Acabo de leer el “Juicio a un abogado incrédulo” (Civitas, Aranzadi, 2015) en que Santiago González-Varas Ibáñez, Catedrático de Derecho administrativo, nos ofrece una tragicomedia que versa sobre un juicio ficticio a un abogado que es acusado nada menos que “de hacer declaraciones contra la justicia, comentarios peyorativos contra el Derecho pese a dedicarse al Derecho, debilitar la credibilidad en las instituciones jurídicas, falta de fe en los fallos, todo lo que podría llevarnos a considerarle a usted persona no apta para el ejercicio de su profesión como abogado de todo Ilustre Colegio”.
A partir de ahí arranca una valiente y lúcida visión de la incertidumbre que reina en las leyes y en la interpretación, que provoca sentencias donde lo interpretable se confunde con lo azaroso, tomando por eje ese imaginario juicio con sus alegatos y defensas, salpicado de oportunas citas y afirmaciones que pululan en el mundo jurídico.
Pasemos al interior…
La obra me recordó el original enfoque de El diablo Cojuelo (de Luis Vélez de Guevara, S. XVI) en que el diablo lleva a un estudiante por los aires y levantando los tejados, le muestra el interior de las casas y la intimidad de sus habitantes.
En esa línea, la obra de Santiago hábilmente levanta los techos de Juzgados y Salas para mostrar las dudas, estrategias y escenarios de incertidumbre que anidan en abogados y jueces, y que demuestran que la aparentemente segura ley está debilitada y es maleable, por los agujeros de lo interpretable, que como una mancha de aceite se extiende por los juicios y que mancha según quien la toca.
En su día me ocupé del parentesco de la llamada ciencia del derecho con la ciencia de la física, en mi ensayo La mirada de Einstein al universo jurídico (Amarante, 2015), y entre otras muchas cuestiones, me detuve en los ecos del principio de incertidumbre de Heisenberg en el ámbito jurídico, ya que la seguridad jurídica cuenta con nubarrones en todas las dimensiones del derecho. En el plano de la identificación de la norma, puesto que fruto de supuestas reglas fijas (jerarquía, competencia, analogía o supletoriedad) se convierte en lo que califiqué de “ensalada de normas inaccesible al conocimiento y para el jurista un sudoku que responde a reglas precisas pero que requieren reflexión para su correcta armonía y encaje”; en el plano de determinación de la jurisprudencia porque parece que hay muchas jurisprudencias, no todas en la misma dirección y paradójicamente “para todos los gustos”. Y en el plano de la interpretación, donde la misma letra de la norma puede cobijar distintos sentidos y la elección responde al prudente arbitrio del juez. En suma, ilustraba mi idea con la cita de el Mercader de Venecia (W. Shakespeare) como ejemplo en que el abogado acepta que el judío Shylock tiene derecho a una libra de carne del deudor, pero acogiéndose astutamente a la literalidad del contrato, le excluye la sangre, con lo que aquél se queda burlado ante la imposibilidad de cobrar sin excederse.
Pues bien, ahondando en las simas de la incertidumbre jurídica, bajo la perspectiva de lo interpretable, la obra de Santiago nos conduce por un bosque de desolación en que vamos perdiendo la fe en la seguridad jurídica, pues magistralmente nos desvela las contradicciones y paradojas del ordenamiento, los ataques a la justicia de instituciones procesales como la cosa juzgada o la litispendencia, o medidas cautelares, por ejemplo, mostrando el talón de Aquiles de la certeza, y recordándonos la ironía de que en el derecho alemán “lo importante es conseguir que no se produzcan ´sentencias-sorpresa´a efectos de que el fallo sea previsible” (p.35).
No se libra del estigma de la inseguridad el urbanismo ni la contratación ni la potestad sancionadora, como también queda desnuda la función armonizadora del Tribunal de Justicia Europeo o Tribunal Constitucional.
Además nos lleva de la mano de la psicología cognitiva y de la teoría de la argumentación al planeta siniestro de lo que abogados y jueces piensan o interpretan, sin olvidar el papel de los gobernantes y la sociedad.
El autor nos ofrece una suerte de torre de Babel jurídica donde cada cual hace lo que le place y todos quieren creer que participan en una obra única y solemne. Junto a citas de filósofos, reyes y juristas, en la lectura brota Al Capone, Jack el Destripador o Beethoven para ilustrar afirmaciones y vehementes latigazos para sacudir la mente:
El problema es que, usando la razón, no se llega a una única conclusión, sino a resultados que pueden llegar ser hasta opuestos entre sí. ¿Cómo pueden ser, decisiones racionalmente adoptadas, aquellas que son contradictorias? Se condena en primera instancia, se absuelve en la segunda, y vete a saber qué ocurre en la tercera.” (pág. 143)
En suma, las limitaciones de la ciencia del derecho expuesta de forma cruda pero amena. Una visión kafkiana (de Kafka) con toques marxistas (de los hermanos Marx), para iluminar el panorama.
