Por fin el Tribunal constitucional entierra el impuesto de plusvalías

Por fin el Tribunal Constitucional ha cogido el toro por los cuernos y ha declarado la inconstitucionalidad del frío automatismo recaudador del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos.

Se trata de la Sentencia del TC 59/2017, de 11 de Mayo  que estima la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera, en relación con el art. 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Para llegar a decir la verdad de perogrullo de que un impuesto sobre incremento de valor no procede si no hay incremento de valor han sido necesarios numerosos artículos críticos doctrinales, confiados demandantes reclamando infructuosamente y valientes jueces promoviendo cuestiones de inconstitucionalidad.

Así y todo, primero vino el anuncio de la mano de la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de Febrero de 2017 que estimó parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Donostia en relación con la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa, precedente que cumplió una triple función.

En primer lugar, de sondeo de la opinión pública y jurídica. Además alborotó el gallinero judicial con distintos criterios.

En segundo lugar, para dar tiempo a que la administración del estado y las administraciones locales supiesen la debacle recaudatoria que se avecinaba.

Y en tercer lugar, para propiciar un lapso temporal que se ha llevado por delante a quienes no querían o no podían recurrir ante la cerrazón municipal.

Lo cierto es que esta recientísima sentencia declara en su parte dispositiva:

Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Veamos hasta donde llega Sentencia del TC de 11 de Mayo de 2017.

Primero. El razonamiento:

Por las mismas razones debemos concluir aquí que el tratamiento que los preceptos cuestionados de la LHL otorgan a los supuestos de no incremento, o incluso de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, gravan una renta ficticia en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, está sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que garantiza el art. 31.1 CE. En consecuencia, los preceptos cuestionados deben ser declarados inconstitucionales, aunque solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3).

En suma, el Tribunal Constitucional sigue lo dicho en las SSTC 26/17 y 37/17 pues considera que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana vulnera el principio constitucional de capacidad económica al presumir un incremento del valor del bien sobre la base del simple dato de , “la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”.

Segundo. Tres precisiones importantísimas sobre su alcance y que nos lleva a una nueva categoría de las sentencias constitucionales, las Sentencias explicativas:

a) El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión. Deben declararse inconstitucionales y nulos, en consecuencia, los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, «únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica» (SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5).

b) Como apunta el Fiscal General del Estado, aunque el órgano judicial se ha limitado a poner en duda la constitucionalidad del art. 107 LHL, debemos extender nuestra declaración de inconstitucionalidad y nulidad, por conexión (art. 39.1 LOTC) con los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, al art. 110.4 LHL, teniendo en cuenta la íntima relación existente entre este último citado precepto y las reglas de valoración previstas en aquellos, cuya existencia no se explica de forma autónoma sino solo por su vinculación con aquel, el cual «no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene» [SSTC 26/2017, FJ 6; y 37/2017, FJ 4 e)]. Por consiguiente, debe declararse inconstitucional y nulo el art. 110.4 LHL, al impedir a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5).

c) Una vez expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los arts. 107.2 y 110.4 LHL, en los términos señalados, debe indicarse que la forma de determinar la existencia o no 15 de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5).

Por tanto, tal y como expuse en el post relativo a la Sentencia del Constitucional de 16 de Febrero de 2017, se abre la caja de todas las reclamaciones, negociaciones y revisiones de liquidaciones indebidas en el escenario que dibujé en el anterior post. Un proceso complejo frente al que sin duda el Ministerio tendrá un «plan B», algo así como decía Lampedusa » cambiar algo para que nada cambie».

Al fin ya la cabo la granja de contribuyentes no puede permitir que las gallinas ponedoras interrumpan la producción.

Y es que la actitud del Tribunal Constitucional me recuerda el chiste andaluz de aquél que paseaba por un cementerio y al ver abrirse una losa de la tumba y asomar unas manos y escuchar un angustioso: ¡Que no estoy muerto!, lo mira y de forma rápida le pisa los dedos y lo empuja dentro para cerrar la losa y comenta: «¡Lo que estabas es mal enterrado!».

El problema como siempre, cuando el legislador actúa guiado por el afán recaudatorio con la complicidad política, y cuando el Constitucional actúa con parsimonia, radica en las innumerables liquidaciones firmes y consentidas de este tributo, cuando el plazo de solicitud de devolución ha prescrito, y que supone un auténtico enriquecimiento injusto impune de las administraciones, o bajo otra perspectiva mas triste, empobrecimiento injusto de los contribuyentes.