóneos para los puestos en los conocimientos de esos puestos y de la administración en general.
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/24018
http://hj.tribunalconstitucional.es/en/Resolucion/Show/24699
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/24932