Me encanta esta agridulce conclusión:
La justicia vence siempre. Está hecha de un espíritu espartano, un rodillo capaz de pasar por cualquier superficie. La justicia es algo en el fondo admirable, funciona como un ser infinito. Es ser y tiempo. Es fuerte como una máquina: silenciosa avanza sin que nada pueda impedirlo. Y cierto, a cuántos beneficia injustamente la aleatoriedad. Vemos el caso del injustamente condenado, pero ¿y del supuesto del injustamente agraciado? O del malhechor que nadie denuncia! (pág. 170).
En fin, un ensayo que impacta, que destila erudición, mucha reflexión y sanísima pesquisa por lo justo y verdadero. Me atrevo a afirmar que su lectura mostrará a los juristas muchos flancos inexplorados y posiblemente reconfortará a quienes muchas veces estamos decepcionados de esa dama veleidosa que es la Justicia.
Por eso me encanta el guiño que hace el autor al lector en la última nota del libro
¿Cómo es que, aun siendo así el tema, a los juristas nos apasione la lucha por la justicia? Posible respuesta: no lo sé”
¡Gracias, Santiago! Obras así nos hacen ver que la reina justicia está desnuda… pero la queremos.
Me siento plenamente identificado ya que seguro en breve me hagan un juicio similar a mí, lo leeré para ver si hay algún final para el que me pueda preparar y se me convencé, dudo, que todo ese dislate y «defectos» no sea más que una estrategi de un plan preconcebido, absolutamente doloso y perverso.
No existen contradicciones y vacíso, lo que existe, repito como ya he dicho otras veces, absolutamente impunidad. El que cambie el sentido de una sentencia en apelación o en casación es facilmmente interpretable y encaja en la negligencia o en la dolosidad. si el sistema fuera tan duro como juzga a los ciudadanos ante cualquier impruidencia, negligencia y no hablemos de acto doloso, pues muchos juecves, muchisimos estartían en la cárcel. Ah, a los jueces, garantes de todo el sistema democrático, pilar de la república, bastión de la defensa de los derechos humanos, si violan su mayor deber, su mayor prerrogativa, traicionan a la patria, a la nación, a todos los ciudadanos, a la democracia tan remanida, a ellos, solo les toca una multita. Ah que ni eso, ya que los TSJ son como las defensas italianas que aplicaban el catenaccio y si existe alghún iontrépdio, como el dicente, el TS con un párrafo zanja la cuestión.
Si los jueces debieran realmente justificar cada una de las tonterías que a menudo dicen (y eso no quita que haya brillantes juristas, mentes lúcidas y bien intencionadas), pues otro gallo canataría
Pero es como la política, uds creen que si no hubiera un poder oculto que le sirve de soporte a un disléxico como rajoy, este sería presidente? pues lo mismo.
Un apunte, me parece una ofensa gratuita comparar a Esparta con la justicia romana que hemos heredado, no hay color en sus valores y principios
Y la respuesta a la última pregunta es que seguimos creyendo ya que no creemos en la lucha armada, eso pasa hasta que los pueblos se cansan
El día de antes a que pasen las cosas, nadie hubiera dicho que eso iba a pasar. Pues eso, saludos
Esta inseguridad es, a mi juicio, causa importante del exceso de litigiosidad. Ante leyes seguras, como la que fija el sueldo de los funcionaros, casi nunca se pleitea; ante normas tan interpretables, todos ante el juez. Mejorar las normas jurídicas es preferible a tasas judiciales y restricción de los recursos.
La distancia, en ocasiones abismal, entre el deber ser y el ser de la lucha por el Derecho:
http://libreriabosch.com/media/public/doc/Garcia_Pons_Resumen_Intro.pdf
La incertidumbre e inseguridad jurídica actuales también son tributarias del relativismo que domina nuestra sociedad.
Y si bien tan lamentable situación, generadora de conflictos y disputas y caldo de cultivo para injusticias y arbitrariedades, tiene como principal responsable al poder judicial. Pues, para saber cómo actuar y a qué atenerse, los administrados y sus letrados necesitan de la previa estabilidad y certeza de la jurisprudencia y derecho vigentes y de su uniforme aplicación por parte los Tribunales. El legislativo y el ejecutivo son copartícipes nada inocentes del problema. Probablemente porque no les convenga que haya una Justicia fuerte, eficaz, fiable y prestigiada.
Así, el poder legislativo es corresponsable por: utilizar –las más de las veces- una pésima técnica legislativa en la elaboración de normas que, lejos de clarificar, provoca oscuridad, confusión e inseguridad en el operador jurídico (véanse: el art. 78 LJCA referido al procedimiento abreviado; el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, en lo atinente a si el Reglamento Disciplinario de Funcionarios de 1986 seguía o no vigente -cuestión recientemente resuelta por el Supremo y ya comentada en este Blog-, etc.); crear nuevas categorías jurídicas generadoras de incertidumbre y desamparo, como la de los recursos de admisión discrecional, que hacen que éste pase de ser un derecho del administrado a convertirse una concesión graciosa del poder judicial (véanse: el nuevo recurso de amparo surgido tras la reforma de la LO 6/2007, coincidiendo con el estallido de la burbuja inmobiliaria; la mayor parte de los supuestos del nuevo recurso de casación contencioso administrativo creado por la LO 7/2015; etc.); crear tasas y/o depósitos para poder acceder a la vía judicial o a sus recursos y fijar el criterio del vencimiento en materia de costas (véanse: Ley 10/2012, de 20 de noviembre, de tasas judiciales; la Disposición Adicional 15ª de la LOPJ, creadora de depósitos para recurrir; el art. 139 LJCA, regulador de la imposición de costas); etc.
Mientras que el poder ejecutivo también es culpable por: el uso abusivo y extensivo de Reglamentos, decretos leyes, etc., no siempre respetuoso con el principio de reserva de ley, la jerarquía normativa y la urgente necesidad; no aumentar sustancialmente las plantillas de jueces y los presupuestos de Justicia (lo que permitiría ser más exigentes y eficaces en el cumplimiento de plazos y en el dictado y calidad de las resoluciones), ni acometer su reforma real (en vez de acudir a meros parcheos puntuales y medidas cosméticas -que no curativas- para la galería); no evitar que la vía administrativa previa, desde el punto de vista de las garantías y derechos de los administrados, sea sistemáticamente ineficaz, ni repetir contra los responsables las consecuencias dañosas de una mala actuación administrativa declarada judicialmente; etc.
En resumidas cuentas, la desconfianza en la Justicia actual por parte de los letrados -y de los administrados- es absoluta. Pero si bien su responsable directo e inmediato es el poder judicial. Sus responsables mediatos e indirectos son el legislativo y el ejecutivo. Por lo que cualquier posible arreglo pasa ineludiblemente por los tres. ¿Es posible el arreglo?
A fin de cuentas no tenemos mas que el resultado del rampante totalitarismo que nos regala el Estado actual. cada vez la leguslacion es mas ambigua, confusa, prolija, cambiante, confusa, interventora, extensa… No hay resquicio en el que el estado deje de intervenir en la actividad o vida humana, cada vez las parcelas de verdadera libertad se reducen hasta extremos axfisiantes. Jamas en la historia de la humanidad se ha inmiscuido el Estado mas en la vida d las personas, jamas estas personas han tenido reguladas, cohartadas, vigiladas o monitorizadas sus acciones, sus posibilidades.
Todo ello supone que los jueces, colaboradores necesarios de esa dinamica, no tengan mas porsibilidad de arar con los bueyes que les han tocado, que son los descritos. Que le va a quedar al abogado mas que languidecer entre la melancolia y el escepticismo tras haber tomado la pastilla roja o vivir engañandose a si mismo y a sus clientes, si hubiera tomado la pastilla azul.
amigo estático, tu nombre te define, jamás te has tomado la pastilla azul, sino no dirías lo que dices
que es dificil es dificil, pero más dificil es por que la gente tiene los razonamientos que expones
estamos derrotados desde el minuto cero, ese es el verdadero problema de cualquier batalla
Pocos abogados se atreven a decir las verdades probadas e irrefutables. Le felicito por tratar de que la Justicia conserve un hálito de dignidad a través de gente de su valía que, a pesar de todo, mantiene intactas las convicciones en lo que no debe ser este pilar importantísimo de las relaciones sociales entre los pueblos de nuestra avanzada era. Y puedo decir que yo también probé de ese muro de la incongruencia de la Justicia, que la despoja de su elemental esencia.
Mis protestas ante distintas dependencias como el TSJ, bien argumentadas y difícilmente refutables, no hicieron más que agigantar ese muro. Nunca rebatían nada porque “ellos” no es que estén en posesión de la verdad, sino que son LA VERDAD; es decir, no están a un paso de Dios, comen en la misma mesa. Y por eso no podían rebajarse a contestarme.
Y, por cierto, siempre dije –hace ya bastantes años- que se podían tirar todas las leyes a la basura. Ningún precepto, ninguna ley sirve para nada. Es más, no dice nada, porque alguien autorizado debe “interpretar” su naturaleza. Es decir: no sabemos leer, y por eso no podemos ni salir a la calle. Ningún letrero que intente facilitarnos la andadura a pie o en coche nos ayudará jamás, pues, ya digo que no sabemos leer. Por tanto, tendremos que dotarnos de una sombra-juez, para que nos vaya diciendo si por aquí se va a Zamora, o quedan 87 km. hasta Logroño; ya que si no sabemos leer cualquier ley, tampoco sabremos lo que dicen los letreros de nuestras vías de comunicación. Desde luego, de no ser por la sombra-médium, jamás podré ser autónomo. Soy libre a través de ella. Esa es “la realidad”. Por tanto, ¿de qué sirve prepararse un juicio, si 2+2 lo mismo pueden resultar 37 que 96?
Me topé con la famosa “interpretabilidad”, ese cajón de sastre; ese comodín fantástico para moldear o crear sentencias a la carta, allá por 1996, y hasta el 2015, tuve ocasión de confirmar su fuerte presencia, mediante muchos juicios en los que participé como delegado sindical o como persona física, ya que también me vi envuelto en sórdidos problemas personales.
Pero, la “interpretabilidad” necesitaba su pareja y, para constituir un sólido matrimonio (de conveniencia, claro) descubrí la “doctrina”, por la cual, la interpretación puede ser global o colectiva, además de concreta y específica. Por tanto, en esos dos conceptos, se asienta todo el Derecho práctico (que es lo que cuenta), según mi amplia experiencia personal; aunque tal vez haya que incluir la facultad propia y exclusiva de los jueces, al modo de la libertad de cátedra (aquellos que están en línea con la doctrina, por supuesto, el resto, si se mueve, “no sale en la foto”).
Y, también, en el ámbito administrativo, se debe contar con esa otra gran carta, muy superior a un comodín, y que le impedirá a cualquiera ganarle un juicio a la Administración (léase ayuntamiento, etc., en donde resulta imposible penetrar en la galopante corrupción), que no es otra que “la amplia potestad auto-organizativa de la administración”. Un infinito subterfugio, que permite adecuar cualquier sentencia, y sin límites, a los fines necesarios por el clan corrupto (o, si se prefiere, grupo dominante) de la Justicia.
Y sé de lo que hablo, pues resulta peor que las decisiones oficialistas “racionalmente adoptadas”, que quepan en el mismo saco que “aquellas que son contradictorias”, como queda de manifiesto en este artículo, es tanto como decir que 2+2=4 y que también 2+2=83; con lo que 4 y 83 es lo mismo. Pero aún podemos sorprendernos más, pues en uno de mis casos, sugerí a mi abogado (con el que colaboraba estrechamente, proporcionándole ideas y documentos) adjuntar los argumentos y el fallo de cierta sentencia de la Audiencia Provincial de otra autonomía española, que coincidían exactamente con los del caso que teníamos entre mano.
Desde luego, particularmente pensaba que no iba a tenerla en cuenta el juez, aunque hubiera sido muy llamativo, pero yo ya estaba de vuelta y muy acostumbrado a las incongruencias, por lo que no me hubiera extrañado. Y, por supuesto, no ganamos a la Administración, pero nunca hubiera imaginado del modo en que el juez se deshizo de la sentencia citada, la cual, ante un juez justo e imparcial, le hubiera resultado imposible, pero, el juez que liberó de responsabilidades al ayuntamiento (con cuyos responsables estuvo cenando días antes del juicio) no rehuyó referirse a dicha sentencia del siguiente modo: “la sentencia de la A.P. de xxxx está muy bien, y nosotros la respetamos, pero no estamos de acuerdo con ella”. Así de sencillo ¡Toma Justicia! O sea, teníamos que habernos ido a vivir a la localidad en que se dictó dicha sentencia, pues la Justicia no coincide, y, una vez más, quedó demostrado que la Justicia será La Bastilla pendiente del futuro de este país.
Estimado Fidel, descarnado comentario, ya lo aprendimos en latinoamérica y así está la pobre, la ley se acata pero no se cumple
el poder solo la aplica cuando le conviene, iluso de nosotros tal vez de querer justicia, como decía Estático
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